sábado, 21 de noviembre de 2026

Simulacros de ciberseguridad, prepararse para un ataque que puede comenzar con un clic

Por: CARLOS COTES MAYA

La ciberseguridad es la protección de los computadores, las redes, los sistemas y la información frente a ataques digitales, robos de datos, espionaje y sabotajes. Aunque muchas personas creen que estos problemas solamente afectan a las grandes empresas o a los bancos, la realidad es que también pueden poner en riesgo a las gobernaciones, alcaldías, hospitales, empresas de servicios públicos y cualquier institución que maneje información o preste servicios a los ciudadanos.

Hoy, un ataque no necesita soldados, armas ni cruzar fronteras para causar daños. Puede comenzar con un correo electrónico falso, una contraseña robada o el ingreso de un delincuente a los sistemas de una entidad. En cuestión de minutos, una institución puede perder información, dejar de prestar servicios o enfrentar una crisis que afecte su funcionamiento y la confianza de los ciudadanos.

Frente a esta realidad surge una pregunta: ¿están preparadas nuestras instituciones para enfrentar un ataque cibernético? Una de las mejores formas de saberlo es mediante los simulacros de ciberseguridad.

¿En qué consisten? Son ejercicios en los que se recrea un ataque digital para comprobar cómo reaccionan los funcionarios, los directivos y los equipos técnicos. Se busca saber quién toma las decisiones, quién activa las alertas, cómo se protege la información y qué medidas se adoptan para mantener funcionando los servicios de la institución.

Imaginemos, por ejemplo, que una entidad territorial sufre un ataque informático. Los delincuentes bloquean sus bases de datos, impiden el acceso a documentos importantes y amenazan con publicar información de funcionarios y ciudadanos. Al mismo tiempo, algunas plataformas dejan de funcionar y comienzan a circular rumores en las redes sociales. ¿Quién debe responder? ¿Cómo se recupera la información? ¿Quién comunica lo sucedido a la ciudadanía? ¿Cómo se garantiza que la administración siga funcionando?

Estas situaciones no deben enfrentarse por primera vez cuando ocurran. Precisamente, los simulacros permiten practicar las respuestas antes de que llegue una emergencia real.

Para ello, no basta con convocar al personal de sistemas. También deben participar los directivos, las oficinas jurídicas, comunicaciones, control interno, gestión del riesgo y las dependencias que prestan servicios esenciales. Cada funcionario debe conocer su responsabilidad y saber a quién acudir cuando se presente una situación de esta naturaleza.

Las amenazas también pueden afectar servicios fundamentales. Un ataque contra una empresa de energía, un hospital, una entidad financiera o una plataforma de comunicaciones puede generar consecuencias que van mucho más allá de los computadores. Puede afectar la atención médica, interrumpir servicios públicos, perjudicar la economía y poner en dificultades la capacidad de respuesta de las autoridades.

Por eso, Colombia necesita fortalecer la preparación de sus instituciones frente a estos riesgos. Las gobernaciones y alcaldías deben incorporar simulacros periódicos, capacitar a sus funcionarios, proteger sus bases de datos y contar con planes para mantener sus servicios funcionando cuando se presente un ataque. Existen experiencias y metodologías internacionales, como las desarrolladas por el NIST y la agencia estadounidense CISA, que pueden servir de referencia para organizar estos ejercicios.

Es importante entender que comprar computadores, instalar antivirus o contratar empresas de seguridad informática no es suficiente. También hay que preparar a las personas que trabajan en las instituciones y, especialmente, a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones durante una crisis.

Así como hacemos simulacros de evacuación, ejercicios ante incendios y reuniones de coordinación para enfrentar problemas de orden público, debemos acostumbrarnos a realizar simulacros de ciberseguridad.

La tecnología avanza, pero también lo hacen las amenazas. Las instituciones que no se preparen estarán más expuestas a sufrir las consecuencias de un ataque.


viernes, 20 de noviembre de 2026

Ecuador frente al poder de las mafias

Por: Carlos Cotes M

Ecuador enfrenta una pregunta: ¿cómo recuperar el control del Estado cuando el crimen organizado disputa rutas, puertos, cárceles? La respuesta no puede limitarse a desplegar tropas y multiplicar operativos. La soberanía se demuestra cuando la autoridad funciona y protege a la población.

Su geografía importa. Entre Colombia y Perú, con salida al Pacífico y puertos estratégicos, Ecuador es punto de tránsito para redes que transportan cocaína. Las disputas por corredores y embarques alimentan homicidios, extorsiones y control criminal. No es solo delincuencia: es una amenaza a la seguridad nacional.

El gobierno responde con estados de excepción, despliegue militar, operaciones conjuntas con la Policía, interdicción marítima, capturas e incautaciones. En marzo de 2026, Ecuador y Estados Unidos anunciaron operaciones militares conjuntas contra organizaciones criminales. Ese mes, el FBI abrió una oficina permanente en Quito para apoyar investigaciones sobre narcotráfico, armas y lavado de activos.

Pero capturar cabecillas no equivale a desmantelar organizaciones. Si los golpes no afectan finanzas, proveedores, rutas y corrupción, las estructuras se fragmentan y surgen células más pequeñas y violentas. El éxito no debe medirse solo en detenidos o toneladas incautadas, sino en la reducción sostenida de homicidios, extorsiones y control ilegal.

La ofensiva requiere inteligencia integrada, investigación y justicia. La Fuerza Pública debe actuar con información verificable; la Fiscalía, construir procesos sólidos; las unidades financieras, seguir el dinero y congelar activos; y las autoridades portuarias, impedir la contaminación de cargas. La cooperación internacional debe perseguir las cadenas logísticas y financieras.

Aquí está el debate sobre soberanía militar. Cooperar con Estados Unidos no significa perder autonomía. Puede fortalecerla si Ecuador conserva el mando, fija prioridades, protege su información y somete las operaciones a la Constitución y la ley. La dependencia aparece cuando no puede sostener sus capacidades o verificar la inteligencia recibida. Recibir apoyo no es entregar el control.

La lucha contra el crimen tampoco puede convertir a la población en sospechosa colectiva. Las denuncias de abusos, desapariciones o uso ilegal de la fuerza deben investigarse. La rendición de cuentas protege la legitimidad militar y la confianza ciudadana.

En noviembre de 2025, el 60,82 % votó contra eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras. El resultado recordó que la cooperación tiene límites definidos por los ecuatorianos: trabajar con aliados no significa entregarles la conducción de la defensa.

La soberanía no se recupera con un decreto ni se proclama después de una operación. Se construye cuando el Estado controla puertos y fronteras, desarticula finanzas criminales, protege jueces y fiscales y recupera cárceles. También exige prevención social, protección a testigos y presencia estatal en territorios recuperados y de forma sostenida.

Ecuador debe golpear al crimen donde más le duele: dinero, logística, corrupción y capacidad de imponer miedo. Los operativos son necesarios, pero no bastan. La victoria estratégica llegará cuando el ciudadano reconozca al Estado como autoridad protectora y no tenga que negociar su libertad con una organización criminal. Esa es la medida real de la soberanía.

miércoles, 18 de noviembre de 2026

Colombia frente a la amenaza de los drones, una guerra tecnológica que nos está tomando ventaja

Por: Carlos Cotes

Esta es mi tercera columna sobre una amenaza que continúa creciendo en Colombia y frente a la cual todavía no hemos logrado construir una respuesta integral: los ataques con drones cargados con explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública y la infraestructura del Estado.

Lo que inicialmente parecía una modalidad de ataque aislada se está convirtiendo en una herramienta recurrente de las organizaciones armadas ilegales. La evolución tecnológica de estos dispositivos está modificando las dinámicas del conflicto y poniendo a prueba las capacidades de defensa del Estado.

La preocupación ya no se limita a los drones convencionales controlados por radiofrecuencia. Hoy aparecen aeronaves con navegación autónoma, coordenadas programadas y conexiones por fibra óptica, modalidades que pueden evadir algunos mecanismos tradicionales de inhibición de señales. Esto significa que los equipos antidrones adquiridos por diferentes instituciones podrían no tener la capacidad de neutralizar todas las amenazas.

No se trata de cuestionar la inversión en seguridad, sino de exigir inteligencia tecnológica, evaluaciones rigurosas y compras estratégicas. No podemos seguir adquiriendo equipos sin verificar su efectividad frente a drones autónomos, enlaces de fibra óptica y diferentes sistemas de navegación. La radiofrecuencia no es el único mecanismo de operación y, por tanto, la inhibición electrónica tampoco puede ser nuestra única respuesta.

Incluso  he planteado la posibilidad de utilizar escopetas calibre 12 para derribar estas aeronaves. Aunque pueden representar una alternativa física excepcional, su efectividad frente a drones pequeños y maniobrables es limitada, además de los riesgos que implica la caída de proyectiles o de aeronaves cargadas con explosivos. No podemos improvisar la defensa de nuestros policías y soldados.

Colombia necesita una arquitectura integral de defensa contra sistemas aéreos no tripulados,
radares especializados, sensores electroópticos, cámaras térmicas, sistemas de identificación, tecnologías de neutralización física y electrónica, inteligencia y protocolos de protección de instalaciones militares y policiales. Todo ello acompañado de entrenamiento, interoperabilidad y actualización tecnológica permanente.

La guerra irregular está evolucionando y las organizaciones criminales están aprovechando tecnologías comerciales para desafiar las capacidades convencionales del Estado. Mientras tanto, nuestras instituciones siguen enfrentando dificultades para anticiparse a esta transformación.

El problema no es solamente derribar drones. Es evitar que nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública continúen expuestos a una amenaza que evoluciona más rápido que nuestra capacidad de respuesta.

La defensa del territorio exige anticipación, inteligencia e innovación. La seguridad de nuestros policías y soldados no admite improvisaciones.

martes, 17 de noviembre de 2026

Violencia armada prolongada, un desafío estructural para erradicar

Por: Carlos Cotes 

Colombia lleva más de seis décadas enfrentando distintas expresiones de violencia armada. No hemos vivido una sola guerra, idéntica e inmutable, sino un fenómeno que ha cambiado de actores, intereses y métodos, mientras conserva factores que permiten su reproducción. Comprender esa realidad es indispensable para construir una política de seguridad seria y de largo plazo.


Hablar de violencia armada prolongada de carácter histórico y estructural significa reconocer que sus raíces no se encuentran únicamente en la existencia de grupos ilegales. También intervienen conflictos por la tierra, debilidad institucional en algunos territorios, economías ilícitas, restricciones a la participación política y profundas afectaciones al tejido social. Estos factores ayudan a explicar el contexto, pero no justifican el secuestro, la extorsión, el terrorismo, el reclutamiento de menores ni los ataques contra la población. La responsabilidad por los delitos recae en quienes los cometen y en quienes los ordenan o financian.


Desde una perspectiva democrática, hay una premisa que no admite ambigüedades: la seguridad es condición para la libertad. Sin seguridad, el ciudadano no puede trabajar tranquilo, movilizarse, ejercer sus derechos ni desarrollar un proyecto de vida. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger a la población y garantizar que ninguna organización armada imponga reglas mediante el miedo. Su autoridad debe ser legítima, firme y sometida a la ley.


La experiencia colombiana demuestra que la reducción de la capacidad de un grupo no siempre significa que la violencia desaparezca. En ocasiones, otras estructuras ocupan los espacios, disputan las rentas ilegales o reorganizan sus redes. Por eso, medir los resultados solo por capturas, bajas o incautaciones puede ofrecer una visión incompleta. Es necesario evaluar si disminuyen los homicidios, la extorsión y el desplazamiento; si las comunidades recuperan la movilidad; y si las instituciones permanecen de manera integral después de las operaciones.


La respuesta exige una estrategia integral, no una sustitución de responsabilidades. La Fuerza Pública necesita capacidades, inteligencia y respaldo institucional para cumplir su misión. La justicia debe investigar y sancionar a los responsables. A su vez, las autoridades civiles deben garantizar servicios, oportunidades, seguridad jurídica y presencia efectiva en los territorios. La acción social no reemplaza la seguridad, así como la acción militar o policial no reemplaza la justicia ni la gobernabilidad.


Reconocer el carácter estructural de la violencia tampoco significa aceptar que Colombia esté condenada a ella. Las condiciones históricas pueden transformarse con instituciones sólidas, reglas claras y políticas sostenidas. El reto consiste en evitar que cada avance sea temporal y que cada organización desarticulada sea reemplazada por otra.


La paz y la seguridad se construyen protegiendo al ciudadano, defendiendo la democracia y garantizando que la autoridad legítima prevalezca sobre la coerción ilegal. Colombia necesita una estrategia que no se limite a contener la violencia, sino que transforme las condiciones que permiten su continuidad. Ese es un compromiso de Estado y una responsabilidad con las próximas generaciones.


La firmeza estatal debe ir acompañada de legalidad, control democrático y respeto por los derechos humanos.




**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

viernes, 13 de noviembre de 2026

Haití, una nación atrapada entre las armas y el crimen organizado

Por: Carlos Cotes Maya

Haití ofrece una de las advertencias más contundentes del hemisferio: la criminalidad organizada puede dejar de ser un problema de orden público para convertirse en un desafío directo a la soberanía, la gobernabilidad y la seguridad nacional. Allí, las pandillas ya no se limitan a cometer delitos; disputan territorios, condicionan la movilidad, extorsionan la economía y atacan de manera coordinada a las instituciones.

El fenómeno tiene raíces profundas. La fragilidad institucional, la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad política y la circulación ilícita de armas crearon condiciones para que grupos armados barriales evolucionaran hacia estructuras con capacidad de intimidación y control. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, agravó la crisis política y aceleró el vacío de autoridad.

La dimensión del problema está documentada por Naciones Unidas. El informe del secretario general S/2026/32 registró al menos 5.601 homicidios en 2024 y 4.384 entre enero y septiembre de 2025. La ONU describió una transformación del panorama criminal: grupos antes fragmentados se fusionaron en coaliciones capaces de sostener control territorial, extorsionar rutas y centros económicos y ejecutar operaciones coordinadas contra agentes estatales y rivales. En junio de 2025, la UNODC estimó que las organizaciones criminales controlaban alrededor del 90 por ciento del área metropolitana de Puerto Príncipe.

Entre las estructuras conocidas figuran 400 Mawozo, Gran Grif, 5 Segond, Canaan, Kokorat San Ras y las redes articuladas alrededor de Viv Ansanm. Esta última coalición reunió a grupos que anteriormente se enfrentaban, mostrando que las rivalidades pueden ceder cuando existe un interés común: ampliar el control, proteger negocios ilícitos y presionar al Estado. El Panel de Expertos de la ONU informó en septiembre de 2026 que la coalición sufrió fracturas violentas y disputas por territorios e ingresos.

Su poder no depende de una sola actividad. El secuestro, la extorsión a comerciantes y transporta
dores, el tráfico de armas y drogas, el contrabando de combustible y los cobros ilegales en carreteras alimentan sus finanzas. El control de vías, puertos y terminales de combustible les permite interferir en el abastecimiento, elevar los costos del comercio y restringir la llegada de ayuda humanitaria. La economía cotidiana se convierte así en instrumento de coerción.

El costo humano es devastador. El Panel de Expertos calculó 3.165 personas muertas y 1.551 heridas entre octubre de 2025 y abril de 2026. La misma investigación situó el desplazamiento interno en 1,5 millones de personas. Además, Naciones Unidas advirtió que los niños representan entre el 30 y el 50 por ciento de los integrantes de las bandas, una estimación que evidencia el reclutamiento y la explotación de menores como parte del sostenimiento de estas estructuras.

La respuesta de seguridad también enfrenta límites. La Policía haitiana opera bajo presión, mientras las Fuerzas Armadas nacionales tienen capacidades reducidas para cubrir la dimensión de la crisis. La Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada internacionalmente, comenzó a desplegarse en 2026; a finales de agosto contaba con 1.213 efectivos uniformados, frente a una autorización máxima de 5.500.

La experiencia haitiana deja una advertencia para toda América Latina y el Caribe: las organizaciones criminales pueden evolucionar hasta convertirse en poderes armados con capacidad de disputar la autoridad estatal. Su expansión exige comprender que el control territorial, las alianzas entre estructuras, la financiación ilícita, el reclutamiento de menores y la captura de economías locales son dimensiones de una misma amenaza. La prevención debe anticiparse a esa transformación mediante inteligencia estratégica, cooperación internacional, fortalecimiento institucional, control de las economías criminales y presencia efectiva del Estado en los territorios. Esperar a que las bandas impongan sus propias reglas significa llegar tarde a una crisis que compromete la estabilidad democrática y la seguridad regional.

En Haití, la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la seguridad nacional se han entrelazado hasta convertirse en una crisis de Estado. La advertencia para la región es no esperar a que las bandas gobiernen de facto para reconocer que la amenaza ya dejó de ser exclusivamente policial. Un Estado conserva su autoridad no solo cuando ocupa físicamente un territorio, sino cuando puede garantizar allí la ley, la libertad de movimiento y la vida de sus ciudadanos.

martes, 10 de noviembre de 2026

El Estado frente a los poderes paralelos

                                                 Por: Carlos Cotes Maya

Más de 200 millones de personas en 60 países viven en territorios controlados o disputados por grupos armados no estatales. La cifra, recogida por The Wall Street Journal, describe una transformación profunda de la seguridad contemporánea. Carteles, guerrillas, milicias y redes criminales no se limitan a delinquir: disputan al Estado su autoridad, regulan la vida cotidiana y convierten el territorio en una fuente permanente de rentas. La amenaza dejó de ser exclusivamente criminal para convertirse, en numerosos escenarios, en un problema de soberanía y gobernabilidad.

El poder criminal se consolida cuando deja de ser únicamente depredador y comienza a comportarse como autoridad. El llamado “bandolerismo estacionario” explica esa mutación: en vez de atacar y retirarse, la organización permanece, cobra extorsiones, impone reglas y, en ocasiones, ofrece servicios selectivos. El artículo menciona al Clan del Golfo en Colombia, que combina narcotráfico y violencia con acciones como el mantenimiento de carreteras. Esa provisión no es benevolencia; es una herramienta para afianzar dependencia, aceptación forzada y dominio. La población puede terminar sometida a una estructura que, además de amenazarla, pretende resolver necesidades que el Estado no atiende oportunamente.

Ecuador ilustra cómo los vacíos institucionales pueden convertirse en autopistas para la expansión criminal. Los Choneros y Los Lobos disputan corredores logísticos, extorsionan al comercio y atacan autoridades judiciales, penitenciarias y políticas. México muestra organizaciones capaces de influir en gobiernos locales, obras públicas y transporte, mientras protegen cadenas transnacionales de drogas con armamento de alto poder. En Yemen, los hutíes proyectan capacidades militares sobre rutas marítimas estratégicas; en el Sahel, grupos insurgentes explotan recursos forestales, oro y agricultura; y en Myanmar, la guerra y la fragilidad estatal facilitan economías ilícitas y complejos de estafa digital.

Los escenarios son distintos, pero comparten una lógica: financiación ilícita, coerción, tecnología y debilitamiento institucional se refuerzan mutuamente. Drones de bajo costo, comunicaciones cifradas, internet satelital y criptomonedas amplían el alcance de actores que antes dependían de estructuras más limitadas. La criminalidad se conecta con mercados globales y puede afectar puertos, rutas comerciales, sistemas financieros y la seguridad de comunidades enteras. El crimen organizado ya no es solamente una amenaza local: funciona como una red transnacional que aprovecha las vulnerabilidades de los Estados y la interdependencia económica.

La lección estratégica es clara: la presencia de policías o militares, por sí sola, no garantiza el control estatal. La fuerza legítima debe proteger a la población y recuperar condiciones de seguridad, pero también debe estar acompañada de justicia accesible, servicios públicos, infraestructura, oportunidades económicas y autoridades confiables. Allí donde el Estado llega tarde, de manera intermitente o sin legitimidad, otros actores llenan el espacio, casi siempre mediante amenazas y rentas ilegales, lo que se llama gobernanza criminal. La seguridad sostenible exige que la acción operacional tenga continuidad institucional y resultados verificables para las comunidades.

Esta advertencia exige superar la lectura fragmentada del problema. El control territorial no puede medirse únicamente por operaciones, capturas o incautaciones. También debe evaluarse por la capacidad institucional de impedir la extorsión, asegurar la movilidad, proteger líderes y comerciantes, garantizar la justicia y sostener la presencia pública después de una intervención. La gobernanza criminal no se desmonta solo golpeando sus estructuras armadas: hay que cortar sus finanzas, desarticular sus redes políticas y logísticas, y recuperar la confianza ciudadana. Esto demanda coordinación entre autoridades nacionales y territoriales, Fuerza Pública, justicia y entidades responsables de la inversión social.

El desafío es de seguridad ciudadana, seguridad pública y defensa y seguridad
nacional. Cuando una organización impone normas, administra rentas y decide quién puede vivir, trabajar o transitar, no estamos ante una simple alteración del orden público. Estamos frente a una disputa por la soberanía. El Estado debe responder con firmeza, coordinación y legitimidad. Porque el territorio no se recupera únicamente ocupándolo: se recupera haciendo que la autoridad legal sea efectiva, que los derechos sean protegidos y que la población tenga razones para confiar en sus instituciones.

lunes, 9 de noviembre de 2026

Pesca ilegal y narcotráfico, el mar bajo presión


POR: CARLOS COTES MAYA

La pesca ilegal suele considerarse un problema ambiental, capturas sin permiso, redes prohibidas y especies amenazadas. Pero detrás puede existir una cadena de financiadores, embarcaciones, intermediarios, rutas y mercados que convierte la depredación marina en negocio. En nuestro país, con costas en el Caribe y el Pacífico, este fenómeno también constituye una economía ilícita y amenaza a la seguridad.

La pesca ilegal no se limita a extraer peces sin autorización. Puede organizarse como una cadena: financiadores aportan recursos, tripulaciones capturan, intermediarios compran y comerciantes distribuyen el producto. Cuando se oculta su origen o se comercializan especies protegidas, se generan ganancias ilegales y se perjudica a las comunidades pesqueras.

Su asociación con el narcotráfico aparece cuando ambas economías aprovechan capacidades y espacios comunes. Embarcaciones, puertos, puntos de desembarque, contactos costeros y corredores marítimos pueden utilizarse para transportar mercancías ilícitas o encubrir movimientos. No significa que todo pescador sea narcotraficante: las redes pueden compartir infraestructura y territorios. La convergencia debe probarse.

Un caso ocurrió el 24 de marzo de 2025, a pocas millas náuticas de Tumaco. La Armada interceptó una embarcación con 1.383 kilogramos de cocaína y 208 aletas de tiburón. Sus tripulantes eran dos colombianos y un ecuatoriano. El hallazgo demuestra la coexistencia de cocaína y productos de especies protegidas en una embarcación. No prueba que ambas cargas pertenecieran a una misma organización ni que un grupo armado dirigiera la operación. No debe confundirse una hipótesis de inteligencia con una conclusión judicial.

El mercado global amplía el problema. Las aletas de tiburón tienen demanda en mercados asiáticos. La totoaba, especie del Alto Golfo de California, es perseguida por el valor de su vejiga natatoria, llamada “buche”. Su comercio ilegal ha atraído a organizaciones criminales. El estudio ECN 19-2025 describe en México dinámicas atribuidas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo: tráfico de especies, control de actividades pesqueras y utilización de rutas compartidas con el narcotráfico. Aunque no habita nuestros mares, la totoaba evidencia el valor que adquieren especies amenazadas para redes transnacionales.

Las fronteras marítimas no detienen estas actividades. Por ellas circulan tripulaciones de distintas nacionalidades, embarcaciones que cruzan jurisdicciones e intermediarios conectados con Centroamérica, México, Estados Unidos y Asia. La presencia de barcos extranjeros en áreas protegidas del Pacífico y el Caribe exige cooperación internacional, intercambio de información y controles portuarios. La nacionalidad no prueba pertenencia criminal.

La dimensión financiera es decisiva. Hay que identificar quién financia las faenas, quién posee las embarcaciones, quién compra las especies y quién recibe las ganancias. Deben investigarse vínculos con contrabando, lavado de activos, extorsión o grupos armados, sin presumir su responsabilidad.

La pesca ilegal se convierte en economía ilícita cuando se organiza como negocio, cruza fronteras y abastece mercados clandestinos. Su convergencia con el narcotráfico puede expresarse en el uso compartido de rutas, embarcaciones y redes comerciales, o en la circulación de ganancias entre actividades criminales. El caso de Tumaco obliga a vigilar esa posibilidad sin exagerar lo que la evidencia demuestra.

La respuesta exige coordinación entre Armada, Fiscalía, Policía, autoridades pesqueras, aduanas e inteligencia financiera; trazabilidad, vigilancia marítima y cooperación internacional. La prioridad es identificar financiadores y beneficiarios, sin criminalizar pescadores.

Proteger el mar es defender soberanía, biodiversidad, seguridad alimentaria y economía legal. Cuando una especie amenazada se convierte en mercancía y una embarcación pesquera coincide con una operación de cocaína, el problema deja de ser exclusivamente ambiental: se convierte en un desafío de seguridad multidimensional hoy.


**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

viernes, 6 de noviembre de 2026

La guerra cognitiva y el desafío de las sociedades

Por: Carlos Cotes

Durante mucho tiempo, la guerra se entendió como confrontación entre ejércitos, armas y territorios. Hoy, el poder también se disputa en un escenario menos visible, la mente humana. Allí se desarrolla la guerra cognitiva, un fenómeno que merece atención de los Estados, las Fuerzas Militares y la ciudadanía.

La guerra cognitiva busca influir en cómo las personas perciben los hechos, interpretan la información y toman decisiones. No se limita a difundir noticias falsas, montajes. Puede combinar propaganda, desinformación, operaciones de influencia, manipulación audiovisual y amplificación digital. Sus objetivos pueden ser erosionar la confianza, profundizar divisiones, condicionar comportamientos o debilitar la cohesión social. Puede desarrollarse sin disparar un solo tiro, aunque también acompañar operaciones militares y otras formas de presión propias de la guerra híbrida.

Las redes sociales han multiplicado la velocidad y el alcance de estas acciones. Una imagen fuera de contexto, un audio falso o un video creado con inteligencia artificial pueden circular antes de verificar los hechos. Cuentas coordinadas pueden aparentar un respaldo inexistente y la repetición hacer que una afirmación parezca creíble. Sin embargo, la viralidad no prueba una operación organizada: la intención, la coordinación y el contexto deben investigarse.

La dimensión emocional es decisiva. El miedo puede instalar una sensación de desprotección; la ira, alimentar el rechazo; la frustración, profundizar la percepción de abandono; y la esperanza, presentar a un actor como supuesto salvador. Las emociones influyen en la atención, la memoria y el juicio, pero no anulan la razón. Por eso, la ciudadanía no debe ser tratada como una masa manipulable, tiene criterio y capacidad de contrastar.

En territorios afectados por organizaciones armadas ilegales, el desafío es especialmente complejo. Un grupo que amenaza, extorsiona o ejerce violencia puede intentar presentarse como protector de la comunidad y atribuir al Estado todos los problemas. Selecciona hechos, omite contextos y difunde versiones interesadas para convertir el temor o el silencio en aparente aceptación. Pero una comunidad que calla por miedo no legitima al grupo, así como recibir un servicio bajo presión no significa respaldarlo. La crítica legítima y la protesta social tampoco deben confundirse con acciones hostiles.

Para muchos países,  esta discusión tiene implicaciones concretas. La seguridad no se mide solo por la presencia de la Fuerza Pública o la reducción de delitos. También exige proteger la libertad de las comunidades, la confianza pública y la capacidad de decidir sin intimidación ni engaño. Una narrativa falsa sobre un hecho violento puede aumentar la incertidumbre y dificultar la respuesta institucional.

La respuesta democrática no consiste en censurar opiniones ni imponer una versión oficial. Exige verificar con rigor, comunicar con transparencia, preservar evidencias digitales y explicar qué se sabe y qué sigue bajo investigación. También requiere educación mediática, antes de compartir, hay que revisar fuente, fecha, lugar, contexto y corroboración. Las instituciones deben reconocer errores y rendir cuentas; la confianza no se exige, se construye.

La guerra cognitiva demuestra que la defensa nacional también depende de la calidad del debate público y de la autonomía de pensamiento. Un Estado resiliente no es el que evita toda crítica, sino el que responde a la manipulación con hechos, legalidad y credibilidad. La superioridad estratégica no consiste en controlar lo que piensa la sociedad, sino en fortalecer su capacidad para pensar libremente.

La soberanía también se defiende allí donde se forman las percepciones. Las armas pueden imponer temor y la propaganda intentar fabricar legitimidad; pero una ciudadanía crítica, instituciones transparentes y comunidades libres reducen el terreno fértil para la manipulación. En esta nueva dimensión del conflicto, el primer círculo de defensa es una sociedad capaz de distinguir entre información, opinión y engaño.


**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

lunes, 2 de noviembre de 2026

La puerta giratoria; Cuando el civil se convierte en pieza de un GAO

Por: Carlos Cotes

En Colombia, la seguridad enfrenta amenazas que van más allá de los hombres armados, los fusiles y los enfrentamientos en zonas rurales. Una de ellas es la denominada «puerta giratoria»: una expresión utilizada para describir la alternancia entre la vida civil y la participación en actividades de un Grupo Armado Organizado (GAO). Se trata de un fenómeno que exige análisis, inteligencia y respuestas institucionales ajustadas a la ley.

El problema aparece cuando una persona conserva su apariencia de ciudadano común, pero, al mismo tiempo, participa conscientemente en actividades que favorecen a una estructura criminal. Puede ocurrir mediante el suministro de información, el apoyo logístico, el transporte de recursos, la financiación o la colaboración en acciones delictivas. No todos los casos implican portar armas ni permanecer dentro de un campamento.

La complejidad aumenta cuando una persona abandona temporalmente esas actividades, regresa a su entorno cotidiano y posteriormente retoma sus vínculos con la organización. Esta dinámica puede dificultar la identificación de las redes de apoyo, especialmente en territorios donde los grupos ilegales ejercen presión sobre las comunidades, aprovechan las economías ilícitas o intentan controlar la información sobre los movimientos de la Fuerza Pública.

Sin embargo, es indispensable establecer una diferencia: ser civil no significa ser integrante de un GAO. Vivir en una zona de influencia, conocer a uno de sus miembros o mantener contacto con una persona investigada tampoco demuestra, por sí solo, participación criminal. La responsabilidad debe establecerse a partir de hechos verificables, evidencias y procedimientos legales.

Frente a este desafío, la inteligencia debe trascender la identificación de quienes portan armas y avanzar, dentro de sus competencias, en la comprensión de las redes financieras, logísticas y de información que sostienen a estas organizaciones. La coordinación entre Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes resulta fundamental para diferenciar los niveles de participación y orientar las actuaciones correspondientes.

También es necesario fortalecer la prevención, la denuncia segura y la presencia integral del Estado. En comunidades sometidas a amenazas, extorsiones o reclutamiento, muchas personas pueden actuar bajo coacción. Confundir a las víctimas con los colaboradores voluntarios no solo genera injusticias, sino que puede deteriorar la confianza ciudadana y afectar la cooperación con las autoridades.

La respuesta no puede limitarse a capturar individuos aislados. Debe buscar la desarticulación de las capacidades que permiten a los GAO financiarse, obtener información, ejercer control territorial y reproducir sus estructuras. Para ello, se requiere inteligencia judicial, investigación criminal, protección de las comunidades y seguimiento efectivo a los procesos de sometimiento o reincorporación cuando correspondan.

La seguridad democrática y la vigencia del Estado de derecho exigen precisión. La llamada puerta giratoria debe analizarse sin estigmatizaciones, pero también sin ingenuidad. Comprender cómo una estructura armada se relaciona con el entorno civil es esencial para anticipar amenazas, proteger a la población y evitar que la criminalidad se oculte detrás de una apariencia de normalidad.

El verdadero desafío consiste en identificar responsabilidades individuales, desarticular las redes criminales y garantizar que ningún territorio quede sometido a poderes ilegales. La seguridad se fortalece cuando la inteligencia identifica con rigor, la justicia actúa con pruebas y el Estado protege efectivamente a sus ciudadanos.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

jueves, 29 de octubre de 2026

Cisne gris, la amenaza que la seguridad no puede seguir ignorando


Por: Carlos Cotes

En seguridad y defensa, los mayores riesgos no siempre provienen de acontecimientos imprevisibles. Algunos se anuncian mediante señales, antecedentes y cambios en las capacidades de los actores armados, pero las instituciones no siempre reaccionan con la anticipación necesaria. Para comprender esta realidad resulta útil el concepto de cisne gris: un acontecimiento de alto impacto cuya ocurrencia es difícil de precisar, pero cuya posibilidad puede identificarse y frente al cual es posible prepararse.

La expresión se relaciona con la literatura sobre riesgos extremos y se distingue de la teoría del cisne negro, popularizado por Nassim Nicholas Taleb, que describe acontecimientos de muy difícil anticipación y consecuencias extraordinarias. El cisne gris, en cambio, permite reconocer amenazas plausibles que, pese a su incertidumbre, pueden analizarse y gestionarse mediante inteligencia, planeación y prevención.

En el contexto colombiano, el empleo de drones cargados con explosivos contra estaciones de Policía, unidades militares y otros objetivos, con riesgos para la población civil, obliga a examinar esta categoría desde una perspectiva estratégica. La incorporación de estos sistemas a las capacidades ofensivas de grupos armados ilegales modifica las condiciones tradicionales de protección de las instalaciones y plantea desafíos tecnológicos, operacionales e institucionales.

El problema no radica únicamente en la existencia de drones con capacidad ofensiva. También preocupa la velocidad con la que evoluciona esta amenaza frente a las capacidades disponibles para detectarla, identificarla y neutralizarla. Cuando las instituciones carecen de sistemas suficientes, interoperabilidad, protocolos adecuados o personal entrenado, una amenaza conocida puede convertirse en una crisis de consecuencias superiores a las previstas.

Aquí aparece la relación con el cisne gris. No necesariamente es inesperado que ocurra otro ataque cuando existen antecedentes de esta modalidad. Lo incierto es cuándo sucederá, dónde, con qué intensidad y cuáles serán sus consecuencias. Una eventual expansión territorial, la concurrencia de varios ataques o la afectación simultánea de instalaciones y población civil constituyen escenarios que deben incorporarse a la planeación, sin presentarlos como acontecimientos inevitables.

La lección es contundente, la incertidumbre sobre el próximo ataque no significa desconocimiento de la amenaza. Si existen antecedentes y señales que permiten reconocer el riesgo, la preparación institucional no puede depender exclusivamente de la ocurrencia de nuevos hechos.

La respuesta tampoco puede reducirse a comprar equipos antidrones. Se requiere una capacidad integral que articule detección temprana, identificación, protección física, medios de respuesta, comunicaciones seguras, capacitación y coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades territoriales. Cada tecnología debe evaluarse según su función, eficacia, interoperabilidad, sostenibilidad y condiciones legales de empleo.

Igualmente, es indispensable fortalecer la inteligencia y la evaluación de vulnerabilidades, establecer protocolos para proteger a la población civil y desarrollar ejercicios que permitan medir la capacidad de respuesta ante emergencias simultáneas. La planeación debe contemplar no solamente el ataque, sino también sus efectos sobre la continuidad operativa, los servicios esenciales y la confianza ciudadana.

En el concepto de cisne gris, las amenazas conocidas pueden adquirir dimensiones extraordinarias cuando se subestiman, se aplazan las inversiones necesarias o se mantienen brechas de preparación que ya han sido identificadas.

Colombia necesita avanzar hacia una seguridad que combine reacción y anticipación, inteligencia y tecnología, prevención y resiliencia. No es posible eliminar toda incertidumbre, pero sí reducir vulnerabilidades y preparar a las instituciones para responder con mayor eficacia.

En definitiva, el desafío no consiste en adivinar cuándo aparecerá el próximo dron, sino en evitar que su aparición encuentre al Estado sin las capacidades necesarias para proteger la vida y preservar la seguridad. El cisne gris no exige predecir el futuro: exige reconocer los riesgos plausibles y prepararse antes de que sus consecuencias sean irreversibles.


**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

viernes, 23 de octubre de 2026

Fronteras invisibles, Porque algunas ciudades están divididas por el miedo?

Por Carlos Cotes Maya

Hay ciudades en muchos lugares del mundo donde las fronteras no están marcadas en los mapas, pero todos saben dónde comienzan y dónde terminan. No las construyen las autoridades ni las define la geografía: las imponen los grupos delincuenciales, o las pandillas,  mediante amenazas, intimidación y violencia. Son las llamadas fronteras invisibles, una de las expresiones más preocupantes del control criminal sobre la vida urbana.

Detrás de cada frontera invisible hay una comunidad sometida al miedo. Una calle que deja de transitarse, un joven que no puede visitar a sus amigos en otro barrio, un estudiante que modifica su recorrido y un comerciante que debe someterse a las condiciones de quienes pretenden ejercer autoridad sobre un territorio que no les pertenece.

Estas fronteras no son simples disputas entre delincuentes. Constituyen una forma de dominación territorial que busca controlar economías ilícitas, restringir la movilidad y someter a la población. Cuando una estructura criminal decide quién puede circular por determinado sector, está desafiando directamente la autoridad legítima del Estado.

¿Cómo recuperar esos territorios?

La respuesta no puede reducirse a operativos policiales esporádicos ni a intervenciones que desaparecen cuando disminuye la presión criminal. Se necesita una estrategia integral, sostenida y coordinada, que combine presencia institucional, inteligencia, investigación judicial, prevención y recuperación del espacio público.

Las autoridades debe garantizar condiciones de seguridad y movilidad; la Fiscalía debe avanzar en la investigación y judicialización de los responsables; y las administraciones territoriales deben liderar acciones que permitan recuperar parques, calles, canchas y entornos comunitarios. La intervención debe proteger a las víctimas, fortalecer la denuncia segura y evitar que las estructuras criminales reconstruyan su dominio.

Pero la seguridad también exige prevenir. Los niños y jóvenes necesitan oportunidades educativas, deportivas, culturales y laborales que reduzcan su exposición al reclutamiento y la instrumentalización criminal. La inversión social no sustituye la acción de la autoridad: la complementa y contribuye a su sostenibilidad.

Hay, además, una advertencia que no debemos ignorar: menos homicidios no siempre significa menos control criminal. Una organización puede dejar de enfrentarse con sus rivales y continuar imponiendo sus reglas mediante el miedo. Por eso, el éxito debe medirse por la libertad efectiva de circulación, la reducción de amenazas y extorsiones, la recuperación de los espacios públicos y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

En ciudades como intermedias este desafío exige decisiones basadas en información verificable, coordinación interinstitucional y seguimiento permanente. No basta con intervenir un barrio; hay que impedir que el problema se desplace a otro sector y garantizar que la comunidad recupere su tranquilidad.

La verdadera recuperación territorial ocurre cuando un ciudadano puede cruzar una calle sin temor, cuando un niño puede jugar en un parque sin quedar atrapado en disputas criminales y cuando un comerciante puede trabajar sin pagar tributo a quienes pretenden gobernar mediante la intimidación.

Una ciudad no puede aceptar que sus calles tengan dueños ilegales. Las fronteras invisibles deben desaparecer no solamente de los recorridos de sus habitantes, sino también de las relaciones de poder que permiten a los delincuentes controlar sus vidas.

Porque recuperar el territorio no es únicamente una tarea policial: es restablecer la libertad, la autoridad legítima y la dignidad de la ciudadanía. Y en esa misión, el Estado no puede aparecer de manera ocasional. Debe estar presente, actuar con determinación y permanecer.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

domingo, 18 de octubre de 2026

Departamento del Cesar, un territorio pujante con vocación de grandeza

Por: Carlos Cotes Maya

El departamento del Cesar es una tierra de oportunidades, grandeza y esperanza. Un territorio pujante, extenso y diverso, donde la riqueza natural se funde con la historia, la cultura, el trabajo de su gente y la determinación de construir un futuro de progreso. Hablar del Cesar es hablar de identidad, de tradición, de emprendimiento y de una región que tiene todo para consolidarse como protagonista del desarrollo nacional.

Sus 25 municipios conforman un mosaico extraordinario de paisajes, costumbres y vocaciones productivas. Desde su Capital pasando por sus pueblos del norte, centro y sur, el Cesar representa la fuerza de una población trabajadora que, con esfuerzo y perseverancia, transforma sus dificultades en oportunidades. Cada municipio tiene una historia que contar, una riqueza que proteger y un potencial que merece ser aprovechado.

Su ubicación geográfica constituye una ventaja estratégica. El Cesar limita con La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander y el sur de Bolívar, convirtiéndose en un territorio de conexión entre regiones, mercados y culturas. Sus corredores viales, su posición estratégica y sus posibilidades logísticas ofrecen oportunidades para fortalecer el comercio, atraer inversiones, dinamizar el turismo y consolidar nuevas apuestas económicas.

La riqueza natural del departamento es sencillamente extraordinaria. La Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía del Perijá, los ríos, las ciénagas y los fértiles valles conforman un patrimonio ambiental invaluable. Esta diversidad representa una oportunidad para impulsar el ecoturismo, la producción agropecuaria sostenible y la conservación de los ecosistemas, entendiendo que el desarrollo verdadero debe avanzar de la mano de la protección de la naturaleza.

El Cesar también es música, folclor y memoria. Es la tierra del vallenato, expresión cultural que identifica a Colombia ante el mundo. Sus juglares, compositores y acordeoneros han convertido sus historias en patrimonio vivo. A ello se suman sus tradiciones campesinas, su gastronomía, sus festividades y la calidez de una población orgullosa de sus raíces.

Valledupar, su capital, merece un reconocimiento especial. En las últimas décadas ha experimentado una transformación urbana, comercial, educativa y de servicios que fortalece su papel como centro regional. Su crecimiento, la expansión de su infraestructura, la actividad empresarial y su proyección turística evidencian una ciudad que busca nuevas oportunidades. El Festival de la Leyenda Vallenata, además de preservar una tradición invaluable, impulsa la economía, genera empleo y proyecta internacionalmente su identidad cultural.

La grandeza del Cesar no se mide únicamente por el crecimiento de su capital, sino también por la capacidad de sus 25 municipios para avanzar juntos, reducir brechas y ofrecer mejores condiciones de vida a sus habitantes.

El Cesar tiene territorio, talento, cultura, recursos y una ubicación privilegiada. Su mayor riqueza, sin duda, es su gente.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

miércoles, 14 de octubre de 2026

Ciberreclutamiento, la amenaza criminal que avanza desde las pantallas


Por: Carlos Cotes

La delincuencia ya no necesita tocar la puerta de una casa para acercarse a sus víctimas. Hoy puede hacerlo desde un teléfono celular, una red social o un videojuego en línea. Detrás de una conversación aparentemente inofensiva puede esconderse una estrategia de engaño, manipulación y captación. Este fenómeno se conoce como ciberreclutamiento y representa un desafío creciente para la seguridad ciudadana y la seguridad nacional.

El ciberreclutamiento consiste en utilizar internet y las plataformas digitales para identificar, contactar y convencer a personas de participar en actividades de organizaciones criminales, grupos armados ilegales o redes dedicadas a cometer delitos. Sus principales víctimas pueden ser niños, niñas, adolescentes y jóvenes que enfrentan dificultades económicas, falta de oportunidades, conflictos familiares o necesidades de reconocimiento y pertenencia.

La estrategia suele comenzar con una oferta atractiva: dinero fácil, un supuesto empleo, regalos, amistad o promesas de una vida mejor. Después aparece la confianza, seguida de la presión, la manipulación o las amenazas. Cuando la víctima comprende el verdadero propósito del contacto, puede encontrarse atrapada en una relación difícil de romper.

El peligro no termina en el reclutamiento para combatir con un grupo armado. También puede incluir labores de vigilancia, transporte de información, difusión de propaganda, extorsión, fraude digital y otras actividades criminales. De esta manera, las organizaciones ilegales encuentran una herramienta para ampliar su influencia, utilizar personas vulnerables y desarrollar capacidades sin necesidad de establecer un contacto físico inicial.

En Colombia, esta amenaza merece especial atención. Los grupos armados ilegales y las redes criminales pueden aprovechar las plataformas digitales para acercarse a comunidades, identificar posibles colaboradores y explotar las necesidades de la población. Por eso, el ciberreclutamiento debe entenderse como un problema que conecta la seguridad digital con la protección de la niñez, la convivencia ciudadana y el control territorial.

Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a las operaciones de la Fuerza Pública. Se necesita una acción coordinada entre el Estado, las familias, los colegios, las autoridades territoriales y las empresas tecnológicas. La prevención exige educación digital, orientación a padres y docentes, canales de denuncia accesibles y atención oportuna a las víctimas.

También es necesario fortalecer las capacidades institucionales para detectar patrones de captación, investigar las conductas delictivas y preservar las evidencias digitales, siempre dentro del marco legal y con respeto por los derechos fundamentales.

La señal de alerta puede estar en una oferta laboral demasiado buena para ser cierta, una persona desconocida que solicita información privada o alguien que insiste en mantener conversaciones secretas. La prevención comienza cuando la sociedad aprende a reconocer estos riesgos y actúa oportunamente.

La seguridad del siglo XXI no se libra únicamente en las calles, las carreteras o los territorios disputados. También se construye en el espacio digital, donde la prevención puede evitar que una pantalla se convierta en la puerta de entrada a una organización criminal.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

sábado, 10 de octubre de 2026

Reciclaje criminal; cambia la organización, permanece la amenaza.

Colombia ha aprendido que la desaparición formal de una estructura armada no siempre significa el fin de las capacidades. Después de la desmovilización de las AUC, el país observó la aparición de grupos posdesmovilización, procesos de rearme, fragmentación y continuidad de economías ilegales. El CNMH Centro Nacional de Memoria Histórica,  ha documentado trayectorias y continuidades. Esta experiencia permite comprender un concepto que merece mayor atención en el análisis de seguridad, el reciclaje criminal.

El reciclaje criminal ocurre cuando personas, conocimientos, redes, recursos, infraestructura, contactos, métodos o rentas vinculadas a una estructura ilícita son reutilizados o transferidos hacia nuevas configuraciones criminales. No significa que una organización sea idéntica bajo otro nombre, parte de su capital criminal puede sobrevivir a la transformación de la estructura. Un exintegrante puede aportar experiencia; una ruta puede continuar siendo utilizada; una red de colaboradores puede cambiar de jefe; una economía ilegal puede conservar sus operadores. La amenaza se adapta.

El proceso de las FARC ofrece otra referencia para estudiar esta dinámica, aunque su naturaleza histórica y jurídica es distinta. Tras el Acuerdo Final de 2016, la gran mayoría de los exintegrantes acreditados avanzó hacia la reincorporación. Sin embargo, algunos actores no ingresaron al proceso o posteriormente retomaron las armas, dando lugar a distintas estructuras disidentes y reconfiguradas. En algunos territorios se reutilizaron experiencia armada, conocimiento geográfico, redes y capacidades. Por eso, más que asumir que toda disidencia es simplemente una continuación de las FARC, resulta más preciso estudiar qué elementos fueron heredados, cuáles fueron incorporados posteriormente y cómo se transformaron.

El reciclaje criminal es clave para la inteligencia. Una operación puede afectar una organización sin destruir el ecosistema que sostiene sus actividades. Por eso, además de contar capturas, bajas o incautaciones, es necesario observar qué ocurre después, quién ocupa el territorio, quién administra las rentas, qué rutas permanecen activas, qué actores migran, qué redes sobreviven y qué capacidades son absorbidas por otros grupos. Esta perspectiva permite diferenciar una verdadera reducción de la amenaza de una simple sustitución de actores. El centro del análisis deja de ser solamente el nombre del grupo y pasa a ser la capacidad criminal.

Esta mirada debe incorporarse a las estrategias de seguridad y estabilización territorial. Cada desmovilización, desarticulación o golpe operacional debe ser seguido por una evaluación de continuidad, personas, redes, economías, logística, territorio y capacidad de violencia. El objetivo no debe ser únicamente derrotar una organización, sino impedir que sus capacidades sean recicladas por otra. Esa es una clave para comprender la resiliencia criminal: las estructuras pueden desaparecer, fragmentarse o cambiar de denominación, pero si las rentas, las redes y las capacidades permanecen disponibles, el fenómeno puede reconstruirse. Combatir el reciclaje criminal exige, por tanto, atacar al actor y al ecosistema que permite su reproducción real.

lunes, 5 de octubre de 2026

Rebelocracia, cuando el crimen pretende gobernar


Por: Carlos Cotes

La amenaza de las organizaciones armadas ilegales en Colombia ha evolucionado. Ya no se limita a la confrontación armada, el narcotráfico, la extorsión o el control de corredores estratégicos. En determinados territorios, estas estructuras han desarrollado mecanismos de autoridad que les permiten regular la vida de las comunidades, imponer normas y disputar al Estado su capacidad de gobernar. Este fenómeno puede analizarse desde el concepto de rebelocracia.

La rebelocracia, un término que me gusta y me llama mucho la atención, fue creado e investigado por la doctora y escritora Ana Arjona; la investigadora,  describe el ejercicio de poder por organizaciones insurgentes que establecen órdenes políticos y sociales paralelos. Cuando este ejercicio se articula con economías ilícitas, coerción, extorsión y control social, adquiere características propias de la gobernanza criminal.

El fenómeno es particularmente preocupante porque el grupo armado deja de ser exclusivamente un actor de confrontación para convertirse en una autoridad de facto. Decide quién puede movilizarse, impone restricciones, resuelve conflictos mediante mecanismos ilegítimos, establece sanciones y condiciona las actividades económicas. En algunos escenarios, la población termina sometida a una doble institucionalidad: la del Estado, que conserva la legitimidad jurídica, y la del actor armado, que impone obediencia mediante la intimidación.

Esta transformación representa un desafío superior al de la simple presencia armada. La organización criminal busca controlar no solamente el territorio físico, sino también las relaciones sociales, los liderazgos comunitarios y las decisiones cotidianas de sus habitantes. Su poder se sostiene mediante una combinación de violencia, dependencia económica, intimidación y, en ocasiones, aceptación social inducida.

El riesgo estratégico consiste en que la ausencia o debilidad institucional facilite la consolidación de órdenes paralelos. Allí donde la justicia no llega oportunamente, la respuesta estatal es insuficiente y las oportunidades económicas son limitadas, las estructuras ilegales encuentran condiciones para ampliar su influencia.

Contrarrestar la rebelocracia exige mucho más que operaciones militares o capturas. Requiere inteligencia estratégica, investigación criminal, judicialización de las redes financieras, recuperación de la autoridad institucional y presencia permanente del Estado. La Fuerza Pública debe actuar articuladamente con la Fiscalía, las autoridades territoriales y las entidades responsables de la inversión social.

La recuperación territorial no puede medirse únicamente por la reducción de enfrentamientos o la incautación de armas. También debe evaluarse por la capacidad de las instituciones para garantizar justicia, proteger a los ciudadanos y restablecer la confianza pública.

El verdadero desafío de la seguridad nacional no es solamente derrotar estructuras armadas, sino impedir que estas se conviertan en administradoras de la vida de los ciudadanos.

Cuando una organización criminal impone las reglas, administra el miedo y decide sobre la población, el problema deja de ser exclusivamente de orden público: se convierte en una disputa por la autoridad del Estado.


miércoles, 30 de septiembre de 2026

Gobernanza criminal en cárceles, cuando las rejas no detienen el delito

                                                                       Por: Carlos Andrés Cotes Maya


Una cárcel debe representar la materialización de la justicia y la autoridad legítima del Estado. Sin embargo, cuando una organización criminal conserva la capacidad de impartir órdenes, administrar economías ilegales, intimidar ciudadanos y coordinar actividades delictivas desde un establecimiento penitenciario, estamos ante una realidad que trasciende el problema carcelario, estamos frente a una manifestación de gobernanza criminal.


Este fenómeno merece una discusión de fondo. No se trata únicamente de personas privadas de la libertad que continúan delinquiendo, sino de estructuras que han desarrollado mecanismos de autoridad paralela, capaces de mantener relaciones de subordinación, imponer reglas y proyectar su influencia sobre territorios y comunidades.


Desde las cárceles pueden conservarse vínculos con redes externas dedicadas a la extorsión, el homicidio, el secuestro, el tráfico de estupefacientes, las amenazas, el concierto para delinquir y otras economías ilegales. En determinados escenarios, el establecimiento penitenciario deja de ser exclusivamente un lugar de reclusión y se convierte en un nodo de articulación criminal.


Uno de los instrumentos que facilita esta continuidad delictiva es el uso ilegal de teléfonos celulares. Lo que para cualquier ciudadano representa un medio ordinario de comunicación, para una estructura criminal puede constituir un mecanismo de coordinación, intimidación y continuidad de sus actividades ilícitas. Por ello, el ingreso de dispositivos, tarjetas SIM, estupefacientes y otros elementos prohibidos no puede entenderse como una simple infracción disciplinaria, puede comprometer directamente la seguridad ciudadana.


Pero existe una dimensión todavía más preocupante: las amenazas contra los funcionarios encargados de la custodia y sus familias. Se han conocido denuncias sobre personas cercanas a internos peligrosos que intimidan a los guardianes, amenazando con atentar contra sus hijos, parejas o familiares si no permiten el ingreso de elementos prohibidos.


Esta modalidad de presión constituye una forma de coerción criminal extramural. El objetivo no es solamente vulnerar un procedimiento de seguridad, sino someter la voluntad de un servidor público mediante el miedo. Cuando una organización criminal pretende convertir la protección de la familia de un funcionario en un instrumento de negociación, está atacando directamente la autoridad institucional.


En este escenario, los traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia establecimientos penitenciarios de otras regiones del país representan una intervención sobre las relaciones de poder y las redes de influencia criminal. El propósito estratégico es interrumpir vínculos territoriales, reducir la capacidad de dirección de determinados cabecillas y dificultar la continuidad de sus actividades delictivas.


A esta medida se suma la implementación de sistemas de inhibición de señal celular. Su importancia radica en restringir las comunicaciones no autorizadas que pueden facilitar extorsiones y otras conductas criminales. Sin embargo, la tecnología debe aplicarse con precisión, el bloqueo no puede afectar las comunicaciones legítimas de los barrios y comunidades que rodean los establecimientos. 


No obstante, sería equivocado pensar que trasladar cabecillas e instalar inhibidores resuelve por sí solo el problema. La gobernanza criminal no depende exclusivamente de un teléfono o de la presencia física de un líder. También se sostiene mediante redes externas, economías ilegales, mecanismos de intimidación, corrupción y estructuras de subordinación.


La respuesta debe ser integral, inteligencia criminal, investigación patrimonial, judicialización de las redes externas, controles contra la corrupción, protección de funcionarios amenazados y coordinación efectiva entre las autoridades judiciales, policiales y de seguridad. Igualmente, es necesario evaluar si las estructuras criminales pierden realmente su capacidad de actuación después de cada intervención.


La resocialización y el respeto por los derechos fundamentales deben mantenerse como obligaciones del Estado. Pero garantizar derechos no significa tolerar que se utilicen las condiciones de reclusión para continuar afectando la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.


El éxito de una política de seguridad penitenciaria no debe medirse únicamente por el número de traslados, celulares incautados o dispositivos tecnológicos instalados. Debe medirse por la reducción efectiva de las extorsiones, las amenazas, la continuidad de las redes delictivas y la recuperación de la autoridad legítima dentro de los establecimientos.


Se necesita comprender que la seguridad no termina en los muros de una prisión. Allí también se libra una disputa por el control, la legalidad y la autoridad del Estado.


Una cárcel no puede ser una oficina de operaciones del crimen organizado. Cuando un delincuente logra gobernar desde una celda, no solamente desafía al sistema de justicia, desafía la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

 

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