Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.
La historia recuerda que las primeras tomas universitarias, hace más de cien años, se dieron en el marco de una reivindicación pacífica por mejores condiciones académicas. Hoy, en cambio, grupos encapuchados lanzan papas bomba, enfrentan a la Fuerza Pública, obstruyen vías y toman por rehén no solo a la institución, sino también a los estudiantes que sí desean asistir a clases, graduarse y aportar al país. Los más afectados no son los supuestos enemigos del sistema, sino los propios compañeros, docentes, vecinos de las universidades y hasta los mismos policías que intentan contener el desorden.
Las razones de la protesta pueden ser válidas: reclamos por la desfinanciación, exigencias de bienestar universitario o inconformidades frente a políticas del gobierno. Pero ninguna de estas causas justifica la violencia. La protesta es un derecho, pero no puede convertirse en una forma de sabotaje al derecho ajeno. La violencia deslegitima la causa.
El gobierno ha respondido creando figuras como los gestores de paz, con el fin de mediar en los conflictos y evitar que escalen a confrontaciones físicas. Sin embargo, la realidad demuestra que muchas universidades públicas ya han sido infiltradas por intereses que buscan desestabilizar desde dentro. Frente a esta amenaza, urge una estrategia de seguridad interna sólida, donde los derechos de los estudiantes sean protegidos y las instalaciones educativas resguardadas.
También es tiempo de que la Fuerza Pública articule frentes de contrainteligencia enfocados en prevenir y neutralizar acciones violentas en las universidades. Las casas de estudio no pueden seguir siendo plataformas del caos. Deben volver a ser espacios de pensamiento, debate y construcción de país. “La protesta es válida; la violencia, jamás”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario