Activar la convivencia pacífica, el gran desafío de las zonas urbanas

POR: CARLOS COTES

La convivencia pacífica no surge de manera espontánea ni se decreta desde una oficina pública. Se construye todos los días en la calle, en el barrio, en la escuela, en el transporte público, en los mercados y en los espacios digitales donde interactúan millones de ciudadanos. Colombia enfrenta hoy uno de los mayores retos de su historia reciente: reconstruir el tejido social en medio de la desconfianza, la polarización y el debilitamiento progresivo de las normas básicas de comportamiento ciudadano.

La gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es qué nos une como nación en medio de tantas diferencias. La respuesta está precisamente en reconocer la diversidad humana como un valor y no como una amenaza. Las diferencias culturales, políticas, económicas y sociales no deben conducir al enfrentamiento permanente, sino convertirse en el punto de partida para construir respeto mutuo, diálogo social y corresponsabilidad ciudadana.

La convivencia comienza con comportamientos esperados y con una cultura ciudadana orientada al respeto de las normas. Sin embargo, Colombia ha desarrollado históricamente una preocupante cultura de incumplimiento. Muchas personas consideran normal irrespetar una fila, invadir el espacio público, generar ruido excesivo o incumplir reglas básicas de convivencia. Aunque estas conductas parezcan menores, terminan afectando profundamente la percepción de seguridad y deteriorando el contrato social.

La convivencia no se destruye únicamente por los homicidios o por los grandes delitos de alto impacto. En muchas ocasiones, el verdadero deterioro social comienza con las pequeñas transgresiones cotidianas que generan tensión permanente entre ciudadanos. El equipo de sonido a alto volumen en horas de descanso, los conflictos en propiedad horizontal, la agresividad verbal en el espacio público, el irrespeto a la autoridad o la ocupación indebida de zonas comunes producen un desgaste emocional colectivo que incrementa la conflictividad social.

La comunicación juega un papel determinante en este proceso. Somos seres comunicantes y, por tanto, la calidad de nuestras relaciones depende de la manera en que dialogamos y resolvemos diferencias. La comunicación activa las relaciones humanas, fortalece la participación ciudadana y facilita la construcción de acuerdos. Hoy esa comunicación debe trabajarse tanto en los territorios físicos como en los entornos digitales, donde también se reproducen discursos de odio, intolerancia y violencia simbólica.

Otro factor que afecta gravemente la convivencia es la pérdida de confianza institucional. Cuando la ciudadanía deja de creer en las instituciones, desaparece el respeto por la autoridad y se debilita la legitimidad del Estado. La autoridad necesita recuperar aceptación social y credibilidad para ejercer control legítimo y prevenir escenarios de conflictividad permanente. Sin confianza no existe regulación social efectiva.

Las condiciones urbanas también influyen directamente en los niveles de violencia interpersonal. Entornos deteriorados, calles sucias, falta de iluminación, hacinamiento y mercados informales desorganizados incrementan la agresividad y la fatiga emocional de las personas. La percepción de abandono estatal facilita conductas violentas y acelera procesos de descomposición social.

En este contexto preocupa especialmente el incremento del uso de armas blancas en Colombia. Este fenómeno no puede analizarse únicamente desde una perspectiva policial. Existen múltiples factores asociados: migración interna y externa, informalidad laboral, fragmentación comunitaria, consumo de sustancias psicoactivas y disputas por el uso del espacio público. El arma blanca se ha convertido en un instrumento cotidiano de intimidación y agresión, presente transversalmente en todas las edades y sectores sociales.

La combinación entre armas blancas y consumo de drogas genera escenarios altamente complejos para la convivencia urbana. Muchas riñas que antes terminaban en discusiones hoy terminan en lesiones graves o muertes. Esto representa un enorme desafío para las autoridades, especialmente para la Policía Nacional, que debe intervenir preventivamente mediante controles, comparendos y acciones pedagógicas.

La educación ciudadana aparece entonces como la principal herramienta de transformación social. Educar para la convivencia significa enseñar respeto, tolerancia, manejo adecuado de conflictos y cumplimiento de normas. La prevención comienza en la familia, continúa en la escuela y se fortalece en la comunidad.

Activar la convivencia pacífica implica recuperar la confianza, fortalecer la cultura ciudadana y reconstruir el sentido de pertenencia colectiva. Senecesita entender que la seguridad no depende únicamente de más policías o mayores sanciones, sino también de ciudadanos conscientes de su responsabilidad social. La convivencia pacífica es, en esencia, la capacidad de vivir juntos respetando las diferencias y entendiendo que el bienestar individual depende del bienestar colectivo.

Seguridad humana y medio ambiente, una relación estratégica inseparable

POR: CARLOS COTES

Durante décadas, la seguridad fue entendida exclusivamente desde la óptica militar y policial. Sin embargo, las amenazas del siglo XXI han demostrado que la destrucción ambiental también pone en riesgo la estabilidad de los Estados y la supervivencia de las comunidades. La deforestación ambiental, la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles y la ganadería extensiva no solo deterioran los ecosistemas; afectan directamente la seguridad humana, entendida como la protección integral de las personas frente a amenazas que comprometen su vida, salud, alimentación, economía y estabilidad social.

La deforestación masiva destruye bosques esenciales para la regulación climática y la conservación de fuentes hídricas. Cuando desaparecen miles de hectáreas de selva y cobertura vegetal, también desaparece la capacidad natural de producir agua, conservar los suelos y mantener la biodiversidad. Las consecuencias son inmediatas: sequías más intensas, erosión de tierras fértiles, pérdida de cultivos y disminución de la producción de alimentos. Esto genera inseguridad alimentaria, aumento de precios y mayor pobreza rural. En regiones vulnerables, la crisis ambiental termina convirtiéndose en una crisis social.

La minería ilegal agrava aún más esta situación. Además de destruir ecosistemas completos, contamina ríos y quebradas con mercurio y sustancias tóxicas que afectan gravemente la salud pública. Comunidades enteras terminan consumiendo agua contaminada y alimentos expuestos a químicos peligrosos. A ello se suma un problema aún más complejo: las economías ilícitas derivadas de la minería ilegal fortalecen estructuras criminales y grupos armados organizados. En muchos territorios, estas actividades financian redes de narcotráfico, corrupción, tráfico de armas y control territorial ilegal. La destrucción ambiental termina convirtiéndose en combustible para la violencia.

De igual manera, la tala indiscriminada de árboles y la expansión de la ganadería extensiva continúan siendo factores determinantes en la degradación ambiental. Grandes extensiones de bosque son arrasadas para ampliar potreros de baja productividad, generando pérdida de biodiversidad, alteración del clima y degradación de los suelos. Esto incrementa los riesgos de inundaciones, incendios forestales y deslizamientos, afectando directamente a las comunidades más pobres y vulnerables. Un territorio ambientalmente degradado pierde capacidad económica, limita el desarrollo sostenible y aumenta la conflictividad social.

Hoy resulta imposible hablar de seguridad ciudadana y seguridad nacional sin incluir el componente ambiental. La lucha por el agua, la tierra y los recursos naturales será uno de los principales desafíos estratégicos de las próximas décadas. Un país que destruye sus bosques, contamina sus ríos y permite economías ilegales sobre sus recursos naturales, debilita su gobernabilidad y compromete el futuro de las nuevas generaciones. Proteger el medio ambiente ya no es únicamente una obligación ecológica; es una necesidad para garantizar la seguridad humana, la estabilidad institucional y el desarrollo sostenible de la nación.

 

Los GDCO, la amenaza que desafía a la seguridad ciudadana en los entornos urbanos

                                                                POR: CARLOS COTES

Durante muchos años, en Colombia la atención pública se concentró principalmente en las guerrillas, el narcotráfico y los grandes grupos armados ilegales. Sin embargo, mientras el país enfocaba sus esfuerzos en esas amenazas de alto impacto, fue creciendo silenciosamente un fenómeno criminal que hoy afecta directamente la tranquilidad cotidiana de millones de ciudadanos, los Grupos de Delincuencia Común Organizada, conocidos como GDCO.

Estas estructuras criminales representan actualmente una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana en barrios, comunas y municipios del país. A diferencia de los grandes grupos armados organizados, los GDCO no buscan confrontar militarmente al Estado ni controlar amplios territorios rurales. Su verdadero poder radica en algo más peligroso para la convivencia diaria, el control social ilegal de las comunidades mediante el miedo, la intimidación y las economías ilícitas locales.

Los GDCO operan principalmente a través del microtráfico, la extorsión, el sicariato, el hurto organizado y el cobro de “vacunas”. Son estructuras flexibles, de rápida adaptación y con gran capacidad de mutación criminal. Cambian constantemente de nombre, se fragmentan, se reorganizan y establecen alianzas temporales para evadir la acción de las autoridades. Esa dinámica los convierte en organizaciones difíciles de identificar y judicializar.

Uno de los errores más frecuentes consiste en subestimar estas estructuras por considerar que son simples pandillas juveniles o delincuencia común aislada. La realidad es distinta. Muchos GDCO poseen niveles importantes de organización, jerarquía y control territorial. En algunos casos cuentan con cabecillas, coordinadores financieros, redes de sicarios, expendedores de droga, campaneros y enlaces con estructuras criminales de mayor alcance. Además, en múltiples escenarios estos grupos son utilizados por los Grupos Armados Organizados (GAO) para ejecutar homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, control territorial urbano y otras conductas de alto impacto, mediante esquemas de tercerización criminal u “outsourcing criminal”, que les permiten a las grandes organizaciones ilegales reducir su exposición directa frente a las autoridades y ampliar su capacidad operativa en las ciudades y municipios.

Su principal fortaleza está en la proximidad con las comunidades. Controlan calles, parques, sectores comerciales y hasta horarios de movilidad. Imponen fronteras invisibles, restringen la circulación de ciudadanos y generan desplazamientos intraurbanos silenciosos que pocas veces aparecen en las estadísticas nacionales. En términos de seguridad urbana, los GDCO afectan directamente la percepción de seguridad y debilitan la legitimidad institucional en los territorios.

Además, estas estructuras aprovechan factores sociales complejos como el desempleo juvenil, la deserción escolar, la pobreza y la falta de oportunidades. Allí encuentran mano de obra criminal disponible y facilidades para consolidar redes ilegales de control territorial. Por eso, el fenómeno no puede abordarse únicamente desde una visión policial o militar.

La respuesta del Estado debe ser integral. Se requiere fortalecer la inteligencia criminal, judicializar las estructuras financieras, aplicar extinción de dominio y desarticular las redes de apoyo logístico. Pero igualmente resulta indispensable recuperar el tejido social mediante inversión pública, educación, deporte, empleo juvenil y presencia institucional permanente en las comunidades más vulnerables.

La seguridad ciudadana del siglo XXI ya no depende exclusivamente de enfrentar grandes amenazas armadas. Hoy el verdadero desafío está en combatir esas estructuras criminales pequeñas y medianas que lentamente erosionan la convivencia, capturan territorios y normalizan la ilegalidad en la vida cotidiana. Los GDCO son, sin duda, una amenaza silenciosa, pero profundamente peligrosa para la estabilidad social y la gobernabilidad urbana del país. Además de los Grupos Armados Organizados (GAO), que históricamente han representado una afectación directa a la seguridad nacional y al orden público, los GDCO constituyen actualmente una seria amenaza contra la seguridad ciudadana, debido a su capacidad de infiltrarse en la vida diaria de las comunidades, generar temor colectivo y debilitar progresivamente la autoridad institucional en barrios, comunas y municipios de Colombia.

 

En una próxima columna más adelante les hablaré, de los GAOr.

El mercurio, veneno silencioso de la minería ilegal

POR: CARLOS COTES 

Muchos países de América Latina enfrentan hoy una de las amenazas ambientales más graves de su historia contemporánea, la expansión de la minería ilegal y el uso indiscriminado del mercurio en la extracción de oro. Lo que para las estructuras criminales representa una fuente rápida de enriquecimiento ilícito, para el país significa destrucción ecológica, contaminación de los ríos, afectaciones a la salud pública y debilitamiento de la seguridad territorial. El mercurio se ha convertido en un enemigo silencioso que avanza por las venas hídricas dejando una huella de muerte, enfermedad y deterioro ambiental que tardará décadas en recuperarse.

En distintas regiones del país, especialmente en Antioquia, Chocó, Bolívar, Cauca y sectores de la Amazonía, la explotación ilegal de yacimientos mineros, ha transformado selvas, quebradas y ríos en paisajes devastados. Las dragas destruyen cauces naturales, las retroexcavadoras arrasan bosques y toneladas de sedimentos son arrojadas diariamente a las fuentes hídricas. A ello se suma el uso criminal del mercurio, utilizado para separar el oro de la tierra mediante el proceso conocido como amalgamación. El problema no termina allí. Una vez calentada la mezcla, el mercurio se evapora contaminando el aire y posteriormente regresa a la tierra y al agua en forma de partículas tóxicas.

Los efectos sobre los ríos son alarmantes. El mercurio permanece durante años en el agua y en los sedimentos, convirtiéndose en metilmercurio, una sustancia altamente tóxica que entra en la cadena alimenticia. Los peces absorben el contaminante y posteriormente las comunidades consumen estos alimentos contaminados. Así, miles de familias ribereñas terminan intoxicadas sin siquiera saberlo. El daño es aún más grave en niños y mujeres embarazadas, debido a que el mercurio afecta el sistema nervioso, genera alteraciones cognitivas, daños neurológicos irreversibles, problemas renales y enfermedades respiratorias.

La tragedia ambiental también tiene una dimensión de seguridad nacional. La minería ilegal se ha convertido en fuente de financiamiento de grupos armados organizados y redes criminales transnacionales. Allí donde el Estado pierde control territorial, avanzan las economías ilícitas que destruyen el medio ambiente y someten a las comunidades al miedo y a la ilegalidad. Defender los recursos naturales ya no es solamente una tarea ecológica; es una obligación estratégica para preservar la soberanía, la estabilidad institucional y la vida de millones de personas.

Se necesita fortalecer la capacidad de control sobre el tráfico ilegal de mercurio, endurecer las acciones contra la minería criminal y promover procesos de formalización minera responsables y sostenibles. La protección de los ríos debe asumirse como un asunto prioritario de seguridad ambiental y de supervivencia nacional. Cada gramo de mercurio vertido en nuestras aguas representa una amenaza contra el futuro del país. El oro extraído ilegalmente puede generar riqueza momentánea para unos pocos, pero el daño ambiental y humano que deja el mercurio puede permanecer por generaciones enteras.

El Clientelismo armado

                                                                         Por: Carlos Cotes

Actualmente hay un fenómeno muy peligroso que sigue afectando la democracia, el clientelismo armado. No se trata solo de corrupción política ni solo de grupos ilegales, sino de la unión entre armas y política para controlar territorios, elecciones y recursos públicos. Cuando un grupo armado decide quién puede ser candidato, quién puede hacer campaña o quién puede contratar con el Estado, la democracia deja de ser libre y se convierte en una imposición. Este problema no siempre se ve en las grandes ciudades, pero en muchas regiones sigue siendo una realidad cotidiana.

El clientelismo armado aparece cuando los grupos ilegales usan su poder para influir en la política local. A veces lo hacen con amenazas, otras con dinero, y otras con favores. Financiación de campañas, presión sobre votantes, imposición de candidatos o control de la contratación pública son algunas de las formas más comunes. En el pasado se vio con el paramilitarismo, luego con las guerrillas en algunas zonas, y hoy también con bandas criminales y redes del narcotráfico. Aunque cambien los nombres de los grupos, el mecanismo sigue siendo el mismo, controlar el poder para proteger intereses ilegales.

Este fenómeno es más fuerte en las regiones donde el Estado llega poco o llega tarde. Municipios con pobreza, economías ilegales, poca presencia de justicia y debilidad institucional son más vulnerables. Donde hay narcotráfico, minería ilegal, contrabando o cultivos ilícitos, siempre existe el riesgo de que aparezca el clientelismo armado. Allí los grupos ilegales no solo buscan dinero, también buscan influir en alcaldías, concejos y gobernaciones para asegurar que nadie afecte sus negocios. Por eso el problema no es solo de seguridad, también es de gobernabilidad.

Combatir el clientelismo armado no se logra solo con más operativos militares. Se necesita presencia real del Estado, justicia que funcione, control al financiamiento de campañas y transparencia en la contratación pública. También se requiere inteligencia para detectar alianzas entre políticos y estructuras criminales, y protección para quienes denuncian. Cuando el Estado investiga, sanciona y mantiene presencia permanente, el clientelismo armado pierde fuerza. Cuando el Estado se retira, otros ocupan su lugar.

La lección es clara, donde el Estado no manda, mandan las armas. El clientelismo armado sigue siendo uno de los mayores riesgos para la seguridad y la democracia. No basta con elecciones, si esas elecciones están presionadas por el miedo o por el dinero ilegal. Fortalecer las instituciones en las regiones no es solo un tema político, es una necesidad para garantizar la seguridad, la legalidad y el futuro del país.

Territorios bajo injerencia delictiva

POR: CARLOS COTES M.

La injerencia delictiva se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad territorial. Este fenómeno representa el dominio que ejercen los grupos armados organizados sobre áreas estratégicas del país, donde imponen sus propias normas, controlan la movilidad y someten a la población civil bajo esquemas de coerción. La ocupación territorial por parte de estos grupos no es improvisada: responde a cálculos logísticos, económicos y militares, orientados a garantizar su permanencia y la expansión de sus economías ilícitas.

Cada grupo armado organizado define su espacio de injerencia delictiva según sus intereses particulares. Allí concentran sus efectivos, recursos y redes de apoyo, asegurando corredores para el narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando. Estos espacios no solo representan áreas de operación criminal, sino verdaderas zonas de influencia donde el poder del Estado es reemplazado por el control social armado. En esos territorios, las actividades económicas son gravadas y la justicia se administra con fusil.

El narcotráfico sigue siendo la fuente de financiación más determinante, pero la minería ilegal, el tráfico de armas y la extorsión han diversificado el portafolio criminal. Cada grupo protege con violencia los territorios que le garantizan rentas y rutas, generando disputas sangrientas por los límites de influencia. La injerencia delictiva se vuelve así un mapa de poder invisible que delimita dónde comienza y termina la presencia del Estado. Los GAO convierten los ríos, carreteras o selvas en fronteras de facto, mientras la población se convierte en rehén de su disputa.

La Fuerza Pública tiene un compromiso enorme y permanente: recuperar los territorios bajo control de estos grupos. La tarea no se limita al enfrentamiento militar, sino que implica restablecer la institucionalidad, la confianza ciudadana y las oportunidades económicas que permitan romper el ciclo de dependencia criminal. La seguridad territorial debe entenderse como un proceso integral donde la presencia del Estado es tan importante como la legitimidad de su acción.

La injerencia delictiva es uno de los mayores desafíos que enfrenta Colombia en su lucha por la estabilidad y la convivencia. Cada vez que un grupo armado amplía su rango de acción o aumenta su pie de fuerza, la población civil sufre las consecuencias. Desmantelar esas estructuras de control no solo es una tarea de seguridad, sino de reconstrucción del Estado en los márgenes olvidados del país, donde la ley aún se disputa con la violencia.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**