Los GDCO, la amenaza que desafía a la seguridad ciudadana en los entornos urbanos

                                                                                          POR: CALE COTES

Durante muchos años, en Colombia la atención pública se concentró principalmente en las guerrillas, el narcotráfico y los grandes grupos armados ilegales. Sin embargo, mientras el país enfocaba sus esfuerzos en esas amenazas de alto impacto, fue creciendo silenciosamente un fenómeno criminal que hoy afecta directamente la tranquilidad cotidiana de millones de ciudadanos, los Grupos de Delincuencia Común Organizada, conocidos como GDCO.

Estas estructuras criminales representan actualmente una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana en barrios, comunas y municipios del país. A diferencia de los grandes grupos armados organizados, los GDCO no buscan confrontar militarmente al Estado ni controlar amplios territorios rurales. Su verdadero poder radica en algo más peligroso para la convivencia diaria, el control social ilegal de las comunidades mediante el miedo, la intimidación y las economías ilícitas locales.

Los GDCO operan principalmente a través del microtráfico, la extorsión, el sicariato, el hurto organizado y el cobro de “vacunas”. Son estructuras flexibles, de rápida adaptación y con gran capacidad de mutación criminal. Cambian constantemente de nombre, se fragmentan, se reorganizan y establecen alianzas temporales para evadir la acción de las autoridades. Esa dinámica los convierte en organizaciones difíciles de identificar y judicializar.

Uno de los errores más frecuentes consiste en subestimar estas estructuras por considerar que son simples pandillas juveniles o delincuencia común aislada. La realidad es distinta. Muchos GDCO poseen niveles importantes de organización, jerarquía y control territorial. En algunos casos cuentan con cabecillas, coordinadores financieros, redes de sicarios, expendedores de droga, campaneros y enlaces con estructuras criminales de mayor alcance. Además, en múltiples escenarios estos grupos son utilizados por los Grupos Armados Organizados (GAO) para ejecutar homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, control territorial urbano y otras conductas de alto impacto, mediante esquemas de tercerización criminal u “outsourcing criminal”, que les permiten a las grandes organizaciones ilegales reducir su exposición directa frente a las autoridades y ampliar su capacidad operativa en las ciudades y municipios.

Su principal fortaleza está en la proximidad con las comunidades. Controlan calles, parques, sectores comerciales y hasta horarios de movilidad. Imponen fronteras invisibles, restringen la circulación de ciudadanos y generan desplazamientos intraurbanos silenciosos que pocas veces aparecen en las estadísticas nacionales. En términos de seguridad urbana, los GDCO afectan directamente la percepción de seguridad y debilitan la legitimidad institucional en los territorios.

Además, estas estructuras aprovechan factores sociales complejos como el desempleo juvenil, la deserción escolar, la pobreza y la falta de oportunidades. Allí encuentran mano de obra criminal disponible y facilidades para consolidar redes ilegales de control territorial. Por eso, el fenómeno no puede abordarse únicamente desde una visión policial o militar.

La respuesta del Estado debe ser integral. Se requiere fortalecer la inteligencia criminal, judicializar las estructuras financieras, aplicar extinción de dominio y desarticular las redes de apoyo logístico. Pero igualmente resulta indispensable recuperar el tejido social mediante inversión pública, educación, deporte, empleo juvenil y presencia institucional permanente en las comunidades más vulnerables.

La seguridad ciudadana del siglo XXI ya no depende exclusivamente de enfrentar grandes amenazas armadas. Hoy el verdadero desafío está en combatir esas estructuras criminales pequeñas y medianas que lentamente erosionan la convivencia, capturan territorios y normalizan la ilegalidad en la vida cotidiana. Los GDCO son, sin duda, una amenaza silenciosa, pero profundamente peligrosa para la estabilidad social y la gobernabilidad urbana del país. Además de los Grupos Armados Organizados (GAO), que históricamente han representado una afectación directa a la seguridad nacional y al orden público, los GDCO constituyen actualmente una seria amenaza contra la seguridad ciudadana, debido a su capacidad de infiltrarse en la vida diaria de las comunidades, generar temor colectivo y debilitar progresivamente la autoridad institucional en barrios, comunas y municipios de Colombia.

 

En una próxima columna más adelante les hablaré, de los GAOr.

El mercurio, veneno silencioso de la minería ilegal

POR: CALE COTES 

Muchos países de América Latina enfrentan hoy una de las amenazas ambientales más graves de su historia contemporánea, la expansión de la minería ilegal y el uso indiscriminado del mercurio en la extracción de oro. Lo que para las estructuras criminales representa una fuente rápida de enriquecimiento ilícito, para el país significa destrucción ecológica, contaminación de los ríos, afectaciones a la salud pública y debilitamiento de la seguridad territorial. El mercurio se ha convertido en un enemigo silencioso que avanza por las venas hídricas dejando una huella de muerte, enfermedad y deterioro ambiental que tardará décadas en recuperarse.

En distintas regiones del país, especialmente en Antioquia, Chocó, Bolívar, Cauca y sectores de la Amazonía, la explotación ilegal de yacimientos mineros, ha transformado selvas, quebradas y ríos en paisajes devastados. Las dragas destruyen cauces naturales, las retroexcavadoras arrasan bosques y toneladas de sedimentos son arrojadas diariamente a las fuentes hídricas. A ello se suma el uso criminal del mercurio, utilizado para separar el oro de la tierra mediante el proceso conocido como amalgamación. El problema no termina allí. Una vez calentada la mezcla, el mercurio se evapora contaminando el aire y posteriormente regresa a la tierra y al agua en forma de partículas tóxicas.

Los efectos sobre los ríos son alarmantes. El mercurio permanece durante años en el agua y en los sedimentos, convirtiéndose en metilmercurio, una sustancia altamente tóxica que entra en la cadena alimenticia. Los peces absorben el contaminante y posteriormente las comunidades consumen estos alimentos contaminados. Así, miles de familias ribereñas terminan intoxicadas sin siquiera saberlo. El daño es aún más grave en niños y mujeres embarazadas, debido a que el mercurio afecta el sistema nervioso, genera alteraciones cognitivas, daños neurológicos irreversibles, problemas renales y enfermedades respiratorias.

La tragedia ambiental también tiene una dimensión de seguridad nacional. La minería ilegal se ha convertido en fuente de financiamiento de grupos armados organizados y redes criminales transnacionales. Allí donde el Estado pierde control territorial, avanzan las economías ilícitas que destruyen el medio ambiente y someten a las comunidades al miedo y a la ilegalidad. Defender los recursos naturales ya no es solamente una tarea ecológica; es una obligación estratégica para preservar la soberanía, la estabilidad institucional y la vida de millones de personas.

Se necesita fortalecer la capacidad de control sobre el tráfico ilegal de mercurio, endurecer las acciones contra la minería criminal y promover procesos de formalización minera responsables y sostenibles. La protección de los ríos debe asumirse como un asunto prioritario de seguridad ambiental y de supervivencia nacional. Cada gramo de mercurio vertido en nuestras aguas representa una amenaza contra el futuro del país. El oro extraído ilegalmente puede generar riqueza momentánea para unos pocos, pero el daño ambiental y humano que deja el mercurio puede permanecer por generaciones enteras.

El Clientelismo armado

                                                                         Por: Calé Cotes

Actualmente hay un fenómeno muy peligroso que sigue afectando la democracia, el clientelismo armado. No se trata solo de corrupción política ni solo de grupos ilegales, sino de la unión entre armas y política para controlar territorios, elecciones y recursos públicos. Cuando un grupo armado decide quién puede ser candidato, quién puede hacer campaña o quién puede contratar con el Estado, la democracia deja de ser libre y se convierte en una imposición. Este problema no siempre se ve en las grandes ciudades, pero en muchas regiones sigue siendo una realidad cotidiana.

El clientelismo armado aparece cuando los grupos ilegales usan su poder para influir en la política local. A veces lo hacen con amenazas, otras con dinero, y otras con favores. Financiación de campañas, presión sobre votantes, imposición de candidatos o control de la contratación pública son algunas de las formas más comunes. En el pasado se vio con el paramilitarismo, luego con las guerrillas en algunas zonas, y hoy también con bandas criminales y redes del narcotráfico. Aunque cambien los nombres de los grupos, el mecanismo sigue siendo el mismo, controlar el poder para proteger intereses ilegales.

Este fenómeno es más fuerte en las regiones donde el Estado llega poco o llega tarde. Municipios con pobreza, economías ilegales, poca presencia de justicia y debilidad institucional son más vulnerables. Donde hay narcotráfico, minería ilegal, contrabando o cultivos ilícitos, siempre existe el riesgo de que aparezca el clientelismo armado. Allí los grupos ilegales no solo buscan dinero, también buscan influir en alcaldías, concejos y gobernaciones para asegurar que nadie afecte sus negocios. Por eso el problema no es solo de seguridad, también es de gobernabilidad.

Combatir el clientelismo armado no se logra solo con más operativos militares. Se necesita presencia real del Estado, justicia que funcione, control al financiamiento de campañas y transparencia en la contratación pública. También se requiere inteligencia para detectar alianzas entre políticos y estructuras criminales, y protección para quienes denuncian. Cuando el Estado investiga, sanciona y mantiene presencia permanente, el clientelismo armado pierde fuerza. Cuando el Estado se retira, otros ocupan su lugar.

La lección es clara, donde el Estado no manda, mandan las armas. El clientelismo armado sigue siendo uno de los mayores riesgos para la seguridad y la democracia. No basta con elecciones, si esas elecciones están presionadas por el miedo o por el dinero ilegal. Fortalecer las instituciones en las regiones no es solo un tema político, es una necesidad para garantizar la seguridad, la legalidad y el futuro del país.

Territorios bajo injerencia delictiva

POR: CARLOS COTES M.

La injerencia delictiva se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad territorial. Este fenómeno representa el dominio que ejercen los grupos armados organizados sobre áreas estratégicas del país, donde imponen sus propias normas, controlan la movilidad y someten a la población civil bajo esquemas de coerción. La ocupación territorial por parte de estos grupos no es improvisada: responde a cálculos logísticos, económicos y militares, orientados a garantizar su permanencia y la expansión de sus economías ilícitas.

Cada grupo armado organizado define su espacio de injerencia delictiva según sus intereses particulares. Allí concentran sus efectivos, recursos y redes de apoyo, asegurando corredores para el narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando. Estos espacios no solo representan áreas de operación criminal, sino verdaderas zonas de influencia donde el poder del Estado es reemplazado por el control social armado. En esos territorios, las actividades económicas son gravadas y la justicia se administra con fusil.

El narcotráfico sigue siendo la fuente de financiación más determinante, pero la minería ilegal, el tráfico de armas y la extorsión han diversificado el portafolio criminal. Cada grupo protege con violencia los territorios que le garantizan rentas y rutas, generando disputas sangrientas por los límites de influencia. La injerencia delictiva se vuelve así un mapa de poder invisible que delimita dónde comienza y termina la presencia del Estado. Los GAO convierten los ríos, carreteras o selvas en fronteras de facto, mientras la población se convierte en rehén de su disputa.

La Fuerza Pública tiene un compromiso enorme y permanente: recuperar los territorios bajo control de estos grupos. La tarea no se limita al enfrentamiento militar, sino que implica restablecer la institucionalidad, la confianza ciudadana y las oportunidades económicas que permitan romper el ciclo de dependencia criminal. La seguridad territorial debe entenderse como un proceso integral donde la presencia del Estado es tan importante como la legitimidad de su acción.

La injerencia delictiva es uno de los mayores desafíos que enfrenta Colombia en su lucha por la estabilidad y la convivencia. Cada vez que un grupo armado amplía su rango de acción o aumenta su pie de fuerza, la población civil sufre las consecuencias. Desmantelar esas estructuras de control no solo es una tarea de seguridad, sino de reconstrucción del Estado en los márgenes olvidados del país, donde la ley aún se disputa con la violencia.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Coordinación estratégica y seguridad; el papel de la Junta de Inteligencia Conjunta

La Junta de Inteligencia Conjunta es un mecanismo formal del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia en Colombia, creado mediante la Ley 1621 de 2013, conocida como Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. En sus artículos 12 y 13 se establece su naturaleza, funciones y coordinación institucional. Esta instancia no es decorativa ni protocolaria; constituye un órgano de articulación estratégica que integra capacidades, evita duplicidades y orienta la producción de inteligencia bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en el marco del Estado de Derecho.

 

El propósito central de la Junta es integrar, priorizar y armonizar los esfuerzos de las distintas agencias que producen inteligencia, para generar apreciaciones estratégicas útiles a la toma de decisiones del más alto nivel. Busca anticipar amenazas, evaluar riesgos y producir conocimiento oportuno frente a fenómenos como el crimen organizado, el terrorismo, las economías ilícitas o injerencias externas. La dirección política y estratégica recae en el Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa y jefe de Estado, quien define las directrices generales; operativamente, la coordinación se ejerce a través de la comunidad de inteligencia, bajo lineamientos del Gobierno Nacional..

La información recopilada mediante actividades de inteligencia no es un fin en sí mismo. Su finalidad es convertirse en producto analítico que soporte decisiones en materia de seguridad y defensa nacional, política exterior y preservación del orden constitucional. En la Junta, esa información se consolida, contrasta y valida para producir estimativos estratégicos, alertas tempranas y escenarios prospectivos. Así, el dato aislado se transforma en conocimiento estructurado, útil para diseñar políticas públicas, orientar operaciones y prevenir riesgos que puedan afectar la estabilidad institucional.

Hacen parte de esta Junta las principales agencias del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia, entre ellas la Dirección Nacional de Inteligencia, las jefaturas de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como otras entidades que por competencia legal produzcan inteligencia estratégica. Su composición responde a la necesidad de integrar capacidades técnicas, humanas y tecnológicas, bajo un esquema de coordinación y control que garantice reserva, responsabilidad y respeto por los derechos fundamentales.

A pesar de su relevancia, la Junta de Inteligencia Conjunta no es ampliamente conocida ni divulgada. La naturaleza reservada de la inteligencia, sumada a una limitada pedagogía institucional sobre la Ley 1621 de 2013, ha impedido que la opinión pública comprenda su importancia estructural. Darle mayor visibilidad normativa y fortalecer su periodicidad contribuiría a consolidar una cultura estratégica en el país. En un entorno de amenazas híbridas y criminalidad transnacional, la inteligencia integrada no es opcional: es una condición indispensable para la seguridad nacional y la gobernabilidad democrática.

Las fallas estructurales en la respuesta al crimen organizado

                                                                POR: CALE COTES MAYA

La reciente intervención del alcalde Carlos Fernando Galán, el pasado 10 de abril de 2026, en el Foro de Seguridad Ciudadana, realizado por la Universidad Externado de Colombia,  constituye una radiografía precisa, técnica y políticamente relevante sobre la crisis de seguridad que atraviesa Bogotá, pero que en realidad refleja una problemática estructural del país. Su discurso no se limitó a una lectura coyuntural del delito, sino que expone con claridad las fallas sistémicas de la política criminal colombiana, abordando desde la prevención social hasta la ineficacia del aparato judicial y penitenciario. Se trata de una visión integral que, más allá de la capital, interpela a todas las ciudades que enfrentan fenómenos similares de criminalidad urbana.

En primer lugar, Galán resalta un componente frecuentemente subestimado, la prevención. Destaca una política social robusta que busca reducir la vulnerabilidad y evitar el reclutamiento criminal, mediante acceso a educación, transporte gratuito y programas de inclusión juvenil. Este enfoque evidencia que la seguridad no puede desligarse de la política social; sin embargo, también deja entrever que, aunque necesario, este esfuerzo resulta insuficiente si no se articula con un sistema penal eficaz.

El núcleo crítico de su análisis se sitúa en la política criminal. El alcalde es contundente: capturar al delincuente de base el eslabón más débil no desarticula estructuras criminales. La lucha contra el delito exige atacar toda la cadena, desde el autor material hasta las redes que sostienen economías ilegales. No obstante, esta intención choca con limitaciones estructurales: fiscales con cargas de hasta 1.500 casos, déficit presupuestal en la rama judicial cercano a los 5 billones de pesos y una baja probabilidad de sanción efectiva. El dato es revelador: de aproximadamente 33.000 denuncias por hurto de celulares, solo unas 280 terminan en sanción. Este nivel de impunidad no solo erosiona la confianza institucional, sino que incentiva la consolidación de carreras criminales.

El Alcalde introduce un punto de alta sensibilidad: la progresividad del delito. La ausencia de sanción permite que el delincuente escale en violencia, pasando de hurtos simples a homicidios. Casos concretos ilustran cómo el sistema falla en interrumpir esa trayectoria. A ello se suma una débil valoración del riesgo en decisiones judiciales, donde antecedentes sin sanción efectiva no inciden en medidas restrictivas, permitiendo que individuos reincidentes permanezcan en libertad.

Otro eje fundamental es la crítica al populismo punitivo. El alcalde coincide en que aumentar penas no resuelve el problema si no se incrementa la probabilidad de sanción. Incluso plantea la necesidad de replantear qué conductas deben implicar privación de la libertad y cuáles requieren sanciones alternativas, siempre bajo el principio de efectividad. En paralelo, advierte con preocupación sobre discursos que minimizan el delito desde el nivel nacional, lo cual, en su criterio, debilita la legitimidad del sistema y afecta la moral de los operadores de justicia.

El sistema carcelario aparece como un eslabón crítico. El hacinamiento, la falta de condiciones dignas y la ausencia de procesos reales de resocialización convierten las cárceles en escuelas del crimen. La paradoja es evidente: muchos delincuentes ingresan con conductas menores y salen con mayor capacidad delictiva. Esto representa no solo una falla frente a la sociedad, sino también frente al propio individuo que el Estado no logra reinsertar.

Finalmente, Galán subraya la necesidad de ajustes estructurales, mayor articulación institucional, uso eficiente de tecnología, agilidad en el acceso a información clave para investigaciones y fortalecimiento de capacidades operativas. La frustración ciudadana, que ya se traduce en fenómenos de justicia por mano propia, es una señal de alarma sobre la pérdida de confianza en el sistema.

En conclusión, el diagnóstico presentado no es exclusivo de Bogotá; es el reflejo de una política criminal fragmentada, con debilidades en prevención, investigación, judicialización y resocialización. La intervención del alcalde no solo expone falencias, sino que plantea una hoja de ruta: abandonar soluciones simplistas, fortalecer el sistema integralmente y recuperar la credibilidad institucional. Lo que está en juego no es únicamente la seguridad urbana, sino la capacidad del Estado para garantizar orden, justicia y legitimidad en todo el territorio nacional.

Conflicto armado; claves para entender su verdadera dimensión

POR: CALE COTES

En el análisis de la seguridad Nacional actual,  uno de los errores más frecuentes consiste en abordar fenómenos complejos con categorías simplificadas. La violencia, en sus múltiples manifestaciones, exige una lectura diferenciada y técnicamente rigurosa. No toda expresión violenta responde a la misma lógica ni admite las mismas respuestas institucionales. Por ello, resulta indispensable precisar qué es un conflicto armado, cómo se configura y por qué su tratamiento demanda capacidades estratégicas superiores.

Un conflicto armado se define como una confrontación sostenida entre actores organizados, dotados de capacidad militar y mando estructurado, que emplean la violencia de manera sistemática para alcanzar objetivos de poder, control territorial o imposición de normas. A diferencia de la criminalidad convencional, aquí existe una intencionalidad política o estratégica, una vocación de permanencia y una disputa directa por la autoridad en determinados territorios. Esta condicionado en marcos normativos específicos, particularmente los derivados del Derecho Internacional Humanitario.

El desarrollo de un conflicto armado no es espontáneo. Se estructura progresivamente mediante la consolidación de capacidades armadas, la construcción de redes de apoyo, el control de economías legales o ilícitas y la disputa por legitimidad frente a la población. En su evolución, estos actores combinan acciones militares, presión social y control coercitivo, generando dinámicas de dominio territorial que transforman la vida cotidiana de las comunidades. La confrontación se adapta, muta y se reconfigura según las condiciones del entorno y la respuesta estatal.

En este contexto, resulta crítico diferenciar entre violencia instrumental de carácter criminal y violencia estructurada con fines de poder. Mientras la primera busca beneficios inmediatos, la segunda responde a lógicas de acumulación y control, con impactos más profundos sobre la institucionalidad y la seguridad humana. Confundir ambos fenómenos conduce a diagnósticos imprecisos y, en consecuencia, a políticas ineficaces.

Una lectura adecuada del conflicto armado obliga a integrar múltiples dimensiones: inteligencia estratégica, presencia efectiva del Estado, control territorial, fortalecimiento institucional y acciones orientadas a reducir los factores que alimentan la persistencia de la confrontación. No se trata únicamente de contener la violencia, sino de desarticular las condiciones que permiten su reproducción.

Asimismo, el reconocimiento de este tipo de conflicto implica un tratamiento diferenciado de las víctimas. Las afectaciones derivadas de contextos de confrontación armada trascienden el ámbito del delito común y requieren respuestas integrales que incluyan verdad, reparación y garantías de no repetición. Ignorar esta distinción debilita la legitimidad institucional y prolonga los ciclos de violencia.

El desafío central radica en evitar la simplificación. La seguridad efectiva se construye sobre diagnósticos precisos y decisiones informadas. Cuando la violencia adquiere organización, permanencia y propósito de poder, deja de ser un fenómeno aislado y se convierte en un problema estructural. Comprender esa transformación es el primer paso para intervenir con eficacia y restablecer el orden en condiciones sostenibles.

 

La seguridad multidimensional

POR: CALE COTES

La seguridad dejó de ser hace tiempo un asunto exclusivo de soldados y policías. Las nuevas amenazas que afectan la estabilidad de los Estados y la tranquilidad de los ciudadanos son más complejas, cambiantes y difíciles de enfrentar con respuestas tradicionales. Hoy se entiende que el orden público no depende únicamente de la fuerza, sino de la capacidad institucional para actuar de manera integral frente a fenómenos que combinan criminalidad, pobreza, economías ilegales, debilidad del Estado y conflictos sociales. A esta visión moderna se le conoce como seguridad multidimensional.

Este enfoque reconoce que la seguridad no se limita a la defensa del territorio ni al combate contra grupos armados. También incluye la protección de la población frente al narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado, la migración irregular, los delitos informáticos, los desastres naturales y las crisis sociales. Todas estas amenazas se relacionan entre sí y generan efectos acumulativos que terminan afectando la gobernabilidad y la confianza en las instituciones. Por esa razón, la respuesta del Estado no puede ser aislada ni improvisada, sino coordinada y sostenida en el tiempo.

La seguridad multidimensional exige la participación de todas las capacidades del Estado. La Fuerza Pública cumple un papel fundamental, pero no suficiente. También se requiere justicia eficaz, inversión social, control institucional, inteligencia, planeación territorial y cooperación internacional. Cuando estas dimensiones no actúan de manera articulada, los resultados son limitados y los problemas reaparecen con mayor fuerza, especialmente en regiones donde confluyen economías ilegales, violencia y ausencia histórica del Estado.

En el nivel local, este enfoque cobra especial importancia. Los gobernantes enfrentan diariamente problemas que no se resuelven solo con más patrullas o más operativos. La inseguridad muchas veces está asociada al desempleo, al microtráfico, a la deserción escolar, a la falta de oportunidades y a la presencia de organizaciones criminales que se adaptan con rapidez. Por eso, la seguridad moderna requiere prevención, control, inversión social y autoridad legítima, actuando de forma simultánea.

Entender la seguridad como un fenómeno multidimensional permite diseñar políticas más efectivas y sostenibles. La experiencia demuestra que los territorios que logran articular fuerza, institucionalidad y desarrollo social tienen mejores resultados en convivencia y gobernabilidad. La seguridad del siglo XXI no se gana únicamente en el campo militar ni en los operativos policiales, se construye todos los días con Estado, con instituciones fuertes y con decisiones integrales que protejan al mismo tiempo al ciudadano, a la sociedad y a la Nación.

Zonas grises, el costo del abandono territorial.

Las denominadas zonas grises se han convertido en uno de los mayores desafíos para la seguridad y la gobernabilidad. Son territorios donde la presencia del Estado es débil, y simbólica, y donde esa ausencia ha sido aprovechada por estructuras criminales para expandir su influencia, controlar economías ilícitas y someter a comunidades enteras bajo reglas impuestas por la violencia y el miedo. En estos espacios, el abandono institucional no es una percepción, es una realidad cotidiana que afecta la vida, la libertad y la seguridad de la población.

Las zonas grises no siempre se manifiestan con enfrentamientos armados o retenes ilegales visibles. Su mayor peligro radica en el control silencioso que ejercen las estructuras criminales entre los limites de los departamentos,  veredas y municipios. Allí se decide quién puede trabajar, a quién se le permite abrir un negocio, quién debe pagar vacuna o guardar silencio. La violencia es selectiva y estratégica, lo que reduce la denuncia y normaliza la ilegalidad como forma de supervivencia.

La falta de oportunidades laborales, educación, justicia y servicios sociales, las economías ilícitas se convierten en la principal fuente de ingresos. Microtráfico, extorsión, contrabando y otras actividades ilegales alimentan un círculo perverso donde el dinero ilícito financia más violencia y consolida el control territorial, debilitando aún más la autoridad legítima.

Otro efecto directo del abandono territorial es la erosión de la institucionalidad. En las zonas grises puede existir administración pública, fuerza pública o justicia, pero con capacidades limitadas, miedo, presión criminal o corrupción. Esto permite la cooptación de decisiones públicas, la manipulación social y, en algunos casos, la influencia directa de estructuras armadas en procesos políticos y comunitarios.

Romper las zonas grises exige mucho más que operativos armados. Requiere una presencia estatal sostenida, coordinada y creíble, que combine seguridad, justicia efectiva, inversión social y oportunidades reales para la población. Mientras el Estado no ocupe de manera integral los territorios que ha dejado en el abandono desde hace algunos años, las zonas grises seguirán siendo el espacio fértil donde prospera la violencia, se debilita la legalidad y se pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

En esencia, las zonas grises representan el punto de convergencia entre la legalidad, simbolizada por el color blanco, y la ilegalidad, representada por el color negro. De esa mezcla surge el gris, un espacio ambiguo donde la norma existe, pero no se impone, y donde la autoridad está presente, pero no ejerce control real. En estos territorios, la ilegalidad termina por consumir lo legal, desdibujando las fronteras entre lo permitido y lo prohibido, normalizando el delito y acabando con la confianza ciudadana. Allí, el Estado pierde nitidez, la ley se diluye y los grupos armados encuentran el escenario perfecto para afianzarse y perpetuar su dominio sobre comunidades que quedan atrapadas en esa peligrosa tonalidad gris.

Del legado de Ciro el Grande a la crisis de Irán

Por: Cale Cotes

Hace más de dos mil quinientos años gobernó en el antiguo Medio Oriente un hombre que la historia recuerda como uno de los grandes líderes de la antigüedad, Ciro el Grande. Fue el fundador del Imperio Persa y un gobernante reconocido por su visión política y su respeto por los pueblos conquistados. A diferencia de muchos conquistadores de su época, Ciro permitió que diferentes culturas conservaran sus creencias, sus leyes y sus tradiciones. Ese estilo de gobierno le dio estabilidad a un imperio enorme que se extendía desde Asia Central hasta el Mediterráneo.

Para el pueblo judío, Ciro tiene un significado especial. Cuando el Imperio Babilónico había destruido Jerusalén y llevado a miles de judíos al exilio, fue Ciro quien, tras conquistar Babilonia en el año 539 antes de Cristo, permitió su regreso a la tierra de Israel y autorizó la reconstrucción del templo en Jerusalén. Por esa decisión histórica, los judíos lo recuerdan como un gobernante justo y como un líder extranjero que ayudó a restaurar su nación y su vida religiosa.

Siglos después, la relación entre el mundo persa y el pueblo judío cambiaría de manera radical. En 1979 ocurrió la Revolución Islámica en Irán, que derrocó al sha Mohammad Reza Pahlavi, que anda dando vueltas por ahí con ganas de tomar las riendas del poder, y dio paso a un régimen teocrático liderado por los ayatolás. Desde entonces el país quedó bajo un sistema político dominado por autoridades religiosas que concentraron el poder del Estado. Con ese cambio de régimen también se transformó la política exterior iraní, especialmente frente a Israel.

A partir de esa revolución, el nuevo liderazgo iraní comenzó a adoptar una postura abiertamente hostil hacia el Estado de Israel. Líderes del régimen han declarado en repetidas ocasiones que Israel debería desaparecer del mapa y han respaldado a organizaciones armadas en la región que mantienen confrontación directa con el Estado israelí. Esa situación ha convertido a Irán en uno de los principales focos de tensión en la seguridad del Medio Oriente y en una amenaza estratégica para Israel.

Lo paradójico es que, pese a ser uno de los países con mayores reservas de petróleo y gas del planeta, Irán atraviesa desde hace años serias dificultades económicas. Las sanciones internacionales, el aislamiento político, los problemas de gestión interna y el enorme gasto en confrontaciones regionales han deteriorado su economía. Muchos ciudadanos iraníes viven hoy con inflación elevada, desempleo y pérdida del poder adquisitivo, muy lejos de la prosperidad que podría generar la riqueza energética del país.

Conviene recordar además que Irán no siempre se llamó así. Durante siglos el país fue conocido como Persia, nombre asociado a una de las civilizaciones más influyentes de la historia. En 1935 el gobierno solicitó que la comunidad internacional utilizara oficialmente el nombre Irán, que significa “tierra de los arios”. Sin embargo, para muchos de nosotros, en las clases de geografía del colegio, Persia siempre aparecía como una gran civilización que aportó cultura, administración, conocimiento y desarrollo a la humanidad. Ese legado histórico sigue siendo parte de la memoria del mundo.

Islamización forzosa; cuando la religión se convierte en riesgo para la seguridad internacional

Cuando se habla de islamización forzosa no se está hablando de la religión islámica como tal, ni de los millones de personas que practican el islam de manera pacífica en el mundo. Se habla de otra cosa distinta, de cuando grupos radicales intentan imponer sus creencias religiosas por la fuerza, por presión o por miedo. Este fenómeno ha sido estudiado en temas de seguridad nacional porque puede afectar la estabilidad de los países, sobretodo los europeos, generar conflictos internos y convertirse en un riesgo para la seguridad internacional.

La islamización forzosa ocurre cuando sectores extremistas buscan que una sociedad adopte normas religiosas obligatorias, incluso en países donde existen leyes civiles y constituciones democráticas. Esto puede empezar de forma silenciosa, con presión social dentro de comunidades, rechazo a las leyes del Estado o creación de grupos cerrados que no reconocen la autoridad nacional. Con el tiempo, estos comportamientos pueden generar divisiones, enfrentamientos y pérdida de control institucional en algunos territorios.

Desde el punto de vista de la seguridad nacional, el problema aparece cuando un grupo intenta reemplazar las normas legales por normas religiosas obligatorias, se debilita la autoridad, aumenta el riesgo de violencia y se afecta la convivencia. Los organismos de seguridad en varios países han advertido que estos procesos pueden facilitar la radicalización, el reclutamiento de personas y la formación de redes que luego se conectan con organizaciones extremistas procedentes de algunos países musulmanes con gobiernos teocráticos.

En materia de seguridad internacional, la preocupación es mayor porque estos fenómenos no se quedan dentro de un solo país. Los grupos radicales suelen tener contactos en otros lugares, reciben apoyo desde el exterior o comparten ideologías con movimientos violentos. Esto puede provocar atentados, conflictos regionales o crisis migratorias, situaciones que terminan afectando a varios Estados al mismo tiempo. Por eso, muchos gobiernos consideran la radicalización religiosa forzada como una amenaza que debe vigilarse con seriedad.

Es importante dejar claro que la libertad religiosa es un derecho fundamental y debe respetarse siempre. Cada persona tiene derecho a creer o no creer. El problema aparece cuando alguien quiere obligar a otros a seguir una religión o cuando pretende que la ley religiosa esté por encima de la ley del país. En ese momento deja de ser un tema de fe y se convierte en un asunto de orden público y de seguridad.

Por esta razón, los Estados deben proteger la libertad de culto, pero también deben impedir cualquier intento de imposición que ponga en riesgo la convivencia, la estabilidad institucional y la paz. La islamización forzosa, entendida como imposición radical y obligatoria, no solo afecta a una comunidad, sino que puede convertirse en un problema serio para la seguridad nacional y también para la seguridad internacional.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Percepción de seguridad, el reto de volver a confiar en la ciudad

Por: CALE COTES

La percepción de seguridad es el sentimiento que tienen los ciudadanos sobre qué tan seguros o inseguros se sienten en el lugar donde viven, independientemente de las cifras reales de criminalidad. No siempre coincide con las estadísticas, porque la percepción se construye a partir de experiencias personales, comentarios de vecinos, noticias, redes sociales y hechos que generan impacto emocional. Cuando la percepción de inseguridad aumenta, la gente cambia sus hábitos, evita salir de noche, desconfía de los desconocidos, reduce la vida en comunidad y comienza a sentir que el Estado ha perdido el control del territorio.

En las ciudades, la percepción de inseguridad se manifiesta de muchas formas. Calles vacías en horas tempranas, parques sin niños, vecinos que ya no conversan en las puertas de sus casas, aumento de rejas, cámaras y alarmas, y una constante sensación de alerta. Aunque los delitos no siempre hayan aumentado, el temor se multiplica cuando hay hurtos repetidos, presencia de consumidores de droga, riñas, motocicletas sospechosas o falta de reacción oportuna de las autoridades. La inseguridad percibida se vuelve entonces un problema social tan grave como la inseguridad real, porque deteriora la convivencia y rompe la confianza entre ciudadanos.

Contrarrestar la percepción de inseguridad exige algo más que operativos policiales. Se necesita presencia visible, permanente y cercana de la autoridad, recuperación de espacios públicos, iluminación adecuada, control del ruido, vigilancia en zonas residenciales y respuesta rápida ante cualquier incidente. La gente comienza a sentirse segura cuando ve que el Estado está presente, que hay orden, que las normas se cumplen y que quien comete un delito tiene consecuencias.

Para que los habitantes vuelvan a sentirse tranquilos, las acciones deben ser integrales. No basta con capturar delincuentes, también hay que fortalecer la convivencia, promover la organización comunitaria, activar frentes de seguridad, mejorar la comunicación entre vecinos y garantizar que la policía tenga contacto directo con los barrios. En ciudades como Valledupar, donde antes era normal sentarse en mecedoras en las puertas de las casas, siempre he tenido el propósito de diseñar una estrategia de percepción de seguridad que permita que la gente vuelva a sentarse en las puertas de sus casas, que regresen las visitas entre vecinos y familiares, y que se recupere esa confianza cotidiana que fortalece la convivencia. Recuperar la tranquilidad no es solo reducir el delito, es devolver la vida al barrio y reconstruir la relación entre la comunidad y su entorno.

Un elemento fundamental es el trabajo articulado entre la Policía Nacional, las autoridades locales y las empresas de vigilancia privada. Los vigilantes son los primeros en observar movimientos extraños, personas sospechosas o situaciones irregulares, por lo que deben integrarse a los esquemas de seguridad mediante redes de apoyo, canales directos de comunicación y protocolos claros de actuación. Cuando la vigilancia privada y la policía trabajan coordinadamente, se fortalece la prevención y se transmite a la comunidad la sensación de control y protección.

La percepción de seguridad no se impone, se construye todos los días. Se construye cuando la gente vuelve a caminar tranquila, cuando los parques se llenan nuevamente, cuando los vecinos se saludan sin miedo y cuando las mecedoras regresan a las puertas de las casas. Ese es el verdadero indicador de que una ciudad se siente segura.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Células durmientes; la amenaza silenciosa

                                                                    POR: CALE COTES

En el mundo de la seguridad se habla con poca frecuencia de las llamadas células durmientes. Este término se usa para describir a personas o pequeños grupos que pertenecen o tienen vínculos con organizaciones terroristas, pero que permanecen durante años viviendo de manera aparentemente normal dentro de un país distinto al de su origen. No realizan ataques ni muestran señales visibles de actividad ilegal. Su misión es “dormir”, es decir, esperar el momento indicado para actuar cuando reciban una orden. Precisamente por esa capacidad de pasar desapercibidas durante largos periodos, las células durmientes representan una amenaza difícil de detectar para los sistemas de seguridad de cualquier Estado.

Cuando estas células operan en países que no son su lugar de origen, su principal estrategia es mezclarse con la sociedad. Sus integrantes pueden tener trabajos comunes, abrir pequeños negocios, estudiar o vivir como cualquier ciudadano. Durante ese tiempo buscan integrarse a la comunidad y evitar cualquier comportamiento que levante sospechas. Sin embargo, mientras mantienen esa apariencia de normalidad, también pueden observar posibles objetivos, establecer contactos o crear redes de apoyo que podrían servirles en el futuro si llegaran a ejecutar una acción violenta.

Las órdenes para activar a estas células no suelen venir de manera directa o evidente. Normalmente provienen de líderes o jefes terroristas que se encuentran en otros países. Hoy en día la comunicación puede hacerse a través de aplicaciones encriptadas, mensajes ocultos en internet o intermediarios que transmiten instrucciones. En algunos casos, las órdenes incluso pueden haberse definido con anticipación, de manera que los integrantes de la célula saben qué hacer cuando se presenten determinadas circunstancias. Todo esto busca evitar que las autoridades puedan detectar fácilmente el vínculo con la organización que está detrás.

Por esa razón, la mejor manera de enfrentar esta amenaza es a través de la inteligencia. Esto significa analizar información, detectar comportamientos sospechosos y trabajar de manera coordinada entre distintas agencias de seguridad. También es fundamental la cooperación entre países, ya que muchas de estas redes operan a nivel internacional. El seguimiento a movimientos financieros sospechosos, la vigilancia de redes extremistas y el uso de tecnología para analizar datos ayudan a identificar señales tempranas que podrían indicar la existencia de una célula durmiente.

En el caso de Estados Unidos, algunos analistas de seguridad han advertido sobre el riesgo de que actores vinculados con Irán puedan intentar establecer o activar células durmientes en su territorio. Estas estructuras podrían buscar realizar atentados contra infraestructuras estratégicas, instalaciones gubernamentales o lugares con alta presencia de público. Más allá de causar daños materiales, el objetivo de estos ataques sería generar miedo, inestabilidad y afectar la sensación de seguridad dentro del país.

En conclusión, las células durmientes son una amenaza silenciosa porque pueden permanecer ocultas durante mucho tiempo antes de actuar. Su capacidad para integrarse a la vida cotidiana hace que su detección sea compleja. Por ello, la prevención, la inteligencia y la cooperación internacional son herramientas fundamentales para enfrentar este tipo de riesgo. Mantener sistemas de seguridad atentos y bien coordinados es clave para evitar que estas estructuras pasen de la invisibilidad a la acción terrorista.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Operaciones de Falsa bandera

                                                                                  POR: CALE COTES

En el mundo de la seguridad internacional existe un término poco conocido por el público general, pero muy utilizado en los análisis estratégicos: las operaciones de falsa bandera. Se trata de una práctica que consiste en realizar un ataque o una acción hostil haciendo creer que el responsable es otro actor. En otras palabras, alguien ejecuta una acción, pero deja pistas para que el mundo piense que fue otro país o grupo quien la realizó.

El origen de la expresión viene de la guerra naval. En siglos pasados, algunos barcos de combate izaban la bandera de otro país para engañar a sus enemigos y acercarse sin levantar sospechas. Cuando estaban lo suficientemente cerca, revelaban su verdadera identidad y atacaban. Con el paso del tiempo, esta forma de engaño fue trasladándose al ámbito militar, político y de inteligencia.

En términos sencillos, una operación de falsa bandera busca manipular la percepción de los hechos. El objetivo no siempre es únicamente causar daño, sino también provocar una reacción. Por ejemplo, generar indignación en la opinión pública, justificar una respuesta militar, o responsabilizar a un adversario para debilitarlo políticamente ante la comunidad internacional.

Este tipo de prácticas han sido mencionadas en distintos momentos de la historia, especialmente en contextos de guerra o de fuertes tensiones geopolíticas. En escenarios donde existen múltiples actores enfrentados, la autoría de un ataque puede convertirse en un elemento decisivo para escalar un conflicto.

Un ejemplo de ello es el complejo panorama de Medio Oriente, una región marcada por disputas políticas, religiosas y estratégicas que involucran a varios países y grupos armados. En medio de estas tensiones, los ataques con misiles, drones o sabotajes generan rápidamente acusaciones cruzadas entre los actores involucrados.

En algunos episodios recientes, han surgido debates en el ámbito internacional sobre la posibilidad de que ciertos ataques puedan ser utilizados para responsabilizar a un adversario específico, aun cuando la autoría real pueda ser más difícil de determinar. Es decir, se plantea la hipótesis de que algunos países o actores puedan intentar hacer creer que otro es el responsable de un lanzamiento de misiles o de una acción militar determinada.

En conflictos tan delicados como los que rodean a Irán y a otros países de la región, la información se convierte en un factor tan importante como la propia acción militar. Quien logra imponer su versión de los hechos puede ganar apoyo internacional o justificar decisiones políticas y militares.

Por esa razón, los analistas de seguridad suelen insistir en la importancia de investigar con rigurosidad cada incidente antes de establecer responsabilidades. En el mundo actual, donde la guerra también se libra en el terreno de la información, entender conceptos como el de falsa bandera ayuda a comprender que no todo lo que parece en un conflicto necesariamente refleja la realidad completa.

En Medio Oriente, donde las tensiones son permanentes y los intereses estratégicos son enormes, la verdad de los hechos muchas veces se convierte en otra víctima de la confrontación. Y por eso, más que nunca, la prudencia y el análisis serio resultan fundamentales para evitar que una acusación equivocada termine alimentando un conflicto mayor.

Confinamiento social, problemática de control territorial y sus efectos en las comunidades

Por: Calé Cotes

El confinamiento social es una realidad lacerante que afecta a diversas comunidades, sumidas en un estado de vulnerabilidad por la violencia y la inestabilidad social. Este fenómeno es resultado de un prolongado conflicto armado y la existencia de grupos ilegales que ejercen control sobre territorios y poblaciones, limitando su libertad y derechos fundamentales. en este escrito, quiero abordar las causas, consecuencias y posibles soluciones de este fenómeno.

El origen del confinamiento se encuentra en el desbordamiento de la violencia, donde actores armados incursionan en lugares estratégicos, generando un clima de temor e incertidumbre. Comunidades enteras se ven obligadas a aceptar condiciones impuestas, como no salir de sus territorios, votar o no por "x o y" candidatos, y/o cumplir con exigencias inaceptables. La presencia estatal, contribuye a que este fenómeno sea erradicado.

Las consecuencias del confinamiento son devastadoras. La población confinada carece de acceso a servicios básicos, como salud y educación, lo que atenta contra su bienestar físico y mental. Las familias se ven enfrentadas a la escasez de alimentos, agua potable y atención médica, generando un círculo vicioso de pobreza y desesperanza. La desintegración social también se convierte en una realidad palpable, con el aumento del desplazamiento interno y la ruptura de redes comunitarias.

Además, esta situación alimenta un ciclo de violencia que perpetúa el conflicto. La juventud, en particular, es vulnerable a ser reclutada por grupos armados, ya que las oportunidades laborales y educativas son prácticamente nulas. Este fenómeno no solo afecta a los individuos, sino que también desestabiliza la cohesión social de las comunidades.

Para abordar el confinamiento social, es esencial una respuesta integral que combine seguridad ciudadana, desarrollo y atención humanitaria (seguridad humana). El fortalecimiento del Estado en territorios vulnerables debe ser una prioridad, fomentando la construcción de una paz sostenible que garantice los derechos de los ciudadanos. Asimismo, se requieren políticas públicas que promuevan oportunidades socio-económicas y educativas(cero deserción escolar), así como la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones.

En conclusión, el confinamiento social, es un fenómeno complejo que requiere configurar las dimensiones de la seguridad humana. Con La erradicación de esta problemática no es solo un imperativo moral, sino un paso esencial hacia la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de la democracia. La esperanza de un futuro mejor radica en el compromiso colectivo de abordar las raíces de la violencia y construir un país donde todos puedan vivir con dignidad y seguridad.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Operación Rugido de león, símbolo, poder y destino en Medio Oriente - Seguridad Internacional

                                                                   Por: Carlos Cotes

La operación denominada inicialmente “Escudo de Judá” y luego rebautizada como “Rugido de León” no es una simple acción militar, es un mensaje estratégico lanzado por el pueblo Israelí. El león, símbolo histórico del imaginario persa y emblema esencial del pueblo judío como el León de Judá, representa fuerza, legitimidad y dominio. En el escudo de Jerusalén y en la tradición iraní, el león evoca poder ancestral. Que ambos pueblos compartan ese símbolo convierte la denominación en una pieza de comunicación estratégica cargada de significado político y cultural.

La muerte anunciada del líder supremo Alí Jaimenei, tras el bombardeo del 28 de febrero de 2026, se inscribe en un escenario de confrontación prolongada. Durante años, Estados Unidos e Israel insistieron en un proceso de negociación orientado al desarme nuclear iraní. La negativa persistente del régimen a limitar su programa, sumada al fortalecimiento de su capacidad balística, misiles de largo alcance e incluso sistemas hipersónicos, configuró un entorno de disuasión inestable. En Medio Oriente, la acumulación de poder militar no es retórica, es demostración de capacidad real para alterar el equilibrio regional.

El objetivo declarado por Washington y Jerusalén es la derrota del régimen de los ayatolás, al que han dejado en evidencia de financiar y coordinar organizaciones armadas en distintos teatros, incidiendo en la desestabilización política y en la afectación de la seguridad regional e internacional. La caída simultánea del ministro de Defensa, del jefe de la Guardia Revolucionaria, del comandante del Ejército y de otras figuras clave del aparato estatal evidenciaría un golpe directo al núcleo de poder estratégico Iraní.

El sistema político Iraní concentra la autoridad decisoria en el líder supremo, por encima del presidente. El primero define las grandes líneas en materia religiosa, militar y de seguridad nacional; el segundo ejecuta dentro de esos márgenes. Esa arquitectura de poder ha sostenido por más de cuatro décadas un modelo que hoy enfrenta cuestionamientos internos y presión externa.

La reciente ofensiva Iraní contra Israel y otros países del entorno, incluidos Chipre, Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Siria y Emiratos Árabes Unidos, amplía el radio de la confrontación. El uso de misiles de racimo lanzados por Irán, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario debido a su efecto indiscriminado sobre zonas civiles y residenciales, constituye una grave vulneración normativa y podría configurar crímenes de guerra.

En este contexto, la única salida sostenible es el diálogo estratégico verificable, acompañado de garantías reales de desarme y transición política. La alternativa es una espiral de escalamiento que comprometería no solo la seguridad regional, sino la estabilidad global. El rugido del león puede ser símbolo de poder, pero también anuncio de una confrontación que nadie podrá controlar.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Asistencia militar, presencia estratégica urbana en momentos críticos

Por: Carlos Cotes

La asistencia militar en Colombia no es una figura improvisada ni excepcional al margen del Estado de Derecho; por el contrario, encuentra sustento expreso en el artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016. Allí se establece que, cuando hechos graves de alteración del orden público superen la capacidad operativa de la Policía Nacional, el Presidente de la República podrá disponer, de manera temporal y excepcional, el apoyo de las Fuerzas Militares. Esta disposición no sustituye la función constitucional de la Policía como cuerpo civil encargado de la convivencia, sino que articula capacidades institucionales bajo los principios de coordinación y concurrencia , dentro del marco del artículo 217 y 218 de la Constitución Política.

En la práctica, la solicitud de asistencia militar se origina cuando alcaldes o gobernadores advierten escenarios críticos que desbordan sus competencias ordinarias en materia de seguridad ciudadana: disturbios generalizados, bloqueos prolongados de vías estratégicas, ataques a infraestructura crítica, amenazas a la institucionalidad o presencia activa de estructuras armadas ilegales. En tales casos, la autoridad territorial eleva la solicitud al Presidente, quien, como suprema autoridad administrativa y comandante supremo de las Fuerzas Militares, evalúa la proporcionalidad, necesidad y temporalidad de la medida. Se trata de un mecanismo de respaldo a la autoridad civil, no de su reemplazo, que exige planeación operacional conjunta y reglas claras de actuación.

Desde la perspectiva de la seguridad pública, la asistencia militar es un instrumento indispensable cuando la magnitud del riesgo compromete la estabilidad institucional o la integridad de la población. Las Fuerzas Militares aportan capacidades diferenciales: inteligencia estratégica, control territorial, movilidad táctica, protección de infraestructura energética y vial, así como disuasión frente a actores armados organizados. En escenarios de crisis, la sola presencia militar puede restablecer condiciones mínimas de gobernabilidad, permitiendo que la Policía retome el control de la convivencia y que las autoridades civiles recuperen la iniciativa. Negar esta herramienta sería desconocer la complejidad del fenómeno criminal contemporáneo.

Finalmente, la asistencia militar adquiere especial relevancia en territorios donde confluyen economías ilícitas, corredores estratégicos y amenazas provenientes de grupos armados organizados con proyección transnacional. En zonas urbanas, las fuerzas de tarea y las unidades urbanas del Ejército Nacional pueden apoyar la protección de activos estratégicos, estaciones de policía y centros administrativos, mientras en áreas rurales refuerzan el control de fronteras y ejes logísticos. Así, la presencia coordinada de la Fuerza Pública no solo protege ciudades y municipios, sino que blinda la seguridad nacional frente a estructuras que desafían la soberanía y el orden constitucional.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Secuestro express y paseo millonario, el desafío urgente de Bogotá

POR: CARLOS COTES

Este año he sentido temor en dos ocasiones al tomar taxis en Bogotá por medio de aplicaciones digitales. No es una afirmación ligera ni una percepción infundada: es la sensación real de vulnerabilidad que experimenta cualquier ciudadano cuando advierte señales de riesgo en un entorno que debería ofrecer confianza. Nunca antes había tenido una percepción de inseguridad tan marcada en la capital. La semana pasada, al abordar un vehículo solicitado por una de estas plataformas, volví a experimentar esa inquietud que altera la tranquilidad y obliga a activar todos los mecanismos de autoprotección.

La seguridad ciudadana no puede medirse únicamente por estadísticas de reducción del delito; también debe evaluarse desde la percepción de quienes habitan y transitan la ciudad. Cuando el ciudadano siente miedo, el tejido social se resiente y la legitimidad institucional se erosiona. El fenómeno del secuestro exprés y el denominado “paseo millonario” no solo impacta a las víctimas directas, sino que instala un clima colectivo de desconfianza. La delincuencia ha entendido las dinámicas tecnológicas y, en algunos casos, se infiltra en plataformas digitales para instrumentalizarlas.

Por ello, es imperativo que las autoridades de la capital fortalezcan los componentes de inteligencia y contrainteligencia aplicados a la seguridad ciudadana. Se requiere análisis criminal focalizado, interoperabilidad entre bases de datos, monitoreo permanente de vehículos vinculados a aplicaciones y verificación rigurosa de antecedentes. Los planes candado deben permanecer activos 24/7, con capacidad de reacción inmediata y articulación real entre Inteligencia, Fiscalía y autoridades de movilidad. La investigación exhaustiva de vehículos que ingresan de manera irregular a las plataformas es una medida urgente para cerrar brechas operativas.

La seguridad seguirá siendo condición esencial para el desarrollo de cualquier ciudad. Todos somos vulnerables ante la delincuencia que hoy golpea a Bogotá, pero la respuesta institucional debe ser más estratégica, más preventiva y más contundente. Recuperar la confianza implica resultados visibles, control efectivo del territorio y un mensaje claro, la ciudad no puede ceder espacios al crimen. Fortalecer la inteligencia y garantizar transporte seguro no es solo una necesidad operativa, es una obligación moral con millones de ciudadanos que merecen movilizarse sin miedo.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**