Cibernarcotráfico, la otra frontera del crimen organizado

POR:CARLOS COTES

Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico estuvo concentrada en la erradicación de cultivos ilícitos, la interdicción de cargamentos, la captura de cabecillas y la desarticulación de estructuras criminales. Sin embargo, el crimen organizado ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología, trasladando parte de sus operaciones al mundo digital. Hoy enfrentamos una nueva amenaza, el cibernarcotráfico.

Este fenómeno consiste en el uso de internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, criptomonedas y plataformas clandestinas para facilitar actividades relacionadas con la comercialización de drogas ilícitas. Ya no se trata únicamente de laboratorios ocultos o rutas terrestres y marítimas; ahora las organizaciones criminales también operan desde computadores, teléfonos inteligentes y redes cifradas que les permiten actuar con mayor anonimato y alcance global.

Las estructuras criminales han comprendido que el ciberespacio ofrece ventajas estratégicas. A través de aplicaciones de mensajería encriptada coordinan envíos, reclutan colaboradores, establecen contactos con compradores y realizan transacciones financieras difíciles de rastrear. Incluso utilizan la denominada “Dark Web”, una porción oculta de internet donde es posible adquirir sustancias ilícitas, intercambiar información criminal y ocultar la identidad de vendedores y consumidores.

Uno de los aspectos más preocupantes es la creciente comercialización de drogas mediante redes sociales. Sustancias como marihuana, LSD, ketamina, tusi y otras drogas sintéticas son ofertadas mediante códigos, imágenes modificadas y lenguaje cifrado que dificulta la acción de las autoridades. Esta modalidad acerca el narcotráfico a jóvenes y menores de edad, ampliando el mercado de consumo y reduciendo las barreras tradicionales de acceso.

A ello se suma el uso de criptomonedas y técnicas antiforenses que permiten ocultar el origen y destino de los recursos obtenidos ilegalmente. Las organizaciones criminales emplean redes privadas virtuales, sistemas de anonimización y mecanismos de evasión digital que complican la identificación de los responsables y la recolección de evidencia judicial.

El cibernarcotráfico representa una amenaza directa para la seguridad ciudadana, y la seguridad nacional. Los recursos generados por estas economías ilícitas fortalecen organizaciones criminales transnacionales, financian grupos armados y contribuyen a la expansión de otras actividades delictivas como la extorsión, el lavado de activos y la trata de personas.

Frente a este desafío, los Estados deben fortalecer sus capacidades de ciberinteligencia, investigación digital y cooperación internacional. La lucha contra el narcotráfico ya no se libra únicamente en las calles, los puertos o las zonas rurales; también se desarrolla en servidores, plataformas digitales y redes ocultas.

El crimen organizado comprendió que el futuro está en la tecnología. La gran pregunta es si los Estados están avanzando con la misma velocidad para enfrentarlo.

Seguridad sin estrategia es improvisación

Por: Carlos Cotes Maya

Cada vez que aumentan los homicidios, la respuesta más frecuente de muchos gobiernos es anunciar "mano dura". El discurso suele ser atractivo porque transmite autoridad y decisión. Sin embargo, la evidencia internacional demuestra que el problema no es la mano dura en sí misma, sino la forma como se aplica.

La fuerza del Estado sigue siendo indispensable para garantizar la seguridad. Ningún país ha reducido la violencia renunciando al uso legítimo de la fuerza. Cuando la estrategia se limita a más discursos, sin inteligencia, sin coordinación y sin trabajo con la comunidad, los homicidios terminan reapareciendo.

Ahí radica uno de los errores más comunes de algunos gobiernos: improvisan. Confunden seguridad ciudadana con seguridad nacional y aplican las mismas recetas para problemas completamente distintos. No entienden que la violencia urbana y el crimen organizado de alcance nacional obedecen a dinámicas diferentes y, por tanto, exigen respuestas distintas.

Ojo, hablo de la Seguridad Ciudadana, esta no se construye desde un helicóptero ni se resuelve "echando bala". Se construye desde el barrio, la escuela, la familia y la comunidad. Su mayor fortaleza está en el trabajo articulado entre gobierno, Policía y ciudadanía. Ese triángulo genera confianza, mejora la convivencia, fortalece la cultura ciudadana y permite intervenir oportunamente a los jóvenes que se encuentran en riesgo de ingresar a la delincuencia. La inteligencia policial, la focalización en los principales generadores de violencia, el manejo del tiempo libre de niños y adolescentes, la recuperación del espacio público y las campañas de resolución pacífica de conflictos han demostrado ser herramientas mucho más efectivas que las acciones indiscriminadas.

Muy distinta es la seguridad pública y nacional. Allí el desafío cambia por completo. Combatir grupos armados organizados, enfrentar el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal o las redes criminales transnacionales exige operaciones coordinadas entre Ejército, Policía, Fiscalía y organismos de inteligencia. En las zonas rurales, por ejemplo, fenómenos como el abigeato requieren capacidades especializadas y presencia permanente del Estado. Pretender enfrentar estos problemas con las mismas políticas utilizadas para reducir homicidios urbanos es un error estratégico.

 

La experiencia demuestra que un experto en seguridad nacional no necesariamente posee la misma formación para diseñar políticas públicas de seguridad ciudadana. Un oficial militar, por la naturaleza de su carrera, ha sido preparado para enfrentar amenazas contra la soberanía, la integridad territorial y los grupos armados organizados, donde predominan conceptos como control del territorio, operaciones militares, inteligencia estratégica y neutralización del enemigo.

La seguridad ciudadana, en cambio, exige una visión distinta: prevención del delito, convivencia, cultura ciudadana, participación comunitaria, resolución pacífica de conflictos, intervención sobre factores de riesgo y articulación permanente entre gobierno, Policía y comunidad. Ambos conocimientos son valiosos y complementarios, pero responden a problemas diferentes. Por ello, diseñar políticas de seguridad ciudadana requiere competencias específicas que van más allá de la experiencia en seguridad nacional y demanda comprender las dinámicas sociales y criminológicas propias de los entornos urbanos y rurales.

Por eso también es equivocada la idea de que quien domina la seguridad nacional automáticamente domina la seguridad ciudadana. Son disciplinas complementarias, pero profundamente diferentes. Un excelente estratega militar no necesariamente es un experto en convivencia urbana, así como un especialista en prevención del delito no necesariamente posee la experiencia para conducir operaciones contra estructuras armadas de carácter transnacional.

A modo de comparación, así como la medicina se ha desarrollado en múltiples especialidades porque comprende que no todas las enfermedades tienen el mismo diagnóstico ni el mismo tratamiento, la seguridad también posee diferentes especialidades, cada una con conocimientos, metodologías y capacidades propias. Existen expertos en seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad nacional, inteligencia, ciberseguridad, terrorismo, crimen organizado, convivencia ciudadana y gestión del riesgo, entre otras áreas. Pretender que un solo especialista domine con igual profundidad todas estas disciplinas es tan equivocado como pensar que cualquier médico puede ejercer todas las especialidades. Confundir estos campos conduce a diagnósticos errados y, en consecuencia, al diseño de políticas públicas ineficaces, porque cada problema de seguridad exige una respuesta técnica, diferenciada y especializada.

La verdadera mano dura no consiste en usar más fuerza, sino en usarla con inteligencia, legitimidad, coordinación institucional y objetivos claramente definidos. Cuando la fuerza se complementa con investigación criminal, prevención social, participación comunitaria y presencia integral del Estado, los homicidios disminuyen de manera sostenible. Cuando se improvisa, solo se obtiene una sensación pasajera de control mientras la violencia encuentra nuevas formas de reorganizarse y mutar. La seguridad no admite improvisaciones; exige conocimiento, estrategia y la capacidad de entender que cada problema requiere una respuesta diferente.

Indumil y la escopeta calibre 12, una respuesta inmediata contra drones terroristas

Por: Carlos Cotes

Las guerras del siglo XXI están demostrando que el poder militar ya no depende únicamente de aviones de combate, misiles de precisión o sofisticados sistemas de armas. Hoy, un dron comercial modificado con explosivos puede convertirse en un instrumento de terrorismo capaz de destruir infraestructura crítica, afectar operaciones militares y causar numerosas víctimas en cuestión de segundos. Lo ocurrido en la guerra entre Rusia y Ucrania dejó una lección contundente: la amenaza evolucionó más rápido que las doctrinas de defensa y, en muchos casos, incluso más rápido que la tecnología diseñada para neutralizarla.

La experiencia internacional evidencia que los modernos sistemas antidrones representan una capacidad indispensable, pero no infalible. La constante innovación de los drones, la adaptación de sus sistemas de navegación, la reducción de su firma electrónica y el empleo de ataques coordinados han puesto a prueba incluso a las fuerzas militares más avanzadas del mundo. En consecuencia, la defensa efectiva exige combinar tecnología de última generación con capacidades complementarias que permitan responder durante los segundos críticos previos al impacto.

Colombia no puede asumir que esta amenaza permanecerá distante. Los Grupos Armados Organizados han demostrado una permanente capacidad para incorporar nuevas tecnologías y adaptar sus métodos de violencia. El empleo de drones con explosivos contra estaciones de Policía, batallones, bases militares, infraestructura energética, instalaciones estratégicas o incluso contra la población civil constituye un escenario que exige preparación inmediata y no únicamente planificación futura.

En este contexto, la industria militar nacional adquiere una importancia estratégica. Indumil posee la capacidad de fabricar la escopeta Santander calibre 12, un equipo ampliamente conocido por la Fuerza Pública que, acompañado de entrenamiento especializado, doctrina operacional y protocolos claros de empleo, podría incorporarse como una capacidad complementaria de defensa de corto alcance frente a drones de baja altura cuando no existan medios electrónicos disponibles o estos resulten insuficientes.

No se trata de sustituir los sistemas antidrones de alta tecnología. Todo lo contrario. Colombia debe avanzar decididamente en su adquisición. Sin embargo, también es necesario reconocer que los procesos de estructuración, contratación, importación, pruebas e implementación de estos sistemas demandan tiempo. Mientras esas capacidades llegan al país, la amenaza continúa evolucionando y ningún procedimiento administrativo detendrá un ataque terrorista.

Por ello, este también es un respetuoso llamado al nuevo Presidente de Colombia para que incorpore esta realidad dentro de la agenda de seguridad nacional. La protección de la Fuerza Pública y de la población civil requiere decisiones oportunas, combinando inversión tecnológica con soluciones nacionales disponibles de manera inmediata. Cada mes que transcurra sin fortalecer la capacidad defensiva representa una ventana de vulnerabilidad que podría ser aprovechada por organizaciones criminales.

La preocupación aumenta frente a la posibilidad de ataques mediante enjambres de drones, una modalidad que consiste en el empleo simultáneo de múltiples aeronaves no tripuladas para saturar las defensas, dificultar la reacción y multiplicar los efectos destructivos. Un ataque de esta naturaleza contra una estación de Policía, un batallón o una instalación estratégica podría generar numerosas víctimas y comprometer seriamente la capacidad de respuesta institucional.

La historia demuestra que los conflictos no esperan a que concluyan los procesos de contratación pública. La mejor defensa siempre será la anticipación. Fortalecer a Indumil, aprovechar su capacidad industrial y dotar oportunamente a la Fuerza Pública de herramientas complementarias como la escopeta Santander calibre 12 puede constituir una medida práctica mientras el país consolida una arquitectura integral de defensa antidrón. Prepararse hoy no significa asumir que el ataque ocurrirá; significa garantizar que, si ocurre, Colombia esté en mejores condiciones para proteger a quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de todos.

Un Cumpleaños en el Cielo para Poncho Cotes Jr. "El Rey de Cunas"

POR: CALE COTES

Hablar de Poncho Cotes Jr. es hablar de costumbrismo, de talento natural, de melodías que nacían del alma y de esa picardía musical tan propia de los grandes juglares vallenatos. Hoy, cuando recordamos su cumpleaños número 73, es imposible no detenernos por un momento para rendir homenaje a un hombre que dejó una huella imborrable en la música vallenata y en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de compartir con él.

Mi tío Poncho no solo fue un destacado compositor. Quienes lo conocieron saben que su mayor encanto estaba en su voz melodiosa, en esa manera única de interpretar cada canción como si estuviera contando una historia alrededor de una parranda interminable. Su canto tenía sentimiento, autenticidad y ese sabor que solo poseen los artistas genuinos.

Son muchas las anécdotas que guardo en la memoria, pero hay una que siempre me roba una sonrisa. Hace algunos años estábamos grabando un CD homenaje a mi abuelo, Poncho Cotes. Ya teníamos listas todas las pistas musicales y solo faltaba registrar las voces de los intérpretes. Llegó entonces el turno de mi tío.

Fiel a sus costumbres y convencido de sus propias fórmulas artísticas, decidió prepararse a su manera. Su teoría era sencilla, para lograr ese tono ronco y ese "dejao" parrandero que tanto caracterizaba su canto, debía tomarse unos tragos la noche anterior. Y no fueron pocos. Se metió una whiskera completa y al día siguiente llegó al estudio con el guayabo encima, pero con la voz exactamente como la quería. Grabó sus canciones y dejó plasmado para siempre ese estilo inconfundible que hoy seguimos escuchando y recordando.

Poncho era irreverente. Vivía bajo sus propias reglas. Terco, auténtico y dueño de una personalidad imposible de ignorar. Pero cuando llegaba la parranda se transformaba en un verdadero bárbaro del canto. No le gustaban las conversaciones que interrumpieran la música. Ponía una butaca en el centro, se subía en ella y comenzaba a cantar. Desde ese instante todo giraba alrededor de sus canciones, de sus historias y de su extraordinaria capacidad para conectar con la gente.

Su legado permanece vigente. Sus composiciones continúan siendo referencia obligada dentro del folclor vallenato y siguen inspirando a nuevas generaciones de artistas. Aunque nació en Manaure, fue Villanueva la tierra que lo adoptó como uno de sus hijos más queridos. Allí recibió un apodo que nadie discutía y que se ganó con méritos propios: "El Rey de Cunas". Ningún otro compositor logró superar el impacto de sus canciones en los concursos de canción inédita donde participó en el Festival vallenato Cuna de Acordeones, y ganador en 4 oportunidades, con canciones como: "El Corazón del Pueblo", "Mi viejo y Yo", "La Fea", y, ganador Rey de Reyes con el paseo, "Aquí queda el cielo".  asi como también fue ganador en el Festival de la Leyenda Vallenata en el año 2010, con el paseo "La Ultima Historia"

Hoy, aunque ya no está físicamente entre nosotros, permanece vivo en cada acorde, en cada verso y en cada recuerdo compartido. Sus canciones siguen sonando y su voz continúa viajando por las parrandas, las emisoras y la memoria colectiva de nuestro pueblo.

Feliz cumpleaños, tío Poncho. Que en el cielo también haya acordeones, y parrandas interminables para celebrar tus 73 años. Aquí, en la tierra, seguimos escuchando tus canciones, recordando tus ocurrencias y agradeciendo el inmenso legado que nos dejaste. Porque los grandes artistas nunca se van del todo. Se quedan viviendo para siempre en la música y en el corazón de su gente.

Obediencia Debida y Defensa de la Democracia

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

POR: CARLOS COTES 

Las democracias no se sostienen únicamente por la voluntad de los gobernantes ni por el resultado de las elecciones. Su verdadera fortaleza radica en el respeto a las instituciones, a la Constitución y al Estado de Derecho. Cuando estas reglas son respetadas, la alternancia en el poder ocurre de manera pacífica y legítima. Pero cuando un gobernante decide desconocerlas, surge una pregunta fundamental: ¿a quién deben obedecer las Fuerzas Militares?

Existe un concepto conocido como obediencia debida, según el cual los miembros de la Fuerza Pública deben cumplir las órdenes impartidas por sus superiores dentro de la cadena de mando. Este principio es indispensable para garantizar la disciplina, la cohesión y la eficacia operacional de las instituciones armadas. Sin embargo, la obediencia debida no puede interpretarse como una autorización para cumplir cualquier orden sin cuestionamiento alguno.

La Constitución Política establece límites claros. El artículo 217 señala que las Fuerzas Militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Esta disposición tiene una enorme importancia porque deja claro que la lealtad de las Fuerzas Militares no es hacia una persona, un gobierno o un partido político, sino hacia la Constitución y la Nación.

Bajo esta perspectiva, resulta pertinente analizar un escenario hipotético en el que un presidente, una vez concluidas unas elecciones legítimas y agotados los mecanismos legales de controversia, se negara a reconocer los resultados y pretendiera mantenerse en el poder. En una situación de esta naturaleza no estaríamos frente a una disputa política ordinaria, sino ante una posible ruptura del orden constitucional.

Es precisamente en ese momento cuando cobra relevancia la diferencia entre una orden legítima y una orden manifiestamente ilegal. La obediencia debida protege el cumplimiento de órdenes legales, pero no ampara aquellas que buscan desconocer la Constitución, impedir la posesión de una autoridad legítimamente elegida o utilizar las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder.

La experiencia internacional demuestra que las democracias sobreviven cuando las instituciones permanecen fieles a la Constitución y no a los intereses personales de quienes circunstancialmente ejercen el gobierno. Por ello, la responsabilidad de las Fuerzas Militares en una democracia moderna no consiste únicamente en defender las fronteras o enfrentar amenazas externas, sino también en preservar el orden constitucional que garantiza las libertades y derechos de los ciudadanos.

La mayor expresión de patriotismo de un militar no es la obediencia ciega, sino la fidelidad a la Constitución que juró defender. En una república democrática, los gobiernos son transitorios; la Constitución, en cambio, es permanente. Por eso, cuando surge una tensión entre la voluntad de un gobernante y el orden constitucional, la lealtad institucional debe estar siempre del lado de la ley, de la democracia y de la Nación.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

CUANDO LA CONSTITUCIÓN ESTÁ POR ENCIMA DEL PODER

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

D.R.A

Las elecciones son la esencia de toda democracia. A través del voto, los ciudadanos deciden quién debe gobernar y quién debe dejar el poder. Por eso, una de las preguntas más importantes que puede hacerse cualquier sociedad es: ¿qué ocurriría si un presidente se negara a reconocer el resultado de unas elecciones y quisiera quedarse en el poder a la fuerza?

Aunque parezca una situación lejana, la Constitución  previó mecanismos para proteger la democracia frente a cualquier intento de ruptura institucional. Uno de ellos está contenido en el artículo 217, una norma que define cuál es la misión de las Fuerzas Militares y cuál debe ser su papel en momentos de crisis.

Muchas personas creen que las Fuerzas Militares están al servicio del Presidente de la República. En realidad, están al servicio de la Nación y de la Constitución. El artículo 217 establece que su misión es defender la soberanía, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Esto significa que su principal deber es proteger las reglas democráticas y las instituciones del Estado.

Si un presidente pierde unas elecciones y decide desconocer los resultados, impedir la posesión del mandatario elegido o utilizar el poder para permanecer ilegalmente en el cargo, ya no estaríamos frente a una simple discusión política. Estaríamos ante una amenaza contra la Constitución y contra la voluntad de millones de ciudadanos expresada en las urnas.

En un escenario de esa naturaleza, las Fuerzas Militares no tendrían la obligación de respaldar a una persona, sino de proteger el orden constitucional. Su deber sería garantizar que las instituciones funcionen normalmente, que las decisiones de las autoridades competentes sean respetadas y que la transición democrática se realice conforme a la ley.

La fortaleza de una democracia no depende únicamente de sus gobernantes. También depende de la solidez de sus instituciones. Las altas cortes, el Congreso, los organismos electorales y la Fuerza Pública tienen la responsabilidad de actuar dentro del marco constitucional para evitar que el poder se concentre en una sola persona.

La historia demuestra que las democracias más fuertes son aquellas donde las instituciones están por encima de los individuos. Los presidentes pasan, los gobiernos cambian y las ideologías se alternan, pero la Constitución permanece como la norma que garantiza la convivencia y la estabilidad del país.

Por eso, el artículo 217 tiene un valor especial. Es una garantía de que las Fuerzas Militares no existen para defender intereses políticos ni proyectos personales de poder. Existen para proteger al país, sus instituciones y su democracia. Su compromiso no es con un gobernante de turno, sino con la Constitución que juraron defender.

La gran lección es sencilla: en una democracia nadie está por encima de la Constitución. Cuando un pueblo vota, su decisión debe ser respetada. Y cuando esa decisión es amenazada, todas las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Militares, tienen el deber de proteger el orden constitucional y garantizar que la voluntad de los ciudadanos prevalezca sobre cualquier intento de permanecer en el poder por fuera de la ley.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Fuerzas Militares y Seguridad Ciudadana, Complementariedad para un Nuevo Entorno Estratégico

POR: CARLOS COTES

Durante décadas, en Colombia se ha sostenido una clara diferenciación

entre las funciones de las Fuerzas Militares y las de la Policía Nacional. Mientras los militares tienen la misión constitucional de defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, la Policía es la encargada de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Esta división de responsabilidades continúa siendo válida y necesaria dentro del Estado de Derecho. Sin embargo, la evolución de las amenazas que enfrenta el país obliga a replantear algunos paradigmas institucionales.

El crimen organizado del siglo XXI ya no opera exclusivamente en zonas rurales apartadas ni se limita a estructuras armadas tradicionales. Hoy encontramos organizaciones criminales transnacionales que controlan rutas del narcotráfico, realizan minería ilegal, ejercen extorsión, trafican migrantes, lavan activos y utilizan tecnologías avanzadas para expandir sus operaciones. Estas estructuras tienen presencia simultánea en corredores fronterizos, ciudades intermedias, grandes centros urbanos y regiones estratégicas del territorio nacional.

La realidad demuestra que muchas de las amenazas que afectan diariamente a los ciudadanos tienen conexiones directas con organizaciones armadas y redes criminales de alcance internacional. Un homicidio por ajuste de cuentas, una extorsión a comerciantes, el microtráfico en barrios vulnerables o el reclutamiento de menores pueden parecer inicialmente problemas de seguridad ciudadana, pero en numerosas ocasiones responden a intereses de estructuras criminales que desafían la autoridad del Estado y comprometen la seguridad nacional.

En este contexto surge una reflexión necesaria: ¿están las Fuerzas Militares suficientemente preparadas para comprender las dinámicas de la seguridad ciudadana? La respuesta, en muchos casos, es negativa. La formación militar colombiana ha estado históricamente orientada al combate, la estrategia militar, la defensa territorial y la lucha contra amenazas armadas. Aunque estos conocimientos son esenciales, el escenario actual exige competencias complementarias relacionadas con criminología, prevención del delito, seguridad urbana, convivencia ciudadana, análisis de fenómenos criminales y gobernanza de la seguridad.

No se trata de convertir soldados en policías ni de militarizar la seguridad ciudadana. Tampoco de desconocer las competencias constitucionales de la Policía Nacional. Se trata de comprender que las amenazas híbridas requieren respuestas integrales. Un oficial o suboficial militar que conozca las dinámicas de la seguridad ciudadana estará en mejores condiciones de coordinar operaciones conjuntas, entender los factores sociales que facilitan la criminalidad y contribuir de manera más efectiva a los esfuerzos institucionales para recuperar territorios afectados por organizaciones ilegales.

Las experiencias internacionales muestran que la cooperación entre fuerzas militares y policiales es cada vez más necesaria frente a fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Colombia no es la excepción. Por el contrario, su ubicación geográfica y la persistencia de economías ilícitas convierten al país en un escenario donde la articulación institucional resulta indispensable.

Las amenazas actuales ya no distinguen entre seguridad ciudadana y seguridad nacional. Por ello, las instituciones tampoco pueden permanecer aisladas en visiones tradicionales. El militar colombiano del futuro deberá seguir siendo un defensor de la soberanía, pero también un profesional capaz de comprender cómo las dinámicas de inseguridad ciudadana impactan la estabilidad del Estado. Fortalecer su formación en esta materia no debilita su misión constitucional; por el contrario, la potencia y la adapta a los desafíos complejos del siglo XXI.

Activar la convivencia pacífica, el gran desafío de las zonas urbanas

POR: CARLOS COTES

La convivencia pacífica no surge de manera espontánea ni se decreta desde una oficina pública. Se construye todos los días en la calle, en el barrio, en la escuela, en el transporte público, en los mercados y en los espacios digitales donde interactúan millones de ciudadanos. Colombia enfrenta hoy uno de los mayores retos de su historia reciente: reconstruir el tejido social en medio de la desconfianza, la polarización y el debilitamiento progresivo de las normas básicas de comportamiento ciudadano.

La gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es qué nos une como nación en medio de tantas diferencias. La respuesta está precisamente en reconocer la diversidad humana como un valor y no como una amenaza. Las diferencias culturales, políticas, económicas y sociales no deben conducir al enfrentamiento permanente, sino convertirse en el punto de partida para construir respeto mutuo, diálogo social y corresponsabilidad ciudadana.

La convivencia comienza con comportamientos esperados y con una cultura ciudadana orientada al respeto de las normas. Sin embargo, Colombia ha desarrollado históricamente una preocupante cultura de incumplimiento. Muchas personas consideran normal irrespetar una fila, invadir el espacio público, generar ruido excesivo o incumplir reglas básicas de convivencia. Aunque estas conductas parezcan menores, terminan afectando profundamente la percepción de seguridad y deteriorando el contrato social.

La convivencia no se destruye únicamente por los homicidios o por los grandes delitos de alto impacto. En muchas ocasiones, el verdadero deterioro social comienza con las pequeñas transgresiones cotidianas que generan tensión permanente entre ciudadanos. El equipo de sonido a alto volumen en horas de descanso, los conflictos en propiedad horizontal, la agresividad verbal en el espacio público, el irrespeto a la autoridad o la ocupación indebida de zonas comunes producen un desgaste emocional colectivo que incrementa la conflictividad social.

La comunicación juega un papel determinante en este proceso. Somos seres comunicantes y, por tanto, la calidad de nuestras relaciones depende de la manera en que dialogamos y resolvemos diferencias. La comunicación activa las relaciones humanas, fortalece la participación ciudadana y facilita la construcción de acuerdos. Hoy esa comunicación debe trabajarse tanto en los territorios físicos como en los entornos digitales, donde también se reproducen discursos de odio, intolerancia y violencia simbólica.

Otro factor que afecta gravemente la convivencia es la pérdida de confianza institucional. Cuando la ciudadanía deja de creer en las instituciones, desaparece el respeto por la autoridad y se debilita la legitimidad del Estado. La autoridad necesita recuperar aceptación social y credibilidad para ejercer control legítimo y prevenir escenarios de conflictividad permanente. Sin confianza no existe regulación social efectiva.

Las condiciones urbanas también influyen directamente en los niveles de violencia interpersonal. Entornos deteriorados, calles sucias, falta de iluminación, hacinamiento y mercados informales desorganizados incrementan la agresividad y la fatiga emocional de las personas. La percepción de abandono estatal facilita conductas violentas y acelera procesos de descomposición social.

En este contexto preocupa especialmente el incremento del uso de armas blancas en Colombia. Este fenómeno no puede analizarse únicamente desde una perspectiva policial. Existen múltiples factores asociados: migración interna y externa, informalidad laboral, fragmentación comunitaria, consumo de sustancias psicoactivas y disputas por el uso del espacio público. El arma blanca se ha convertido en un instrumento cotidiano de intimidación y agresión, presente transversalmente en todas las edades y sectores sociales.

La combinación entre armas blancas y consumo de drogas genera escenarios altamente complejos para la convivencia urbana. Muchas riñas que antes terminaban en discusiones hoy terminan en lesiones graves o muertes. Esto representa un enorme desafío para las autoridades, especialmente para la Policía Nacional, que debe intervenir preventivamente mediante controles, comparendos y acciones pedagógicas.

La educación ciudadana aparece entonces como la principal herramienta de transformación social. Educar para la convivencia significa enseñar respeto, tolerancia, manejo adecuado de conflictos y cumplimiento de normas. La prevención comienza en la familia, continúa en la escuela y se fortalece en la comunidad.

Activar la convivencia pacífica implica recuperar la confianza, fortalecer la cultura ciudadana y reconstruir el sentido de pertenencia colectiva. Senecesita entender que la seguridad no depende únicamente de más policías o mayores sanciones, sino también de ciudadanos conscientes de su responsabilidad social. La convivencia pacífica es, en esencia, la capacidad de vivir juntos respetando las diferencias y entendiendo que el bienestar individual depende del bienestar colectivo.

Seguridad humana y medio ambiente, una relación estratégica inseparable

POR: CARLOS COTES

Durante décadas, la seguridad fue entendida exclusivamente desde la óptica militar y policial. Sin embargo, las amenazas del siglo XXI han demostrado que la destrucción ambiental también pone en riesgo la estabilidad de los Estados y la supervivencia de las comunidades. La deforestación ambiental, la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles y la ganadería extensiva no solo deterioran los ecosistemas; afectan directamente la seguridad humana, entendida como la protección integral de las personas frente a amenazas que comprometen su vida, salud, alimentación, economía y estabilidad social.

La deforestación masiva destruye bosques esenciales para la regulación climática y la conservación de fuentes hídricas. Cuando desaparecen miles de hectáreas de selva y cobertura vegetal, también desaparece la capacidad natural de producir agua, conservar los suelos y mantener la biodiversidad. Las consecuencias son inmediatas: sequías más intensas, erosión de tierras fértiles, pérdida de cultivos y disminución de la producción de alimentos. Esto genera inseguridad alimentaria, aumento de precios y mayor pobreza rural. En regiones vulnerables, la crisis ambiental termina convirtiéndose en una crisis social.

La minería ilegal agrava aún más esta situación. Además de destruir ecosistemas completos, contamina ríos y quebradas con mercurio y sustancias tóxicas que afectan gravemente la salud pública. Comunidades enteras terminan consumiendo agua contaminada y alimentos expuestos a químicos peligrosos. A ello se suma un problema aún más complejo: las economías ilícitas derivadas de la minería ilegal fortalecen estructuras criminales y grupos armados organizados. En muchos territorios, estas actividades financian redes de narcotráfico, corrupción, tráfico de armas y control territorial ilegal. La destrucción ambiental termina convirtiéndose en combustible para la violencia.

De igual manera, la tala indiscriminada de árboles y la expansión de la ganadería extensiva continúan siendo factores determinantes en la degradación ambiental. Grandes extensiones de bosque son arrasadas para ampliar potreros de baja productividad, generando pérdida de biodiversidad, alteración del clima y degradación de los suelos. Esto incrementa los riesgos de inundaciones, incendios forestales y deslizamientos, afectando directamente a las comunidades más pobres y vulnerables. Un territorio ambientalmente degradado pierde capacidad económica, limita el desarrollo sostenible y aumenta la conflictividad social.

Hoy resulta imposible hablar de seguridad ciudadana y seguridad nacional sin incluir el componente ambiental. La lucha por el agua, la tierra y los recursos naturales será uno de los principales desafíos estratégicos de las próximas décadas. Un país que destruye sus bosques, contamina sus ríos y permite economías ilegales sobre sus recursos naturales, debilita su gobernabilidad y compromete el futuro de las nuevas generaciones. Proteger el medio ambiente ya no es únicamente una obligación ecológica; es una necesidad para garantizar la seguridad humana, la estabilidad institucional y el desarrollo sostenible de la nación.

 

Los GDCO, la amenaza que desafía a la seguridad ciudadana en los entornos urbanos

                                                                POR: CARLOS COTES

Durante muchos años, en Colombia la atención pública se concentró principalmente en las guerrillas, el narcotráfico y los grandes grupos armados ilegales. Sin embargo, mientras el país enfocaba sus esfuerzos en esas amenazas de alto impacto, fue creciendo silenciosamente un fenómeno criminal que hoy afecta directamente la tranquilidad cotidiana de millones de ciudadanos, los Grupos de Delincuencia Común Organizada, conocidos como GDCO.

Estas estructuras criminales representan actualmente una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana en barrios, comunas y municipios del país. A diferencia de los grandes grupos armados organizados, los GDCO no buscan confrontar militarmente al Estado ni controlar amplios territorios rurales. Su verdadero poder radica en algo más peligroso para la convivencia diaria, el control social ilegal de las comunidades mediante el miedo, la intimidación y las economías ilícitas locales.

Los GDCO operan principalmente a través del microtráfico, la extorsión, el sicariato, el hurto organizado y el cobro de “vacunas”. Son estructuras flexibles, de rápida adaptación y con gran capacidad de mutación criminal. Cambian constantemente de nombre, se fragmentan, se reorganizan y establecen alianzas temporales para evadir la acción de las autoridades. Esa dinámica los convierte en organizaciones difíciles de identificar y judicializar.

Uno de los errores más frecuentes consiste en subestimar estas estructuras por considerar que son simples pandillas juveniles o delincuencia común aislada. La realidad es distinta. Muchos GDCO poseen niveles importantes de organización, jerarquía y control territorial. En algunos casos cuentan con cabecillas, coordinadores financieros, redes de sicarios, expendedores de droga, campaneros y enlaces con estructuras criminales de mayor alcance. Además, en múltiples escenarios estos grupos son utilizados por los Grupos Armados Organizados (GAO) para ejecutar homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, control territorial urbano y otras conductas de alto impacto, mediante esquemas de tercerización criminal u “outsourcing criminal”, que les permiten a las grandes organizaciones ilegales reducir su exposición directa frente a las autoridades y ampliar su capacidad operativa en las ciudades y municipios.

Su principal fortaleza está en la proximidad con las comunidades. Controlan calles, parques, sectores comerciales y hasta horarios de movilidad. Imponen fronteras invisibles, restringen la circulación de ciudadanos y generan desplazamientos intraurbanos silenciosos que pocas veces aparecen en las estadísticas nacionales. En términos de seguridad urbana, los GDCO afectan directamente la percepción de seguridad y debilitan la legitimidad institucional en los territorios.

Además, estas estructuras aprovechan factores sociales complejos como el desempleo juvenil, la deserción escolar, la pobreza y la falta de oportunidades. Allí encuentran mano de obra criminal disponible y facilidades para consolidar redes ilegales de control territorial. Por eso, el fenómeno no puede abordarse únicamente desde una visión policial o militar.

La respuesta del Estado debe ser integral. Se requiere fortalecer la inteligencia criminal, judicializar las estructuras financieras, aplicar extinción de dominio y desarticular las redes de apoyo logístico. Pero igualmente resulta indispensable recuperar el tejido social mediante inversión pública, educación, deporte, empleo juvenil y presencia institucional permanente en las comunidades más vulnerables.

La seguridad ciudadana del siglo XXI ya no depende exclusivamente de enfrentar grandes amenazas armadas. Hoy el verdadero desafío está en combatir esas estructuras criminales pequeñas y medianas que lentamente erosionan la convivencia, capturan territorios y normalizan la ilegalidad en la vida cotidiana. Los GDCO son, sin duda, una amenaza silenciosa, pero profundamente peligrosa para la estabilidad social y la gobernabilidad urbana del país. Además de los Grupos Armados Organizados (GAO), que históricamente han representado una afectación directa a la seguridad nacional y al orden público, los GDCO constituyen actualmente una seria amenaza contra la seguridad ciudadana, debido a su capacidad de infiltrarse en la vida diaria de las comunidades, generar temor colectivo y debilitar progresivamente la autoridad institucional en barrios, comunas y municipios de Colombia.

 

En una próxima columna más adelante les hablaré, de los GAOr.

El mercurio, veneno silencioso de la minería ilegal

POR: CARLOS COTES 

Muchos países de América Latina enfrentan hoy una de las amenazas ambientales más graves de su historia contemporánea, la expansión de la minería ilegal y el uso indiscriminado del mercurio en la extracción de oro. Lo que para las estructuras criminales representa una fuente rápida de enriquecimiento ilícito, para el país significa destrucción ecológica, contaminación de los ríos, afectaciones a la salud pública y debilitamiento de la seguridad territorial. El mercurio se ha convertido en un enemigo silencioso que avanza por las venas hídricas dejando una huella de muerte, enfermedad y deterioro ambiental que tardará décadas en recuperarse.

En distintas regiones del país, especialmente en Antioquia, Chocó, Bolívar, Cauca y sectores de la Amazonía, la explotación ilegal de yacimientos mineros, ha transformado selvas, quebradas y ríos en paisajes devastados. Las dragas destruyen cauces naturales, las retroexcavadoras arrasan bosques y toneladas de sedimentos son arrojadas diariamente a las fuentes hídricas. A ello se suma el uso criminal del mercurio, utilizado para separar el oro de la tierra mediante el proceso conocido como amalgamación. El problema no termina allí. Una vez calentada la mezcla, el mercurio se evapora contaminando el aire y posteriormente regresa a la tierra y al agua en forma de partículas tóxicas.

Los efectos sobre los ríos son alarmantes. El mercurio permanece durante años en el agua y en los sedimentos, convirtiéndose en metilmercurio, una sustancia altamente tóxica que entra en la cadena alimenticia. Los peces absorben el contaminante y posteriormente las comunidades consumen estos alimentos contaminados. Así, miles de familias ribereñas terminan intoxicadas sin siquiera saberlo. El daño es aún más grave en niños y mujeres embarazadas, debido a que el mercurio afecta el sistema nervioso, genera alteraciones cognitivas, daños neurológicos irreversibles, problemas renales y enfermedades respiratorias.

La tragedia ambiental también tiene una dimensión de seguridad nacional. La minería ilegal se ha convertido en fuente de financiamiento de grupos armados organizados y redes criminales transnacionales. Allí donde el Estado pierde control territorial, avanzan las economías ilícitas que destruyen el medio ambiente y someten a las comunidades al miedo y a la ilegalidad. Defender los recursos naturales ya no es solamente una tarea ecológica; es una obligación estratégica para preservar la soberanía, la estabilidad institucional y la vida de millones de personas.

Se necesita fortalecer la capacidad de control sobre el tráfico ilegal de mercurio, endurecer las acciones contra la minería criminal y promover procesos de formalización minera responsables y sostenibles. La protección de los ríos debe asumirse como un asunto prioritario de seguridad ambiental y de supervivencia nacional. Cada gramo de mercurio vertido en nuestras aguas representa una amenaza contra el futuro del país. El oro extraído ilegalmente puede generar riqueza momentánea para unos pocos, pero el daño ambiental y humano que deja el mercurio puede permanecer por generaciones enteras.

El Clientelismo armado

                                                                         Por: Carlos Cotes

Actualmente hay un fenómeno muy peligroso que sigue afectando la democracia, el clientelismo armado. No se trata solo de corrupción política ni solo de grupos ilegales, sino de la unión entre armas y política para controlar territorios, elecciones y recursos públicos. Cuando un grupo armado decide quién puede ser candidato, quién puede hacer campaña o quién puede contratar con el Estado, la democracia deja de ser libre y se convierte en una imposición. Este problema no siempre se ve en las grandes ciudades, pero en muchas regiones sigue siendo una realidad cotidiana.

El clientelismo armado aparece cuando los grupos ilegales usan su poder para influir en la política local. A veces lo hacen con amenazas, otras con dinero, y otras con favores. Financiación de campañas, presión sobre votantes, imposición de candidatos o control de la contratación pública son algunas de las formas más comunes. En el pasado se vio con el paramilitarismo, luego con las guerrillas en algunas zonas, y hoy también con bandas criminales y redes del narcotráfico. Aunque cambien los nombres de los grupos, el mecanismo sigue siendo el mismo, controlar el poder para proteger intereses ilegales.

Este fenómeno es más fuerte en las regiones donde el Estado llega poco o llega tarde. Municipios con pobreza, economías ilegales, poca presencia de justicia y debilidad institucional son más vulnerables. Donde hay narcotráfico, minería ilegal, contrabando o cultivos ilícitos, siempre existe el riesgo de que aparezca el clientelismo armado. Allí los grupos ilegales no solo buscan dinero, también buscan influir en alcaldías, concejos y gobernaciones para asegurar que nadie afecte sus negocios. Por eso el problema no es solo de seguridad, también es de gobernabilidad.

Combatir el clientelismo armado no se logra solo con más operativos militares. Se necesita presencia real del Estado, justicia que funcione, control al financiamiento de campañas y transparencia en la contratación pública. También se requiere inteligencia para detectar alianzas entre políticos y estructuras criminales, y protección para quienes denuncian. Cuando el Estado investiga, sanciona y mantiene presencia permanente, el clientelismo armado pierde fuerza. Cuando el Estado se retira, otros ocupan su lugar.

La lección es clara, donde el Estado no manda, mandan las armas. El clientelismo armado sigue siendo uno de los mayores riesgos para la seguridad y la democracia. No basta con elecciones, si esas elecciones están presionadas por el miedo o por el dinero ilegal. Fortalecer las instituciones en las regiones no es solo un tema político, es una necesidad para garantizar la seguridad, la legalidad y el futuro del país.

Territorios bajo injerencia delictiva

POR: CARLOS COTES M.

La injerencia delictiva se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad territorial. Este fenómeno representa el dominio que ejercen los grupos armados organizados sobre áreas estratégicas del país, donde imponen sus propias normas, controlan la movilidad y someten a la población civil bajo esquemas de coerción. La ocupación territorial por parte de estos grupos no es improvisada: responde a cálculos logísticos, económicos y militares, orientados a garantizar su permanencia y la expansión de sus economías ilícitas.

Cada grupo armado organizado define su espacio de injerencia delictiva según sus intereses particulares. Allí concentran sus efectivos, recursos y redes de apoyo, asegurando corredores para el narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando. Estos espacios no solo representan áreas de operación criminal, sino verdaderas zonas de influencia donde el poder del Estado es reemplazado por el control social armado. En esos territorios, las actividades económicas son gravadas y la justicia se administra con fusil.

El narcotráfico sigue siendo la fuente de financiación más determinante, pero la minería ilegal, el tráfico de armas y la extorsión han diversificado el portafolio criminal. Cada grupo protege con violencia los territorios que le garantizan rentas y rutas, generando disputas sangrientas por los límites de influencia. La injerencia delictiva se vuelve así un mapa de poder invisible que delimita dónde comienza y termina la presencia del Estado. Los GAO convierten los ríos, carreteras o selvas en fronteras de facto, mientras la población se convierte en rehén de su disputa.

La Fuerza Pública tiene un compromiso enorme y permanente: recuperar los territorios bajo control de estos grupos. La tarea no se limita al enfrentamiento militar, sino que implica restablecer la institucionalidad, la confianza ciudadana y las oportunidades económicas que permitan romper el ciclo de dependencia criminal. La seguridad territorial debe entenderse como un proceso integral donde la presencia del Estado es tan importante como la legitimidad de su acción.

La injerencia delictiva es uno de los mayores desafíos que enfrenta Colombia en su lucha por la estabilidad y la convivencia. Cada vez que un grupo armado amplía su rango de acción o aumenta su pie de fuerza, la población civil sufre las consecuencias. Desmantelar esas estructuras de control no solo es una tarea de seguridad, sino de reconstrucción del Estado en los márgenes olvidados del país, donde la ley aún se disputa con la violencia.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Coordinación estratégica y seguridad; el papel de la Junta de Inteligencia Conjunta

La Junta de Inteligencia Conjunta es un mecanismo formal del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia en Colombia, creado mediante la Ley 1621 de 2013, conocida como Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. En sus artículos 12 y 13 se establece su naturaleza, funciones y coordinación institucional. Esta instancia no es decorativa ni protocolaria; constituye un órgano de articulación estratégica que integra capacidades, evita duplicidades y orienta la producción de inteligencia bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en el marco del Estado de Derecho.

 

El propósito central de la Junta es integrar, priorizar y armonizar los esfuerzos de las distintas agencias que producen inteligencia, para generar apreciaciones estratégicas útiles a la toma de decisiones del más alto nivel. Busca anticipar amenazas, evaluar riesgos y producir conocimiento oportuno frente a fenómenos como el crimen organizado, el terrorismo, las economías ilícitas o injerencias externas. La dirección política y estratégica recae en el Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa y jefe de Estado, quien define las directrices generales; operativamente, la coordinación se ejerce a través de la comunidad de inteligencia, bajo lineamientos del Gobierno Nacional..

La información recopilada mediante actividades de inteligencia no es un fin en sí mismo. Su finalidad es convertirse en producto analítico que soporte decisiones en materia de seguridad y defensa nacional, política exterior y preservación del orden constitucional. En la Junta, esa información se consolida, contrasta y valida para producir estimativos estratégicos, alertas tempranas y escenarios prospectivos. Así, el dato aislado se transforma en conocimiento estructurado, útil para diseñar políticas públicas, orientar operaciones y prevenir riesgos que puedan afectar la estabilidad institucional.

Hacen parte de esta Junta las principales agencias del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia, entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia, las jefaturas de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como otras entidades que por competencia legal produzcan inteligencia estratégica. Su composición responde a la necesidad de integrar capacidades técnicas, humanas y tecnológicas, bajo un esquema de coordinación y control que garantice reserva, responsabilidad y respeto por los derechos fundamentales.

A pesar de su relevancia, la Junta de Inteligencia Conjunta no es ampliamente conocida ni divulgada. La naturaleza reservada de la inteligencia, sumada a una limitada pedagogía institucional sobre la Ley 1621 de 2013, ha impedido que la opinión pública comprenda su importancia estructural. Darle mayor visibilidad normativa y fortalecer su periodicidad contribuiría a consolidar una cultura estratégica en el país. En un entorno de amenazas híbridas y criminalidad transnacional, la inteligencia integrada no es opcional: es una condición indispensable para la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática.

Las fallas estructurales en la respuesta al crimen organizado

                                                                POR: CARLOS COTES MAYA

La reciente intervención del alcalde Carlos Fernando Galán, el pasado 10 de abril de 2026, en el Foro de Seguridad Ciudadana, realizado por la Universidad Externado de Colombia,  constituye una radiografía precisa, técnica y políticamente relevante sobre la crisis de seguridad que atraviesa Bogotá, pero que en realidad refleja una problemática estructural del país. Su discurso no se limitó a una lectura coyuntural del delito, sino que expone con claridad las fallas sistémicas de la política criminal colombiana, abordando desde la prevención social hasta la ineficacia del aparato judicial y penitenciario. Se trata de una visión integral que, más allá de la capital, interpela a todas las ciudades que enfrentan fenómenos similares de criminalidad urbana.

En primer lugar, Galán resalta un componente frecuentemente subestimado, la prevención. Destaca una política social robusta que busca reducir la vulnerabilidad y evitar el reclutamiento criminal, mediante acceso a educación, transporte gratuito y programas de inclusión juvenil. Este enfoque evidencia que la seguridad no puede desligarse de la política social; sin embargo, también deja entrever que, aunque necesario, este esfuerzo resulta insuficiente si no se articula con un sistema penal eficaz.

El núcleo crítico de su análisis se sitúa en la política criminal. El alcalde es contundente: capturar al delincuente de base el eslabón más débil no desarticula estructuras criminales. La lucha contra el delito exige atacar toda la cadena, desde el autor material hasta las redes que sostienen economías ilegales. No obstante, esta intención choca con limitaciones estructurales: fiscales con cargas de hasta 1.500 casos, déficit presupuestal en la rama judicial cercano a los 5 billones de pesos y una baja probabilidad de sanción efectiva. El dato es revelador: de aproximadamente 33.000 denuncias por hurto de celulares, solo unas 280 terminan en sanción. Este nivel de impunidad no solo erosiona la confianza institucional, sino que incentiva la consolidación de carreras criminales.

El Alcalde introduce un punto de alta sensibilidad: la progresividad del delito. La ausencia de sanción permite que el delincuente escale en violencia, pasando de hurtos simples a homicidios. Casos concretos ilustran cómo el sistema falla en interrumpir esa trayectoria. A ello se suma una débil valoración del riesgo en decisiones judiciales, donde antecedentes sin sanción efectiva no inciden en medidas restrictivas, permitiendo que individuos reincidentes permanezcan en libertad.

Otro eje fundamental es la crítica al populismo punitivo. El alcalde coincide en que aumentar penas no resuelve el problema si no se incrementa la probabilidad de sanción. Incluso plantea la necesidad de replantear qué conductas deben implicar privación de la libertad y cuáles requieren sanciones alternativas, siempre bajo el principio de efectividad. En paralelo, advierte con preocupación sobre discursos que minimizan el delito desde el nivel nacional, lo cual, en su criterio, debilita la legitimidad del sistema y afecta la moral de los operadores de justicia.

El sistema carcelario aparece como un eslabón crítico. El hacinamiento, la falta de condiciones dignas y la ausencia de procesos reales de resocialización convierten las cárceles en escuelas del crimen. La paradoja es evidente: muchos delincuentes ingresan con conductas menores y salen con mayor capacidad delictiva. Esto representa no solo una falla frente a la sociedad, sino también frente al propio individuo que el Estado no logra reinsertar.

Finalmente, Galán subraya la necesidad de ajustes estructurales, mayor articulación institucional, uso eficiente de tecnología, agilidad en el acceso a información clave para investigaciones y fortalecimiento de capacidades operativas. La frustración ciudadana, que ya se traduce en fenómenos de justicia por mano propia, es una señal de alarma sobre la pérdida de confianza en el sistema.

En conclusión, el diagnóstico presentado no es exclusivo de Bogotá; es el reflejo de una política criminal fragmentada, con debilidades en prevención, investigación, judicialización y resocialización. La intervención del alcalde no solo expone falencias, sino que plantea una hoja de ruta: abandonar soluciones simplistas, fortalecer el sistema integralmente y recuperar la credibilidad institucional. Lo que está en juego no es únicamente la seguridad urbana, sino la capacidad del Estado para garantizar orden, justicia y legitimidad en todo el territorio nacional.

Conflicto armado; claves para entender su verdadera dimensión

POR: CARLOS COTES

En el análisis de la seguridad Nacional actual,  uno de los errores más frecuentes consiste en abordar fenómenos complejos con categorías simplificadas. La violencia, en sus múltiples manifestaciones, exige una lectura diferenciada y técnicamente rigurosa. No toda expresión violenta responde a la misma lógica ni admite las mismas respuestas institucionales. Por ello, resulta indispensable precisar qué es un conflicto armado, cómo se configura y por qué su tratamiento demanda capacidades estratégicas superiores.

Un conflicto armado se define como una confrontación sostenida entre actores organizados, dotados de capacidad militar y mando estructurado, que emplean la violencia de manera sistemática para alcanzar objetivos de poder, control territorial o imposición de normas. A diferencia de la criminalidad convencional, aquí existe una intencionalidad política o estratégica, una vocación de permanencia y una disputa directa por la autoridad en determinados territorios. Esta condicionado en marcos normativos específicos, particularmente los derivados del Derecho Internacional Humanitario.

El desarrollo de un conflicto armado no es espontáneo. Se estructura progresivamente mediante la consolidación de capacidades armadas, la construcción de redes de apoyo, el control de economías legales o ilícitas y la disputa por legitimidad frente a la población. En su evolución, estos actores combinan acciones militares, presión social y control coercitivo, generando dinámicas de dominio territorial que transforman la vida cotidiana de las comunidades. La confrontación se adapta, muta y se reconfigura según las condiciones del entorno y la respuesta estatal.

En este contexto, resulta crítico diferenciar entre violencia instrumental de carácter criminal y violencia estructurada con fines de poder. Mientras la primera busca beneficios inmediatos, la segunda responde a lógicas de acumulación y control, con impactos más profundos sobre la institucionalidad y la seguridad humana. Confundir ambos fenómenos conduce a diagnósticos imprecisos y, en consecuencia, a políticas ineficaces.

Una lectura adecuada del conflicto armado obliga a integrar múltiples dimensiones: inteligencia estratégica, presencia efectiva del Estado, control territorial, fortalecimiento institucional y acciones orientadas a reducir los factores que alimentan la persistencia de la confrontación. No se trata únicamente de contener la violencia, sino de desarticular las condiciones que permiten su reproducción.

Asimismo, el reconocimiento de este tipo de conflicto implica un tratamiento diferenciado de las víctimas. Las afectaciones derivadas de contextos de confrontación armada trascienden el ámbito del delito común y requieren respuestas integrales que incluyan verdad, reparación y garantías de no repetición. Ignorar esta distinción debilita la legitimidad institucional y prolonga los ciclos de violencia.

El desafío central radica en evitar la simplificación. La seguridad efectiva se construye sobre diagnósticos precisos y decisiones informadas. Cuando la violencia adquiere organización, permanencia y propósito de poder, deja de ser un fenómeno aislado y se convierte en un problema estructural. Comprender esa transformación es el primer paso para intervenir con eficacia y restablecer el orden en condiciones sostenibles.