En Colombia, la explotación ilegal de yacimientos mineros, como el oro, se ha consolidado como el negocio más rentable de los Grupos Organizados, superando incluso al narcotráfico. En regiones selváticas, apartadas y con escasa presencia estatal, estos actores han encontrado en el oro, un recurso más estable, menos riesgoso y con mayor facilidad de comercialización que la cocaína. El metal precioso viaja con menos controles internacionales, se funde con el comercio legal y termina en mercados globales sin dejar rastros de su origen criminal.
El mercurio es la herramienta clave en este engranaje ilegal. Su uso permite amalgamar las partículas de oro atrapadas en la roca y en los sedimentos, a costa de liberar toneladas del tóxico metal pesado en ríos y suelos. Según estudios internacionales, la minería artesanal y en pequeña escala es la mayor fuente de liberación de mercurio en el mundo, y Colombia lidera la contaminación en América con cerca de 180 toneladas anuales vertidas a sus aguas. Las estructuras utilizan el mercurio como un insumo estratégico, introduciéndolo de contrabando y controlando su distribución en los territorios bajo su dominio. Es, en la práctica, un elemento más de su arsenal económico.
Las consecuencias son devastadoras: comunidades indígenas y afrodescendientes inhalan vapores y consumen peces contaminados; mujeres embarazadas transmiten daños neurológicos irreversibles a sus hijos; ríos como el Caquetá, o el Cauca se han convertido en corredores de veneno que amenazan a generaciones enteras. En Antioquia, se registran niveles de contaminación entre los más altos del planeta. Mientras tanto, la promesa de riqueza inmediata mantiene atrapadas a miles de familias en un círculo de dependencia y riesgo, convertidas en eslabones involuntarios de una cadena criminal que financia armas, controla territorios y desplaza poblaciones.
La paradoja es brutal: el oro ilegal brilla en los mercados internacionales mientras en Colombia deja un reguero de problemas, destrucción ambiental y violencia. Los delincuentes han entendido que el oro es hoy un recurso más rentable que la coca, pues su venta no requiere rutas clandestinas, ni laboratorios complejos, ni grandes redes de lavado. Basta con fundir el metal, mezclarlo con producción legal y exportarlo. El crimen se vuelve casi invisible.
Frente a este escenario, la lucha contra la explotación ilegal de yacimientos mineros exige tanto control armado como regulación económica. Cortar el suministro de mercurio, fortalecer la trazabilidad del oro y formalizar a los pequeños mineros son pasos urgentes para frenar un fenómeno que se ha convertido en una mina de sangre de Colombia. El oro del conflicto no solo financia la guerra: envenena el futuro del país.
**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**
