Por: CARLOS COTES MAYA
Hoy, un ataque no necesita soldados, armas ni cruzar fronteras para causar daños. Puede comenzar con un correo electrónico falso, una contraseña robada o el ingreso de un delincuente a los sistemas de una entidad. En cuestión de minutos, una institución puede perder información, dejar de prestar servicios o enfrentar una crisis que afecte su funcionamiento y la confianza de los ciudadanos.
Frente a esta realidad surge una pregunta: ¿están preparadas nuestras instituciones para enfrentar un ataque cibernético? Una de las mejores formas de saberlo es mediante los simulacros de ciberseguridad.
¿En qué consisten? Son ejercicios en los que se recrea un ataque digital para comprobar cómo reaccionan los funcionarios, los directivos y los equipos técnicos. Se busca saber quién toma las decisiones, quién activa las alertas, cómo se protege la información y qué medidas se adoptan para mantener funcionando los servicios de la institución.
Imaginemos, por ejemplo, que una entidad territorial sufre un ataque informático. Los delincuentes bloquean sus bases de datos, impiden el acceso a documentos importantes y amenazan con publicar información de funcionarios y ciudadanos. Al mismo tiempo, algunas plataformas dejan de funcionar y comienzan a circular rumores en las redes sociales. ¿Quién debe responder? ¿Cómo se recupera la información? ¿Quién comunica lo sucedido a la ciudadanía? ¿Cómo se garantiza que la administración siga funcionando?
Estas situaciones no deben enfrentarse por primera vez cuando ocurran. Precisamente, los simulacros permiten practicar las respuestas antes de que llegue una emergencia real.
Para ello, no basta con convocar al personal de sistemas. También deben participar los directivos, las oficinas jurídicas, comunicaciones, control interno, gestión del riesgo y las dependencias que prestan servicios esenciales. Cada funcionario debe conocer su responsabilidad y saber a quién acudir cuando se presente una situación de esta naturaleza.
Las amenazas también pueden afectar servicios fundamentales. Un ataque contra una empresa de energía, un hospital, una entidad financiera o una plataforma de comunicaciones puede generar consecuencias que van mucho más allá de los computadores. Puede afectar la atención médica, interrumpir servicios públicos, perjudicar la economía y poner en dificultades la capacidad de respuesta de las autoridades.
Por eso, Colombia necesita fortalecer la preparación de sus instituciones frente a estos riesgos. Las gobernaciones y alcaldías deben incorporar simulacros periódicos, capacitar a sus funcionarios, proteger sus bases de datos y contar con planes para mantener sus servicios funcionando cuando se presente un ataque. Existen experiencias y metodologías internacionales, como las desarrolladas por el NIST y la agencia estadounidense CISA, que pueden servir de referencia para organizar estos ejercicios.
Es importante entender que comprar computadores, instalar antivirus o contratar empresas de seguridad informática no es suficiente. También hay que preparar a las personas que trabajan en las instituciones y, especialmente, a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones durante una crisis.
Así como hacemos simulacros de evacuación, ejercicios ante incendios y reuniones de coordinación para enfrentar problemas de orden público, debemos acostumbrarnos a realizar simulacros de ciberseguridad.
La tecnología avanza, pero también lo hacen las amenazas. Las instituciones que no se preparen estarán más expuestas a sufrir las consecuencias de un ataque.












