El Estado frente a los poderes paralelos

                                                 Por: Carlos Cotes Maya

Más de 200 millones de personas en 60 países viven en territorios controlados o disputados por grupos armados no estatales. La cifra, recogida por The Wall Street Journal, describe una transformación profunda de la seguridad contemporánea. Carteles, guerrillas, milicias y redes criminales no se limitan a delinquir: disputan al Estado su autoridad, regulan la vida cotidiana y convierten el territorio en una fuente permanente de rentas. La amenaza dejó de ser exclusivamente criminal para convertirse, en numerosos escenarios, en un problema de soberanía y gobernabilidad.

El poder criminal se consolida cuando deja de ser únicamente depredador y comienza a comportarse como autoridad. El llamado “bandolerismo estacionario” explica esa mutación: en vez de atacar y retirarse, la organización permanece, cobra extorsiones, impone reglas y, en ocasiones, ofrece servicios selectivos. El artículo menciona al Clan del Golfo en Colombia, que combina narcotráfico y violencia con acciones como el mantenimiento de carreteras. Esa provisión no es benevolencia; es una herramienta para afianzar dependencia, aceptación forzada y dominio. La población puede terminar sometida a una estructura que, además de amenazarla, pretende resolver necesidades que el Estado no atiende oportunamente.

Ecuador ilustra cómo los vacíos institucionales pueden convertirse en autopistas para la expansión criminal. Los Choneros y Los Lobos disputan corredores logísticos, extorsionan al comercio y atacan autoridades judiciales, penitenciarias y políticas. México muestra organizaciones capaces de influir en gobiernos locales, obras públicas y transporte, mientras protegen cadenas transnacionales de drogas con armamento de alto poder. En Yemen, los hutíes proyectan capacidades militares sobre rutas marítimas estratégicas; en el Sahel, grupos insurgentes explotan recursos forestales, oro y agricultura; y en Myanmar, la guerra y la fragilidad estatal facilitan economías ilícitas y complejos de estafa digital.

Los escenarios son distintos, pero comparten una lógica: financiación ilícita, coerción, tecnología y debilitamiento institucional se refuerzan mutuamente. Drones de bajo costo, comunicaciones cifradas, internet satelital y criptomonedas amplían el alcance de actores que antes dependían de estructuras más limitadas. La criminalidad se conecta con mercados globales y puede afectar puertos, rutas comerciales, sistemas financieros y la seguridad de comunidades enteras. El crimen organizado ya no es solamente una amenaza local: funciona como una red transnacional que aprovecha las vulnerabilidades de los Estados y la interdependencia económica.

La lección estratégica es clara: la presencia de policías o militares, por sí sola, no garantiza el control estatal. La fuerza legítima debe proteger a la población y recuperar condiciones de seguridad, pero también debe estar acompañada de justicia accesible, servicios públicos, infraestructura, oportunidades económicas y autoridades confiables. Allí donde el Estado llega tarde, de manera intermitente o sin legitimidad, otros actores llenan el espacio, casi siempre mediante amenazas y rentas ilegales, lo que se llama gobernanza criminal. La seguridad sostenible exige que la acción operacional tenga continuidad institucional y resultados verificables para las comunidades.

Esta advertencia exige superar la lectura fragmentada del problema. El control territorial no puede medirse únicamente por operaciones, capturas o incautaciones. También debe evaluarse por la capacidad institucional de impedir la extorsión, asegurar la movilidad, proteger líderes y comerciantes, garantizar la justicia y sostener la presencia pública después de una intervención. La gobernanza criminal no se desmonta solo golpeando sus estructuras armadas: hay que cortar sus finanzas, desarticular sus redes políticas y logísticas, y recuperar la confianza ciudadana. Esto demanda coordinación entre autoridades nacionales y territoriales, Fuerza Pública, justicia y entidades responsables de la inversión social.

El desafío es de seguridad ciudadana, seguridad pública y defensa y seguridad
nacional. Cuando una organización impone normas, administra rentas y decide quién puede vivir, trabajar o transitar, no estamos ante una simple alteración del orden público. Estamos frente a una disputa por la soberanía. El Estado debe responder con firmeza, coordinación y legitimidad. Porque el territorio no se recupera únicamente ocupándolo: se recupera haciendo que la autoridad legal sea efectiva, que los derechos sean protegidos y que la población tenga razones para confiar en sus instituciones.

Pesca ilegal y narcotráfico, el mar bajo presión

POR: CARLOS COTES MAYA

La pesca ilegal suele considerarse un problema ambiental, capturas sin permiso, redes prohibidas y especies amenazadas. Pero detrás puede existir una cadena de financiadores, embarcaciones, intermediarios, rutas y mercados que convierte la depredación marina en negocio. En nuestro país, con costas en el Caribe y el Pacífico, este fenómeno también constituye una economía ilícita y amenaza a la seguridad.

La pesca ilegal no se limita a extraer peces sin autorización. Puede organizarse como una cadena: financiadores aportan recursos, tripulaciones capturan, intermediarios compran y comerciantes distribuyen el producto. Cuando se oculta su origen o se comercializan especies protegidas, se generan ganancias ilegales y se perjudica a las comunidades pesqueras.

Su asociación con el narcotráfico aparece cuando ambas economías aprovechan capacidades y espacios comunes. Embarcaciones, puertos, puntos de desembarque, contactos costeros y corredores marítimos pueden utilizarse para transportar mercancías ilícitas o encubrir movimientos. No significa que todo pescador sea narcotraficante: las redes pueden compartir infraestructura y territorios. La convergencia debe probarse.

Un caso ocurrió el 24 de marzo de 2025, a pocas millas náuticas de Tumaco. La Armada interceptó una embarcación con 1.383 kilogramos de cocaína y 208 aletas de tiburón. Sus tripulantes eran dos colombianos y un ecuatoriano. El hallazgo demuestra la coexistencia de cocaína y productos de especies protegidas en una embarcación. No prueba que ambas cargas pertenecieran a una misma organización ni que un grupo armado dirigiera la operación. No debe confundirse una hipótesis de inteligencia con una conclusión judicial.

El mercado global amplía el problema. Las aletas de tiburón tienen demanda en mercados asiáticos. La totoaba, especie del Alto Golfo de California, es perseguida por el valor de su vejiga natatoria, llamada “buche”. Su comercio ilegal ha atraído a organizaciones criminales. El estudio ECN 19-2025 describe en México dinámicas atribuidas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo: tráfico de especies, control de actividades pesqueras y utilización de rutas compartidas con el narcotráfico. Aunque no habita nuestros mares, la totoaba evidencia el valor que adquieren especies amenazadas para redes transnacionales.

Las fronteras marítimas no detienen estas actividades. Por ellas circulan tripulaciones de distintas nacionalidades, embarcaciones que cruzan jurisdicciones e intermediarios conectados con Centroamérica, México, Estados Unidos y Asia. La presencia de barcos extranjeros en áreas protegidas del Pacífico y el Caribe exige cooperación internacional, intercambio de información y controles portuarios. La nacionalidad no prueba pertenencia criminal.

La dimensión financiera es decisiva. Hay que identificar quién financia las faenas, quién posee las embarcaciones, quién compra las especies y quién recibe las ganancias. Deben investigarse vínculos con contrabando, lavado de activos, extorsión o grupos armados, sin presumir su responsabilidad.

La pesca ilegal se convierte en economía ilícita cuando se organiza como negocio, cruza fronteras y abastece mercados clandestinos. Su convergencia con el narcotráfico puede expresarse en el uso compartido de rutas, embarcaciones y redes comerciales, o en la circulación de ganancias entre actividades criminales. El caso de Tumaco obliga a vigilar esa posibilidad sin exagerar lo que la evidencia demuestra.

La respuesta exige coordinación entre Armada, Fiscalía, Policía, autoridades pesqueras, aduanas e inteligencia financiera; trazabilidad, vigilancia marítima y cooperación internacional. La prioridad es identificar financiadores y beneficiarios, sin criminalizar pescadores.

Proteger el mar es defender soberanía, biodiversidad, seguridad alimentaria y economía legal. Cuando una especie amenazada se convierte en mercancía y una embarcación pesquera coincide con una operación de cocaína, el problema deja de ser exclusivamente ambiental: se convierte en un desafío de seguridad multidimensional hoy.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

La guerra cognitiva y el desafío de las sociedades

Por: Carlos Cotes

Durante mucho tiempo, la guerra se entendió como confrontación entre ejércitos, armas y territorios. Hoy, el poder también se disputa en un escenario menos visible, la mente humana. Allí se desarrolla la guerra cognitiva, un fenómeno que merece atención de los Estados, las Fuerzas Militares y la ciudadanía.

La guerra cognitiva busca influir en cómo las personas perciben los hechos, interpretan la información y toman decisiones. No se limita a difundir noticias falsas, montajes. Puede combinar propaganda, desinformación, operaciones de influencia, manipulación audiovisual y amplificación digital. Sus objetivos pueden ser erosionar la confianza, profundizar divisiones, condicionar comportamientos o debilitar la cohesión social. Puede desarrollarse sin disparar un solo tiro, aunque también acompañar operaciones militares y otras formas de presión propias de la guerra híbrida.

Las redes sociales han multiplicado la velocidad y el alcance de estas acciones. Una imagen fuera de contexto, un audio falso o un video creado con inteligencia artificial pueden circular antes de verificar los hechos. Cuentas coordinadas pueden aparentar un respaldo inexistente y la repetición hacer que una afirmación parezca creíble. Sin embargo, la viralidad no prueba una operación organizada: la intención, la coordinación y el contexto deben investigarse.

La dimensión emocional es decisiva. El miedo puede instalar una sensación de desprotección; la ira, alimentar el rechazo; la frustración, profundizar la percepción de abandono; y la esperanza, presentar a un actor como supuesto salvador. Las emociones influyen en la atención, la memoria y el juicio, pero no anulan la razón. Por eso, la ciudadanía no debe ser tratada como una masa manipulable, tiene criterio y capacidad de contrastar.

En territorios afectados por organizaciones armadas ilegales, el desafío es especialmente complejo. Un grupo que amenaza, extorsiona o ejerce violencia puede intentar presentarse como protector de la comunidad y atribuir al Estado todos los problemas. Selecciona hechos, omite contextos y difunde versiones interesadas para convertir el temor o el silencio en aparente aceptación. Pero una comunidad que calla por miedo no legitima al grupo, así como recibir un servicio bajo presión no significa respaldarlo. La crítica legítima y la protesta social tampoco deben confundirse con acciones hostiles.

Para muchos países,  esta discusión tiene implicaciones concretas. La seguridad no se mide solo por la presencia de la Fuerza Pública o la reducción de delitos. También exige proteger la libertad de las comunidades, la confianza pública y la capacidad de decidir sin intimidación ni engaño. Una narrativa falsa sobre un hecho violento puede aumentar la incertidumbre y dificultar la respuesta institucional.

La respuesta democrática no consiste en censurar opiniones ni imponer una versión oficial. Exige verificar con rigor, comunicar con transparencia, preservar evidencias digitales y explicar qué se sabe y qué sigue bajo investigación. También requiere educación mediática, antes de compartir, hay que revisar fuente, fecha, lugar, contexto y corroboración. Las instituciones deben reconocer errores y rendir cuentas; la confianza no se exige, se construye.

La guerra cognitiva demuestra que la defensa nacional también depende de la calidad del debate público y de la autonomía de pensamiento. Un Estado resiliente no es el que evita toda crítica, sino el que responde a la manipulación con hechos, legalidad y credibilidad. La superioridad estratégica no consiste en controlar lo que piensa la sociedad, sino en fortalecer su capacidad para pensar libremente.

La soberanía también se defiende allí donde se forman las percepciones. Las armas pueden imponer temor y la propaganda intentar fabricar legitimidad; pero una ciudadanía crítica, instituciones transparentes y comunidades libres reducen el terreno fértil para la manipulación. En esta nueva dimensión del conflicto, el primer círculo de defensa es una sociedad capaz de distinguir entre información, opinión y engaño.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

La puerta giratoria; Cuando el civil se convierte en pieza de un GAO

Por: Carlos Cotes

En Colombia, la seguridad enfrenta amenazas que van más allá de los hombres armados, los fusiles y los enfrentamientos en zonas rurales. Una de ellas es la denominada «puerta giratoria»: una expresión utilizada para describir la alternancia entre la vida civil y la participación en actividades de un Grupo Armado Organizado (GAO). Se trata de un fenómeno que exige análisis, inteligencia y respuestas institucionales ajustadas a la ley.

El problema aparece cuando una persona conserva su apariencia de ciudadano común, pero, al mismo tiempo, participa conscientemente en actividades que favorecen a una estructura criminal. Puede ocurrir mediante el suministro de información, el apoyo logístico, el transporte de recursos, la financiación o la colaboración en acciones delictivas. No todos los casos implican portar armas ni permanecer dentro de un campamento.

La complejidad aumenta cuando una persona abandona temporalmente esas actividades, regresa a su entorno cotidiano y posteriormente retoma sus vínculos con la organización. Esta dinámica puede dificultar la identificación de las redes de apoyo, especialmente en territorios donde los grupos ilegales ejercen presión sobre las comunidades, aprovechan las economías ilícitas o intentan controlar la información sobre los movimientos de la Fuerza Pública.

Sin embargo, es indispensable establecer una diferencia: ser civil no significa ser integrante de un GAO. Vivir en una zona de influencia, conocer a uno de sus miembros o mantener contacto con una persona investigada tampoco demuestra, por sí solo, participación criminal. La responsabilidad debe establecerse a partir de hechos verificables, evidencias y procedimientos legales.

Frente a este desafío, la inteligencia debe trascender la identificación de quienes portan armas y avanzar, dentro de sus competencias, en la comprensión de las redes financieras, logísticas y de información que sostienen a estas organizaciones. La coordinación entre Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes resulta fundamental para diferenciar los niveles de participación y orientar las actuaciones correspondientes.

También es necesario fortalecer la prevención, la denuncia segura y la presencia integral del Estado. En comunidades sometidas a amenazas, extorsiones o reclutamiento, muchas personas pueden actuar bajo coacción. Confundir a las víctimas con los colaboradores voluntarios no solo genera injusticias, sino que puede deteriorar la confianza ciudadana y afectar la cooperación con las autoridades.

La respuesta no puede limitarse a capturar individuos aislados. Debe buscar la desarticulación de las capacidades que permiten a los GAO financiarse, obtener información, ejercer control territorial y reproducir sus estructuras. Para ello, se requiere inteligencia judicial, investigación criminal, protección de las comunidades y seguimiento efectivo a los procesos de sometimiento o reincorporación cuando correspondan.

La seguridad democrática y la vigencia del Estado de derecho exigen precisión. La llamada puerta giratoria debe analizarse sin estigmatizaciones, pero también sin ingenuidad. Comprender cómo una estructura armada se relaciona con el entorno civil es esencial para anticipar amenazas, proteger a la población y evitar que la criminalidad se oculte detrás de una apariencia de normalidad.

El verdadero desafío consiste en identificar responsabilidades individuales, desarticular las redes criminales y garantizar que ningún territorio quede sometido a poderes ilegales. La seguridad se fortalece cuando la inteligencia identifica con rigor, la justicia actúa con pruebas y el Estado protege efectivamente a sus ciudadanos.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Cisne gris, la amenaza que la seguridad no puede seguir ignorando

Por: Carlos Cotes

En seguridad y defensa, los mayores riesgos no siempre provienen de acontecimientos imprevisibles. Algunos se anuncian mediante señales, antecedentes y cambios en las capacidades de los actores armados, pero las instituciones no siempre reaccionan con la anticipación necesaria. Para comprender esta realidad resulta útil el concepto de cisne gris: un acontecimiento de alto impacto cuya ocurrencia es difícil de precisar, pero cuya posibilidad puede identificarse y frente al cual es posible prepararse.

La expresión se relaciona con la literatura sobre riesgos extremos y se distingue de la teoría del cisne negro, popularizado por Nassim Nicholas Taleb, que describe acontecimientos de muy difícil anticipación y consecuencias extraordinarias. El cisne gris, en cambio, permite reconocer amenazas plausibles que, pese a su incertidumbre, pueden analizarse y gestionarse mediante inteligencia, planeación y prevención.

En el contexto colombiano, el empleo de drones cargados con explosivos contra estaciones de Policía, unidades militares y otros objetivos, con riesgos para la población civil, obliga a examinar esta categoría desde una perspectiva estratégica. La incorporación de estos sistemas a las capacidades ofensivas de grupos armados ilegales modifica las condiciones tradicionales de protección de las instalaciones y plantea desafíos tecnológicos, operacionales e institucionales.

El problema no radica únicamente en la existencia de drones con capacidad ofensiva. También preocupa la velocidad con la que evoluciona esta amenaza frente a las capacidades disponibles para detectarla, identificarla y neutralizarla. Cuando las instituciones carecen de sistemas suficientes, interoperabilidad, protocolos adecuados o personal entrenado, una amenaza conocida puede convertirse en una crisis de consecuencias superiores a las previstas.

Aquí aparece la relación con el cisne gris. No necesariamente es inesperado que ocurra otro ataque cuando existen antecedentes de esta modalidad. Lo incierto es cuándo sucederá, dónde, con qué intensidad y cuáles serán sus consecuencias. Una eventual expansión territorial, la concurrencia de varios ataques o la afectación simultánea de instalaciones y población civil constituyen escenarios que deben incorporarse a la planeación, sin presentarlos como acontecimientos inevitables.

La lección es contundente, la incertidumbre sobre el próximo ataque no significa desconocimiento de la amenaza. Si existen antecedentes y señales que permiten reconocer el riesgo, la preparación institucional no puede depender exclusivamente de la ocurrencia de nuevos hechos.

La respuesta tampoco puede reducirse a comprar equipos antidrones. Se requiere una capacidad integral que articule detección temprana, identificación, protección física, medios de respuesta, comunicaciones seguras, capacitación y coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades territoriales. Cada tecnología debe evaluarse según su función, eficacia, interoperabilidad, sostenibilidad y condiciones legales de empleo.

Igualmente, es indispensable fortalecer la inteligencia y la evaluación de vulnerabilidades, establecer protocolos para proteger a la población civil y desarrollar ejercicios que permitan medir la capacidad de respuesta ante emergencias simultáneas. La planeación debe contemplar no solamente el ataque, sino también sus efectos sobre la continuidad operativa, los servicios esenciales y la confianza ciudadana.

En el concepto de cisne gris, las amenazas conocidas pueden adquirir dimensiones extraordinarias cuando se subestiman, se aplazan las inversiones necesarias o se mantienen brechas de preparación que ya han sido identificadas.

Colombia necesita avanzar hacia una seguridad que combine reacción y anticipación, inteligencia y tecnología, prevención y resiliencia. No es posible eliminar toda incertidumbre, pero sí reducir vulnerabilidades y preparar a las instituciones para responder con mayor eficacia.

En definitiva, el desafío no consiste en adivinar cuándo aparecerá el próximo dron, sino en evitar que su aparición encuentre al Estado sin las capacidades necesarias para proteger la vida y preservar la seguridad. El cisne gris no exige predecir el futuro: exige reconocer los riesgos plausibles y prepararse antes de que sus consecuencias sean irreversibles.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Fronteras invisibles, Porque algunas ciudades están divididas por el miedo?

Por Carlos Cotes Maya

Hay ciudades en muchos lugares del mundo donde las fronteras no están marcadas en los mapas, pero todos saben dónde comienzan y dónde terminan. No las construyen las autoridades ni las define la geografía: las imponen los grupos delincuenciales, o las pandillas,  mediante amenazas, intimidación y violencia. Son las llamadas fronteras invisibles, una de las expresiones más preocupantes del control criminal sobre la vida urbana.

Detrás de cada frontera invisible hay una comunidad sometida al miedo. Una calle que deja de transitarse, un joven que no puede visitar a sus amigos en otro barrio, un estudiante que modifica su recorrido y un comerciante que debe someterse a las condiciones de quienes pretenden ejercer autoridad sobre un territorio que no les pertenece.

Estas fronteras no son simples disputas entre delincuentes. Constituyen una forma de dominación territorial que busca controlar economías ilícitas, restringir la movilidad y someter a la población. Cuando una estructura criminal decide quién puede circular por determinado sector, está desafiando directamente la autoridad legítima del Estado.

¿Cómo recuperar esos territorios?

La respuesta no puede reducirse a operativos policiales esporádicos ni a intervenciones que desaparecen cuando disminuye la presión criminal. Se necesita una estrategia integral, sostenida y coordinada, que combine presencia institucional, inteligencia, investigación judicial, prevención y recuperación del espacio público.

Las autoridades debe garantizar condiciones de seguridad y movilidad; la Fiscalía debe avanzar en la investigación y judicialización de los responsables; y las administraciones territoriales deben liderar acciones que permitan recuperar parques, calles, canchas y entornos comunitarios. La intervención debe proteger a las víctimas, fortalecer la denuncia segura y evitar que las estructuras criminales reconstruyan su dominio.

Pero la seguridad también exige prevenir. Los niños y jóvenes necesitan oportunidades educativas, deportivas, culturales y laborales que reduzcan su exposición al reclutamiento y la instrumentalización criminal. La inversión social no sustituye la acción de la autoridad: la complementa y contribuye a su sostenibilidad.

Hay, además, una advertencia que no debemos ignorar: menos homicidios no siempre significa menos control criminal. Una organización puede dejar de enfrentarse con sus rivales y continuar imponiendo sus reglas mediante el miedo. Por eso, el éxito debe medirse por la libertad efectiva de circulación, la reducción de amenazas y extorsiones, la recuperación de los espacios públicos y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

En ciudades como intermedias este desafío exige decisiones basadas en información verificable, coordinación interinstitucional y seguimiento permanente. No basta con intervenir un barrio; hay que impedir que el problema se desplace a otro sector y garantizar que la comunidad recupere su tranquilidad.

La verdadera recuperación territorial ocurre cuando un ciudadano puede cruzar una calle sin temor, cuando un niño puede jugar en un parque sin quedar atrapado en disputas criminales y cuando un comerciante puede trabajar sin pagar tributo a quienes pretenden gobernar mediante la intimidación.

Una ciudad no puede aceptar que sus calles tengan dueños ilegales. Las fronteras invisibles deben desaparecer no solamente de los recorridos de sus habitantes, sino también de las relaciones de poder que permiten a los delincuentes controlar sus vidas.

Porque recuperar el territorio no es únicamente una tarea policial: es restablecer la libertad, la autoridad legítima y la dignidad de la ciudadanía. Y en esa misión, el Estado no puede aparecer de manera ocasional. Debe estar presente, actuar con determinación y permanecer.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Departamento del Cesar, un territorio pujante con vocación de grandeza

Por: Carlos Cotes Maya

El departamento del Cesar es una tierra de oportunidades, grandeza y esperanza. Un territorio pujante, extenso y diverso, donde la riqueza natural se funde con la historia, la cultura, el trabajo de su gente y la determinación de construir un futuro de progreso. Hablar del Cesar es hablar de identidad, de tradición, de emprendimiento y de una región que tiene todo para consolidarse como protagonista del desarrollo nacional.

Sus 25 municipios conforman un mosaico extraordinario de paisajes, costumbres y vocaciones productivas. Desde su Capital pasando por sus pueblos del norte, centro y sur, el Cesar representa la fuerza de una población trabajadora que, con esfuerzo y perseverancia, transforma sus dificultades en oportunidades. Cada municipio tiene una historia que contar, una riqueza que proteger y un potencial que merece ser aprovechado.

Su ubicación geográfica constituye una ventaja estratégica. El Cesar limita con La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander y el sur de Bolívar, convirtiéndose en un territorio de conexión entre regiones, mercados y culturas. Sus corredores viales, su posición estratégica y sus posibilidades logísticas ofrecen oportunidades para fortalecer el comercio, atraer inversiones, dinamizar el turismo y consolidar nuevas apuestas económicas.

La riqueza natural del departamento es sencillamente extraordinaria. La Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del Perijá, los ríos, las ciénagas y los fértiles valles conforman un patrimonio ambiental invaluable. Esta diversidad representa una oportunidad para impulsar el ecoturismo, la producción agropecuaria sostenible y la conservación de los ecosistemas, entendiendo que el desarrollo verdadero debe avanzar de la mano de la protección de la naturaleza.

El Cesar también es música, folclor y memoria. Es la tierra del vallenato, expresión cultural que identifica a Colombia ante el mundo. Sus juglares, compositores y acordeoneros han convertido sus historias en patrimonio vivo. A ello se suman sus tradiciones campesinas, su gastronomía, sus festividades y la calidez de una población orgullosa de sus raíces.

Valledupar, su capital, merece un reconocimiento especial. En las últimas décadas ha experimentado una transformación urbana, comercial, educativa y de servicios que fortalece su papel como centro regional. Su crecimiento, la expansión de su infraestructura, la actividad empresarial y su proyección turística evidencian una ciudad que busca nuevas oportunidades. El Festival de la Leyenda Vallenata, además de preservar una tradición invaluable, impulsa la economía, genera empleo y proyecta internacionalmente su identidad cultural.

La grandeza del Cesar no se mide únicamente por el crecimiento de su capital, sino también por la capacidad de sus 25 municipios para avanzar juntos, reducir brechas y ofrecer mejores condiciones de vida a sus habitantes.

El Cesar tiene territorio, talento, cultura, recursos y una ubicación privilegiada. Su mayor riqueza, sin duda, es su gente.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Ciberreclutamiento, la amenaza criminal que avanza desde las pantallas

Por: Carlos Cotes

La delincuencia ya no necesita tocar la puerta de una casa para acercarse a sus víctimas. Hoy puede hacerlo desde un teléfono celular, una red social o un videojuego en línea. Detrás de una conversación aparentemente inofensiva puede esconderse una estrategia de engaño, manipulación y captación. Este fenómeno se conoce como ciberreclutamiento y representa un desafío creciente para la seguridad ciudadana y la seguridad nacional.

El ciberreclutamiento consiste en utilizar internet y las plataformas digitales para identificar, contactar y convencer a personas de participar en actividades de organizaciones criminales, grupos armados ilegales o redes dedicadas a cometer delitos. Sus principales víctimas pueden ser niños, niñas, adolescentes y jóvenes que enfrentan dificultades económicas, falta de oportunidades, conflictos familiares o necesidades de reconocimiento y pertenencia.

La estrategia suele comenzar con una oferta atractiva: dinero fácil, un supuesto empleo, regalos, amistad o promesas de una vida mejor. Después aparece la confianza, seguida de la presión, la manipulación o las amenazas. Cuando la víctima comprende el verdadero propósito del contacto, puede encontrarse atrapada en una relación difícil de romper.

El peligro no termina en el reclutamiento para combatir con un grupo armado. También puede incluir labores de vigilancia, transporte de información, difusión de propaganda, extorsión, fraude digital y otras actividades criminales. De esta manera, las organizaciones ilegales encuentran una herramienta para ampliar su influencia, utilizar personas vulnerables y desarrollar capacidades sin necesidad de establecer un contacto físico inicial.

En Colombia, esta amenaza merece especial atención. Los grupos armados ilegales y las redes criminales pueden aprovechar las plataformas digitales para acercarse a comunidades, identificar posibles colaboradores y explotar las necesidades de la población. Por eso, el ciberreclutamiento debe entenderse como un problema que conecta la seguridad digital con la protección de la niñez, la convivencia ciudadana y el control territorial.

Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a las operaciones de la Fuerza Pública. Se necesita una acción coordinada entre el Estado, las familias, los colegios, las autoridades territoriales y las empresas tecnológicas. La prevención exige educación digital, orientación a padres y docentes, canales de denuncia accesibles y atención oportuna a las víctimas.

También es necesario fortalecer las capacidades institucionales para detectar patrones de captación, investigar las conductas delictivas y preservar las evidencias digitales, siempre dentro del marco legal y con respeto por los derechos fundamentales.

La señal de alerta puede estar en una oferta laboral demasiado buena para ser cierta, una persona desconocida que solicita información privada o alguien que insiste en mantener conversaciones secretas. La prevención comienza cuando la sociedad aprende a reconocer estos riesgos y actúa oportunamente.

La seguridad del siglo XXI no se libra únicamente en las calles, las carreteras o los territorios disputados. También se construye en el espacio digital, donde la prevención puede evitar que una pantalla se convierta en la puerta de entrada a una organización criminal.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Reciclaje criminal; cambia la organización, permanece la amenaza.

Colombia ha aprendido que la desaparición formal de una estructura armada no siempre significa el fin de las capacidades. Después de la desmovilización de las AUC, el país observó la aparición de grupos posdesmovilización, procesos de rearme, fragmentación y continuidad de economías ilegales. El CNMH Centro Nacional de Memoria Histórica,  ha documentado trayectorias y continuidades. Esta experiencia permite comprender un concepto que merece mayor atención en el análisis de seguridad, el reciclaje criminal.

El reciclaje criminal ocurre cuando personas, conocimientos, redes, recursos, infraestructura, contactos, métodos o rentas vinculadas a una estructura ilícita son reutilizados o transferidos hacia nuevas configuraciones criminales. No significa que una organización sea idéntica bajo otro nombre, parte de su capital criminal puede sobrevivir a la transformación de la estructura. Un exintegrante puede aportar experiencia; una ruta puede continuar siendo utilizada; una red de colaboradores puede cambiar de jefe; una economía ilegal puede conservar sus operadores. La amenaza se adapta.

El proceso de las FARC ofrece otra referencia para estudiar esta dinámica, aunque su naturaleza histórica y jurídica es distinta. Tras el Acuerdo Final de 2016, la gran mayoría de los exintegrantes acreditados avanzó hacia la reincorporación. Sin embargo, algunos actores no ingresaron al proceso o posteriormente retomaron las armas, dando lugar a distintas estructuras disidentes y reconfiguradas. En algunos territorios se reutilizaron experiencia armada, conocimiento geográfico, redes y capacidades. Por eso, más que asumir que toda disidencia es simplemente una continuación de las FARC, resulta más preciso estudiar qué elementos fueron heredados, cuáles fueron incorporados posteriormente y cómo se transformaron.

El reciclaje criminal es clave para la inteligencia. Una operación puede afectar una organización sin destruir el ecosistema que sostiene sus actividades. Por eso, además de contar capturas, bajas o incautaciones, es necesario observar qué ocurre después, quién ocupa el territorio, quién administra las rentas, qué rutas permanecen activas, qué actores migran, qué redes sobreviven y qué capacidades son absorbidas por otros grupos. Esta perspectiva permite diferenciar una verdadera reducción de la amenaza de una simple sustitución de actores. El centro del análisis deja de ser solamente el nombre del grupo y pasa a ser la capacidad criminal.

Esta mirada debe incorporarse a las estrategias de seguridad y estabilización territorial. Cada desmovilización, desarticulación o golpe operacional debe ser seguido por una evaluación de continuidad, personas, redes, economías, logística, territorio y capacidad de violencia. El objetivo no debe ser únicamente derrotar una organización, sino impedir que sus capacidades sean recicladas por otra. Esa es una clave para comprender la resiliencia criminal: las estructuras pueden desaparecer, fragmentarse o cambiar de denominación, pero si las rentas, las redes y las capacidades permanecen disponibles, el fenómeno puede reconstruirse. Combatir el reciclaje criminal exige, por tanto, atacar al actor y al ecosistema que permite su reproducción real.

Rebelocracia, cuando el crimen pretende gobernar

Por: Carlos Cotes

La amenaza de las organizaciones armadas ilegales en Colombia ha evolucionado. Ya no se limita a la confrontación armada, el narcotráfico, la extorsión o el control de corredores estratégicos. En determinados territorios, estas estructuras han desarrollado mecanismos de autoridad que les permiten regular la vida de las comunidades, imponer normas y disputar al Estado su capacidad de gobernar. Este fenómeno puede analizarse desde el concepto de rebelocracia.

La rebelocracia, un término que me gusta y me llama mucho la atención, fue creado e investigado por la doctora y escritora Ana Arjona; la investigadora,  describe el ejercicio de poder por organizaciones insurgentes que establecen órdenes políticos y sociales paralelos. Cuando este ejercicio se articula con economías ilícitas, coerción, extorsión y control social, adquiere características propias de la gobernanza criminal.

El fenómeno es particularmente preocupante porque el grupo armado deja de ser exclusivamente un actor de confrontación para convertirse en una autoridad de facto. Decide quién puede movilizarse, impone restricciones, resuelve conflictos mediante mecanismos ilegítimos, establece sanciones y condiciona las actividades económicas. En algunos escenarios, la población termina sometida a una doble institucionalidad: la del Estado, que conserva la legitimidad jurídica, y la del actor armado, que impone obediencia mediante la intimidación.

Esta transformación representa un desafío superior al de la simple presencia armada. La organización criminal busca controlar no solamente el territorio físico, sino también las relaciones sociales, los liderazgos comunitarios y las decisiones cotidianas de sus habitantes. Su poder se sostiene mediante una combinación de violencia, dependencia económica, intimidación y, en ocasiones, aceptación social inducida.

El riesgo estratégico consiste en que la ausencia o debilidad institucional facilite la consolidación de órdenes paralelos. Allí donde la justicia no llega oportunamente, la respuesta estatal es insuficiente y las oportunidades económicas son limitadas, las estructuras ilegales encuentran condiciones para ampliar su influencia.

Contrarrestar la rebelocracia exige mucho más que operaciones militares o capturas. Requiere inteligencia estratégica, investigación criminal, judicialización de las redes financieras, recuperación de la autoridad institucional y presencia permanente del Estado. La Fuerza Pública debe actuar articuladamente con la Fiscalía, las autoridades territoriales y las entidades responsables de la inversión social.

La recuperación territorial no puede medirse únicamente por la reducción de enfrentamientos o la incautación de armas. También debe evaluarse por la capacidad de las instituciones para garantizar justicia, proteger a los ciudadanos y restablecer la confianza pública.

El verdadero desafío de la seguridad nacional no es solamente derrotar estructuras armadas, sino impedir que estas se conviertan en administradoras de la vida de los ciudadanos.

Cuando una organización criminal impone las reglas, administra el miedo y decide sobre la población, el problema deja de ser exclusivamente de orden público: se convierte en una disputa por la autoridad del Estado.

Gobernanza criminal en cárceles, cuando las rejas no detienen el delito

                                                                       Por: Carlos Andrés Cotes Maya

Una cárcel debe representar la materialización de la justicia y la autoridad legítima del Estado. Sin embargo, cuando una organización criminal conserva la capacidad de impartir órdenes, administrar economías ilegales, intimidar ciudadanos y coordinar actividades delictivas desde un establecimiento penitenciario, estamos ante una realidad que trasciende el problema carcelario, estamos frente a una manifestación de gobernanza criminal.

Este fenómeno merece una discusión de fondo. No se trata únicamente de personas privadas de la libertad que continúan delinquiendo, sino de estructuras que han desarrollado mecanismos de autoridad paralela, capaces de mantener relaciones de subordinación, imponer reglas y proyectar su influencia sobre territorios y comunidades.

Desde las cárceles pueden conservarse vínculos con redes externas dedicadas a la extorsión, el homicidio, el secuestro, el tráfico de estupefacientes, las amenazas, el concierto para delinquir y otras economías ilegales. En determinados escenarios, el establecimiento penitenciario deja de ser exclusivamente un lugar de reclusión y se convierte en un nodo de articulación criminal.

Uno de los instrumentos que facilita esta continuidad delictiva es el uso ilegal de teléfonos celulares. Lo que para cualquier ciudadano representa un medio ordinario de comunicación, para una estructura criminal puede constituir un mecanismo de coordinación, intimidación y continuidad de sus actividades ilícitas. Por ello, el ingreso de dispositivos, tarjetas SIM, estupefacientes y otros elementos prohibidos no puede entenderse como una simple infracción disciplinaria, puede comprometer directamente la seguridad ciudadana.

Pero existe una dimensión todavía más preocupante: las amenazas contra los funcionarios encargados de la custodia y sus familias. Se han conocido denuncias sobre personas cercanas a internos peligrosos que intimidan a los guardianes, amenazando con atentar contra sus hijos, parejas o familiares si no permiten el ingreso de elementos prohibidos.

Esta modalidad de presión constituye una forma de coerción criminal extramural. El objetivo no es solamente vulnerar un procedimiento de seguridad, sino someter la voluntad de un servidor público mediante el miedo. Cuando una organización criminal pretende convertir la protección de la familia de un funcionario en un instrumento de negociación, está atacando directamente la autoridad institucional.

En este escenario, los traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia establecimientos penitenciarios de otras regiones del país representan una intervención sobre las relaciones de poder y las redes de influencia criminal. El propósito estratégico es interrumpir vínculos territoriales, reducir la capacidad de dirección de determinados cabecillas y dificultar la continuidad de sus actividades delictivas.

A esta medida se suma la implementación de sistemas de inhibición de señal celular. Su importancia radica en restringir las comunicaciones no autorizadas que pueden facilitar extorsiones y otras conductas criminales. Sin embargo, la tecnología debe aplicarse con precisión, el bloqueo no puede afectar las comunicaciones legítimas de los barrios y comunidades que rodean los establecimientos. 

No obstante, sería equivocado pensar que trasladar cabecillas e instalar inhibidores resuelve por sí solo el problema. La gobernanza criminal no depende exclusivamente de un teléfono o de la presencia física de un líder. También se sostiene mediante redes externas, economías ilegales, mecanismos de intimidación, corrupción y estructuras de subordinación.

La respuesta debe ser integral, inteligencia criminal, investigación patrimonial, judicialización de las redes externas, controles contra la corrupción, protección de funcionarios amenazados y coordinación efectiva entre las autoridades judiciales, policiales y de seguridad. Igualmente, es necesario evaluar si las estructuras criminales pierden realmente su capacidad de actuación después de cada intervención.

La resocialización y el respeto por los derechos fundamentales deben mantenerse como obligaciones del Estado. Pero garantizar derechos no significa tolerar que se utilicen las condiciones de reclusión para continuar afectando la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.

El éxito de una política de seguridad penitenciaria no debe medirse únicamente por el número de traslados, celulares incautados o dispositivos tecnológicos instalados. Debe medirse por la reducción efectiva de las extorsiones, las amenazas, la continuidad de las redes delictivas y la recuperación de la autoridad legítima dentro de los establecimientos.

Se necesita comprender que la seguridad no termina en los muros de una prisión. Allí también se libra una disputa por el control, la legalidad y la autoridad del Estado.

Una cárcel no puede ser una oficina de operaciones del crimen organizado. Cuando un delincuente logra gobernar desde una celda, no solamente desafía al sistema de justicia, desafía la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

 

Manejo de masas, una estrategia de las estructuras criminales

POR: CARLOS COTES

En la evolución del conflicto armado colombiano, los Grupos Armados Organizados (GAO) han comprendido que el control de un territorio no depende exclusivamente de su capacidad militar. La influencia sobre la población constituye un factor determinante para consolidar su presencia, obtener legitimidad, limitar la acción del Estado y fortalecer sus estructuras. En este contexto, las denominadas actividades de manejo de masas representan una estrategia orientada a incidir en el comportamiento colectivo mediante mecanismos políticos, sociales, comunicacionales y de propaganda.

Actualmente, estas actividades son desarrolladas principalmente por simpatizantes urbanos de los GAO, grupos  encargados de ejecutar acciones de influencia en los centros poblados. Su función consiste en establecer redes de apoyo, recopilar información, desarrollar campañas de propaganda, identificar líderes sociales y aprovechar escenarios de inconformidad ciudadana para promover narrativas afines a sus intereses estratégicos. Estas estructuras buscan generar un ambiente favorable para la organización, debilitando la confianza en las instituciones y fortaleciendo su capacidad de incidencia en la opinión pública.

Entre las modalidades más recurrentes se encuentran la difusión de propaganda física y digital, la convocatoria o el intento de influencia en movilizaciones sociales, el acercamiento a organizaciones comunitarias, estudiantiles, sindicales o campesinas, así como el desarrollo de acciones de carácter político-organizativo dirigidas a ampliar su base social. De igual manera, las actividades de manejo de masas pueden ser utilizadas por las células urbanas de los Grupos Armados Organizados para facilitar la planeación, preparación y ejecución de atentados y otras acciones terroristas, mediante labores de inteligencia sobre posibles objetivos, identificación de vulnerabilidades, obtención de apoyo logístico, ocultamiento de integrantes y generación de escenarios que distraigan o dificulten la capacidad de reacción de las autoridades.

No obstante, resulta indispensable precisar que la existencia de una protesta o manifestación ciudadana no constituye, por sí misma, evidencia de la participación de un Grupo Armado Organizado. La protesta pacífica es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política de Colombia y hace parte de los mecanismos democráticos de participación ciudadana. Cualquier afirmación sobre infiltración o instrumentalización por parte de estructuras ilegales debe sustentarse en información de inteligencia debidamente corroborada, investigaciones judiciales o evidencia objetiva y verificable.

Desde la perspectiva de la seguridad y la defensa, el principal desafío consiste en identificar oportunamente las acciones de las células urbanas de los GAO sin afectar el ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos. Ello exige fortalecer las capacidades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal, así como la coordinación entre las autoridades civiles, la Fuerza Pública y los organismos de seguridad.

Comprender el manejo de masas como una herramienta estratégica de los Grupos Armados Organizados permite diseñar respuestas integrales que no se limiten al componente operativo. La presencia institucional, la comunicación estratégica, la prevención, el fortalecimiento del tejido social y la confianza ciudadana son factores esenciales para reducir los espacios de influencia de estas organizaciones y preservar la gobernabilidad democrática en los territorios.

EL ICEBERG DE LA CRIMINALIDAD, LO QUE VEMOS ES SOLO LA PUNTA

                                                                    Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Cuando se habla de criminalidad, la atención pública suele concentrarse en aquello que aparece en las estadísticas y en los titulares: homicidios, secuestros, extorsiones, atentados, capturas, enfrentamientos y otros hechos que pueden ser registrados y contabilizados. Sin embargo, detrás de cada cifra puede existir una realidad mucho más amplia. Para comprenderla resulta útil recurrir a una imagen: el iceberg de la criminalidad..

Un iceberg muestra apenas una pequeña parte sobre la superficie, mientras la mayor parte permanece sumergida. Algo similar ocurre con el crimen organizado y las estructuras armadas. La punta representa los hechos criminales visibles; debajo se encuentra una compleja red de personas, recursos, relaciones, economías ilegales, capacidades logísticas y mecanismos de control que permiten que esos delitos ocurran, se financien y se reproduzcan.

En la superficie están los delitos que podemos contar. Podemos saber cuántos homicidios, extorsiones, atentados o capturas se registraron. Son indicadores indispensables para medir la seguridad y orientar decisiones. Pero las cifras visibles no siempre revelan la dimensión real de la amenaza. Un homicidio puede ser un dato estadístico y, al mismo tiempo, la expresión final de una estructura que lleva meses construyendo capacidades en un territorio.

Por debajo de esa superficie aparece el verdadero entramado. Allí están las organizaciones de masas, redes de apoyo, colaboradores, informantes y facilitadores. Esto no significa que toda persona de un entorno social sea delincuente. El análisis debe diferenciar a la población civil de quienes cumplen funciones dentro de una organización, mediante inteligencia, investigación y evidencia.

También se encuentra la estructura logística. Ninguna organización criminal funciona únicamente con hombres armados. Necesita movilidad, abastecimiento, comunicaciones, alojamiento, transporte, ocultamiento y recursos económicos. La logística es el sistema circulatorio de la criminalidad. Si permanece intacta, una organización puede reemplazar integrantes, mantener operaciones y adaptarse después de golpes contra sus componentes visibles.

Otro componente especialmente grave es el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Un menor puede ser empleado para vigilancia, mensajería, transporte, inteligencia, apoyo logístico o actividades violentas. Por eso, enfrentar el reclutamiento exige proteger al menor, pero también identificar y desarticular las redes que lo captan, instrumentalizan y sustituyen.

Más abajo aparece la economía criminal. Detrás de muchas estructuras existen ingresos provenientes de extorsiones, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, tráfico de mercancías, lavado de activos y otras rentas ilícitas. Esta economía permite comprar recursos, pagar colaboradores, movilizar integrantes, sostener redes logísticas y financiar nuevas actividades. Por eso, afectar solamente al ejecutor material puede producir un resultado inmediato, pero no necesariamente altera la capacidad de la organización.

Existe otra dimensión: el control territorial y social. Una organización no necesita ejercer violencia todos los días para controlar un territorio. Puede imponer restricciones, establecer horarios, vigilar comunidades, amenazar comerciantes, controlar corredores, regular actividades económicas o decidir quién puede movilizarse. Cuando esto ocurre, el problema deja de ser únicamente delincuencia y adquiere características de control territorial criminal.

Esta mirada obliga a cambiar la pregunta. No basta con preguntar cuántos homicidios ocurrieron o cuántas capturas se realizaron. Hay que preguntar qué estructura produce esos homicidios, cómo se financia, quién la abastece, qué corredores utiliza, cómo mueve sus recursos, quién lava sus ganancias, cómo recluta, qué mercados controla y qué redes le permiten sobrevivir. La seguridad efectiva comienza cuando el Estado deja de perseguir solamente los efectos e interviene las capacidades que los producen.

Por eso, la respuesta debe ser integral. La inteligencia debe identificar estructuras, relaciones y patrones. La investigación criminal debe seguir el dinero y establecer responsabilidades. Las autoridades deben recuperar corredores estratégicos y fortalecer el control territorial. La protección de niños, niñas y adolescentes debe impedir que sean convertidos en instrumentos de las organizaciones. La acción institucional debe llegar a los territorios donde la criminalidad intenta llenar vacíos, imponer reglas o construir legitimidad.

Una estructura puede reducir temporalmente sus acciones, cambiar de modalidad o sustituir integrantes sin perder sus capacidades esenciales. Los verdaderos resultados deben observarse también en la pérdida de corredores, fuentes de financiación, redes logísticas, capacidad de reclutamiento, control territorial y posibilidad de reorganización.

El iceberg de la criminalidad nos recuerda que la violencia visible es solamente una parte del fenómeno. La punta puede contarse; lo sumergido debe descubrirse mediante inteligencia e investigación. Allí se encuentra buena parte de la capacidad que permite que el delito se reproduzca.

Combatir la criminalidad no significa únicamente responder al homicidio, al atentado o a la extorsión cuando ya ocurrieron. Significa intervenir la estructura que los hace posibles. Si se golpea solamente la punta, el iceberg permanece. Si se afecta su base financiera, logística, territorial, social y de reclutamiento, se empieza a reducir su capacidad de reproducción.

La seguridad moderna exige mirar debajo de la superficie. Cada delito visible debe conducir a nuevas preguntas sobre la estructura que existe detrás. Porque detrás de una cifra puede haber una organización; detrás de una organización puede existir una economía; y detrás de esa economía puede encontrarse un sistema de control territorial. El verdadero desafío no es solamente contar el crimen, sino comprenderlo, anticiparlo y desarticular las condiciones que permiten su permanencia.

Cuando se asfixian las economías ilegales, se debilitan los grupos armados

                                                          

                                                                   Por: Carlos Andrés Cotes Maya, Experto y Especialista en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Las economías ilegales son mucho más que una fuente de dinero para los grupos armados. Son el combustible que permite sostener su estructura militar, comprar armas y municiones, pagar a sus integrantes, movilizar hombres, corromper funcionarios, financiar redes logísticas y, sobre todo, ampliar y mantener el control territorial. Por eso, enfrentar estas rentas debe ser una prioridad dentro de cualquier estrategia seria de seguridad y defensa.

Cuando el Estado logra afectar de manera sostenida las economías ilícitas, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, el tráfico de combustible, el secuestro y otras actividades criminales, el impacto no necesariamente se observa de inmediato en las estadísticas de violencia. Pero comienza a producirse una transformación silenciosa dentro de las organizaciones armadas: el dinero empieza a escasear.

Y cuando falta dinero, todo se complica.

Un grupo armado necesita recursos permanentes para mantener una estructura que funciona casi como una organización empresarial criminal. Hay que pagar a quienes combaten, garantizar alimentación, transporte, comunicaciones, inteligencia, logística y armamento. También se requieren recursos para reclutar nuevos integrantes y establecer redes de apoyo en los territorios.

La reducción de las rentas ilegales puede generar entonces un efecto estratégico: disminuye la capacidad de las organizaciones para sostener su aparato armado. Si no pueden pagar la “nómina” de sus combatientes, aumenta el riesgo de deserciones, disputas internas y pérdida de cohesión. Si no pueden comprar armas y municiones, su capacidad ofensiva disminuye. Y si los ingresos ya no alcanzan para financiar nuevos hombres, vehículos, comunicaciones o logística, se limita su posibilidad de expandirse hacia nuevos territorios.

Pero existe una advertencia fundamental: asfixiar una economía ilegal no significa que el grupo armado desaparecerá automáticamente. Los actores criminales son adaptativos. Cuando una renta comienza a disminuir, buscarán otra. Pueden migrar hacia la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de combustible, el hurto de mercancías o cualquier otra actividad que les permita recuperar flujo de caja.

Por eso, la lucha contra las economías ilegales debe ser integral. No basta con capturar integrantes o realizar operaciones militares y policiales aisladas. Hay que identificar quién controla la renta, quién la administra, quién lava el dinero, qué rutas utiliza, qué bienes adquiere y qué redes de corrupción permiten que el negocio continúe.

La verdadera disputa por la seguridad también es una disputa por las finanzas criminales. Un grupo armado sin territorio, sin hombres y sin armas es una amenaza diferente a una organización con recursos suficientes para financiar una guerra prolongada.

Asfixiar sus economías no es simplemente quitarles dinero. Es reducir su capacidad para ejercer violencia, controlar poblaciones y disputar territorios. Y allí está una de las claves de una política de seguridad eficaz: golpear simultáneamente la capacidad armada y el músculo financiero de las organizaciones criminales, mientras el Estado ocupa con institucionalidad los espacios que estas dejan vacíos.

Carlos Andrés Cotes Maya | Cale |Trayectoria profesional en Seguridad, Defensa y Administración Pública

Carlos Andrés Cotes Maya, nacido en Valledupar, Cesar,  es un profesional colombiano con una trayectoria de más de dos décadas vinculada a la administración pública, la seguridad ciudadana, la defensa, el liderazgo nacional, territorial y la representación política.

Administrador Financiero y de Sistemas, especialista en Gerencia Pública y en Política de Defensa y Seguridad Internacional de la Universidad Externado de Colombia, ha construido un perfil profesional que integra la gestión pública con el conocimiento especializado en seguridad y defensa. Actualmente adelanta estudios de Ciberseguridad y formación ejecutiva internacional en seguridad y combate contra el crimen organizado transnacional.

Su trayectoria se ha caracterizado por asumir responsabilidades en escenarios donde convergen la gestión institucional, la seguridad ciudadana, defensa nacional, el orden público y la coordinación interinstitucional, desarrollando una visión integral sobre los desafíos que enfrenta el Estado en materia de protección de las comunidades y preservación de la seguridad.

Una trayectoria al servicio de lo público

Cotes Maya ha desempeñado diferentes responsabilidades en el sector público. Fue concejal de Valledupar, ejerció la Presidencia del Concejo Municipal de Valledupar durante 2013 y posteriormente ocupó la Vicepresidencia de la corporación. También se desempeñó como secretario de Gobierno del Departamento del Cesar y como líder financiero del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en el 2021.

En su experiencia territorial ha estado vinculado a procesos de fortalecimiento institucional, seguridad ciudadana, convivencia y gestión pública, participando en escenarios de coordinación con autoridades civiles, Policía Nacional, Fuerzas Militares, organismos de inteligencia y entidades de la administración de justicia.

Se ha desempeñado como asesor en seguridad ciudadana de la Gobernación del Cesar, desde donde participa en la formulación, articulación y seguimiento de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y la capacidad institucional de respuesta frente a las amenazas que afectan al departamento.

Seguridad y defensa: una especialización construida desde la experiencia.

Uno de los principales componentes de su trayectoria es su formación y experiencia en seguridad y defensa.

Es Teniente Coronel Profesional Oficial de Reserva del Ejército Nacional de Colombia. En 2021 ejerció como comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 10 “Cacique Upar”, experiencia que fortaleció su conocimiento de la organización, planeación y conducción institucional en el ámbito militar.

Su formación incluye cursos y programas relacionados con inteligencia táctica militar, Operaciones Psicológicas (OPSIC), gestión del riesgo de desastres, sistemas de videovigilancia CCTV, manejo de crisis y seguridad, entre otras áreas.

Esta combinación entre experiencia civil, administración pública y formación militar le ha permitido desarrollar una perspectiva multidimensional de la seguridad, entendida no solamente desde la respuesta operacional, sino también desde la prevención, la inteligencia, la tecnología, la articulación institucional y la participación comunitaria.

Formación internacional: Israel y Brasil

Su formación profesional también ha tenido una importante dimensión internacional.

En Israel, durante 2023, fue beneficiario de una beca otorgada por el Gobierno de Israel para participar en programas de formación relacionados con proyectos municipales de seguridad ciudadana en Beit Berl College–Histadrut, en Kfar Saba, así como en Tel-Hai College, en Kiryat Shmona.

Durante esta experiencia estudió modelos relacionados con seguridad ciudadana, fortalecimiento comunitario en períodos de crisis y voluntariado comunitario, conociendo de primera mano experiencias israelíes de participación ciudadana, resiliencia y construcción de capacidades locales frente a situaciones de emergencia.

En Brasil realizó formación en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), incorporando conocimientos sobre el empleo de tecnologías de videovigilancia como herramientas de prevención, disuasión y apoyo a la seguridad ciudadana.

Estas experiencias internacionales han contribuido a ampliar su perspectiva sobre los modelos contemporáneos de seguridad y las nuevas herramientas para enfrentar amenazas complejas.

Formación académica permanente

Su trayectoria se encuentra acompañada por un proceso permanente de actualización académica.

Es especialista en Gerencia Pública, y en Política de Defensa y Seguridad Internacional por la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado además diplomados y cursos especializados en seguridad, gestión del riesgo de desastres, liderazgo institucional, inteligencia y defensa.

A esta formación se suma su participación en el Programa Ejecutivo Internacional en Seguridad y Combate contra el Crimen Organizado Transnacional, orientado al análisis de las nuevas amenazas y dinámicas del crimen organizado.

Actualmente adelanta especialización en Ciberseguridad, incorporando a su perfil profesional una dimensión fundamental frente a las amenazas emergentes en el entorno digital.

Reconocimientos a su trayectoria

Por su servicio institucional y su aporte a la seguridad y la convivencia ciudadana, ha recibido diferentes reconocimientos y condecoraciones, entre ellos la Medalla Militar “Fe en la Causa”, la Medalla Santa Bárbara, la Medalla al Mérito de la Reserva del Ejército Nacional, el Mérito Ciudadano de la Policía Nacional y una distinción especial otorgada por Migración Colombia.

Estos reconocimientos hacen parte de una trayectoria marcada por el servicio, el liderazgo y la cooperación permanente con las instituciones responsables de la seguridad y la defensa.

Liderazgo político y territorial

Su experiencia también se ha desarrollado en el ámbito de la representación política y el liderazgo territorial.

Como concejal de Valledupar(2012-2015), participó activamente en los debates y decisiones relacionadas con el desarrollo del municipio y ejerció la Presidencia del Concejo Municipal durante 2013. Posteriormente continuó vinculado a los asuntos públicos desde diferentes responsabilidades administrativas y políticas.

Su trayectoria política se ha caracterizado por una especial atención a temas como seguridad, desarrollo territorial, fortalecimiento institucional, convivencia ciudadana y capacidad de gestión pública.

Analista y escritor

Además de su actividad institucional, Cotes Maya desarrolla una labor permanente de análisis, investigación y opinión sobre asuntos de seguridad ciudadana, seguridad nacional e internacional, defensa, geopolítica, crimen organizado, asuntos regionales y cultura.

Es autor del libro El Mundo en tus Manos y mantiene una actividad como escritor y analista a través de su blog Calecotes, desde donde aborda diferentes fenómenos de interés nacional y regional.

Su actividad de opinión también se extiende a las redes sociales, donde participa en el debate público sobre asuntos relacionados con seguridad, política, administración pública y realidad nacional.

Música, deporte y raíces vallenatas

Más allá de su actividad profesional, Carlos Andrés Cotes Maya conserva una estrecha relación con la cultura y las tradiciones de su tierra.

Desde temprana edad desarrolló su pasión por la música. Aprendió a interpretar violín y guitarra y ha cultivado el canto vallenato, manteniendo una conexión permanente con una de las expresiones culturales más representativas del Cesar.

En el ámbito deportivo, durante su juventud integró la selección juvenil de fútbol del Cesar, experiencia que fortaleció valores que posteriormente han acompañado su trayectoria profesional: disciplina, liderazgo, trabajo en equipo y capacidad de competir por objetivos comunes.

Una visión integral de la seguridad

La experiencia acumulada en los ámbitos político, administrativo, militar, académico e internacional le ha permitido construir una visión integral de la seguridad.

Para Cotes Maya, los desafíos contemporáneos requieren superar las respuestas aisladas y avanzar hacia modelos basados en la inteligencia, la prevención, la tecnología, la coordinación interinstitucional, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las capacidades del Estado.

Su trayectoria representa la convergencia entre servicio público, seguridad, defensa, liderazgo territorial y formación permanente, con una especial dedicación a los desafíos que enfrenta el Cesar y Colombia.

Una filosofía de vida

Su recorrido personal y profesional está acompañado por una convicción sobre el valor de la unidad, el trabajo colectivo y la construcción de objetivos comunes:

“Cuando los hermanos trabajan juntos, las montañas se convierten en oro.”

Esta frase resume una filosofía basada en la unidad, el trabajo en equipo, la vocación de servicio y la convicción de que los grandes desafíos solamente pueden ser superados cuando las instituciones y las comunidades trabajan juntas.