Gobernanza criminal en cárceles, cuando las rejas no detienen el delito

                                                                       Por: Carlos Andrés Cotes Maya

Una cárcel debe representar la materialización de la justicia y la autoridad legítima del Estado. Sin embargo, cuando una organización criminal conserva la capacidad de impartir órdenes, administrar economías ilegales, intimidar ciudadanos y coordinar actividades delictivas desde un establecimiento penitenciario, estamos ante una realidad que trasciende el problema carcelario, estamos frente a una manifestación de gobernanza criminal.

Este fenómeno merece una discusión de fondo. No se trata únicamente de personas privadas de la libertad que continúan delinquiendo, sino de estructuras que han desarrollado mecanismos de autoridad paralela, capaces de mantener relaciones de subordinación, imponer reglas y proyectar su influencia sobre territorios y comunidades.

Desde las cárceles pueden conservarse vínculos con redes externas dedicadas a la extorsión, el homicidio, el secuestro, el tráfico de estupefacientes, las amenazas, el concierto para delinquir y otras economías ilegales. En determinados escenarios, el establecimiento penitenciario deja de ser exclusivamente un lugar de reclusión y se convierte en un nodo de articulación criminal.

Uno de los instrumentos que facilita esta continuidad delictiva es el uso ilegal de teléfonos celulares. Lo que para cualquier ciudadano representa un medio ordinario de comunicación, para una estructura criminal puede constituir un mecanismo de coordinación, intimidación y continuidad de sus actividades ilícitas. Por ello, el ingreso de dispositivos, tarjetas SIM, estupefacientes y otros elementos prohibidos no puede entenderse como una simple infracción disciplinaria, puede comprometer directamente la seguridad ciudadana.

Pero existe una dimensión todavía más preocupante: las amenazas contra los funcionarios encargados de la custodia y sus familias. Se han conocido denuncias sobre personas cercanas a internos peligrosos que intimidan a los guardianes, amenazando con atentar contra sus hijos, parejas o familiares si no permiten el ingreso de elementos prohibidos.

Esta modalidad de presión constituye una forma de coerción criminal extramural. El objetivo no es solamente vulnerar un procedimiento de seguridad, sino someter la voluntad de un servidor público mediante el miedo. Cuando una organización criminal pretende convertir la protección de la familia de un funcionario en un instrumento de negociación, está atacando directamente la autoridad institucional.

En este escenario, los traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia establecimientos penitenciarios de otras regiones del país representan una intervención sobre las relaciones de poder y las redes de influencia criminal. El propósito estratégico es interrumpir vínculos territoriales, reducir la capacidad de dirección de determinados cabecillas y dificultar la continuidad de sus actividades delictivas.

A esta medida se suma la implementación de sistemas de inhibición de señal celular. Su importancia radica en restringir las comunicaciones no autorizadas que pueden facilitar extorsiones y otras conductas criminales. Sin embargo, la tecnología debe aplicarse con precisión, el bloqueo no puede afectar las comunicaciones legítimas de los barrios y comunidades que rodean los establecimientos. 

No obstante, sería equivocado pensar que trasladar cabecillas e instalar inhibidores resuelve por sí solo el problema. La gobernanza criminal no depende exclusivamente de un teléfono o de la presencia física de un líder. También se sostiene mediante redes externas, economías ilegales, mecanismos de intimidación, corrupción y estructuras de subordinación.

La respuesta debe ser integral, inteligencia criminal, investigación patrimonial, judicialización de las redes externas, controles contra la corrupción, protección de funcionarios amenazados y coordinación efectiva entre las autoridades judiciales, policiales y de seguridad. Igualmente, es necesario evaluar si las estructuras criminales pierden realmente su capacidad de actuación después de cada intervención.

La resocialización y el respeto por los derechos fundamentales deben mantenerse como obligaciones del Estado. Pero garantizar derechos no significa tolerar que se utilicen las condiciones de reclusión para continuar afectando la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.

El éxito de una política de seguridad penitenciaria no debe medirse únicamente por el número de traslados, celulares incautados o dispositivos tecnológicos instalados. Debe medirse por la reducción efectiva de las extorsiones, las amenazas, la continuidad de las redes delictivas y la recuperación de la autoridad legítima dentro de los establecimientos.

Se necesita comprender que la seguridad no termina en los muros de una prisión. Allí también se libra una disputa por el control, la legalidad y la autoridad del Estado.

Una cárcel no puede ser una oficina de operaciones del crimen organizado. Cuando un delincuente logra gobernar desde una celda, no solamente desafía al sistema de justicia, desafía la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

 

Manejo de masas, una estrategia de las estructuras criminales

POR: CARLOS COTES

En la evolución del conflicto armado colombiano, los Grupos Armados Organizados (GAO) han comprendido que el control de un territorio no depende exclusivamente de su capacidad militar. La influencia sobre la población constituye un factor determinante para consolidar su presencia, obtener legitimidad, limitar la acción del Estado y fortalecer sus estructuras. En este contexto, las denominadas actividades de manejo de masas representan una estrategia orientada a incidir en el comportamiento colectivo mediante mecanismos políticos, sociales, comunicacionales y de propaganda.

Actualmente, estas actividades son desarrolladas principalmente por simpatizantes urbanos de los GAO, grupos  encargados de ejecutar acciones de influencia en los centros poblados. Su función consiste en establecer redes de apoyo, recopilar información, desarrollar campañas de propaganda, identificar líderes sociales y aprovechar escenarios de inconformidad ciudadana para promover narrativas afines a sus intereses estratégicos. Estas estructuras buscan generar un ambiente favorable para la organización, debilitando la confianza en las instituciones y fortaleciendo su capacidad de incidencia en la opinión pública.

Entre las modalidades más recurrentes se encuentran la difusión de propaganda física y digital, la convocatoria o el intento de influencia en movilizaciones sociales, el acercamiento a organizaciones comunitarias, estudiantiles, sindicales o campesinas, así como el desarrollo de acciones de carácter político-organizativo dirigidas a ampliar su base social. De igual manera, las actividades de manejo de masas pueden ser utilizadas por las células urbanas de los Grupos Armados Organizados para facilitar la planeación, preparación y ejecución de atentados y otras acciones terroristas, mediante labores de inteligencia sobre posibles objetivos, identificación de vulnerabilidades, obtención de apoyo logístico, ocultamiento de integrantes y generación de escenarios que distraigan o dificulten la capacidad de reacción de las autoridades.

No obstante, resulta indispensable precisar que la existencia de una protesta o manifestación ciudadana no constituye, por sí misma, evidencia de la participación de un Grupo Armado Organizado. La protesta pacífica es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política de Colombia y hace parte de los mecanismos democráticos de participación ciudadana. Cualquier afirmación sobre infiltración o instrumentalización por parte de estructuras ilegales debe sustentarse en información de inteligencia debidamente corroborada, investigaciones judiciales o evidencia objetiva y verificable.

Desde la perspectiva de la seguridad y la defensa, el principal desafío consiste en identificar oportunamente las acciones de las células urbanas de los GAO sin afectar el ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos. Ello exige fortalecer las capacidades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal, así como la coordinación entre las autoridades civiles, la Fuerza Pública y los organismos de seguridad.

Comprender el manejo de masas como una herramienta estratégica de los Grupos Armados Organizados permite diseñar respuestas integrales que no se limiten al componente operativo. La presencia institucional, la comunicación estratégica, la prevención, el fortalecimiento del tejido social y la confianza ciudadana son factores esenciales para reducir los espacios de influencia de estas organizaciones y preservar la gobernabilidad democrática en los territorios.

EL ICEBERG DE LA CRIMINALIDAD, LO QUE VEMOS ES SOLO LA PUNTA

                                                                    Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Cuando se habla de criminalidad, la atención pública suele concentrarse en aquello que aparece en las estadísticas y en los titulares: homicidios, secuestros, extorsiones, atentados, capturas, enfrentamientos y otros hechos que pueden ser registrados y contabilizados. Sin embargo, detrás de cada cifra puede existir una realidad mucho más amplia. Para comprenderla resulta útil recurrir a una imagen: el iceberg de la criminalidad..

Un iceberg muestra apenas una pequeña parte sobre la superficie, mientras la mayor parte permanece sumergida. Algo similar ocurre con el crimen organizado y las estructuras armadas. La punta representa los hechos criminales visibles; debajo se encuentra una compleja red de personas, recursos, relaciones, economías ilegales, capacidades logísticas y mecanismos de control que permiten que esos delitos ocurran, se financien y se reproduzcan.

En la superficie están los delitos que podemos contar. Podemos saber cuántos homicidios, extorsiones, atentados o capturas se registraron. Son indicadores indispensables para medir la seguridad y orientar decisiones. Pero las cifras visibles no siempre revelan la dimensión real de la amenaza. Un homicidio puede ser un dato estadístico y, al mismo tiempo, la expresión final de una estructura que lleva meses construyendo capacidades en un territorio.

Por debajo de esa superficie aparece el verdadero entramado. Allí están las organizaciones de masas, redes de apoyo, colaboradores, informantes y facilitadores. Esto no significa que toda persona de un entorno social sea delincuente. El análisis debe diferenciar a la población civil de quienes cumplen funciones dentro de una organización, mediante inteligencia, investigación y evidencia.

También se encuentra la estructura logística. Ninguna organización criminal funciona únicamente con hombres armados. Necesita movilidad, abastecimiento, comunicaciones, alojamiento, transporte, ocultamiento y recursos económicos. La logística es el sistema circulatorio de la criminalidad. Si permanece intacta, una organización puede reemplazar integrantes, mantener operaciones y adaptarse después de golpes contra sus componentes visibles.

Otro componente especialmente grave es el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Un menor puede ser empleado para vigilancia, mensajería, transporte, inteligencia, apoyo logístico o actividades violentas. Por eso, enfrentar el reclutamiento exige proteger al menor, pero también identificar y desarticular las redes que lo captan, instrumentalizan y sustituyen.

Más abajo aparece la economía criminal. Detrás de muchas estructuras existen ingresos provenientes de extorsiones, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, tráfico de mercancías, lavado de activos y otras rentas ilícitas. Esta economía permite comprar recursos, pagar colaboradores, movilizar integrantes, sostener redes logísticas y financiar nuevas actividades. Por eso, afectar solamente al ejecutor material puede producir un resultado inmediato, pero no necesariamente altera la capacidad de la organización.

Existe otra dimensión: el control territorial y social. Una organización no necesita ejercer violencia todos los días para controlar un territorio. Puede imponer restricciones, establecer horarios, vigilar comunidades, amenazar comerciantes, controlar corredores, regular actividades económicas o decidir quién puede movilizarse. Cuando esto ocurre, el problema deja de ser únicamente delincuencia y adquiere características de control territorial criminal.

Esta mirada obliga a cambiar la pregunta. No basta con preguntar cuántos homicidios ocurrieron o cuántas capturas se realizaron. Hay que preguntar qué estructura produce esos homicidios, cómo se financia, quién la abastece, qué corredores utiliza, cómo mueve sus recursos, quién lava sus ganancias, cómo recluta, qué mercados controla y qué redes le permiten sobrevivir. La seguridad efectiva comienza cuando el Estado deja de perseguir solamente los efectos e interviene las capacidades que los producen.

Por eso, la respuesta debe ser integral. La inteligencia debe identificar estructuras, relaciones y patrones. La investigación criminal debe seguir el dinero y establecer responsabilidades. Las autoridades deben recuperar corredores estratégicos y fortalecer el control territorial. La protección de niños, niñas y adolescentes debe impedir que sean convertidos en instrumentos de las organizaciones. La acción institucional debe llegar a los territorios donde la criminalidad intenta llenar vacíos, imponer reglas o construir legitimidad.

Una estructura puede reducir temporalmente sus acciones, cambiar de modalidad o sustituir integrantes sin perder sus capacidades esenciales. Los verdaderos resultados deben observarse también en la pérdida de corredores, fuentes de financiación, redes logísticas, capacidad de reclutamiento, control territorial y posibilidad de reorganización.

El iceberg de la criminalidad nos recuerda que la violencia visible es solamente una parte del fenómeno. La punta puede contarse; lo sumergido debe descubrirse mediante inteligencia e investigación. Allí se encuentra buena parte de la capacidad que permite que el delito se reproduzca.

Combatir la criminalidad no significa únicamente responder al homicidio, al atentado o a la extorsión cuando ya ocurrieron. Significa intervenir la estructura que los hace posibles. Si se golpea solamente la punta, el iceberg permanece. Si se afecta su base financiera, logística, territorial, social y de reclutamiento, se empieza a reducir su capacidad de reproducción.

La seguridad moderna exige mirar debajo de la superficie. Cada delito visible debe conducir a nuevas preguntas sobre la estructura que existe detrás. Porque detrás de una cifra puede haber una organización; detrás de una organización puede existir una economía; y detrás de esa economía puede encontrarse un sistema de control territorial. El verdadero desafío no es solamente contar el crimen, sino comprenderlo, anticiparlo y desarticular las condiciones que permiten su permanencia.

Cuando se asfixian las economías ilegales, se debilitan los grupos armados

                                                          

                                                                   Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Las economías ilegales son mucho más que una fuente de dinero para los grupos armados. Son el combustible que permite sostener su estructura militar, comprar armas y municiones, pagar a sus integrantes, movilizar hombres, corromper funcionarios, financiar redes logísticas y, sobre todo, ampliar y mantener el control territorial. Por eso, enfrentar estas rentas debe ser una prioridad dentro de cualquier estrategia seria de seguridad y defensa.

Cuando el Estado logra afectar de manera sostenida las economías ilícitas, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, el tráfico de combustible, el secuestro y otras actividades criminales, el impacto no necesariamente se observa de inmediato en las estadísticas de violencia. Pero comienza a producirse una transformación silenciosa dentro de las organizaciones armadas: el dinero empieza a escasear.

Y cuando falta dinero, todo se complica.

Un grupo armado necesita recursos permanentes para mantener una estructura que funciona casi como una organización empresarial criminal. Hay que pagar a quienes combaten, garantizar alimentación, transporte, comunicaciones, inteligencia, logística y armamento. También se requieren recursos para reclutar nuevos integrantes y establecer redes de apoyo en los territorios.

La reducción de las rentas ilegales puede generar entonces un efecto estratégico: disminuye la capacidad de las organizaciones para sostener su aparato armado. Si no pueden pagar la “nómina” de sus combatientes, aumenta el riesgo de deserciones, disputas internas y pérdida de cohesión. Si no pueden comprar armas y municiones, su capacidad ofensiva disminuye. Y si los ingresos ya no alcanzan para financiar nuevos hombres, vehículos, comunicaciones o logística, se limita su posibilidad de expandirse hacia nuevos territorios.

Pero existe una advertencia fundamental: asfixiar una economía ilegal no significa que el grupo armado desaparecerá automáticamente. Los actores criminales son adaptativos. Cuando una renta comienza a disminuir, buscarán otra. Pueden migrar hacia la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de combustible, el hurto de mercancías o cualquier otra actividad que les permita recuperar flujo de caja.

Por eso, la lucha contra las economías ilegales debe ser integral. No basta con capturar integrantes o realizar operaciones militares y policiales aisladas. Hay que identificar quién controla la renta, quién la administra, quién lava el dinero, qué rutas utiliza, qué bienes adquiere y qué redes de corrupción permiten que el negocio continúe.

La verdadera disputa por la seguridad también es una disputa por las finanzas criminales. Un grupo armado sin territorio, sin hombres y sin armas es una amenaza diferente a una organización con recursos suficientes para financiar una guerra prolongada.

Asfixiar sus economías no es simplemente quitarles dinero. Es reducir su capacidad para ejercer violencia, controlar poblaciones y disputar territorios. Y allí está una de las claves de una política de seguridad eficaz: golpear simultáneamente la capacidad armada y el músculo financiero de las organizaciones criminales, mientras el Estado ocupa con institucionalidad los espacios que estas dejan vacíos.

Menos homicidios, más inteligencia, la verdadera ruta hacia ciudades seguras

                                                                   Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

"La seguridad ciudadana se construye, no se improvisa": Cale

Durante décadas, América Latina ha intentado enfrentar la violencia homicida mediante fórmulas que privilegian el aumento del pie de fuerza, el endurecimiento de las penas o la militarización de determinados territorios. Sin embargo, los resultados han sido desiguales y, en muchos casos, temporales. La experiencia internacional demuestra que reducir los homicidios exige mucho más que una respuesta reactiva; requiere comprender las causas de la violencia y actuar sobre ellas con precisión, inteligencia y liderazgo institucional.

El investigador canadiense Muggah, uno de los mayores expertos mundiales en seguridad ciudadana y violencia urbana, sostiene que los homicidios no ocurren al azar. Por el contrario, se concentran en unos pocos barrios, corredores criminales, horarios específicos y grupos poblacionales claramente identificables. Esta afirmación cambia por completo la manera de diseñar la política pública. Si el problema está focalizado, la respuesta del Estado también debe estarlo.

La primera lección consiste en abandonar la lógica de dispersar recursos en toda la ciudad. No todos los sectores presentan el mismo nivel de riesgo ni todas las comunidades requieren idénticas intervenciones. La evidencia demuestra que la georreferenciación del delito, el análisis criminal y el uso de inteligencia permiten concentrar capacidades donde realmente se generan los homicidios. Como afirma Muggah, una política basada en evidencia siempre será más efectiva que una sustentada únicamente en percepciones o presiones coyunturales.

Pero la inteligencia policial, por sí sola, tampoco es suficiente. Los homicidios suelen estar asociados a mercados ilegales, economías criminales, disputas territoriales, exclusión social, deserción escolar, desempleo juvenil y fácil acceso a armas de fuego. En consecuencia, la reducción sostenible de la violencia requiere una acción coordinada entre entidades territoriales, Policía, Fiscalía, sector educativo, salud, y comunidades organizadas, entre otras. La seguridad ciudadana dejó de ser un asunto exclusivo de la Fuerza Pública para convertirse en una responsabilidad compartida de todo el Estado.

Otro de los aportes fundamentales de Muggah es la necesidad de intervenir sobre la población con mayor nivel de riesgo. En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, tanto las víctimas como los victimarios son hombres jóvenes que habitan sectores vulnerables y encuentran en las economías ilegales una alternativa de supervivencia. Romper ese ciclo implica ofrecer oportunidades reales de educación, empleo, formación técnica, deporte y cultura antes de que la violencia se convierta en un proyecto de vida.

Igualmente importante resulta recuperar el espacio público. Calles iluminadas, parques, escenarios deportivos, bibliotecas y sistemas de transporte dignos no solo mejoran la calidad de vida, sino que fortalecen el control social y reducen las oportunidades para la criminalidad. Las transformaciones urbanas observadas en ciudades como Medellín evidencian que el urbanismo también puede convertirse en una poderosa política de seguridad.

Colombia enfrenta hoy desafíos complejos derivados del crimen organizado, el narcotráfico, las rentas ilegales y las nuevas expresiones de violencia urbana. Frente a este panorama, insistir exclusivamente en estrategias represivas sería desconocer las lecciones que ofrece la evidencia internacional. Como ha señalado Robert Muggah, las ciudades que logran disminuir de manera sostenida sus homicidios son aquellas que combinan prevención social, inteligencia policial, justicia efectiva, recuperación del territorio y evaluación permanente de resultados.

Reducir los homicidios no es una meta imposible. Es una decisión política que exige continuidad, liderazgo y capacidad técnica. Cada vida salvada representa una familia preservada, una comunidad fortalecida y un Estado que demuestra su verdadera capacidad para proteger a sus ciudadanos. La seguridad del siglo XXI ya no se mide únicamente por el número de capturas o de policías en las calles, sino por la capacidad de prevenir que una persona sea asesinada. Allí radica el verdadero éxito de una política pública moderna y, sobre todo, profundamente humana.

La victimización como factor de deterioro de la percepción de seguridad ciudadana

                                                                   Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Hablar de seguridad ciudadana exige ir más allá de las cifras oficiales. Un territorio puede registrar determinados niveles de criminalidad, pero la percepción de inseguridad de sus habitantes puede ser considerablemente mayor. En ese punto aparece un factor determinante: la victimización.

Ser víctima de un delito transforma la manera en que una persona interpreta su entorno. Antes del hecho, el riesgo puede parecer una posibilidad distante; después de sufrirlo, se convierte en una experiencia concreta. Un hurto, una amenaza, una extorsión o cualquier otra conducta criminal no termina necesariamente cuando finaliza el hecho. Sus efectos pueden permanecer durante meses y modificar rutinas, horarios, desplazamientos y relaciones con el espacio público.

La victimización genera vulnerabilidad. El ciudadano comienza a preguntarse si puede volver a ser víctima y, especialmente, si las instituciones tendrán capacidad para protegerlo. Cuando esta sensación se repite en una comunidad, el problema deja de ser individual y adquiere una dimensión colectiva.

Existe además un efecto multiplicador. Las víctimas cuentan lo sucedido a familiares, vecinos, compañeros de trabajo y comunidades digitales. De esta manera, un hecho criminal puede producir múltiples percepciones de riesgo. La experiencia de una víctima puede convertirse rápidamente en el temor de muchas personas. Las redes sociales y los sistemas de mensajería aceleran todavía más este proceso.

La situación se vuelve particularmente compleja cuando existe victimización repetida. Un comerciante que ha sido víctima varias veces, una comunidad sometida a amenazas o un sector donde los hurtos son recurrentes pueden desarrollar la percepción de que el delito está fuera de control. En ese momento aparece un elemento crítico para la seguridad pública: la pérdida de confianza institucional.

Cuando el ciudadano considera que denunciar no produce resultados, que la respuesta llega tarde o que el delincuente actúa con impunidad, puede optar por no acudir a las autoridades. Así aumenta la llamada cifra negra: delitos que ocurren pero no quedan registrados. Se genera entonces un círculo negativo: victimización, desconfianza, menor denuncia, menor información y mayores dificultades para diagnosticar correctamente el fenómeno criminal.

Por eso, reducir la percepción de inseguridad no significa simplemente comunicar que los delitos disminuyeron. La ciudadanía necesita experimentar resultados. Necesita recuperar el espacio público, observar presencia institucional, recibir respuestas oportunas y comprobar que existen capacidades reales de prevención, reacción, investigación y sanción.

La seguridad objetiva y la seguridad percibida están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. Una administración puede mejorar determinados indicadores criminales y, aun así, enfrentar una ciudadanía que continúa sintiéndose insegura. Ignorar esa brecha sería un error estratégico.

La política de seguridad debe medir no solamente cuántos delitos ocurren, sino también cuántas personas son victimizadas, cuántas denuncian, cuáles son sus niveles de temor, qué espacios han dejado de utilizar y cuánto confían en las instituciones.

En definitiva, el desafío consiste en romper el ciclo que convierte el delito en miedo, el miedo en desconfianza y la desconfianza en pérdida de legitimidad institucional. La seguridad ciudadana no se construye únicamente reduciendo el delito; también se construye recuperando la confianza del ciudadano.

Porque cuando una persona deja de sentirse segura, no solamente cambia su percepción: cambia su comportamiento, limita su libertad y modifica su relación con el territorio. Y cuando ese sentimiento se extiende a toda una comunidad, deja de ser una percepción individual para convertirse en un verdadero problema de percepción de inseguridad.

Geocriminalidad, el mapa del delito en el territorio

                                                                   Por:Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

La seguridad ciudadana ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente reactivo para convertirse en un campo de análisis estratégico donde el territorio adquiere un papel determinante. En este contexto, la geocriminalidad emerge como una herramienta clave para comprender cómo, dónde y por qué se concentra el delito. Ya no se trata solo de contar hechos delictivos, sino de interpretarlos en función del espacio, las dinámicas urbanas y las condiciones sociales que los rodean.

El análisis geocriminal permite identificar patrones que antes pasaban desapercibidos. Barrios con deficiencias en iluminación, zonas con alta circulación nocturna o sectores con baja presencia institucional se convierten en escenarios propicios para la ocurrencia del delito. Esta lectura territorial facilita la focalización de esfuerzos, optimizando la asignación de recursos policiales y mejorando la capacidad de prevención.

A su vez, la geocriminalidad incorpora variables temporales que enriquecen el diagnóstico. No todos los delitos ocurren en cualquier momento; existen franjas horarias críticas y días específicos donde la actividad delictiva se intensifica. Esta combinación de espacio y tiempo permite construir mapas dinámicos que orientan decisiones operativas más precisas y efectivas.

Sin embargo, el verdadero valor de este enfoque radica en su capacidad para anticiparse. La seguridad deja de ser una respuesta tardía y se convierte en una acción planificada, basada en evidencia. La intervención en puntos críticos, el rediseño del entorno urbano y el fortalecimiento institucional en áreas vulnerables son medidas que, articuladas, reducen significativamente las oportunidades del delito.

En este escenario, los observatorios del delito se consolidan como instrumentos estratégicos de primer orden. A través de la recolección, sistematización y análisis de datos, estos centros permiten comprender con mayor precisión las dinámicas de la geocriminalidad en cada territorio, identificando tendencias, patrones y factores de riesgo específicos. Su valor radica en que transforman la información en inteligencia útil para la toma de decisiones, facilitando intervenciones focalizadas y evaluables. Sin datos confiables y análisis riguroso, la comprensión del fenómeno delictivo queda limitada; en cambio, con observatorios robustos, el territorio deja de ser una incógnita y se convierte en un mapa claro para la acción efectiva en seguridad ciudadana.

Hoy, la geocriminalidad evidencia una realidad preocupante: el delito no solo se presenta, sino que se expande territorialmente siguiendo lógicas claras de oportunidad. Cuando un área es intervenida sin sostenibilidad, la actividad criminal tiende a desplazarse hacia zonas contiguas, generando nuevos focos de inseguridad. Este fenómeno obliga a entender el territorio como un sistema interconectado, donde cada decisión tiene efectos colaterales.

En consecuencia, la lucha contra el delito exige una visión integral y sostenida. No basta con intervenir puntos calientes de manera aislada; es necesario consolidar presencia institucional, mejorar las condiciones urbanas y fortalecer el tejido social. Solo así se podrá contener la expansión de la geocriminalidad y avanzar hacia entornos más seguros, donde el territorio deje de ser un facilitador del delito y se convierta en un aliado de la convivencia.

Fenómeno de El Niño, más que calor y sequía

Por: Carlos Cotes

El Fenómeno de El Niño que enfrenta Colombia en 2026 no debe entenderse únicamente como un período de altas temperaturas o disminución de las lluvias. Estamos ante un escenario que puede generar efectos simultáneos sobre el agua, la energía, los incendios forestales, la producción agropecuaria y la prestación de servicios esenciales. El escenario previsto contempla la posibilidad de que las condiciones de El Niño se prolonguen hasta el primer trimestre de 2027, razón suficiente para que las autoridades actúen desde ahora con una visión de prevención y anticipación.

Uno de los mayores riesgos está relacionado con el agua. Cuando disminuyen las precipitaciones durante períodos prolongados, los ríos, quebradas, reservorios y demás fuentes de abastecimiento reducen sus niveles. El problema no se limita al consumo humano: también afecta la agricultura, la ganadería y las actividades económicas que dependen del recurso hídrico. Un territorio que comienza a quedarse sin agua enfrenta una presión creciente sobre sus acueductos y debe recurrir, eventualmente, a carrotanques, fuentes alternas y medidas de contingencia. La situación se vuelve aún más compleja cuando la emergencia se prolonga y las capacidades institucionales empiezan a agotarse.

La sequía también tiene una relación directa con los incendios de cobertura vegetal. Es importante comentar que la sequía no enciende por sí sola un bosque, pero sí transforma la vegetación en un combustible mucho más vulnerable. La falta de humedad, las altas temperaturas y el viento generan condiciones favorables para que una quema agrícola, una fogata, una chispa eléctrica o cualquier otra fuente de ignición se convierta rápidamente en un incendio. Y aparece entonces una paradoja preocupante, cuando más agua se necesita para combatir un incendio, menos agua puede estar disponible en el territorio.

A este escenario se suma la energía eléctrica. Las altas temperaturas provocan un incremento considerable en el uso de ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración. El aumento de la demanda somete a una mayor presión a las redes de distribución y transmisión y puede generar sobrecargas. Pero el problema va mucho más allá de la comodidad de los hogares. Una interrupción prolongada de la energía puede afectar hospitales, sistemas de bombeo de agua, telecomunicaciones, comercio y otras infraestructuras críticas. En consecuencia, un problema eléctrico puede terminar convirtiéndose en un problema de seguridad territorial.

Para Colombia, esta realidad exige una mirada integral. No debemos analizar por separado la sequía, los incendios y los posibles problemas de energía. Debemos entenderlos como elementos conectados dentro de un mismo escenario de riesgo. Menos lluvia significa menos agua; menos agua y mayor temperatura significan mayor riesgo de incendios; mayores temperaturas significan mayor consumo eléctrico; y una falla prolongada en el suministro de energía puede afectar, a su vez, los sistemas de captación, tratamiento y distribución de agua.

Por eso, la verdadera pregunta no debe ser solamente cuánto durará El Niño, sino qué tan preparados estamos para enfrentar sus consecuencias.  Es necesario identificar los lugares con mayor vulnerabilidad hídrica, fortalecer la capacidad de los organismos de socorro, garantizar fuentes alternativas de abastecimiento, proteger la infraestructura crítica y coordinar permanentemente a autoridades ambientales y fuerza pública.

El Niño nos plantea un desafío que va más allá del clima. Nos obliga a pensar en la resiliencia de nuestros territorios y en la continuidad de los servicios esenciales. La prevención no consiste únicamente en reaccionar cuando aparece la emergencia; consiste en conocer el riesgo, anticiparlo y reducir sus consecuencias. Nuestro país tiene la oportunidad de prepararse antes de que los efectos más fuertes se hagan sentir. 

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

La noche en la que el silencio también se convierte en oración (por la salud de Delwin Jiménez, y el descanso eterno de Fabio Torres)

                                                  Por: Calé Cotes

Son las 11:07 de la noche. Hace unos instantes estaba acostado en mi cama, listo para dormir, pero la tristeza no me dejaba hacerlo. Pensaba en cómo, de manera inesperada, la vida puede cambiar en un instante; en personas que tienen todavía tanto por vivir y en amigos que hoy debaten, con esperanza, sobre el estado de su salud. Es imposible permanecer indiferente ante esas circunstancias.

Me levanté. Sentí ese compromiso moral y creyente que tantas veces nos conduce a buscar a Dios cuando las palabras humanas ya no alcanzan. Salí al balcón de mi casa y encontré a Valledupar envuelta en silencio. El cielo estaba despejado, la brisa fresca recorría la noche y la luna, radiante, parecía invitar a mirar hacia arriba. Y eso hice: elevé una oración por quienes hoy necesitan salud, fortaleza y protección, y por nuestras familias, amigos y seres queridos.

A lo lejos, en medio de la oscuridad, alcanzo a distinguir el cerro del Alguacil, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las luces de las antenas titilan en la distancia. Pero hay silencios que también comunican. Esta noche, el silencio me llevó a pensar, a agradecer y, sobre todo, a pedir.

Pedí especialmente por Delwin Jiménez. Le pedí a Dios que meta su mano, que le conceda fortaleza, salud y una nueva oportunidad para continuar compartiendo con quienes lo quieren. Y también pensé en quienes ya partieron inesperadamente de este mundo, dejando un vacío difícil de explicar. Entre ellos, Fabio Torres, el rector, un hombre de nuestra tierra, de esos que terminan perteneciendo a la memoria colectiva de sus paisanos. A él, mi oración para que Dios lo reciba en su santo reino.

La vida nos recuerda, a veces de la manera más dolorosa, que estamos de paso. Sin embargo, nuestro corazón se resiste a aceptar que las cosas ocurran demasiado rápido. Queremos más tiempo para abrazar, conversar, compartir una comida, celebrar una amistad o simplemente sentarnos junto a quienes amamos. Tal vez por eso la enfermedad y la muerte nos confrontan tanto: porque nos recuerdan el valor de aquello que muchas veces damos por sentado.

Desde un balcón de Valledupar, estas palabras son un homenaje a Delwin y Fabio, y una oración por quienes atraviesan momentos difíciles y por quienes sienten la ausencia de un ser querido, hoy y siempre.

Que Dios interceda por nuestros caminos, fortalezca a las familias y nos conceda la sabiduría para valorar cada instante. A los familiares, un abrazo sincero de fortaleza, fe y esperanza. Que la oración nos una y que nunca nos falte la voluntad de pedir por los demás.

Las economías ilícitas que sostienen la expansión de los Grupos Armados Organizados GAO

                                                                                                                                   Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Durante décadas, Colombia ha medido el éxito de su política de seguridad por el número de capturas, laboratorios destruidos, cabecillas neutralizados o toneladas de cocaína incautadas. Son indicadores importantes, pero insuficientes para comprender la verdadera dimensión de la amenaza que hoy representan los Grupos Armados Organizados (GAO). Detrás de cada estructura armada existe una realidad mucho más compleja: una poderosa arquitectura económica ilegal que financia su expansión, garantiza su permanencia y les permite adaptarse con rapidez a las operaciones del Estado.

La guerra contemporánea ya no se libra únicamente con fusiles. Hoy también se combate con flujos financieros, cadenas logísticas, redes internacionales de lavado de activos, corrupción institucional y mercados ilícitos altamente rentables: c
rimen organizado. Los grupos criminales entendieron hace varios años que controlar un territorio no significa únicamente ejercer dominio armado sobre una población; significa administrar las actividades económicas legales e ilegales que allí se desarrollan.

Esta transformación explica por qué, pese a los importantes golpes operacionales propinados por la Fuerza Pública durante los últimos años, muchas organizaciones continúan expandiendo su presencia hacia nuevas regiones. Cuando un cabecilla es capturado o abatido, otro ocupa rápidamente su lugar. Cuando un laboratorio es destruido, otro comienza a operar pocos kilómetros más adelante. Cuando una ruta es cerrada, inmediatamente aparece un corredor alterno. La explicación es sencilla: el músculo financiero permanece prácticamente intacto.

El narcotráfico continúa siendo la principal fuente de ingresos de estas organizaciones. Sin embargo, sería un error estratégico pensar que toda la capacidad económica de los GAO depende exclusivamente de la cocaína. Hoy estas estructuras funcionan como verdaderos conglomerados criminales que diversifican sus inversiones ilícitas para disminuir riesgos, aumentar rentabilidad y garantizar liquidez permanente.

Su modelo de negocio es sorprendentemente similar al de una gran corporación. Diversifican mercados, reducen la dependencia de un solo producto, abren nuevas líneas de ingresos y fortalecen alianzas con organizaciones nacionales e internacionales. Mientras el Estado concentra buena parte de sus esfuerzos en combatir un delito específico, ellos amplían simultáneamente otros negocios ilegales que compensan cualquier pérdida económica.

La minería ilegal constituye uno de los mejores ejemplos de esa transformación. En numerosas regiones del país, el oro se ha convertido en un activo criminal tan rentable como la cocaína. Controlar una explotación minera significa dominar maquinaria, combustible, transporte, comercialización y exportación, además de facilitar enormes operaciones de lavado de activos. A diferencia del narcotráfico, la minería ilegal suele recibir menor presión internacional y menores niveles de persecución judicial, convirtiéndose en una fuente estable de financiación.

A este fenómeno se suma la extorsión, que ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico sistema tributario ilegal. Comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores, contratistas, empresas y pequeños negocios terminan pagando un "impuesto" impuesto por organizaciones criminales que sustituyen al Estado en amplias zonas rurales y urbanas. El dinero obtenido mediante estas prácticas no solo fortalece las estructuras armadas; también financia inteligencia criminal, adquisición de armamento, reclutamiento, corrupción y expansión territorial.

Otro fenómeno que merece especial atención es el crecimiento del denominado "gota a gota". Lo que inicialmente parecía un mecanismo informal de crédito terminó convirtiéndose en una poderosa herramienta de control criminal. Detrás de muchos prestamistas ilegales operan organizaciones que utilizan la intimidación, la violencia y, en numerosos casos, el homicidio para garantizar el pago de intereses desproporcionados. Más allá del beneficio económico, esta actividad permite controlar comunidades enteras mediante el miedo y construir redes de información extremadamente útiles para otras actividades ilícitas.

El contrabando representa otro componente fundamental de este ecosistema financiero. Las fronteras colombianas continúan siendo utilizadas para el tráfico ilegal de combustibles, cigarrillos, medicamentos, alimentos, textiles y mercancías de alto valor comercial. Estos corredores no solo generan enormes utilidades, sino que fortalecen alianzas entre organizaciones criminales nacionales y redes transnacionales dedicadas al lavado de activos y al tráfico de armas.

No menos preocupante resulta el fortalecimiento del tráfico de migrantes, la trata de personas, el tráfico ilegal de fauna y flora, la explotación forestal ilícita, el hurto de hidrocarburos y el comercio clandestino de armas. Cada una de estas actividades representa una fuente adicional de financiación que reduce la dependencia del narcotráfico y hace mucho más resistente la estructura económica de los grupos armados.

Quizá el aspecto más inquietante de esta realidad sea la consolidación de verdaderas gobernanzas criminales. En numerosos territorios del país, los grupos ilegales no solo ejercen control armado. También administran conflictos comunitarios, autorizan actividades comerciales, regulan horarios, imponen normas de convivencia, cobran impuestos ilegales y sustituyen parcialmente la autoridad del Estado. Este fenómeno demuestra que el objetivo ya no consiste únicamente en dominar militarmente una región; el verdadero propósito es controlar la economía local y convertirla en un activo permanente para la organización criminal.

Las consecuencias para la seguridad nacional son profundas. Cada peso obtenido mediante economías ilícitas se traduce en mayor capacidad para adquirir armamento, incorporar tecnología, comprar drones, fortalecer sistemas de comunicación encriptada, reclutar nuevos integrantes y corromper funcionarios públicos. La fortaleza militar de los GAO depende directamente de la solidez de su estructura financiera.

Por esa razón, resulta insuficiente medir el éxito de la política de seguridad únicamente por indicadores operacionales. Las capturas, incautaciones y neutralizaciones continúan siendo indispensables, pero deben complementarse con estrategias orientadas a destruir el corazón económico del crimen organizado. La inteligencia financiera, la persecución patrimonial, la extinción de dominio, la trazabilidad de activos, el control de corredores logísticos y la cooperación internacional deben ocupar un lugar prioritario dentro de cualquier estrategia de seguridad nacional.

La experiencia internacional demuestra que las organizaciones criminales no desaparecen únicamente porque pierdan combatientes. Colapsan cuando dejan de producir dinero. Sin recursos económicos no pueden pagar nóminas ilegales, adquirir armamento, corromper instituciones ni expandirse territorialmente. En otras palabras, la sostenibilidad del crimen organizado depende mucho más de su capacidad financiera que de su capacidad militar.

Colombia enfrenta hoy un desafío que exige abandonar enfoques exclusivamente reactivos para adoptar una visión integral del fenómeno criminal. Entender que las economías ilícitas son el verdadero centro de gravedad de los Grupos Armados Organizados permitirá diseñar políticas públicas más efectivas, fortalecer la articulación entre inteligencia, investigación judicial, control fiscal y desarrollo territorial, y recuperar espacios donde la ilegalidad ha reemplazado progresivamente la presencia del Estado.

La guerra contra los GAO ya no puede analizarse únicamente desde la óptica del enfrentamiento armado. La verdadera confrontación se libra en los circuitos financieros que alimentan el crimen, en las redes de lavado de activos que legitiman sus ganancias y en las economías clandestinas que les permiten sobrevivir incluso después de los mayores golpes operacionales. Quien aspire a comprender la evolución del conflicto colombiano deberá mirar más allá del fusil y concentrarse en aquello que realmente mantiene viva la violencia: el dinero. Allí se encuentra el principal desafío para la seguridad nacional y, al mismo tiempo, la mayor oportunidad estratégica para debilitar de manera estructural al crimen organizado en Colombia.

Los Vehículos Aéreos No Tripulados Reaper MQ-9A llegan a la lucha contra los GAO en Colombia

                                                                   Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Colombia enfrenta hoy una de las etapas más complejas de la lucha contra los Grupos Armados Organizados (GAO). Estas estructuras han aprendido a moverse con rapidez, esconderse en zonas de difícil acceso, utilizar corredores estratégicos y aprovechar la geografía para evadir la acción de la Fuerza Pública. En este escenario, la cooperación internacional puede marcar una diferencia importante.

En ese contexto aparece el MQ-9A Reaper, una de las aeronaves no tripuladas más conocidas y capaces de Estados Unidos. La posibilidad de que estos sistemas sean empleados por Estados Unidos dentro de la cooperación militar con Colombia, en el marco del denominado Plan Patriota 2.0, representa una capacidad adicional para enfrentar las amenazas que afectan la seguridad nacional.

El Reaper no es simplemente un dron. Es, fundamentalmente, una plataforma de vigilancia. Puede permanecer durante muchas horas sobre una zona determinada, observar de día y de noche y utilizar sensores capaces de detectar movimientos y actividades que desde tierra pueden ser muy difíciles de identificar. Su mayor valor está en algo sencillo de entender, puede mirar durante mucho tiempo.

Imaginemos una zona rural donde se sospecha la presencia de una estructura de un GAO. En lugar de enviar inmediatamente una patrulla o un helicóptero sin conocer exactamente lo que ocurre, una aeronave como el Reaper puede ayudar a observar el área, identificar movimientos, seguir objetivos y entregar información a quienes toman las decisiones, así como también disparar misiles. La información que arroja puede ser fundamental para planear una operación con mayor precisión y menor riesgo para nuestros soldados y policías.

El Reaper también puede contribuir a vigilar corredores utilizados para el narcotráfico, movimientos logísticos de organizaciones criminales, zonas fronterizas e infraestructura estratégica. En un país con la geografía de Colombia, esta capacidad de vigilancia prolongada puede convertirse en una herramienta de enorme utilidad.

Ahora bien, es importante aclarar algo, Estados Unidos operaría estas aeronaves; no significa que Colombia vaya a comprarlas. Su eventual empleo debe entenderse dentro de la cooperación militar y de inteligencia entre ambos países. La información obtenida puede contribuir a fortalecer las capacidades colombianas y apoyar la planeación de operaciones contra las estructuras criminales.

La lucha contra los GAO no se gana únicamente con más soldados o más armas. También se gana con información, inteligencia y tecnología. Saber dónde está una estructura, cómo se mueve, qué rutas utiliza y cuándo concentra sus capacidades puede ser tan importante como disponer de una fuerza suficiente para enfrentarla.

Por eso, si los MQ-9A Reaper estadounidenses llegan a participar en operaciones de cooperación con Colombia, su mayor aporte no debería medirse únicamente por su capacidad de ataque. Su verdadero valor estará en convertirse en los ojos que permitan ver desde el aire aquello que muchas veces resulta imposible observar desde tierra.

En la lucha contra los GAO, ver primero significa tener más posibilidades de actuar mejor. Y en seguridad, una buena decisión comienza siempre con una buena información.

Minería criminal, cuando una economía ilícita se convierte en una amenaza para la seguridad

                                                                                                                                   Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Cuando se habla de extracción ilegal de oro, es común utilizar el término minería ilegal. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la denominación correcta es explotación ilícita de yacimientos mineros, figura prevista en la legislación colombiana para sancionar la extracción de minerales sin cumplir los requisitos legales, como la existencia de un título minero o la correspondiente licencia ambiental. En el caso del oro, por ser el mineral más explotado bajo estas condiciones, el lenguaje cotidiano ha popularizado el término minería ilegal. No obstante, es importante comprender que no toda minería ilegal constituye minería criminal, aunque esta puede evolucionar hasta convertirse en una de las economías ilícitas más rentables para el crimen organizado.

La minería ilegal se transforma en minería criminal cuando deja de ser una actividad aislada o de carácter informal y pasa a ser controlada, financiada o aprovechada por estructuras delincuenciales. En ese momento, el objetivo deja de ser únicamente la extracción del mineral y se convierte en un negocio ilícito integrado a una organización que obtiene recursos económicos para fortalecer su capacidad criminal.

Esta transformación ocurre mediante una cadena de actividades perfectamente articuladas. Primero, se ejerce control sobre el territorio donde existen yacimientos auríferos. Posteriormente, se regula quién puede extraer el mineral y bajo qué condiciones, imponiendo cobros ilegales por el uso de maquinaria, el ingreso de trabajadores o la comercialización del oro. A ello se suman mecanismos de intimidación, violencia y corrupción que garantizan el dominio sobre la actividad extractiva.

Una vez comercializado, el oro adquiere un valor estratégico para las organizaciones criminales. Los recursos obtenidos son utilizados para adquirir armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación, vehículos y tecnología; financiar el reclutamiento de nuevos integrantes, ampliar el pie de fuerza, sostener redes logísticas, corromper servidores públicos y fortalecer otras economías ilícitas. Adicionalmente, el oro representa un instrumento eficaz para el lavado de activos debido a su alto valor comercial, facilidad de transporte y complejidad para rastrear su verdadero origen.

Por estas razones, la minería criminal trasciende el ámbito ambiental o económico y se convierte en un problema de seguridad pública y seguridad nacional. No solo deteriora ecosistemas y fuentes hídricas, sino que también fortalece la capacidad financiera de los Grupos Armados Organizados (GAO), incrementa la violencia, disputa el control territorial y debilita la institucionalidad del Estado.

Combatir esta economía ilícita exige una respuesta integral. La acción operativa contra las estructuras criminales debe complementarse con inteligencia financiera para seguir la ruta del dinero, controles efectivos sobre la comercialización del oro, fortalecimiento de la trazabilidad del mineral, judicialización de las redes que financian estas actividades y procesos de formalización para los pequeños mineros que ejercen una actividad de subsistencia. Solo mediante una estrategia que combine seguridad, justicia, control institucional y desarrollo económico será posible impedir que la minería ilegal continúe evolucionando hacia una minería criminal que amenaza la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad del país.

Ciberdefensa, la cuarta fuerza que Colombia necesita

                                                                                                                  Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

La seguridad nacional de Colombia cambió. El territorio ya no se defiende únicamente en tierra, mar y aire. Hoy existe un escenario adicional donde pueden desarrollarse operaciones de inteligencia, sabotaje, espionaje, propaganda y ataques contra infraestructuras críticas, el ciberespacio. Por eso, el país debe asumir una decisión estratégica, de avanzar hacia la creación de un Arma Ciber o una estructura de Ciberdefensa con identidad, mando, doctrina, capacidades y recursos propios dentro de las Fuerzas Militares.

El artículo 217 de la Constitución establece que las Fuerzas Militares están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, y les asigna como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. Sin embargo, no contempla expresamente una fuerza o arma cibernética. Esta realidad exige una discusión de Estado estratégica, jurídica y muy urgente.

No se trata de crear burocracia ni de duplicar capacidades. Colombia cuenta con mecanismos de seguridad digital, entre ellos la Coordinación Nacional de Seguridad Digital y el Comité Nacional de Seguridad Digital, además de las capacidades técnicas del Ministerio TIC. El Decreto 338 de 2022 reconoce la defensa del ciberespacio, la protección de infraestructuras críticas cibernéticas y la necesidad de coordinar capacidades nacionales. Pero la seguridad digital del Estado y la ciberdefensa militar no son exactamente lo mismo.

La seguridad digital protege sistemas, información, servicios y ciudadanos frente a riesgos e incidentes. La ciberdefensa debe estar preparada para enfrentar amenazas que comprometan la soberanía, la defensa nacional y la capacidad operacional del Estado. En ese ámbito también participan la Cancillería, mediante la diplomacia cibernética y la cooperación internacional; el Departamento Nacional de Planeación, incorporando riesgos digitales en la planeación estratégica; y el Ministerio TIC, como actor central de la política de seguridad digital y de la gestión técnica de incidentes.

El nuevo Gobierno tiene una oportunidad histórica. Así como Colombia reconoció la evolución del dominio aéreo y espacial mediante la Fuerza Aeroespacial, debe analizar si el modelo militar requiere incorporar formalmente una capacidad cibernética con naturaleza militar. No podemos enfrentar amenazas del siglo XXI con estructuras del siglo XX.

Las organizaciones criminales transnacionales utilizan tecnologías digitales para coordinar operaciones, financiar actividades ilícitas, reclutar, difundir propaganda, obtener inteligencia y afectar instituciones. Un ataque contra redes militares, comunicaciones, energía, banca, transporte, salud o servicios esenciales puede producir efectos estratégicos sin que un solo atacante cruce físicamente la frontera.

La pregunta ya no es si Colombia necesita ciberdefensa, sino qué capacidad y respaldo constitucional necesita para responder. Crear un Arma Ciber no significa militarizar Internet ni otorgar facultades ilimitadas. Significa establecer competencias, controles, reglas de empleo, doctrina, formación, inteligencia, protección de infraestructuras críticas y capacidades de respuesta, dentro de la Constitución y la ley.

El llamado al nuevo Gobierno Nacional es concreto: incorporar la ciberdefensa como prioridad de seguridad y defensa nacional y promover una reforma institucional y, si jurídicamente resulta necesaria, constitucional que permita reconocerla dentro de la arquitectura de las Fuerzas Militares. Colombia necesita Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, pero también una capacidad militar cibernética capaz de defender al Estado cuando la amenaza ya no llega por carretera, mar o aire, sino a través de una red.

El ciberespacio ya es un escenario de confrontación estratégica. No esperemos a sufrir un ataque de gran escala para reconocerlo.

OPERACIONES CONJUNTAS Y COMBINADAS, ESTRATEGIA IDEAL CONTRA LOS GAO EN LAS FRONTERAS

                                                                   Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Colombia enfrenta una transformación de la amenaza armada. Los Grupos Armados Organizados (GAO) han evolucionado hacia estructuras con movilidad, adaptación, financiación criminal y control territorial. En zonas como el Catatumbo y otros corredores próximos a la frontera con Venezuela, la geografía, las economías ilícitas y la dinámica fronteriza pueden favorecer su supervivencia y recomposición. Ante este escenario, Colombia necesita fortalecer sus operaciones combinadas y recuperar la iniciativa operacional.

Las operaciones combinadas deben entenderse como la integración coordinada de capacidades militares, policiales, de inteligencia y de investigación criminal, entre naciones aliadas, orientadas hacia un objetivo común. No se trata simplemente de sumar instituciones, sino de sincronizar capacidades para generar superioridad de información, movilidad, contención y maniobra. Los Estados debe pasar de reaccionar ante las acciones del adversario a imponer condiciones que reduzcan su libertad de acción.

Dentro de esta concepción cobra importancia el modelo Yunque-Martillo. El Yunque representa la fuerza de contención: fija al adversario, limita sus corredores de movilidad, protege a la población y reduce sus posibilidades de repliegue. El Martillo representa la fuerza de maniobra: aprovecha la contención para desarrollar la acción principal sobre la estructura identificada, de acuerdo con la inteligencia disponible, la misión, las reglas de enfrentamiento y el marco jurídico. Mientras una fuerza contiene, otra maniobra; mientras una limita las opciones, la otra concentra el esfuerzo operacional.

En escenarios fronterizos, este concepto debe complementarse con un tercer componente: el Cerrojo. Su propósito es impedir que la estructura armada, una vez presionada, utilice corredores fronterizos para evadir la acción de la Fuerza Pública, reorganizarse y regresar posteriormente al territorio colombiano. El Cerrojo significa fortalecer vigilancia, inteligencia, control territorial, control de corredores y cooperación binacional, respetando la soberanía de los Estados.

La fortaleza de las operaciones combinadas está en integrar capacidades. La inteligencia debe ser el punto de partida; la vigilancia debe anticipar movimientos; la movilidad debe proporcionar iniciativa; las fuerzas de contención deben restringir opciones; las unidades de maniobra deben explotar oportunidades; y las autoridades judiciales deben continuar la acción contra las redes criminales, financieras y logísticas. Así, la operación afecta el sistema que sostiene al GAO.

También es necesario modificar la forma de medir el éxito. El objetivo estratégico no puede ser simplemente producir bajas. Un GAO puede reemplazar combatientes si conserva financiación, reclutamiento, inteligencia, logística, redes de apoyo y mando. El verdadero indicador debe ser la degradación integral de su capacidad para combatir, movilizarse, financiarse, reclutar, intimidar y controlar territorio.

La secuencia operacional debe conducir a un propósito mayor: detectar, contener, fijar, maniobrar, desarticular y consolidar. Si después de una operación la Fuerza Pública se retira y el grupo armado regresa, el resultado táctico pierde valor estratégico. Recuperar territorio significa mantener presencia estatal, proteger a la población, recuperar corredores, fortalecer la justicia y atacar las economías ilícitas que permiten la reproducción del fenómeno criminal.

Colombia necesita una estrategia de operaciones combinadas sostenidas, especialmente donde confluyen grupos armados, economías ilícitas y fronteras internacionales. El concepto Yunque-Martillo-Cerrojo puede convertirse en una herramienta para recuperar la iniciativa, reducir la libertad de maniobra de los GAO y generar condiciones para su desarticulación. No se trata de buscar el combate por el combate, sino de crear condiciones que obliguen a las estructuras armadas a perder progresivamente sus ventajas y enfrentar la acción legítima del Estado.

La seguridad fronteriza requiere inteligencia, coordinación, tecnología, movilidad, cooperación internacional, judicialización y permanencia territorial. La verdadera victoria será aquella en la que el GAO no pueda reconstruir su estructura después de una operación.

Colombia necesita pasar de perseguir permanentemente al enemigo a diseñar operaciones que le quiten opciones. Ese es el valor estratégico de las operaciones combinadas, integrar capacidades para contener, maniobrar, desarticular y consolidar. La diferencia estará entre obtener un resultado táctico y ganar la lucha por el control territorial y la protección de la población civil.