POR: CARLOS A COTES M.
En Colombia, la violencia ha mutado con los años, y junto a ella, también las formas de operar de los grupos armados organizados. Hoy, un fenómeno silencioso pero letal crece en las calles: el outsourcing criminal. Se trata de la tercerización del delito, donde estructuras armadas, incapaces o reacias a exponerse directamente, contratan jóvenes sin oficio, sin estudio y sin rumbo, para ejecutar encargos ilegales que van desde el sicariato hasta la simple tarea de colocar una bandera o pintar un grafiti que siembre miedo en una comunidad. Por cualquier suma de dinero, muchos de estos jóvenes terminan siendo herramientas de intimidación y violencia.
Este tipo de subcontratación criminal permite a los grupos armados mantener su poder sin arriesgar su estructura. En muchas ocasiones, los cabecillas se encuentran lejos de los lugares donde ocurre el delito; simplemente ordenan y pagan por el servicio. Los jóvenes ejecutores, generalmente de barrios vulnerables, se convierten en piezas de maquinarias delictivas que los usa, los expone y los reemplaza con rapidez. Son ellos quienes marcan territorios con banderas, asesinan por encargo o incluso son reclutados para permanecer de manera más estable al servicio del crimen.
El outsourcing criminal no es un fenómeno marginal: se ha convertido en práctica frecuente y cotidiana. La mayoría de los delitos urbanos, homicidios, hurtos, amenazas, son cometidos por jóvenes que se inician en la delincuencia bajo la promesa de dinero rápido y sin medir las consecuencias. La precariedad económica, la falta de oportunidades y la desconexión educativa son los principales motores que los empujan a aceptar estas “ofertas de trabajo” criminales. En muchos casos, no se trata de reclutamiento forzoso, sino de un reclutamiento económico y funcional.
Combatir este fenómeno requiere más que capturas o presencia policial. La respuesta debe ser integral y preventiva. Disminuir la deserción escolar, garantizar acceso a educación técnica y empleo digno, y fortalecer los entornos familiares y comunitarios son medidas esenciales para reducir el caldo de cultivo que nutre al outsourcing criminal. La acción unificada del Estado, la sociedad civil y el sector privado debe orientarse a cerrar las brechas que dejan a los jóvenes a merced del crimen organizado.
Los grupos armados organizados seguirán buscando mano de obra barata mientras existan jóvenes desconectados del sistema educativo y del tejido social. Romper el ciclo del outsourcing criminal no es solo un reto de seguridad: es una urgencia social. Invertir en juventud, educación y empleo es la estrategia más efectiva para que los criminales dejen de tener quien ejecute sus órdenes. Solo así se podrá frenar la tercerización del delito que hoy amenaza con perpetuar una nueva forma de violencia invisible, pero profundamente destructiva.
**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**
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