Por: Calé Cotes
El clientelismo armado aparece cuando los grupos ilegales usan su poder para influir en la política local. A veces lo hacen con amenazas, otras con dinero, y otras con favores. Financiación de campañas, presión sobre votantes, imposición de candidatos o control de la contratación pública son algunas de las formas más comunes. En el pasado se vio con el paramilitarismo, luego con las guerrillas en algunas zonas, y hoy también con bandas criminales y redes del narcotráfico. Aunque cambien los nombres de los grupos, el mecanismo sigue siendo el mismo, controlar el poder para proteger intereses ilegales.
Este fenómeno es más fuerte en las regiones donde el Estado llega poco o llega tarde. Municipios con pobreza, economías ilegales, poca presencia de justicia y debilidad institucional son más vulnerables. Donde hay narcotráfico, minería ilegal, contrabando o cultivos ilícitos, siempre existe el riesgo de que aparezca el clientelismo armado. Allí los grupos ilegales no solo buscan dinero, también buscan influir en alcaldías, concejos y gobernaciones para asegurar que nadie afecte sus negocios. Por eso el problema no es solo de seguridad, también es de gobernabilidad.
Combatir el clientelismo armado no se logra solo con más operativos militares. Se necesita presencia real del Estado, justicia que funcione, control al financiamiento de campañas y transparencia en la contratación pública. También se requiere inteligencia para detectar alianzas entre políticos y estructuras criminales, y protección para quienes denuncian. Cuando el Estado investiga, sanciona y mantiene presencia permanente, el clientelismo armado pierde fuerza. Cuando el Estado se retira, otros ocupan su lugar.
La lección es clara, donde el Estado no manda, mandan las armas. El clientelismo armado sigue siendo uno de los mayores riesgos para la seguridad y la democracia. No basta con elecciones, si esas elecciones están presionadas por el miedo o por el dinero ilegal. Fortalecer las instituciones en las regiones no es solo un tema político, es una necesidad para garantizar la seguridad, la legalidad y el futuro del país.
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