El costo invisible de la inseguridad: una amenaza que afecta el desarrollo regional

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

En algunos países de América Latina, especialmente en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos, la inseguridad se convierte en un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social. La presencia persistente de delitos, no solo genera miedo, sino que paraliza actividades productivas claves como el comercio, la agricultura y la ganadería, afectando directamente el tejido económico y social de estas comunidades.

Es importante diferenciar entre los conceptos de seguridad pública y seguridad ciudadana, aunque están estrechamente relacionados, tienen enfoques distintos. La seguridad pública es la responsabilidad del Estado para garantizar el orden público, prevenir el delito y proteger los derechos fundamentales a través de las instituciones de la Fuerza Pública y el Sistema Judicial. Por otro lado, la seguridad ciudadana pone el foco en la percepción y vivencia de seguridad por parte de la población, abarcando no solo la ausencia de delitos, sino también la garantía del ejercicio de derechos y libertades en un entorno libre de violencia. En otras palabras, mientras la seguridad pública opera desde el aparato estatal, la seguridad ciudadana se mide desde la vida cotidiana de las personas.

Cuando estas formas de seguridad fallan, los efectos son devastadores, especialmente en zonas rurales donde el Estado tiene poca presencia. Los grupos criminales se aprovechan de esta ausencia para operar con impunidad, imponiendo economías ilegales y redes de extorsión que afectan directamente a ganaderos, agricultores y comerciantes. El abigeato, por ejemplo, no es solo el robo de ganado; es un ataque directo a la economía campesina, que disuade la inversión y desincentiva la producción. Cada animal robado representa una pérdida enorme para quien depende de su venta o crianza para sostener a su familia.

Los territorios más afectados por estos delitos suelen ubicarse en zonas grises, espacios donde la presencia del Estado es débil o simbólica, y donde la ley se aplica de manera débil. En estos lugares, el miedo se convierte en una herramienta de control: los comerciantes optan por cerrar temprano o abandonar sus negocios; los agricultores evitan trasladarse a sus parcelas por temor a ser secuestrados; los ganaderos reducen sus actividades para evitar ser blanco de extorsiones. El clima de inseguridad crea un círculo vicioso: menos producción genera menos empleo, lo que incrementa la pobreza y aumenta la vulnerabilidad social, facilitando aún más el control de los Grupos Armados Organizados o bandas delincuenciales.

Además del impacto económico inmediato, la inseguridad prolongada deteriora la cohesión social. La desconfianza entre vecinos crece, el liderazgo comunitario se debilita y los jóvenes pierden la esperanza en un futuro distinto al del delito o la migración forzada. El desarrollo regional se puede estancar porque ninguna política pública puede tener éxito si no se garantiza un entorno seguro donde la gente pueda vivir, trabajar y producir sin miedo.

Por lo tanto, atender la seguridad no puede ser solo un tema policial, militar o represivo. Se requiere una presencia integral del Estado: con justicia eficaz, inversión en desarrollo rural, programas de prevención y una institucionalidad que funcione en los territorios. Solo así será posible romper con la espiral de violencia que asfixia el potencial de muchas regiones y devolverle a sus habitantes la confianza necesarias para desarrollarse. La seguridad ciudadana es condición fundamental del desarrollo, y sin ella, cualquier intento de progreso será frágil e insuficiente.