El control militar de área en Colombia ha sido una herramienta esencial para afirmar la presencia del Estado en regiones históricamente marcadas por el abandono, el conflicto armado y las economías ilegales. No es un concepto nuevo: desde los años setenta las Fuerzas Militares lo aplican para negar el terreno a los grupos insurgentes, garantizar la movilidad institucional y proteger a la población civil. Sin embargo, en el contexto actual con la persistencia del narcotráfico, los Grupos Armados y las bandas multicrimen, este control adquiere una nueva dimensión: no basta con ocupar el territorio, hay que sostenerlo, transformarlo y legitimarlo.
En la práctica, el control militar de área se traduce en presencia continua, patrullajes, puestos de control, y acciones combinadas de inteligencia y acercamiento comunitario. Las Fuerzas Militares no solo dominan físicamente el espacio, sino que deben conocer sus dinámicas sociales, identificar amenazas y garantizar condiciones de estabilidad para la llegada de las instituciones civiles. En departamentos como el Cauca, Nariño, Arauca o el sur de Bolívar, el control del área define quién impone las reglas: donde la presencia del Estado juega un papel muy importante. Allí, la disputa en la injerencia territorial contra la criminalidad no es solo militar, sino también simbólica, porque quien controla el territorio controla la vida cotidiana.
Uno de los grandes desafíos del país ha sido la permanencia del control. En varias zonas rurales, el Estado logra recuperar territorios mediante operaciones exitosas, pero la falta de inversión posterior, la corrupción local o la debilidad institucional generan vacíos que vuelven a llenar las estructuras ilegales. El control militar sin presencia y desarrollo institucional es apenas un paréntesis entre dos ciclos de violencia. Por eso, las actuales políticas de seguridad deben integrar la acción militar con el desarrollo rural, la justicia, la sustitución de economías ilícitas y la confianza ciudadana. Sin esta articulación, el esfuerzo de los soldados termina siendo temporal y costoso.
Otro aspecto crucial es la legitimidad frente a la comunidad. El control militar de área no puede confundirse con una militarización del territorio. En Colombia, la historia enseña que la fuerza sin acompañamiento social genera rechazo. Hoy, los batallones de alta montaña, las fuerzas de tarea conjunta y las brigadas móviles entienden que el respeto por los derechos humanos, la comunicación con los líderes comunitarios y la transparencia operativa son tan importantes como la acción armada. Controlar el territorio implica también ganar el corazón y la mente de la población.
En conclusión, el control militar de área en Colombia es indispensable para consolidar la seguridad nacional y proteger la soberanía, pero su verdadero valor radica en su capacidad de abrirle paso a la institucionalidad. La presencia de la Fuerza Pública debe ser el punto de partida para el desarrollo, no su reemplazo. Donde solo hay uniformes, el control es temporal; donde llegan escuelas, vías y oportunidades, el control se vuelve irreversible. En un país que ha vivido décadas de conflicto, el control militar de área no debe ser visto como el fin, sino como la primera fase de la recuperación integral del territorio.
**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**
