Hurto de hidrocarburos; delito silencioso que alimenta el trafico de estupefacientes

                                                        Por: CARLOS ANDRÉS COTES 

El hurto y contrabando de hidrocarburos utilizados en la fabricación de pasta de coca es, sin duda, una de las prácticas delictivas más silenciosas y rentables que existen. Este fenóm

eno no solo impacta gravemente la economía nacional, sino que fortalece el motor financiero del microtráfico en las principales ciudades del país.

Hace unos pocos años, el combustible provenía en gran parte de contrabando desde un país vecino, cruzando las selvas limítrofes para abastecer los laboratorios clandestinos. Sin embargo, actualmente cambió la dinámica del negocio. Hoy, las estructuras recurren a una modalidad más riesgosa y sofisticada: perforar oleoductos y conectarse ilegalmente mediante válvulas, enterrando mangueras que se extienden por más de un kilómetro para extraer el hidrocarburo.

Cuando Ecopetrol detecta una caída inusual en la presión de los oleoductos, activa de inmediato sus protocolos de seguridad y notifica a las autoridades. Sin embargo, encontrar estas válvulas ilegales es una tarea compleja. Generalmente, los puntos de extracción se ubican lejos del lugar donde se instala la válvula, lo que dificulta la acción oportuna del Ejército Nacional y la Policía. Pese a los esfuerzos, miles de galones de combustible son robados cada mes.

Este delito no es improvisado. Existe una red especializada en hurtar el hidrocarburo, con logística y conocimiento técnico para operar en zonas rurales apartadas sin ser detectados. Los galones robados terminan en laboratorios donde se procesa la pasta de coca, insumo base para la producción de clorhidrato de cocaína. Posteriormente, el alcaloide se distribuye como una telaraña en zonas urbanas y rurales, alimentando la cadena del tráfico de estupefacientes y perpetuando la inseguridad.

Mientras el país no cuente con tecnología avanzada para detectar en tiempo real estas conexiones ilegales, las pérdidas económicas seguirán ascendiendo a millones de dólares. Más grave aún, el tráfico de estupefacientes continuará beneficiándose de este hurto silencioso, extendiendo su red de violencia en nuestra sociedad.

 

Extorsión en Colombia: Diferencias entre sus Modalidades y Estrategias

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La extorsión en Colombia sigue siendo una de las principales amenazas contra la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Aunque el fenómeno es antiguo, sus modalidades han evolucionado con
el tiempo, adaptándose a las condiciones tecnológicas y a las dinámicas criminales de cada región. Desde las extorsiones carcelarias hasta el sexting, los delincuentes encuentran múltiples formas de intimidar, chantajear y obtener recursos de sus víctimas. Conocer las diferencias entre estas modalidades es fundamental para identificarlas y denunciarlas de manera oportuna.

La extorsión carcelaria se ha convertido en una de las más comunes en los últimos años. Su origen está en los centros penitenciarios, donde internos, valiéndose de teléfonos celulares introducidos de manera ilegal y cómplices en libertad, obtienen bases de datos de empresas recién creadas o de ciudadanos comunes. La información es conseguida mediante medios digitales: redes sociales, registros públicos o filtraciones de contactos empresariales. Los delincuentes simulan pertenecer a grupos armados organizados, buscando infundir miedo con amenazas creíbles, aunque en la mayoría de casos carecen de capacidad real para materializarlas. El objetivo es lograr un pago rápido, que puede ir desde pequeñas sumas hasta montos significativos, dependiendo de la capacidad económica de la víctima. Las consignaciones bancarias y las empresas de giros son el canal habitual para recibir el dinero.

En la extorsión clásica, los actores principales son los grupos armados organizados y las estructuras delincuenciales con capacidad operativa en territorio. Esta modalidad implica una coacción directa mediante amenazas de muerte, atentados, lanzamiento de explosivos o agresiones físicas. El contacto suele ser presencial, por medio de emisarios, panfletos, llamadas telefónicas o mensajes escritos, y en muchas regiones el cobro se conoce como “vacuna”. Los pagos son mensuales y, en la mayoría de los casos, la víctima es forzada a continuar cumpliendo para evitar represalias contra ella o su familia. A diferencia de la modalidad carcelaria, aquí la capacidad de acción violenta de los extorsionistas es real y comprobada.

Por su parte, la extorsión en menor cuantía o microextorsión es llevada a cabo por delincuencia común, con cobros que no superan un salario mínimo. Es sistemática, persistente y se ejerce principalmente en barrios populares, mercados, o zonas con alta informalidad económica. Bajo fachadas como rifas, servicios de seguridad informal o préstamos de cobradiarios, los victimarios conviven en el mismo entorno que las víctimas, generando un ambiente de intimidación constante. Los pagos pueden ser diarios, semanales o mensuales, y aunque las sumas son bajas, el número de afectados es alto.

El sexting extorsivo es una de las formas modernas más peligrosas. Consiste en el chantaje en línea, donde delincuentes exigen dinero a cambio de no difundir fotos íntimas de la víctima. Esta modalidad se ejecuta principalmente en redes sociales y aplicaciones de citas, donde los criminales obtienen imágenes mediante engaños. Una vez tienen el material, pasan del cortejo virtual a la amenaza directa, exigiendo dinero o favores a cambio de silencio. Este tipo de extorsión, también conocido como ciberacoso extorsivo, afecta especialmente a jóvenes y adolescentes.

Otra modalidad creciente es el delito de suplantación de identidad, donde los delincuentes se hacen pasar por funcionarios públicos, policías o miembros de grupos armados para exigir pagos. Usan perfiles falsos, llamadas telefónicas o correos electrónicos para hacer creer a la víctima que tiene problemas legales o de seguridad, presionándola a pagar por “protección” o para “evitar una captura”.

Frente a estas amenazas, la denuncia oportuna es clave. En Colombia, el Gaula de la Policía atiende a través de la línea 165, mientras que el Gaula Militar responde en la 147. Denunciar salva vidas y rompe el círculo de impunidad que alimenta a estas estructuras criminales. Conocer las modalidades es el primer paso para prevenir y protegerse.

Ventanas Rotas; El Poder del Orden en la Prevención del Delito

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La teoría de las ventanas rotas ha revolucionado la forma en que se comprende la relación entre el orden urbano y la criminalidad. Hoy, más que nunca, los alcaldes de diversas ciudades del mundo han entendido que embellecer, iluminar y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos no es solo un asunto estético, sino una estrategia clave en la prevención del delito. Iluminar las calles, darle vida a los parques y mantener el entorno libre de basura y abandono envía un mensaje poderoso: el territorio no está olvidado, hay control y vigilancia, y la ciudadanía puede sentirse segura..

Esta teoría, propuesta en los años ochenta por los criminólogos James Q. Wilson y George Kelling, partió de un simple experimento social: un automóvil con una ventana rota abandonado en un barrio generaba rápidamente actos vandálicos y saqueos, mientras que un vehículo igual pero en perfecto estado no sufría daño alguno. La conclusión fue clara: los signos visibles de abandono o desorden atraen más desorden y delincuencia. Cuando una ventana rota no se repara, pronto todas terminan destruidas; cuando un lote baldío se deja crecer enmontado, termina convertido en guarida de delincuentes.

En nuestras ciudades, esta lógica es evidente. Los lotes abandonados, las calles oscuras y los espacios deteriorados se convierten en verdaderos laboratorios de criminalidad. En estos territorios sin intervención del Estado, prosperan homicidios, hurtos, consumo de drogas y violaciones. Son lugares donde el miedo domina y la comunidad evita transitar, lo que facilita que la delincuencia se adueñe del espacio.

Por eso, ciudades que han implementado políticas inspiradas en esta teoría muestran resultados alentadores: la limpieza constante, el mantenimiento de parques, la rápida reparación de luminarias y el uso de cámaras de videovigilancia (CCTV) han reducido notablemente los índices de criminalidad. El embellecimiento no es un lujo, es una herramienta estratégica de seguridad ciudadana.

El mensaje es sencillo: donde hay orden, hay control; donde hay abandono, hay delincuencia. Invertir en el cuidado de cada rincón de la ciudad no solo mejora la percepción de seguridad, sino que disuade a los criminales. La teoría de las ventanas rotas nos enseña que, muchas veces, prevenir comienza con algo tan simple como reparar una ventana.

Desplazamiento Intraurbano - El Exilio Criminal de las Ciudades

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La disputa territorial entre bandas criminales se ha convertido en una guerra constante que deja un alto número de víctimas, tanto por homicidios como por desplazamientos forzados. El microtráfico es el motor económico de estas estructuras, pues les permite financiar la compra de armas ilegales y mantener el control de sectores urbanos estratégicos, desde barrios populares hasta comunas enteras. El dominio territorial es clave para garantizar la circulación de estupefacientes y para infundir miedo en la población civil, que termina siendo víctima indirecta de esta confrontación.

La mayoría de los homicidios en las principales ciudades del país están vinculados a personas con antecedentes judiciales o reincidentes en delitos violentos, muchos de ellos con historial penitenciario. Este perfil delictivo refleja la circularidad de la violencia: sujetos que salen de prisión y regresan a sus viejas estructuras, reactivando disputas territoriales con sus enemigos y reproduciendo el ciclo criminal.

En medio de este escenario surge el desplazamiento intraurbano, una modalidad silenciosa de movilidad residencial forzada que crece en distintas ciudades colombianas. No se trata de la huida de ciudadanos inocentes, como en el desplazamiento rural tradicional, sino de un fenómeno vinculado a la dinámica criminal: integrantes de bandas que, tras ser derrotados en disputas armadas, deben huir de sus barrios para refugiarse en otras comunas, zonas periféricas o incluso corregimientos cercanos del mismo municipio. Desde allí, reorganizan sus actividades, reactivan el microtráfico y buscan retomar su antiguo control territorial.

Este tipo de migración forzada tiene un doble impacto. Por un lado, genera inestabilidad en las comunidades receptoras, que ven aumentar la violencia y la inseguridad cuando estos actores criminales llegan a sus zonas. Es importante aplicar las estrategias preventivas y de rehabilitación, pues muchos de estos jóvenes desertaron de instituciones educativas y terminaron siendo integrantes de bandas.

Frente a esta realidad, la estrategia más urgente es recuperar los territorios con operaciones focalizadas de la Policía Nacional, y el Ejército Nacional, para desmantelar las estructuras  y cortar su flujo económico. La intervención debe ir acompañada de programas sociales que fortalezcan la educación y eviten la deserción escolar, porque cada joven reclutado por estas bandas es un soldado más en la guerra urbana.

El desalojo forzoso como método de control social no puede normalizarse en nuestras ciudades. Esta exclusión violenta ya ha dejado un rastro de muertos y desplazados, y mientras no se contenga, el desplazamiento intraurbano seguirá siendo el síntoma visible de un conflicto urbano que avanza en silencio, pero con la fuerza destructiva de una guerra abierta.

Dinamizadores de Homicidios; El Motor Oculto de la Violencia Urbana

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Las tasas de homicidios en varias ciudades del país continúan en preocupante ascenso frente a los registros del año anterior, deteriorando de manera significativa la percepción de seguridad en las principales capitales. Este fenómeno no es producto del azar; responde a una serie de factores estructurales y actores específicos que, como verdaderos estrategas del crimen, operan en las sombras moviendo los hilos de la violencia.

Estos actores son conocidos como dinamizadores de homicidios, individuos que no solo ejecutan órdenes, sino que las planifican, coordinan y direccionan con precisión quirúrgica. Se infiltran en espacios públicos y privados, monitorean movimientos de potenciales víctimas y delegan la ejecución de asesinatos selectivos a sicarios o grupos subordinados. Su papel es comparable al de un director de orquesta criminal: no tocan los instrumentos, pero determinan el ritmo y la intensidad de la violencia.

Gran parte de sus acciones está vinculada al microtráfico, actividad que, además de ser la fuente principal de rentas ilegales, se reviste con discursos de “limpieza social” en distintos territorios. No obstante, el narcotráfico no es el único combustible que alimenta esta maquinaria homicida. Existe seis ejes determinantes que actúan como verdaderos focos de violencia:

1. Lucha entre bandas criminales por el control de corredores estratégicos.
2. Extorsión a comerciantes y empresarios, que se paga con sangre cuando no se cumplen los pagos.
3. Robo de tierras, especialmente en zonas rurales donde confluyen grupos armados ilegales.
4. Cadenas delictivas de “gota a gota”, cuyos cobradores usan el asesinato como mecanismo ejemplarizante.
5. Intolerancia social, cada vez más letal en contextos urbanos.
6. Hurto, delito que afecta a la comunidad.

Combatir a estos dinamizadores exige mucho más que capturas ocasionales de sicarios. Es indispensable una articulación interinstitucional con la Policía Nacional y organismos de inteligencia, mediante comisiones especializadas orientadas a desmantelar sus estructuras financieras, que son la verdadera columna vertebral de su poder. 

Solo debilitando a estos dinamizadores se logrará frenar el aumento de homicidios y recuperar, aunque sea parcialmente, la confianza ciudadana. Porque mientras ellos sigan ordenando desde la sombra, las balas seguirán marcando el pulso de la vida en muchas de nuestras ciudades.

 

El rostro cambiante del terrorismo urbano

                                    

Por: CARLOS ANDRÉS COTES

Durante décadas, Colombia ha sido escenario de múltiples expresiones del terrorismo urbano, desde los recordados carros bomba de los años 90 hasta los ataques recientes cometidos por milicias urbanas. Las grandes ciudades del país, especialmente Bogotá, han sido sacudidas por hechos de violencia cuya magnitud ha demostrado que el terrorismo urbano no es un fenómeno nuevo, sino una amenaza que ha evolucionado de manera silenciosa pero contundente. Después del  año 2003, varios atentados evidenciaron la presencia de células capaces de paralizar una ciudad entera. Las tomas universitarias con encapuchados enfrentando a la Policía y dejando uniformados heridos son solo una muestra de ese accionar planificado y violento.

El año 2019 marcó un punto de inflexión. Las principales ciudades fueron blanco de acciones violentas perpetradas por milicias urbanas pertenecientes a Grupos Armados Organizados (GAO), que demostraron una capacidad operativa sorprendente. Las instituciones de inteligencia del país, concentradas tradicionalmente en la lucha contrainsurgente rural, no previeron el salto táctico de la guerra hacia los entornos urbanos. Nuestros ejércitos se especializaron en selvas, montañas y zonas apartadas, descuidando el teatro urbano que sería explotado posteriormente por organizaciones con entrenamiento especializado y conexiones internacionales.

Pese a contar desde hace años con Fuerzas Especiales Urbanas y unidades como el Gaula, fue evidente que no se esperaba un conflicto de estas dimensiones dentro de las ciudades. A lo largo de mi trayectoria y experiencia en temas relacionado con la seguridad pública y ciudadana, pregunté a diferentes expertos, por qué no se anticiparon a esta evolución. La respuesta casi unánime fue que el terrorismo urbano era visto como esporádico, no como parte de una estrategia integral de guerra.

Hoy, luego de décadas de aprendizaje a sangre y fuego, la Policía y el Ejército han desarrollado capacidades importantes para enfrentar este tipo de amenazas. Sus unidades han sido reconocidas internacionalmente por su eficacia en ambientes urbanos. Sin embargo, el desafío persiste. Los GAO y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) siguen entrenándose en tácticas sofisticadas, muchas de ellas con asesorías extranjeras. Por eso, la inteligencia colombiana debe mantenerse en constante evolución, anticipando amenazas, reformulando estrategias y nunca subestimando la capacidad del enemigo. Prepararse no es opcional, es una necesidad estratégica para preservar la seguridad y la democracia en nuestras ciudades.

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Asistencia Militar; Herramienta Legal para Recuperar el Orden y la Convivencia Ciudadana

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La "Asistencia Militar" es una figura legal establecida en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se trata de un mecanismo de apoyo excepcional, mediante el cual las Fuerzas Militares pueden intervenir en asuntos de seguridad nacional cuando la situación del orden público se ve gravemente alterada y supera las capacidades operativas de la Policía Nacional. Esta medida puede ser solicitada por los gobernadores o alcaldes municipales al presidente de la república, previa evaluación de la necesidad real de reforzar la fuerza pública en su territorio.

En Colombia, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público son funciones primarias del Estado, siendo la Policía Nacional la autoridad encargada de manera ordinaria de su garantía. Sin embargo, existen contextos críticos donde la criminalidad, el terrorismo urbano, las amenazas a la institucionalidad o la gobernabilidad local obligan a un mayor despliegue de capacidades del Estado. Es ahí donde la asistencia militar se convierte en una herramienta legítima, temporal y proporcional.

La solicitud de asistencia militar debe estar contemplada y articulada en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) de cada entidad territorial. Este instrumento de planeación recoge las estrategias de seguridad locales y debe prever, de ser necesario, la activación de esta medida. En caso de no estar contemplada en dicho plan, la asistencia puede ser gestionada por la Policía Nacional, mediante los consejos de seguridad o los comités de orden público, órganos de coordinación interinstitucional donde se evalúa la situación y se oficializa la petición.

Unidades especializadas como los Batallones de Policía Militar y las Compañías de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional son las encargadas de ejecutar esta asistencia, principalmente en contextos urbanos. No obstante, su intervención debe ir de la mano con las autoridades judiciales, especialmente cuando se trata de procedimientos de captura o judicialización, ya que la función investigativa y penal recae exclusivamente en la Policía Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el aparato judicial.

Más allá del respaldo operativo, la asistencia militar también cumple un importante papel en el fortalecimiento de la percepción de seguridad ciudadana. La presencia visible del Ejército en zonas afectadas por el crimen organizado, las bandas armadas o el narcotráfico, envía un mensaje contundente de respaldo institucional a la ciudadanía. Su intervención, además de táctica, es simbólica: representa la recuperación del control estatal sobre el territorio nacional.

La asistencia militar no es una militarización de un territorio determinado, ni pretende sustituir a la Policía, sino una herramienta complementaria en momentos extraordinarios. Usada con rigor, planeación y dentro del marco legal, representa una acción legítima del Estado para restablecer la convivencia, proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de la comunidad en zonas donde la criminalidad ha desbordado la capacidad de respuesta tradicional.

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Carlos Andrés Cotes Maya

Carlos Andrés Cotes Maya, ocupa un ranking como  estratega en seguridad pública y ciudadana por su contribución institucional, internacional, nacional y  territorial a la gestión de la seguridad ciudadana en Colombia.

Con una trayectoria como exsecretario de Gobierno del Departamento del Cesar, expresidente del Concejo de Valledupar, comandante del BAAMI Baser 10 de los Profesionales Oficiales de Reserva, Cotes Maya ha liderado procesos de articulación entre autoridades locales, Fuerza Pública, resolución de conflicto entre comunidades, y entidades de control en el fortalecimiento de estrategias de seguridad pública y ciudadana.

Ha estudiado en Israel, Proyectos Municipales de Seguridad Ciudadana, y en Brasil estudios en Cámaras de Seguridad Ciudadana CCTV. y actualmente se especializa en Políticas de Defensa y Seguridad Internacional.

Su enfoque combina:

• Política pública local, nacional y latinoamericana en seguridad ciudadana

• Gestión de convivencia en entornos urbanos y rurales

• Planeación territorial con enfoque preventivo

• Fortalecimiento institucional y gobernanza 

• Políticas de Defensa y Seguridad Internacional 

Carlos Andrés Cotes Maya también ha sido reconocido por su liderazgo en la aplicación de estrategias de seguridad basadas en evidencia, con impacto en municipios priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y escenarios de posconflicto.

Su perfil lo convierte en una figura clave en la nueva generación de estrategas nacionales y  territoriales que articulan técnica, política pública y gobernanza para la construcción de paz, seguridad sostenible y resolución de conflictos.

Consejos de Seguridad, herramienta vital de gestión territorial frente a la inseguridad

Por: CARLOS ANDRES COTES M.

En Colombia, los Consejos de Seguridad son una figura estratégica que, aunque no están plenamente reglamentados de forma específica por tipos, sí cuentan con base legal sólida en la Constitución, la Ley 62 de 1993, la Ley 1801 de 2016 y la Ley 418 de 1997 y el Decreto 2615 de 1991 que reorganizó los Consejos de Seguridad en Colombia. Gobernadores y alcaldes, como primeras autoridades de Policía en sus territorios, tienen la facultad de convocarlos para enfrentar amenazas a la seguridad y al orden público, adaptando su enfoque según el tipo de riesgo o sector impactado y objetivo específico.

El Consejo de Seguridad Ciudadana, se puede realizar de manera: (extraordinario, departamental, Regional, Metropolitano, Interdepartamental, Ministerial y Nacional) es el más común. Se activa ante delitos como homicidios, hurtos, extorsiones, asonadas, entre otros. Convoca a Policía, Fiscalía, Ejército, Procuraduría, Personería, Defensoría y autoridades, quienes coordinan medidas de control, investigación y prevención.

El Consejo de Seguridad Rural atiende problemáticas en zonas rurales como abigeato, minería ilegal, narcotráfico o presencia de grupos armados. Es vital en municipios con corregimientos dispersos. Lo integran Ejército, Policía, ICA, , autoridades locales y líderes campesinos.

El Consejo de Seguridad Ambiental responde a delitos contra los recursos naturales. Es convocado ante alertas de deforestación, tráfico de especies, o contaminación. Participan autoridades ambientales (CAR, Parques), Policía Ambiental, Fiscalía Ambiental y entes territoriales.

El Consejo de Seguridad Escolar protege entornos educativos frente a consumo de drogas, abuso, reclutamiento o violencia escolar, amenazas. Se implementa con instituciones educativas, Policía de Infancia, ICBF, secretarías de educación y padres de familia.

El Consejo de Seguridad para la Mujer se enfoca en violencias basadas en género, feminicidios o trata de personas. Convoca comisarías de familia, Fiscalía, Policía, Consejerías de Mujer y sociedad civil. Su activación es clave ante cifras preocupantes de violencia contra mujeres.

El Consejo de Seguridad con Comunidades y Juntas de Acción comunal, aborda amenazas a poblaciones étnicas, LGTBIQ+ o líderes sociales. Su enfoque diferencial permite articular medidas de protección específicas y culturalmente pertinentes.

El Consejo de Seguridad Empresarial protege sectores económicos ante extorsión, ciberataques o crimen organizado. Se convoca con gremios, DIAN, Ejército, Policía, Fiscalía y cámaras de comercio.

El Consejo de Seguridad Electoral (diferente a los comités de seguimiento electoral) se puede activar antes y durante procesos electorales. Busca prevenir delitos como trashumancia, amenaza a candidatos y electores,  coacción o violencia política. Lo conforman Registraduría, CNE, MOE, Fuerza Pública y partidos políticos.

El Consejo de Seguridad Carcelario revisa situaciones críticas en centros penitenciarios: motines, extorsión desde cárceles o fugas. Participan INPEC, Policía, Fiscalía y Ministerio de Justicia.

Desde las entidades territoriales, estos consejos deben responder a diagnósticos reales, estar sustentados en datos, y generar planes de acción articulados. Aunque su convocatoria es discrecional, su éxito depende del seguimiento a los compromisos, la voluntad política y la articulación interinstitucional. En tiempos de creciente inseguridad, los Consejos de Seguridad son más que reuniones: son el corazón operativo de la gestión pública territorial frente al delito.

Drones en la guerra, una amenaza terrorista en el contexto actual del conflicto

Por: CARLOS ANDRES COTES M.

En la historia de la humanidad, las guerras han sido testigo de constantes transformaciones. Desde los combates cuerpo a cuerpo hasta los enfrentamientos masivos con armas de fuego, cada época ha traído consigo nuevos métodos de lucha. En pleno siglo XXI, los campos de batalla ya no son sólo trincheras o selvas espesas, sino también el cielo, el ciberespacio y el aire que sobrevuela las ciudades. En este contexto, los drones se han convertido en protagonistas silenciosos pero decisivos, transformando radicalmente las estrategias bélicas a nivel global.

El desarrollo de los drones comenzó como un avance tecnológico destinado a reducir las bajas humanas en combate. Inicialmente pensados para labores de vigilancia, reconocimiento y logística, los drones representaban una forma de observar al enemigo sin exponerse. Sin embargo, con el paso del tiempo y la accesibilidad a esta tecnología, lo que antes era exclusivo de las grandes potencias militares se ha transformado en una herramienta al alcance de cualquiera, incluyendo actores como los Grupos Armados Organizados (GAO).

A finales del siglo XX, el uso de drones militares fue un punto de inflexión en la forma de hacer la guerra. En conflictos como Irak y Afganistán, los Estados Unidos utilizaron drones para realizar operaciones quirúrgicas que evitaban enfrentamientos directos. En el siglo XXI, esta evolución se profundizó con el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde los drones comerciales adaptados para lanzar explosivos tomaron un rol protagónico. Este fenómeno ha demostrado cómo la innovación tecnológica puede ser rápidamente absorbida por actores en conflicto para maximizar daño y minimizar exposición.

Esta tendencia ha encontrado eco en los grupos armados ilegales, que han comenzado a adaptar drones comerciales —originalmente pensados para entretenimiento o actividades agrícolas— en verdaderas armas de guerra. Los GAO los utilizan para lanzar explosivos sobre instalaciones militares, estaciones de policía e incluso para intimidar y agredir a la población civil. Estos ataques no solo representan una amenaza directa a la vida humana, sino también a la infraestructura crítica del Estado, alterando la seguridad nacional y desafiando la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas.

La facilidad con la que estos drones pueden ser modificados y su bajo costo han facilitado su adopción por parte de organizaciones criminales. Su pequeño tamaño, velocidad y maniobrabilidad dificultan su detección y neutralización. Ante este panorama, las Fuerzas Militares de muchos países deben adelantarse a una manera de actuar con urgencia. La respuesta no puede limitarse a improvisaciones tácticas, sino que requiere una transformación estructural: comprender a fondo el funcionamiento y el potencial destructivo de los drones, entrenar a las tropas en su uso y detección, desarrollar contramedidas tecnológicas específicas y, lo más importante, formular una doctrina nacional de defensa antidrones.

El desconocimiento generalizado de la población sobre el uso bélico de los drones también agrava el problema. Aún se ven como simples aparatos recreativos o herramientas audiovisuales, sin tener en cuenta que pueden estar cargados con explosivos listos para ser activados sobre un blanco militar o civil. La malicia con la que estos grupos emplean drones exige una respuesta seria e inmediata.

A nivel global, la defensa antidrones se encuentra aún en desarrollo. Existen armas electrónicas diseñadas para interferir las señales de control de los drones, inhibidores de frecuencia, proyectiles especializados, redes y hasta aves entrenadas para interceptarlos. Sin embargo, estas tecnologías son costosas, escasas y poco desarrolladas en contextos como el colombiano. De ahí la urgencia de invertir en investigación y desarrollo, promover la transferencia de tecnología y crear capacidades propias para enfrentar esta nueva dimensión del conflicto.

Hoy, el país enfrenta una amenaza silenciosa, aérea y tecnológica que exige adelantar nuevas estrategias de seguridad nacional. Los drones no son el futuro de la guerra: son su presente. Su uso por parte de los grupos armados ilegales es una clara advertencia de cómo la tecnología puede ser utilizada para fines destructivos si no se establecen políticas de contención, defensa y adaptación. Se necesita actuar ya, antes de que los cielos se llenen de sombras difíciles de detectar, pero imposibles de ignorar.