La guerra desde el cielo, ¿está Colombia preparada para detener los drones terroristas?

                                                               

Por: Carlos Cotes

Durante décadas, el conflicto armado colombiano ha obligado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional a evolucionar permanentemente para enfrentar amenazas cambiantes. En diferentes momentos de la historia, el Estado debió adaptar su doctrina frente al empleo de minas antipersonal, cilindros bomba, artefactos explosivos improvisados (AEI), francotiradores, narcotráfico, terrorismo urbano y guerra de guerrillas. Sin embargo, probablemente ninguna transformación tecnológica ha avanzado con tanta rapidez como la incorporación de vehículos aéreos no tripulados por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO). Hoy, los drones representan una de las amenazas emergentes más complejas para la seguridad nacional y obligan a replantear los esquemas tradicionales de protección de las tropas y de las instalaciones estratégicas.

Los drones comerciales, originalmente diseñados para fotografía, agricultura o recreación, han sido modificados por organizaciones criminales y grupos insurgentes para desarrollar misiones de reconocimiento, vigilancia, inteligencia y ataque mediante el lanzamiento de explosivos. Su bajo costo, facilidad de adquisición y disponibilidad en el mercado internacional han democratizado una capacidad que hace pocos años era exclusiva de los Estados. Esta realidad modifica profundamente la relación costo-beneficio del conflicto, pues un dron relativamente económico puede generar efectos tácticos y psicológicos desproporcionados sobre una unidad militar o policial.

La guerra entre Rusia y Ucrania constituye el mayor laboratorio tecnológico del combate moderno. Allí quedó demostrado que los drones dejaron de ser un elemento complementario para convertirse en uno de los principales protagonistas del campo de batalla. Ambos bandos emplean miles de drones para localizar objetivos, corregir fuego de artillería, efectuar ataques de precisión y hostigar permanentemente a las tropas. Como consecuencia, también surgió una intensa carrera tecnológica para desarrollar sistemas antidrones cada vez más sofisticados, incluyendo radares especializados, sensores electroópticos, inteligencia artificial, inhibidores de frecuencia, sistemas de guerra electrónica y armas de energía dirigida.

Sin embargo, una de las principales lecciones del conflicto europeo es que ningún sistema antidrón posee una eficacia absoluta. Los drones evolucionan continuamente mediante nuevas frecuencias de comunicación, navegación autónoma, sistemas inerciales, enlaces digitales cifrados y perfiles de vuelo que reducen la efectividad de determinadas contramedidas electrónicas. Este fenómeno genera un permanente ciclo de adaptación entre ataque y defensa. Cada innovación tecnológica es respondida rápidamente por otra innovación del adversario.

Precisamente por esta razón, varios ejércitos occidentales han comenzado a recuperar capacidades tradicionales como complemento de los sistemas antidrones modernos. Entre ellas sobresale la escopeta calibre 12, un arma cuya vigencia parecía limitada a funciones de apertura de puertas, vigilancia o control de disturbios, pero que ha adquirido una nueva utilidad como elemento de defensa inmediata frente a determinados drones de pequeño tamaño que logran superar las capas iniciales de protección.

Es importante aclarar que la escopeta calibre 12 no constituye un sistema antidrón propiamente dicho. Tampoco reemplaza los sistemas de guerra electrónica ni las plataformas especializadas de detección. Su verdadero valor radica en convertirse en una herramienta de última instancia dentro de un esquema de defensa en capas. Cuando un dron evade los sensores, supera las interferencias electrónicas y se aproxima peligrosamente a una posición militar, la capacidad de reacción inmediata puede marcar la diferencia entre neutralizar la amenaza o sufrir un ataque exitoso.

Colombia enfrenta actualmente una situación que guarda similitudes con esa evolución tecnológica. Los Grupos Armados Organizados han demostrado una creciente capacidad de adaptación operacional.  Estructuras criminales han incorporado drones comerciales modificados para actividades de inteligencia y, en algunos casos, para ataques mediante explosivos improvisados. Esta tendencia obliga a reconocer que la amenaza ya no pertenece al futuro, sino que forma parte del escenario actual del conflicto colombiano.

El principal desafío consiste en que la doctrina institucional continúa orientándose prioritariamente hacia sistemas antidrones de carácter tecnológico, especialmente aquellos basados en guerra electrónica e inhibición de señales. Estas capacidades son indispensables y deben seguir fortaleciéndose. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que depender exclusivamente de una única tecnología puede generar vulnerabilidades cuando el adversario modifica rápidamente sus métodos de operación.

En este contexto surge una pregunta estratégica: ¿debería Colombia evaluar doctrinalmente la incorporación de la escopeta calibre 12 como capacidad complementaria de defensa antidrón de muy corto alcance?

La respuesta no implica adoptar automáticamente este sistema como solución definitiva. Lo recomendable sería desarrollar un proceso institucional de experimentación operacional. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional cuentan con escuelas de formación, centros de doctrina y unidades especializadas con capacidad suficiente para realizar pruebas controladas, evaluar diferentes tipos de munición, establecer distancias efectivas, determinar protocolos de empleo y definir en qué escenarios podría aportar valor agregado.

Una eventual incorporación doctrinal debería limitarse a funciones muy específicas, como la protección de bases militares, estaciones de Policía, puestos avanzados de combate, convoyes detenidos, instalaciones estratégicas e infraestructura crítica. En todos estos escenarios, la escopeta actuaría únicamente como la última barrera defensiva cuando los sistemas de detección y neutralización tecnológica no hubieran logrado detener la amenaza.

La ventaja de esta aproximación radica en la construcción de un modelo de defensa en capas. En primer lugar actuarían los sistemas de inteligencia para identificar amenazas potenciales; posteriormente entrarían en funcionamiento los radares, sensores acústicos y cámaras especializadas; una tercera capa estaría conformada por equipos de guerra electrónica e inhibidores de frecuencia; finalmente, si el dron lograra aproximarse al perímetro inmediato, existiría una capacidad de respuesta física destinada exclusivamente a proteger la vida de los uniformados y la infraestructura.

Otro aspecto relevante corresponde al análisis costo-beneficio. La adquisición de sistemas antidrones especializados implica inversiones considerables en tecnología, mantenimiento y actualización permanente. En contraste, la escopeta calibre 12 ya hace parte del inventario de numerosas instituciones de seguridad en Colombia. Esto permitiría, en caso de demostrarse su utilidad operacional, aprovechar capacidades existentes mediante entrenamiento específico, sin que ello implique sustituir los programas tecnológicos que actualmente desarrolla el Ministerio de Defensa.

No obstante, cualquier decisión en esta materia debe fundamentarse en evidencia científica y no en percepciones. Resultaría inconveniente incorporar doctrinas basadas únicamente en experiencias aisladas observadas en conflictos internacionales. Colombia posee características geográficas, climáticas y operacionales diferentes a las de Europa Oriental. Por ello, la validación debe realizarse mediante ejercicios propios que permitan determinar objetivamente las ventajas, limitaciones y condiciones de empleo de este tipo de armamento frente a las amenazas presentes en el territorio nacional.

El verdadero aprendizaje que deja la guerra moderna no consiste en recuperar armas antiguas, sino en comprender que la innovación tecnológica obliga a mantener una adaptación doctrinal permanente. La superioridad militar ya no depende exclusivamente de poseer los sistemas más sofisticados, sino de integrar diferentes capacidades que funcionen de manera coordinada y redundante. La resiliencia operacional se construye precisamente mediante la combinación de inteligencia, tecnología, entrenamiento, doctrina y medios convencionales que se complementan entre sí.

En conclusión, la creciente utilización de drones por parte de los Grupos Armados Organizados representa uno de los mayores desafíos para la seguridad colombiana durante la presente década. Frente a esta realidad, el país debe continuar fortaleciendo sus capacidades C-UAS mediante sensores, inteligencia artificial, radares y guerra electrónica. Sin embargo, la experiencia internacional también invita a explorar soluciones complementarias para la defensa de muy corto alcance. En ese contexto, la escopeta calibre 12 merece ser evaluada técnica y doctrinalmente como un recurso adicional dentro de un sistema integral de defensa en capas, nunca como sustituto de la tecnología, sino como un elemento de contingencia destinado a incrementar la supervivencia de las tropas cuando las demás barreras de protección hayan sido superadas. 

La capacidad de anticiparse a la evolución tecnológica de los grupos armados será uno de los factores decisivos para preservar la iniciativa estratégica y garantizar la protección de quienes diariamente enfrentan las amenazas contra la seguridad y la defensa nacional.

Plan Patriota 2.0, la nueva apuesta para recuperar la seguridad

Por: Carlos Cotes

Durante más de dos décadas, Colombia ha enfrentado profundas transformaciones en materia de seguridad. Las amenazas ya no son las mismas y, por esa razón, las estrategias del Estado tampoco pueden seguir siendo iguales. Si en los primeros años del siglo XXI el país respondió con el denominado Plan Patriota, hoy comienza a hablarse de un Plan Patriota 2.0, una iniciativa que busca enfrentar un escenario criminal mucho más complejo y adaptado a los tiempos actuales.

El Plan Patriota original nació en 2003 con un propósito claro,  debilitar militarmente a las FARC, recuperar el control de extensas zonas del territorio nacional y restablecer la presencia del Estado en regiones donde durante años predominó la violencia. Fue una operación de gran magnitud que permitió reducir la capacidad ofensiva de esa guerrilla, recuperar corredores estratégicos y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública. Sin embargo, el país cambió y las amenazas también.

Hoy Colombia enfrenta una realidad distinta. Ya no existe un solo actor armado con una estructura centralizada. En su lugar operan organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas, el contrabando y otras economías ilícitas. A ello se suman grupos armados organizados, que han demostrado una gran capacidad para adaptarse, financiarse y expandirse mediante alianzas criminales.

Es precisamente frente a ese nuevo panorama que surge el concepto de Plan Patriota 2.0. Más que repetir una estrategia del pasado, representa una evolución en la forma de entender la seguridad. Su objetivo ya no es únicamente recuperar territorios, sino desarticular las redes criminales que afectan la estabilidad del país desde diferentes frentes.

Esta nueva estrategia plantea fortalecer la inteligencia, incorporar tecnologías como drones, vigilancia satelital e inteligencia artificial, mejorar la coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos judiciales, y golpear las finanzas de las organizaciones ilegales. La idea es atacar no solo a quienes cometen los delitos, sino también las estructuras económicas que los sostienen.

Otro de sus pilares es la cooperación internacional. El narcotráfico y el crimen organizado ya no conocen fronteras, por lo que el intercambio de inteligencia y el trabajo conjunto con países aliados serán determinantes para obtener mejores resultados. De igual manera, el Plan Patriota 2.0 busca proteger la infraestructura estratégica del país y fortalecer las capacidades de ciberseguridad frente a nuevas amenazas digitales.

Pero ninguna estrategia de seguridad será suficiente si la recuperación del territorio no viene acompañada de una presencia efectiva del Estado. Las comunidades necesitan vías, educación, salud, justicia, oportunidades de empleo y programas de desarrollo que reduzcan la influencia de las organizaciones criminales. La seguridad no depende únicamente de las armas; también se construye con instituciones sólidas y con confianza ciudadana.

El verdadero desafío será lograr que este nuevo modelo combine firmeza contra el crimen con respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho. La legitimidad institucional es tan importante como la capacidad operacional, porque una política de seguridad solo es sostenible cuando cuenta con el respaldo de la población.

El Plan Patriota 2.0 será financiado principalmente con recursos del presupuesto nacional para defensa y seguridad, complementados por cooperación internacional y coordinado con Estados Unidos y otros países aliados en materia de intercambio de inteligencia, asistencia técnica, capacitación y tecnología, además de una estrecha articulación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía y demás entidades del Estado para golpear las estructuras criminales y sus fuentes de financiación.

En definitiva, el Plan Patriota 2.0 no debe entenderse como el regreso de una estrategia del pasado, sino como la adaptación de la política de seguridad a los desafíos del siglo XXI. Si logra integrar inteligencia, tecnología, cooperación internacional, acción conjunta y presencia integral del Estado, podrá convertirse en una herramienta decisiva para recuperar el control del territorio, debilitar las economías ilegales y brindar a los colombianos un entorno de mayor tranquilidad. 

El reto será pasar del anuncio a la ejecución y demostrar que Colombia está preparada para enfrentar las amenazas del presente con una visión moderna, integral y de largo plazo.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Valledupar, una tierra que también forjó la libertad de Colombia

                                                         Por: Carlos Cotes

Cada 20 de julio los colombianos conmemoramos el inicio del proceso que dio origen a nuestra independencia. Son ya 216 años desde aquel histórico acontecimiento de 1810 que despertó el anhelo de libertad y abrió el camino hacia la construcción de una República soberana. Sin embargo, esta fecha no debe entenderse únicamente como el recuerdo de los sucesos ocurridos en Santafé. La independencia fue una causa nacional que se edificó gracias al compromiso de numerosas provincias cuyos habitantes aportaron su liderazgo, sus recursos y, en muchos casos, su propia vida. Entre esos territorios sobresale Valledupar, una tierra cuya contribución merece ser recordada con orgullo.

La historia demuestra que Valledupar no permaneció indiferente frente al nacimiento de la nación. Por el contrario, fue uno de los primeros territorios del antiguo Virreinato en abrazar la causa emancipadora, proclamando su independencia el 4 de febrero de 1813. Aquella decisión representó mucho más que un acto político: simbolizó la determinación de un pueblo dispuesto a romper las cadenas del dominio colonial y a asumir el desafío de construir un futuro libre.

En ese proceso emerge una figura inmensa para la historia regional y nacional: María Concepción Loperena de Fernández de Castro. Su liderazgo, visión y patriotismo la convirtieron en protagonista de la independencia vallenata. No solo impulsó la proclamación libertaria, sino que puso su patrimonio al servicio de la causa, entregando caballos, recursos y apoyo logístico al Ejército Libertador. Su legado demuestra que la independencia también fue posible gracias al compromiso de mujeres que entendieron que la libertad exigía decisión, sacrificio y grandeza.

Valledupar también aportó hombres para las milicias patriotas, alimentos, ganado y recursos estratégicos que fortalecieron las campañas militares que culminarían con la consolidación de la República. Su ubicación geográfica, entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el valle del río Cesar, convirtió a esta región en un corredor fundamental para la movilización y el abastecimiento de las fuerzas libertadoras. La historia nacional no puede escribirse sin reconocer ese valioso aporte.

Conmemorar hoy los 216 años de la Independencia significa comprender que la libertad fue una obra colectiva. Significa reconocer que el patriotismo no nació únicamente en los grandes centros políticos, sino también en ciudades como Valledupar, donde hombres y mujeres asumieron con valentía el compromiso de construir una nación libre.

Que esta fecha fortalezca nuestro sentido de pertenencia y nos recuerde que la independencia no es únicamente un hecho del pasado, sino un legado que exige preservar la democracia, defender las instituciones y trabajar unidos por una Colombia más segura, más justa y más próspera. Honrar a Valledupar y a sus héroes es reconocer que la historia de Colombia también se escribió desde el corazón del Caribe colombiano.

En esta conmemoración de los 216 años de nuestra Independencia, expreso un profundo reconocimiento y felicitación a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional, quienes, con honor, disciplina y patriotismo, continúan siendo los guardianes de la libertad conquistada por nuestros próceres. 

A los soldados que vigilan nuestras fronteras desde la tierra, a los marinos que protegen los mares, costas y ríos de la Nación, a los hombres y mujeres de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que custodian nuestro espacio aéreo, y a los integrantes de la Policía Nacional que diariamente preservan la convivencia, el orden público y la seguridad ciudadana, gracias por su entrega silenciosa, su sacrificio permanente y su invaluable servicio a Colombia. Su compromiso mantiene vivo el legado de quienes hicieron posible nuestra independencia y fortalece la esperanza de construir un país cada vez más libre, seguro y próspero.

Cibernarcotráfico, la otra frontera del crimen organizado

POR:CARLOS COTES

Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico estuvo concentrada en la erradicación de cultivos ilícitos, la interdicción de cargamentos, la captura de cabecillas y la desarticulación de estructuras criminales. Sin embargo, el crimen organizado ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología, trasladando parte de sus operaciones al mundo digital. Hoy enfrentamos una nueva amenaza, el cibernarcotráfico.

Este fenómeno consiste en el uso de internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, criptomonedas y plataformas clandestinas para facilitar actividades relacionadas con la comercialización de drogas ilícitas. Ya no se trata únicamente de laboratorios ocultos o rutas terrestres y marítimas; ahora las organizaciones criminales también operan desde computadores, teléfonos inteligentes y redes cifradas que les permiten actuar con mayor anonimato y alcance global.

Las estructuras criminales han comprendido que el ciberespacio ofrece ventajas estratégicas. A través de aplicaciones de mensajería encriptada coordinan envíos, reclutan colaboradores, establecen contactos con compradores y realizan transacciones financieras difíciles de rastrear. Incluso utilizan la denominada “Dark Web”, una porción oculta de internet donde es posible adquirir sustancias ilícitas, intercambiar información criminal y ocultar la identidad de vendedores y consumidores.

Uno de los aspectos más preocupantes es la creciente comercialización de drogas mediante redes sociales. Sustancias como marihuana, LSD, ketamina, tusi y otras drogas sintéticas son ofertadas mediante códigos, imágenes modificadas y lenguaje cifrado que dificulta la acción de las autoridades. Esta modalidad acerca el narcotráfico a jóvenes y menores de edad, ampliando el mercado de consumo y reduciendo las barreras tradicionales de acceso.

A ello se suma el uso de criptomonedas y técnicas antiforenses que permiten ocultar el origen y destino de los recursos obtenidos ilegalmente. Las organizaciones criminales emplean redes privadas virtuales, sistemas de anonimización y mecanismos de evasión digital que complican la identificación de los responsables y la recolección de evidencia judicial.

El cibernarcotráfico representa una amenaza directa para la seguridad ciudadana, y la seguridad nacional. Los recursos generados por estas economías ilícitas fortalecen organizaciones criminales transnacionales, financian grupos armados y contribuyen a la expansión de otras actividades delictivas como la extorsión, el lavado de activos y la trata de personas.

Frente a este desafío, los Estados deben fortalecer sus capacidades de ciberinteligencia, investigación digital y cooperación internacional. La lucha contra el narcotráfico ya no se libra únicamente en las calles, los puertos o las zonas rurales; también se desarrolla en servidores, plataformas digitales y redes ocultas.

El crimen organizado comprendió que el futuro está en la tecnología. La gran pregunta es si los Estados están avanzando con la misma velocidad para enfrentarlo.

Seguridad sin estrategia es improvisación

Por: Carlos Cotes

Cada vez que aumentan los homicidios, la respuesta más frecuente de muchos gobiernos es anunciar "mano dura". El discurso suele ser atractivo porque transmite autoridad y decisión. Sin embargo, la evidencia internacional demuestra que el problema no es la mano dura en sí misma, sino la forma como se aplica.

La fuerza del Estado sigue siendo indispensable para garantizar la seguridad. Ningún país ha reducido la violencia renunciando al uso legítimo de la fuerza. Cuando la estrategia se limita a más discursos, sin inteligencia, sin coordinación y sin trabajo con la comunidad, los homicidios terminan reapareciendo.

Ahí radica uno de los errores más comunes de algunos gobiernos: improvisan. Confunden seguridad ciudadana con seguridad nacional y aplican las mismas recetas para problemas completamente distintos. No entienden que la violencia urbana y el crimen organizado de alcance nacional obedecen a dinámicas diferentes y, por tanto, exigen respuestas distintas.

Ojo, hablo de la Seguridad Ciudadana, esta no se construye desde un helicóptero ni se resuelve "echando bala". Se construye desde el barrio, la escuela, la familia y la comunidad. Su mayor fortaleza está en el trabajo articulado entre gobierno, Policía y ciudadanía. Ese triángulo genera confianza, mejora la convivencia, fortalece la cultura ciudadana y permite intervenir oportunamente a los jóvenes que se encuentran en riesgo de ingresar a la delincuencia. La inteligencia policial, la focalización en los principales generadores de violencia, el manejo del tiempo libre de niños y adolescentes, la recuperación del espacio público y las campañas de resolución pacífica de conflictos han demostrado ser herramientas mucho más efectivas que las acciones indiscriminadas.

Muy distinta es la seguridad pública y nacional. Allí el desafío cambia por completo. Combatir grupos armados organizados, enfrentar el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal o las redes criminales transnacionales exige operaciones coordinadas entre Ejército, Policía, Fiscalía y organismos de inteligencia. En las zonas rurales, por ejemplo, fenómenos como el abigeato requieren capacidades especializadas y presencia permanente del Estado. Pretender enfrentar estos problemas con las mismas políticas utilizadas para reducir homicidios urbanos es un error estratégico.

 

La experiencia demuestra que un experto en seguridad nacional no necesariamente posee la misma formación para diseñar políticas públicas de seguridad ciudadana. Un oficial militar, por la naturaleza de su carrera, ha sido preparado para enfrentar amenazas contra la soberanía, la integridad territorial y los grupos armados organizados, donde predominan conceptos como control del territorio, operaciones militares, inteligencia estratégica y neutralización del enemigo.

La seguridad ciudadana, en cambio, exige una visión distinta: prevención del delito, convivencia, cultura ciudadana, participación comunitaria, resolución pacífica de conflictos, intervención sobre factores de riesgo y articulación permanente entre gobierno, Policía y comunidad. Ambos conocimientos son valiosos y complementarios, pero responden a problemas diferentes. Por ello, diseñar políticas de seguridad ciudadana requiere competencias específicas que van más allá de la experiencia en seguridad nacional y demanda comprender las dinámicas sociales y criminológicas propias de los entornos urbanos y rurales.

Por eso también es equivocada la idea de que quien domina la seguridad nacional automáticamente domina la seguridad ciudadana. Son disciplinas complementarias, pero profundamente diferentes. Un excelente estratega militar no necesariamente es un experto en convivencia urbana, así como un especialista en prevención del delito no necesariamente posee la experiencia para conducir operaciones contra estructuras armadas de carácter transnacional.

A modo de comparación, así como la medicina se ha desarrollado en múltiples especialidades porque comprende que no todas las enfermedades tienen el mismo diagnóstico ni el mismo tratamiento, la seguridad también posee diferentes especialidades, cada una con conocimientos, metodologías y capacidades propias. Existen expertos en seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad nacional, inteligencia, ciberseguridad, terrorismo, crimen organizado, convivencia ciudadana y gestión del riesgo, entre otras áreas. Pretender que un solo especialista domine con igual profundidad todas estas disciplinas es tan equivocado como pensar que cualquier médico puede ejercer todas las especialidades. Confundir estos campos conduce a diagnósticos errados y, en consecuencia, al diseño de políticas públicas ineficaces, porque cada problema de seguridad exige una respuesta técnica, diferenciada y especializada.

La verdadera mano dura no consiste en usar más fuerza, sino en usarla con inteligencia, legitimidad, coordinación institucional y objetivos claramente definidos. Cuando la fuerza se complementa con investigación criminal, prevención social, participación comunitaria y presencia integral del Estado, los homicidios disminuyen de manera sostenible. Cuando se improvisa, solo se obtiene una sensación pasajera de control mientras la violencia encuentra nuevas formas de reorganizarse y mutar. La seguridad no admite improvisaciones; exige conocimiento, estrategia y la capacidad de entender que cada problema requiere una respuesta diferente.

Indumil y la escopeta calibre 12, una respuesta inmediata contra drones terroristas

Por: Carlos Cotes

Las guerras del siglo XXI están demostrando que el poder militar ya no depende únicamente de aviones de combate, misiles de precisión o sofisticados sistemas de armas. Hoy, un dron comercial modificado con explosivos puede convertirse en un instrumento de terrorismo capaz de destruir infraestructura crítica, afectar operaciones militares y causar numerosas víctimas en cuestión de segundos. Lo ocurrido en la guerra entre Rusia y Ucrania dejó una lección contundente: la amenaza evolucionó más rápido que las doctrinas de defensa y, en muchos casos, incluso más rápido que la tecnología diseñada para neutralizarla.

La experiencia internacional evidencia que los modernos sistemas antidrones representan una capacidad indispensable, pero no infalible. La constante innovación de los drones, la adaptación de sus sistemas de navegación, la reducción de su firma electrónica y el empleo de ataques coordinados han puesto a prueba incluso a las fuerzas militares más avanzadas del mundo. En consecuencia, la defensa efectiva exige combinar tecnología de última generación con capacidades complementarias que permitan responder durante los segundos críticos previos al impacto.

Colombia no puede asumir que esta amenaza permanecerá distante. Los Grupos Armados Organizados han demostrado una permanente capacidad para incorporar nuevas tecnologías y adaptar sus métodos de violencia. El empleo de drones con explosivos contra estaciones de Policía, batallones, bases militares, infraestructura energética, instalaciones estratégicas o incluso contra la población civil constituye un escenario que exige preparación inmediata y no únicamente planificación futura.

En este contexto, la industria militar nacional adquiere una importancia estratégica. Indumil posee la capacidad de fabricar la escopeta Santander calibre 12, un equipo ampliamente conocido por la Fuerza Pública que, acompañado de entrenamiento especializado, doctrina operacional y protocolos claros de empleo, podría incorporarse como una capacidad complementaria de defensa de corto alcance frente a drones de baja altura cuando no existan medios electrónicos disponibles o estos resulten insuficientes.

No se trata de sustituir los sistemas antidrones de alta tecnología. Todo lo contrario. Colombia debe avanzar decididamente en su adquisición. Sin embargo, también es necesario reconocer que los procesos de estructuración, contratación, importación, pruebas e implementación de estos sistemas demandan tiempo. Mientras esas capacidades llegan al país, la amenaza continúa evolucionando y ningún procedimiento administrativo detendrá un ataque terrorista.

Por ello, este también es un respetuoso llamado al nuevo Presidente de Colombia para que incorpore esta realidad dentro de la agenda de seguridad nacional. La protección de la Fuerza Pública y de la población civil requiere decisiones oportunas, combinando inversión tecnológica con soluciones nacionales disponibles de manera inmediata. Cada mes que transcurra sin fortalecer la capacidad defensiva representa una ventana de vulnerabilidad que podría ser aprovechada por organizaciones criminales.

La preocupación aumenta frente a la posibilidad de ataques mediante enjambres de drones, una modalidad que consiste en el empleo simultáneo de múltiples aeronaves no tripuladas para saturar las defensas, dificultar la reacción y multiplicar los efectos destructivos. Un ataque de esta naturaleza contra una estación de Policía, un batallón o una instalación estratégica podría generar numerosas víctimas y comprometer seriamente la capacidad de respuesta institucional.

La historia demuestra que los conflictos no esperan a que concluyan los procesos de contratación pública. La mejor defensa siempre será la anticipación. Fortalecer a Indumil, aprovechar su capacidad industrial y dotar oportunamente a la Fuerza Pública de herramientas complementarias como la escopeta Santander calibre 12 puede constituir una medida práctica mientras el país consolida una arquitectura integral de defensa antidrón. Prepararse hoy no significa asumir que el ataque ocurrirá; significa garantizar que, si ocurre, Colombia esté en mejores condiciones para proteger a quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de todos.

Un Cumpleaños en el Cielo para Poncho Cotes Jr. "El Rey de Cunas"

POR: CALE COTES

Hablar de Poncho Cotes Jr. es hablar de costumbrismo, de talento natural, de melodías que nacían del alma y de esa picardía musical tan propia de los grandes juglares vallenatos. Hoy, cuando recordamos su cumpleaños número 73, es imposible no detenernos por un momento para rendir homenaje a un hombre que dejó una huella imborrable en la música vallenata y en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de compartir con él.

Mi tío Poncho no solo fue un destacado compositor. Quienes lo conocieron saben que su mayor encanto estaba en su voz melodiosa, en esa manera única de interpretar cada canción como si estuviera contando una historia alrededor de una parranda interminable. Su canto tenía sentimiento, autenticidad y ese sabor que solo poseen los artistas genuinos.

Son muchas las anécdotas que guardo en la memoria, pero hay una que siempre me roba una sonrisa. Hace algunos años estábamos grabando un CD homenaje a mi abuelo, Poncho Cotes. Ya teníamos listas todas las pistas musicales y solo faltaba registrar las voces de los intérpretes. Llegó entonces el turno de mi tío.

Fiel a sus costumbres y convencido de sus propias fórmulas artísticas, decidió prepararse a su manera. Su teoría era sencilla, para lograr ese tono ronco y ese "dejao" parrandero que tanto caracterizaba su canto, debía tomarse unos tragos la noche anterior. Y no fueron pocos. Se metió una whiskera completa y al día siguiente llegó al estudio con el guayabo encima, pero con la voz exactamente como la quería. Grabó sus canciones y dejó plasmado para siempre ese estilo inconfundible que hoy seguimos escuchando y recordando.

Poncho era irreverente. Vivía bajo sus propias reglas. Terco, auténtico y dueño de una personalidad imposible de ignorar. Pero cuando llegaba la parranda se transformaba en un verdadero bárbaro del canto. No le gustaban las conversaciones que interrumpieran la música. Ponía una butaca en el centro, se subía en ella y comenzaba a cantar. Desde ese instante todo giraba alrededor de sus canciones, de sus historias y de su extraordinaria capacidad para conectar con la gente.

Su legado permanece vigente. Sus composiciones continúan siendo referencia obligada dentro del folclor vallenato y siguen inspirando a nuevas generaciones de artistas. Aunque nació en Manaure, fue Villanueva la tierra que lo adoptó como uno de sus hijos más queridos. Allí recibió un apodo que nadie discutía y que se ganó con méritos propios: "El Rey de Cunas". Ningún otro compositor logró superar el impacto de sus canciones en los concursos de canción inédita donde participó en el Festival vallenato Cuna de Acordeones, y ganador en 4 oportunidades, con canciones como: "El Corazón del Pueblo", "Mi viejo y Yo", "La Fea", y, ganador Rey de Reyes con el paseo, "Aquí queda el cielo".  asi como también fue ganador en el Festival de la Leyenda Vallenata en el año 2010, con el paseo "La Ultima Historia"

Hoy, aunque ya no está físicamente entre nosotros, permanece vivo en cada acorde, en cada verso y en cada recuerdo compartido. Sus canciones siguen sonando y su voz continúa viajando por las parrandas, las emisoras y la memoria colectiva de nuestro pueblo.

Feliz cumpleaños, tío Poncho. Que en el cielo también haya acordeones, y parrandas interminables para celebrar tus 73 años. Aquí, en la tierra, seguimos escuchando tus canciones, recordando tus ocurrencias y agradeciendo el inmenso legado que nos dejaste. Porque los grandes artistas nunca se van del todo. Se quedan viviendo para siempre en la música y en el corazón de su gente.

Obediencia Debida y Defensa de la Democracia

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

POR: CARLOS COTES 

Las democracias no se sostienen únicamente por la voluntad de los gobernantes ni por el resultado de las elecciones. Su verdadera fortaleza radica en el respeto a las instituciones, a la Constitución y al Estado de Derecho. Cuando estas reglas son respetadas, la alternancia en el poder ocurre de manera pacífica y legítima. Pero cuando un gobernante decide desconocerlas, surge una pregunta fundamental: ¿a quién deben obedecer las Fuerzas Militares?

Existe un concepto conocido como obediencia debida, según el cual los miembros de la Fuerza Pública deben cumplir las órdenes impartidas por sus superiores dentro de la cadena de mando. Este principio es indispensable para garantizar la disciplina, la cohesión y la eficacia operacional de las instituciones armadas. Sin embargo, la obediencia debida no puede interpretarse como una autorización para cumplir cualquier orden sin cuestionamiento alguno.

La Constitución Política establece límites claros. El artículo 217 señala que las Fuerzas Militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Esta disposición tiene una enorme importancia porque deja claro que la lealtad de las Fuerzas Militares no es hacia una persona, un gobierno o un partido político, sino hacia la Constitución y la Nación.

Bajo esta perspectiva, resulta pertinente analizar un escenario hipotético en el que un presidente, una vez concluidas unas elecciones legítimas y agotados los mecanismos legales de controversia, se negara a reconocer los resultados y pretendiera mantenerse en el poder. En una situación de esta naturaleza no estaríamos frente a una disputa política ordinaria, sino ante una posible ruptura del orden constitucional.

Es precisamente en ese momento cuando cobra relevancia la diferencia entre una orden legítima y una orden manifiestamente ilegal. La obediencia debida protege el cumplimiento de órdenes legales, pero no ampara aquellas que buscan desconocer la Constitución, impedir la posesión de una autoridad legítimamente elegida o utilizar las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder.

La experiencia internacional demuestra que las democracias sobreviven cuando las instituciones permanecen fieles a la Constitución y no a los intereses personales de quienes circunstancialmente ejercen el gobierno. Por ello, la responsabilidad de las Fuerzas Militares en una democracia moderna no consiste únicamente en defender las fronteras o enfrentar amenazas externas, sino también en preservar el orden constitucional que garantiza las libertades y derechos de los ciudadanos.

La mayor expresión de patriotismo de un militar no es la obediencia ciega, sino la fidelidad a la Constitución que juró defender. En una república democrática, los gobiernos son transitorios; la Constitución, en cambio, es permanente. Por eso, cuando surge una tensión entre la voluntad de un gobernante y el orden constitucional, la lealtad institucional debe estar siempre del lado de la ley, de la democracia y de la Nación.

Ucrania y Rusia, ¿Por qué no es una Guerra Fría?

Por: Carlos Andrés Cotes 

Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, muchas personas han dicho que el mundo está viviendo una nueva “Guerra Fría”. Sin embargo, esta afirmación no es del todo correcta. Aunque existen algunas similitudes con el pasado, la realidad es que el conflicto actual no puede ser considerado una Guerra Fría.

Para entender la diferencia, primero hay que recordar qué fue la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos grandes potencias del planeta. Durante más de cuarenta años compitieron por el liderazgo mundial, pero nunca se enfrentaron directamente en un campo de batalla. Su rivalidad se manifestó a través de amenazas, espionaje, propaganda, carrera armamentista y apoyo a conflictos en otros países. Por eso se llamó “fría”: porque no hubo una guerra directa entre las dos potencias.

Lo que ocurre hoy entre Rusia y Ucrania es completamente diferente. Allí sí hay una guerra real. Existen soldados combatiendo, ciudades bombardeadas, tanques en movimiento, misiles, drones y miles de muertos y heridos. Todos los días se desarrollan operaciones militares en el terreno. En otras palabras, es una guerra abierta y directa.

Entonces, ¿por qué muchas personas hablan de una nueva Guerra Fría? La razón es que detrás del conflicto aparecen intereses de otras potencias. Estados Unidos y varios países europeos apoyan a Ucrania con recursos, armamento y asistencia militar. Por su parte, Rusia ha fortalecido sus relaciones con países como China, Irán y Corea del Norte. Esto ha generado una creciente rivalidad internacional que recuerda algunos aspectos de la antigua Guerra Fría.

Sin embargo, una cosa es la competencia entre grandes potencias y otra muy distinta es el conflicto que se desarrolla en Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra caliente, porque se combate con armas y soldados en el terreno. La Guerra Fría, en cambio, fue una confrontación donde predominó la presión política, económica y militar sin que las grandes potencias llegaran a enfrentarse directamente.

Por eso, desde el punto de vista de la seguridad y las relaciones internacionales, lo más correcto es afirmar que la guerra entre Rusia y Ucrania no es una Guerra Fría. Es una guerra convencional que se libra en territorio ucraniano y que ha dejado enormes consecuencias humanas, económicas y políticas para el mundo entero.

Lo que sí podría estar ocurriendo es el surgimiento de una nueva etapa de tensión global entre las principales potencias, similar a la que existió durante el siglo pasado. Pero mientras en Ucrania continúen los bombardeos, las ofensivas militares y la lucha por el control del territorio, estaremos hablando de una guerra real y directa, no de una Guerra Fría.

La diferencia parece simple, pero es importante entenderla. La Guerra Fría se caracterizó por evitar el combate directo entre las grandes potencias. En Ucrania, por el contrario, la guerra se libra todos los días frente a los ojos del mundo. Por eso, más que una Guerra Fría, estamos presenciando uno de los conflictos armados más importantes del siglo XXI.

Cuando la Constitución está por encima del Poder

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Por: Carlos Cotes

Las elecciones son la esencia de toda democracia. A través del voto, los ciudadanos deciden quién debe gobernar y quién debe dejar el poder. Por eso, una de las preguntas más importantes que puede hacerse cualquier sociedad es: ¿qué ocurriría si un presidente se negara a reconocer el resultado de unas elecciones y quisiera quedarse en el poder a la fuerza?

Aunque parezca una situación lejana, la Constitución  previó mecanismos para proteger la democracia frente a cualquier intento de ruptura institucional. Uno de ellos está contenido en el artículo 217, una norma que define cuál es la misión de las Fuerzas Militares y cuál debe ser su papel en momentos de crisis.

Muchas personas creen que las Fuerzas Militares están al servicio del Presidente de la República. En realidad, están al servicio de la Nación y de la Constitución. El artículo 217 establece que su misión es defender la soberanía, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Esto significa que su principal deber es proteger las reglas democráticas y las instituciones del Estado.

Si un presidente pierde unas elecciones y decide desconocer los resultados, impedir la posesión del mandatario elegido o utilizar el poder para permanecer ilegalmente en el cargo, ya no estaríamos frente a una simple discusión política. Estaríamos ante una amenaza contra la Constitución y contra la voluntad de millones de ciudadanos expresada en las urnas.

En un escenario de esa naturaleza, las Fuerzas Militares no tendrían la obligación de respaldar a una persona, sino de proteger el orden constitucional. Su deber sería garantizar que las instituciones funcionen normalmente, que las decisiones de las autoridades competentes sean respetadas y que la transición democrática se realice conforme a la ley.

La fortaleza de una democracia no depende únicamente de sus gobernantes. También depende de la solidez de sus instituciones. Las altas cortes, el Congreso, los organismos electorales y la Fuerza Pública tienen la responsabilidad de actuar dentro del marco constitucional para evitar que el poder se concentre en una sola persona.

La historia demuestra que las democracias más fuertes son aquellas donde las instituciones están por encima de los individuos. Los presidentes pasan, los gobiernos cambian y las ideologías se alternan, pero la Constitución permanece como la norma que garantiza la convivencia y la estabilidad del país.

Por eso, el artículo 217 tiene un valor especial. Es una garantía de que las Fuerzas Militares no existen para defender intereses políticos ni proyectos personales de poder. Existen para proteger al país, sus instituciones y su democracia. Su compromiso no es con un gobernante de turno, sino con la Constitución que juraron defender.

La gran lección es sencilla: en una democracia nadie está por encima de la Constitución. Cuando un pueblo vota, su decisión debe ser respetada. Y cuando esa decisión es amenazada, todas las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Militares, tienen el deber de proteger el orden constitucional y garantizar que la voluntad de los ciudadanos prevalezca sobre cualquier intento de permanecer en el poder por fuera de la ley.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Fuerzas Militares y Seguridad Ciudadana, Complementariedad para un Nuevo Entorno Estratégico

POR: CARLOS COTES

Durante décadas, en Colombia se ha sostenido una clara diferenciación

entre las funciones de las Fuerzas Militares y las de la Policía Nacional. Mientras los militares tienen la misión constitucional de defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, la Policía es la encargada de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Esta división de responsabilidades continúa siendo válida y necesaria dentro del Estado de Derecho. Sin embargo, la evolución de las amenazas que enfrenta el país obliga a replantear algunos paradigmas institucionales.

El crimen organizado del siglo XXI ya no opera exclusivamente en zonas rurales apartadas ni se limita a estructuras armadas tradicionales. Hoy encontramos organizaciones criminales transnacionales que controlan rutas del narcotráfico, realizan minería ilegal, ejercen extorsión, trafican migrantes, lavan activos y utilizan tecnologías avanzadas para expandir sus operaciones. Estas estructuras tienen presencia simultánea en corredores fronterizos, ciudades intermedias, grandes centros urbanos y regiones estratégicas del territorio nacional.

La realidad demuestra que muchas de las amenazas que afectan diariamente a los ciudadanos tienen conexiones directas con organizaciones armadas y redes criminales de alcance internacional. Un homicidio por ajuste de cuentas, una extorsión a comerciantes, el microtráfico en barrios vulnerables o el reclutamiento de menores pueden parecer inicialmente problemas de seguridad ciudadana, pero en numerosas ocasiones responden a intereses de estructuras criminales que desafían la autoridad del Estado y comprometen la seguridad nacional.

En este contexto surge una reflexión necesaria: ¿están las Fuerzas Militares suficientemente preparadas para comprender las dinámicas de la seguridad ciudadana? La respuesta, en muchos casos, es negativa. La formación militar colombiana ha estado históricamente orientada al combate, la estrategia militar, la defensa territorial y la lucha contra amenazas armadas. Aunque estos conocimientos son esenciales, el escenario actual exige competencias complementarias relacionadas con criminología, prevención del delito, seguridad urbana, convivencia ciudadana, análisis de fenómenos criminales y gobernanza de la seguridad.

No se trata de convertir soldados en policías ni de militarizar la seguridad ciudadana. Tampoco de desconocer las competencias constitucionales de la Policía Nacional. Se trata de comprender que las amenazas híbridas requieren respuestas integrales. Un oficial o suboficial militar que conozca las dinámicas de la seguridad ciudadana estará en mejores condiciones de coordinar operaciones conjuntas, entender los factores sociales que facilitan la criminalidad y contribuir de manera más efectiva a los esfuerzos institucionales para recuperar territorios afectados por organizaciones ilegales.

Las experiencias internacionales muestran que la cooperación entre fuerzas militares y policiales es cada vez más necesaria frente a fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Colombia no es la excepción. Por el contrario, su ubicación geográfica y la persistencia de economías ilícitas convierten al país en un escenario donde la articulación institucional resulta indispensable.

Las amenazas actuales ya no distinguen entre seguridad ciudadana y seguridad nacional. Por ello, las instituciones tampoco pueden permanecer aisladas en visiones tradicionales. El militar colombiano del futuro deberá seguir siendo un defensor de la soberanía, pero también un profesional capaz de comprender cómo las dinámicas de inseguridad ciudadana impactan la estabilidad del Estado. Fortalecer su formación en esta materia no debilita su misión constitucional; por el contrario, la potencia y la adapta a los desafíos complejos del siglo XXI.

Activar la convivencia pacífica, el gran desafío de las zonas urbanas

POR: CARLOS COTES

La convivencia pacífica no surge de manera espontánea ni se decreta desde una oficina pública. Se construye todos los días en la calle, en el barrio, en la escuela, en el transporte público, en los mercados y en los espacios digitales donde interactúan millones de ciudadanos. Colombia enfrenta hoy uno de los mayores retos de su historia reciente: reconstruir el tejido social en medio de la desconfianza, la polarización y el debilitamiento progresivo de las normas básicas de comportamiento ciudadano.

La gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es qué nos une como nación en medio de tantas diferencias. La respuesta está precisamente en reconocer la diversidad humana como un valor y no como una amenaza. Las diferencias culturales, políticas, económicas y sociales no deben conducir al enfrentamiento permanente, sino convertirse en el punto de partida para construir respeto mutuo, diálogo social y corresponsabilidad ciudadana.

La convivencia comienza con comportamientos esperados y con una cultura ciudadana orientada al respeto de las normas. Sin embargo, Colombia ha desarrollado históricamente una preocupante cultura de incumplimiento. Muchas personas consideran normal irrespetar una fila, invadir el espacio público, generar ruido excesivo o incumplir reglas básicas de convivencia. Aunque estas conductas parezcan menores, terminan afectando profundamente la percepción de seguridad y deteriorando el contrato social.

La convivencia no se destruye únicamente por los homicidios o por los grandes delitos de alto impacto. En muchas ocasiones, el verdadero deterioro social comienza con las pequeñas transgresiones cotidianas que generan tensión permanente entre ciudadanos. El equipo de sonido a alto volumen en horas de descanso, los conflictos en propiedad horizontal, la agresividad verbal en el espacio público, el irrespeto a la autoridad o la ocupación indebida de zonas comunes producen un desgaste emocional colectivo que incrementa la conflictividad social.

La comunicación juega un papel determinante en este proceso. Somos seres comunicantes y, por tanto, la calidad de nuestras relaciones depende de la manera en que dialogamos y resolvemos diferencias. La comunicación activa las relaciones humanas, fortalece la participación ciudadana y facilita la construcción de acuerdos. Hoy esa comunicación debe trabajarse tanto en los territorios físicos como en los entornos digitales, donde también se reproducen discursos de odio, intolerancia y violencia simbólica.

Otro factor que afecta gravemente la convivencia es la pérdida de confianza institucional. Cuando la ciudadanía deja de creer en las instituciones, desaparece el respeto por la autoridad y se debilita la legitimidad del Estado. La autoridad necesita recuperar aceptación social y credibilidad para ejercer control legítimo y prevenir escenarios de conflictividad permanente. Sin confianza no existe regulación social efectiva.

Las condiciones urbanas también influyen directamente en los niveles de violencia interpersonal. Entornos deteriorados, calles sucias, falta de iluminación, hacinamiento y mercados informales desorganizados incrementan la agresividad y la fatiga emocional de las personas. La percepción de abandono estatal facilita conductas violentas y acelera procesos de descomposición social.

En este contexto preocupa especialmente el incremento del uso de armas blancas en Colombia. Este fenómeno no puede analizarse únicamente desde una perspectiva policial. Existen múltiples factores asociados: migración interna y externa, informalidad laboral, fragmentación comunitaria, consumo de sustancias psicoactivas y disputas por el uso del espacio público. El arma blanca se ha convertido en un instrumento cotidiano de intimidación y agresión, presente transversalmente en todas las edades y sectores sociales.

La combinación entre armas blancas y consumo de drogas genera escenarios altamente complejos para la convivencia urbana. Muchas riñas que antes terminaban en discusiones hoy terminan en lesiones graves o muertes. Esto representa un enorme desafío para las autoridades, especialmente para la Policía Nacional, que debe intervenir preventivamente mediante controles, comparendos y acciones pedagógicas.

La educación ciudadana aparece entonces como la principal herramienta de transformación social. Educar para la convivencia significa enseñar respeto, tolerancia, manejo adecuado de conflictos y cumplimiento de normas. La prevención comienza en la familia, continúa en la escuela y se fortalece en la comunidad.

Activar la convivencia pacífica implica recuperar la confianza, fortalecer la cultura ciudadana y reconstruir el sentido de pertenencia colectiva. Senecesita entender que la seguridad no depende únicamente de más policías o mayores sanciones, sino también de ciudadanos conscientes de su responsabilidad social. La convivencia pacífica es, en esencia, la capacidad de vivir juntos respetando las diferencias y entendiendo que el bienestar individual depende del bienestar colectivo.

Seguridad humana y medio ambiente, una relación estratégica inseparable

POR: CARLOS COTES

Durante décadas, la seguridad fue entendida exclusivamente desde la óptica militar y policial. Sin embargo, las amenazas del siglo XXI han demostrado que la destrucción ambiental también pone en riesgo la estabilidad de los Estados y la supervivencia de las comunidades. La deforestación ambiental, la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles y la ganadería extensiva no solo deterioran los ecosistemas; afectan directamente la seguridad humana, entendida como la protección integral de las personas frente a amenazas que comprometen su vida, salud, alimentación, economía y estabilidad social.

La deforestación masiva destruye bosques esenciales para la regulación climática y la conservación de fuentes hídricas. Cuando desaparecen miles de hectáreas de selva y cobertura vegetal, también desaparece la capacidad natural de producir agua, conservar los suelos y mantener la biodiversidad. Las consecuencias son inmediatas: sequías más intensas, erosión de tierras fértiles, pérdida de cultivos y disminución de la producción de alimentos. Esto genera inseguridad alimentaria, aumento de precios y mayor pobreza rural. En regiones vulnerables, la crisis ambiental termina convirtiéndose en una crisis social.

La minería ilegal agrava aún más esta situación. Además de destruir ecosistemas completos, contamina ríos y quebradas con mercurio y sustancias tóxicas que afectan gravemente la salud pública. Comunidades enteras terminan consumiendo agua contaminada y alimentos expuestos a químicos peligrosos. A ello se suma un problema aún más complejo: las economías ilícitas derivadas de la minería ilegal fortalecen estructuras criminales y grupos armados organizados. En muchos territorios, estas actividades financian redes de narcotráfico, corrupción, tráfico de armas y control territorial ilegal. La destrucción ambiental termina convirtiéndose en combustible para la violencia.

De igual manera, la tala indiscriminada de árboles y la expansión de la ganadería extensiva continúan siendo factores determinantes en la degradación ambiental. Grandes extensiones de bosque son arrasadas para ampliar potreros de baja productividad, generando pérdida de biodiversidad, alteración del clima y degradación de los suelos. Esto incrementa los riesgos de inundaciones, incendios forestales y deslizamientos, afectando directamente a las comunidades más pobres y vulnerables. Un territorio ambientalmente degradado pierde capacidad económica, limita el desarrollo sostenible y aumenta la conflictividad social.

Hoy resulta imposible hablar de seguridad ciudadana y seguridad nacional sin incluir el componente ambiental. La lucha por el agua, la tierra y los recursos naturales será uno de los principales desafíos estratégicos de las próximas décadas. Un país que destruye sus bosques, contamina sus ríos y permite economías ilegales sobre sus recursos naturales, debilita su gobernabilidad y compromete el futuro de las nuevas generaciones. Proteger el medio ambiente ya no es únicamente una obligación ecológica; es una necesidad para garantizar la seguridad humana, la estabilidad institucional y el desarrollo sostenible de la nación.

 

Los GDCO, la amenaza que desafía a la seguridad ciudadana en los entornos urbanos

                                                                POR: CARLOS COTES

Durante muchos años, en Colombia la atención pública se concentró principalmente en las guerrillas, el narcotráfico y los grandes grupos armados ilegales. Sin embargo, mientras el país enfocaba sus esfuerzos en esas amenazas de alto impacto, fue creciendo silenciosamente un fenómeno criminal que hoy afecta directamente la tranquilidad cotidiana de millones de ciudadanos, los Grupos de Delincuencia Común Organizada, conocidos como GDCO.

Estas estructuras criminales representan actualmente una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana en barrios, comunas y municipios del país. A diferencia de los grandes grupos armados organizados, los GDCO no buscan confrontar militarmente al Estado ni controlar amplios territorios rurales. Su verdadero poder radica en algo más peligroso para la convivencia diaria, el control social ilegal de las comunidades mediante el miedo, la intimidación y las economías ilícitas locales.

Los GDCO operan principalmente a través del microtráfico, la extorsión, el sicariato, el hurto organizado y el cobro de “vacunas”. Son estructuras flexibles, de rápida adaptación y con gran capacidad de mutación criminal. Cambian constantemente de nombre, se fragmentan, se reorganizan y establecen alianzas temporales para evadir la acción de las autoridades. Esa dinámica los convierte en organizaciones difíciles de identificar y judicializar.

Uno de los errores más frecuentes consiste en subestimar estas estructuras por considerar que son simples pandillas juveniles o delincuencia común aislada. La realidad es distinta. Muchos GDCO poseen niveles importantes de organización, jerarquía y control territorial. En algunos casos cuentan con cabecillas, coordinadores financieros, redes de sicarios, expendedores de droga, campaneros y enlaces con estructuras criminales de mayor alcance. Además, en múltiples escenarios estos grupos son utilizados por los Grupos Armados Organizados (GAO) para ejecutar homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, control territorial urbano y otras conductas de alto impacto, mediante esquemas de tercerización criminal u “outsourcing criminal”, que les permiten a las grandes organizaciones ilegales reducir su exposición directa frente a las autoridades y ampliar su capacidad operativa en las ciudades y municipios.

Su principal fortaleza está en la proximidad con las comunidades. Controlan calles, parques, sectores comerciales y hasta horarios de movilidad. Imponen fronteras invisibles, restringen la circulación de ciudadanos y generan desplazamientos intraurbanos silenciosos que pocas veces aparecen en las estadísticas nacionales. En términos de seguridad urbana, los GDCO afectan directamente la percepción de seguridad y debilitan la legitimidad institucional en los territorios.

Además, estas estructuras aprovechan factores sociales complejos como el desempleo juvenil, la deserción escolar, la pobreza y la falta de oportunidades. Allí encuentran mano de obra criminal disponible y facilidades para consolidar redes ilegales de control territorial. Por eso, el fenómeno no puede abordarse únicamente desde una visión policial o militar.

La respuesta del Estado debe ser integral. Se requiere fortalecer la inteligencia criminal, judicializar las estructuras financieras, aplicar extinción de dominio y desarticular las redes de apoyo logístico. Pero igualmente resulta indispensable recuperar el tejido social mediante inversión pública, educación, deporte, empleo juvenil y presencia institucional permanente en las comunidades más vulnerables.

La seguridad ciudadana del siglo XXI ya no depende exclusivamente de enfrentar grandes amenazas armadas. Hoy el verdadero desafío está en combatir esas estructuras criminales pequeñas y medianas que lentamente erosionan la convivencia, capturan territorios y normalizan la ilegalidad en la vida cotidiana. Los GDCO son, sin duda, una amenaza silenciosa, pero profundamente peligrosa para la estabilidad social y la gobernabilidad urbana del país. Además de los Grupos Armados Organizados (GAO), que históricamente han representado una afectación directa a la seguridad nacional y al orden público, los GDCO constituyen actualmente una seria amenaza contra la seguridad ciudadana, debido a su capacidad de infiltrarse en la vida diaria de las comunidades, generar temor colectivo y debilitar progresivamente la autoridad institucional en barrios, comunas y municipios de Colombia.

 

En una próxima columna más adelante les hablaré, de los GAOr.