Burbujas de inteligencia, estrategia para recuperar el control territorial

POR: CARLOS A COTES

Las Fuerzas Militares han determinado la creación de burbujas de inteligencia como una estrategia clave en la prevención y mitigación del riesgo. Estas estructuras especializadas han funcionado como verdaderas campañas de control territorial, permitiendo mantener la gobernabilidad en departamentos donde las adversidades en materia de orden público, como el terrorismo, el secuestro y los asesinatos selectivos, amenazan la estabilidad institucional. Gracias a su capacidad de análisis, seguimiento y acción preventiva, se han podido detectar amenazas y evitar hechos de violencia que, en otro contexto, habrían tenido graves consecuencias para la seguridad nacional.

Las burbujas de inteligencia son espacios de articulación operativa donde confluyen información, análisis y planeación táctica. En ellas se integran las capacidades técnicas de inteligencia militar, policial y judicial para generar una comprensión integral de las amenazas que afectan al territorio. Su valor radica en la capacidad de anticiparse al delito, identificar actores y escenarios de riesgo, y proponer medidas de contención inmediata. Más que un área de análisis, es un centro de pensamiento estratégico y acción, donde la información se convierte en una herramienta decisiva para la toma de decisiones.

Estas burbujas fortalecen de manera sustantiva los trabajos coordinados entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, garantizando un intercambio ágil de datos y un mando unificado frente al terrorismo en todas sus formas. En ellas se rompe la fragmentación institucional y se consolida una respuesta coordinada que permite neutralizar atentados, capturar cabecillas y desmantelar redes logísticas. La inteligencia, entendida como el ojo anticipado del Estado, logra a través de estas células mantener el equilibrio entre la prevención y la reacción oportuna frente a los enemigos del orden.

Además de los logros operacionales, las burbujas de inteligencia deben recuperar su relevancia estratégica en el escenario actual, donde las estructuras criminales se transforman con rapidez y adaptan su modus operandi. Su fortalecimiento implica dotarlas de recursos tecnológicos, talento humano especializado y canales seguros de intercambio de información. Solo así podrán seguir desarticulando organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el homicidio selectivo, la minería ilegal y otras economías ilícitas que deterioran la seguridad y el desarrollo de los territorios.

El concepto de burbujas de inteligencia debe trascender el ámbito militar y ser adoptado por alcaldes y gobernadores en sus planes de desarrollo, así como en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Incluirlo como política pública esencial permitirá prevenir acciones terroristas, secuestros y extorsiones, delitos que impactan la economía local y el bienestar colectivo. Apostar por estas burbujas es fortalecer el escudo invisible del Estado; una inteligencia territorial al servicio de la protección de la vida, la estabilidad institucional y la tranquilidad de las regiones.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Del mar a la ciudad; cómo el control marítimo redefine la seguridad nacional

Breve reflexión:               Por, CARLOS COTES M.

La seguridad marítima es el conjunto de acciones, políticas y estrategias orientadas a proteger los intereses nacionales en el mar, prevenir delitos transnacionales y garantizar la soberanía sobre los espacios acuáticos. Incluye la defensa de las rutas marítimas, la protección de recursos naturales, la lucha contra el contrabando, la piratería y el narcotráfico. En el caso de Colombia, esta responsabilidad recae principalmente en la Armada Nacional, institución que forma parte de las Fuerzas Militares junto al Ejército y la Fuerza Aeroespacial. La Armada, mediante sus flotillas de superficie, submarinos y guardacostas, ejerce control sobre las aguas del Caribe y el Pacífico, asegurando que el territorio marítimo del país se mantenga bajo vigilancia permanente.

Ahora bien, comprender la diferencia entre aguas territoriales y aguas internacionales resulta esencial para dimensionar los alcances de la autoridad marítima. Las aguas territoriales son aquellas que se extienden hasta doce millas náuticas desde la costa, donde el Estado ejerce plena soberanía sobre los recursos, el tránsito y las actividades que se desarrollen. En contraste, las aguas internacionales pertenecen a la humanidad en general, no tienen dueño y son administradas bajo normas del derecho marítimo internacional. En ellas no rigen leyes nacionales, sino convenios multilaterales que regulan la navegación, la explotación de recursos y la seguridad. La línea divisoria entre ambos espacios marca el límite del control directo de un país y el inicio de la cooperación o competencia global.

Cuando las rutas del narcotráfico cruzan de aguas territoriales a aguas internacionales, comienza un complejo proceso de tránsito delictivo que desafía las capacidades de los Estados. Los cargamentos de droga, que suelen salir desde costas del Pacífico colombiano o del Caribe, salen sigilosamente huyendo de zonas controladas por la Armada Nacional. Sin embargo, al ingresar a aguas internacionales, las responsabilidades de vigilancia se comparten con otros países y fuerzas navales, permitiendo que las organizaciones criminales utilicen ese corredor marítimo para evadir la detección y continuar su recorrido hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, o hacia Europa, hasta ingresar nuevamente a nuevas aguas territoriales bajo distintas jurisdicciones.

En ese contexto, se emplean diversas embarcaciones para burlar los controles. Las lanchas rápidas son las más comunes por su velocidad y maniobrabilidad. También se usan semisumergibles o submarinos artesanales, construidos con materiales ligeros y diseñados para transportar hasta 700 kilogramos de cocaína, muchas veces tripulados por dos personas o totalmente autónomos, es decir, no tripulados.

El control marítimo internacional, en el mar caribe, liderado en gran parte por la Marina estadounidense, ha limitado el flujo de drogas hacia los mercados externos, combatiendo las exportaciones de drogas ilícitas. Sin embargo, este cerco ha generado un efecto interno, la droga que no logra salir del país se redistribuye dentro de las fronteras, incrementando el consumo nacional y alimentando el microtráfico en zonas urbanas y rurales. Así, el mar, antes visto como salida de las economías ilegales, se convierte también en reflejo de una crisis interna que exige fortalecer la seguridad marítima, atacar el narcotráfico,  y fortalecer las políticas integrales de prevención del consumo. Así mismo, podemos observar como un problema de seguridad nacional, se traslada a un problema de seguridad ciudadana.

En consecuencia, y por tal razón en estos momentos,  la explotación ilegal de yacimientos mineros, se ha consolidado como la principal fuente de financiación de las economías ilícitas que sostienen a los grupos al margen de la ley.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

El "Asedio Diluido", una forma de presión social

 POR: CARLOS COTES M.

El concepto de asedio diluido ha empezado a emerger silenciosamente en el lenguaje de la conflictividad social actual. Se trata de una forma de presión colectiva, que si bien nace de la protesta social, se transforma en un fenómeno prolongado y desgastante donde los límites entre la manifestación legítima y la vulneración del orden público se difuminan. El asedio diluido no se caracteriza por la violencia inmediata o el caos abrupto, sino por la ocupación prolongada, la interrupción sistemática de actividades y la imposición de una presencia constante que termina generando desgaste institucional, económico y social.

En Colombia, este tipo de acciones ha tomado fuerza en este tiempo. En diferentes ciudades del país, y especialmente en Bogotá, se observan grupos de manifestantes que bloquean vías, se toman edificios públicos o invaden propiedades privadas con la intención de presionar decisiones gubernamentales o lograr beneficios particulares. En muchos casos, las tomas se extienden durante días o semanas, afectando no solo el funcionamiento de las instituciones sino también la cotidianidad de los ciudadanos. Este tipo de asedio no siempre busca el diálogo, sino que utiliza la permanencia como una forma de presión, agotando la capacidad de respuesta del Estado y la paciencia de la comunidad.

El asedio diluido genera afectaciones múltiples. En el plano económico, paraliza actividades laborales, impide el acceso a servicios y deteriora la confianza en las instituciones. En el plano social, polariza a la población entre quienes respaldan la protesta y quienes reclaman el restablecimiento del orden. Y en el plano político, erosiona la legitimidad del gobierno cuando este no logra resolver o contener la situación.

Durante estos episodios pueden cometerse delitos graves: daños a la propiedad, secuestros, lesiones personales e incluso homicidios. Las vías de hecho se vuelven cotidianas y el caos se instala como parte del paisaje urbano. En muchos casos, las autoridades deben intervenir para restablecer el orden, pero cualquier acción es interpretada como represión, lo que prolonga aún más la confrontación.

El asedio se convierte en un acto delictivo cuando cruza la línea de la protesta pacífica y atenta contra derechos fundamentales, la libre movilidad o el funcionamiento del Estado. La historia nacional de nuestro país, recuerda el asedio al Palacio de Justicia, en 1985,  como un ejemplo extremo de cómo una toma puede transformarse en tragedia. Hoy, bajo formas más difusas y prolongadas, el asedio diluido reaparece, disfrazado de resistencia, pero con los mismos riesgos: el debilitamiento institucional, el desorden social y la pérdida del respeto por la ley.

Concluyo que el asedio diluido se presenta como una estrategia de desgaste progresivo contra las instituciones, desarrollada a través de movilizaciones, protestas prolongadas, paros, huelgas, bloqueos simbólicos y manipulación mediática. Este tema opera en los campos político, económico, social y comunicacional, buscando debilitar la legitimidad del Estado, crear sensación de caos y presionar reformas o concesiones políticas.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Israel, la Escuela de la Seguridad Ciudadana Inteligente

                                    POR: CARLOS ANDRES COTES MAYA

La experiencia académica que viví en Israel marcó un antes y un después como complemento en mi formación como estratega en seguridad ciudadana. Durante varias semanas, tuve el privilegio de estudiar directamente con expertos en la materia, conocer la estructura de la policía comunitaria israelí, visitar centros de monitoreo, barrios

y municipios donde la seguridad no es un discurso, sino una cultura cotidiana. Allí entendí que el éxito de la política de seguridad no depende del número de patrullas, sino del tejido social y del triángulo que se construye entre comunidad, instituciones y gobierno local.

Israel, un país permanentemente amenazado, ha hecho de la prevención su primera línea de defensa. Cada joven es visto como un líder potencial y cada voluntario como un héroe civil. En sus municipios, la prevención se diseña con base en la ecología social: familia, escuela y comunidad funcionan como un triángulo inseparable. Aprendí que el tiempo libre es un escenario estratégico; si no se ocupa los jóvenes de manera positiva, se convierte en un espacio para la delincuencia. La educación no formal, los movimientos juveniles, las brigadas de padres y el voluntariado son pilares de la política preventiva.

Conocí ciudades donde los alcaldes son los responsables legales de la seguridad, donde el centro de monitoreo no pertenece a la policía sino al municipio, y donde la reacción se considera un fracaso de la prevención. Allí, el concepto de “seguridad personal y comunitaria” se traduce en corresponsabilidad: bomberos, ejército, policía, maestros, padres y empresarios son parte del mismo engranaje.

Lo más valioso fue comprender que una comunidad segura es una comunidad organizada. Que el liderazgo local no se impone, se construye. Que el policía comunitario no solo previene el delito, también reconstruye confianza. Y que la tecnología sin valores no garantiza seguridad. Israel me enseñó que el desafío de América Latina no está en copiar modelos, sino en adaptar experiencias para transformar realidades.

Israel lleva más de veinticinco años desarrollando modelos de prevención en seguridad ciudadana. Estas políticas públicas han demostrado su eficacia: las tasas de homicidios y hurtos son prácticamente nulas, y los principales desafíos actuales se centran en fenómenos sociales como el bullying escolar. Es la evidencia de que invertir en prevención, educación y comunidad no solo reduce la violencia, sino que construye una sociedad más solidaria, consciente y preparada para vivir en paz.

Batallón de Aeronaves No Tripuladas, BANOT: el escudo aéreo contra los drones del crimen

Foto tomada de la web de Comando General de FFMM

POR: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La guerra moderna ha cambiado. Hoy, los conflictos ya no solo se libran en tierra o en el aire con grandes aeronaves, sino también con dispositivos pequeños, silenciosos y de bajo costo: los drones. En Colombia, esta realidad tomó forma en abril de 2024, cuando se registró el primer ataque con aeronaves no tripuladas en el departamento del Cauca. presuntamente se trató de

drones comerciales, fabricados en China y modificados por grupos armados organizados residuales (GAO) para transportar y lanzar explosivos contra unidades militares y policiales. Desde entonces, esta amenaza se ha propagado por todo el territorio nacional.

En poco más de un año, se han documentado más de 360 ataques con drones contra tropas del Ejército, la Policía y, en algunos casos, contra población civil. Estos artefactos, adaptados artesanalmente, se han convertido en un nuevo instrumento de la guerra irregular, generando muertos, heridos y temor en las zonas rurales más golpeadas por la violencia. Frente a este panorama, el país no podía permanecer pasivo. De ahí nace una de las decisiones más trascendentales en la historia reciente de la defensa nacional: la creación del primer batallón de aeronaves no tripuladas de Latinoamérica, una unidad del Ejército Nacional concebida para anticiparse y contrarrestar este tipo de amenazas.

El Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), activado en el Fuerte Militar de Tolemaida, representa un paso firme hacia la modernización tecnológica y la defensa inteligente. Esta unidad no solo tiene la misión de detectar, neutralizar y responder ante ataques aéreos con drones enemigos, sino también de emplear aeronaves no tripuladas propias para labores de reconocimiento, vigilancia, apoyo logístico y protección de las tropas en operaciones aeromóviles. Su creación responde a la necesidad de salvaguardar la vida de los miembros de la fuerza pública y de los ciudadanos, que han sido víctimas de una modalidad de ataque en constante evolución.

El BANOT, además, contará con un puesto de mando estratégico en Boyacá, desde donde coordinará operaciones en todo el país. Su alcance nacional permitirá fortalecer la defensa aérea en regiones críticas, brindando información en tiempo real para la toma de decisiones tácticas y estratégicas. Este hito no solo fortalece las capacidades operacionales del Ejército, sino que proyecta a Colombia como pionera en la región en el uso de tecnología avanzada para la defensa y la seguridad.

El nuevo batallón cuenta con cuatro compañías especializadas que operarán de forma integrada: una de reconocimiento con drones multirrotor, otra de aeronaves de ala fija para operaciones prolongadas, una tercera enfocada en contramedidas electrónicas y una cuarta encargada del mantenimiento, asegurando así la eficacia, protección y sostenibilidad del sistema.

La creación de este batallón es más que un avance militar: es una respuesta a una amenaza creciente y un compromiso con la protección de la seguridad nacional. El Ejército colombiano da así un salto histórico hacia una nueva era de defensa moderna, tecnológica y adaptada a los desafíos del siglo XXI. Con el BANOT, el país no solo protege su cielo, sino que envía un mensaje claro: frente a la innovación del crimen, habrá una innovación mayor para defender la vida y la paz.

OJO AL DATO, el BANOT, es el primer batallón de Drones de Latinoamérica del Ejército Nacional, ha sido creado para contrarrestar las amenazas provocadas por los drones terroristas que vienen siendo operados por estructuras criminales. 

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

El costo de la paz en Medio Oriente

                                            POR: CARLOS COTES MAYA

Dicen algunos palestinos que la masacre perpetrada el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamás, donde fueron asesinadas más de mil personas, tenía un propósito estratégico: provocar una guerra que forzara, a mediano plazo, la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes. Paradójicamente, dos años después, esa hipótesis parece haberse cumplido. Gracias a una iniciativa liderada por Donald Trump, junto a varios países árabes e Israel, se ha firmado un acuerdo de paz que permitió la liberación de rehenes, secuestrados y prisioneros de ambas partes. Sin embargo, este desenlace no borra la huella del horror, ni el altísimo costo humano que antecedió al tratado.

Lo más sorprendente del proceso es que, según el periódico La República Islámica, Irán admitió que el ataque del 7 de octubre destruyó el llamado “Eje de la Resistencia”. De acuerdo con esas fuentes, la denominada “Operación Diluvio de Al-Aqsa” fue un error: Hamás actuó sin consultar al grupo Hezbolá ni con los hutíes. Aquella ofensiva, celebrada inicialmente como un golpe simbólico contra Israel, terminó siendo el detonante de la caída militar y política de la organización. En cuestión de meses, el movimiento que pretendía “liberar Palestina” quedó reducido a escombros, aislado incluso de sus antiguos aliados.

La respuesta de Israel fue demoledora. Las Fuerzas de Defensa Israelíes emprendieron una agresiva campaña militar que se extendió por más de dos años, dejando más de 20.000 combatientes de Hamás muertos y desmantelando toda su estructura de mando. La presión diplomática de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Estados Unidos consolidó el aislamiento del grupo. Ante la derrota total y el agotamiento humanitario en Gaza, los países de la región impulsaron la firma del acuerdo de paz que se presentó en el mes de octubre de 2025, como un nuevo punto de inflexión en la historia del conflicto.

Desde mi punto de vista, la masacre de 2023 fue el error más grave de Hamás. Buscando debilitar a Israel, terminó desatando una respuesta implacable que arrasó con la Franja de Gaza y dejó al movimiento sin legitimidad internacional. Lo que pretendía ser un símbolo de resistencia terminó convirtiéndose en un suicidio político - militar.

Israel, por su parte, ha reafirmado su doctrina de seguridad total. Tras las operaciones contra líderes de Hamás en Qatar y otros países, dejó claro que ningún territorio servirá de refugio a quienes atenten contra su pueblo. “No habrá inmunidad para los terroristas”, declaró su primer ministro. Esta nueva estrategia regional, basada en inteligencia y ataques selectivos, reconfigura el tablero de Medio Oriente y redefine el concepto mismo de disuasión.

Es inevitable lamentar la tragedia humana que acompañó estos años de guerra. Decenas de miles de vidas inocentes se perdieron entre los escombros de un conflicto que parecía no tener fin. Sin embargo, la reciente firma del acuerdo de paz abre una ventana de esperanza: la posibilidad de que palestinos e israelíes convivan en respeto, sin miedo ni odio. Ojalá este pacto no sea solo un paréntesis, sino el inicio de una paz duradera que impida, de una vez por todas, que el horror vuelva a repetirse.

Tomas violentas, el secuestro silencioso de la educación pública

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Las tomas universitarias, antes símbolo de lucha pacífica e idealismo juvenil; hoy han mutado en escenarios de violencia organizada que terminan secuestrando la educación y sembrando el miedo en los campus públicos universitarios del país. Lo que alguna vez fue una forma legítima de expresión estudiantil se ha degradado en acciones que aplazan semestres, destruyen instalaciones y violentan derechos fundamentales, como el de estudiar. Los protagonistas de estas tomas ya no son solo jóvenes inconformes; muchos han sido instrumentalizados por células urbanas de terrorismo que han encontrado en la universidad un terreno fértil para el caos.

La historia recuerda que las primeras tomas universitarias, hace más de cien años, se dieron en el marco de una reivindicación pacífica por mejores condiciones académicas. Hoy, en cambio, grupos encapuchados lanzan papas bomba, enfrentan a la Fuerza Pública, obstruyen vías y toman por rehén no solo a la institución, sino también a los estudiantes que sí desean asistir a clases, graduarse y aportar al país. Los más afectados no son los supuestos enemigos del sistema, sino los propios compañeros, docentes, vecinos de las universidades y hasta los mismos policías que intentan contener el desorden.

Las razones de la protesta pueden ser válidas: reclamos por la desfinanciación, exigencias de bienestar universitario o inconformidades frente a políticas del gobierno. Pero ninguna de estas causas justifica la violencia. La protesta es un derecho, pero no puede convertirse en una forma de sabotaje al derecho ajeno. La violencia deslegitima la causa.

El gobierno ha respondido creando figuras como los gestores de paz, con el fin de mediar en los conflictos y evitar que escalen a confrontaciones físicas. Sin embargo, la realidad demuestra que muchas universidades públicas ya han sido infiltradas por intereses que buscan desestabilizar desde dentro. Frente a esta amenaza, urge una estrategia de seguridad interna sólida, donde los derechos de los estudiantes sean protegidos y las instalaciones educativas resguardadas.

También es tiempo de que la Fuerza Pública articule frentes de contrainteligencia enfocados en prevenir y neutralizar acciones violentas en las universidades. Las casas de estudio no pueden seguir siendo plataformas del caos. Deben volver a ser espacios de pensamiento, debate y construcción de país. “La protesta es válida; la violencia, jamás”.

Cuatro rostros de la guerra: convencional, irregular, cibernética y espacial

Por: CARLOS ANDRES COTES M.

 

La historia de la humanidad puede leerse también como la historia de sus guerras. Desde las primeras confrontaciones tribales hasta las operaciones tecnológicas del siglo XXI, el conflicto ha mutado en formas, métodos y escenarios. Hablar hoy de guerra no implica

ya pensar solo en trincheras o tanques avanzando, sino en una multiplicidad de modalidades que responden a realidades políticas, sociales y tecnológicas muy distintas.

La guerra convencional es la más reconocible y quizá la más estudiada. Se trata de la confrontación directa entre Estados o ejércitos regulares, donde las fuerzas militares enfrentan a un enemigo visible, con uniformes, banderas y reglas de enfrentamiento. Tanques, aviones, artillería y tropas de infantería constituyen su esencia. Su objetivo suele ser territorial: ocupar, controlar o destruir las capacidades del adversario. Sin embargo, a pesar de sus aparatosas dimensiones, este tipo de guerra ha perdido protagonismo, no porque haya desaparecido, sino porque han surgido nuevas formas de lucha más difusas y complejas.

La guerra irregular, por ejemplo, plantea un desafío diferente. Aquí no se enfrentan ejércitos simétricos, sino que un actor no estatal, guerrilla, insurgencia o grupo terroristas, reta a un Estado con tácticas asimétricas. Emboscadas, ataques sorpresa, uso del terreno y apoyo social son sus herramientas. No busca una victoria militar total, sino desgastar la legitimidad del adversario. Su campo de batalla no se mide en kilómetros de terreno conquistado, sino en percepciones, moral y control político de comunidades.

Más reciente, pero igual de trascendente, es la guerra cibernética. En ella no se disparan balas ni caen bombas: los ataques se realizan mediante códigos y algoritmos. Robar información estratégica, paralizar infraestructuras críticas, manipular procesos electorales o sembrar desinformación forman parte de sus tácticas. El ciberespacio convierte cualquier computadora o teléfono en una posible trinchera y, lo más alarmante, difumina las fronteras entre tiempos de paz y de guerra, porque un ataque digital puede ocurrir en cualquier momento sin declaración previa.

Finalmente, la guerra espacial abre un horizonte inédito. Los satélites de comunicaciones, navegación y observación son vitales para la vida civil y militar. Controlar o destruir estos activos significa, literalmente, dejar ciego o incomunicado a un país entero. El espacio se convierte así en el nuevo escenario de disputa estratégica, donde la supremacía tecnológica define la seguridad nacional.

A esta tipología se suma la guerra híbrida, que combina elementos de la convencional y de la irregular para maximizar el desgaste del adversario. En ella, un actor puede emplear tanques y drones en un frente, mientras recurre a guerrillas urbanas, propaganda y desinformación en otro. Esta fusión borra aún más las fronteras entre lo militar y lo civil, lo legal y lo clandestino, y constituye hoy uno de los mayores desafíos para las naciones, pues obliga a responder a múltiples amenazas al mismo tiempo en escenarios cambiantes y difusos.

En conclusión, los tipos de guerra reflejan la transformación de las sociedades y sus avances. La convencional, visible y territorial, convive con la irregular, intangible y política, mientras la cibernética y la espacial expanden el campo de batalla a dimensiones que antes parecían de ciencia ficción. El reto para los Estados no es escoger una sola modalidad, sino prepararse para enfrentarlas todas, muchas veces de manera simultánea.

Injerencia delictiva, la lucha constante entre los GAO

                                            Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

 

Las disputas entre los Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia responden a un único objetivo: el control territorial. Cada hectárea de tierra, cada vereda y cada paso fronterizo representan oportunidades millonarias para estas estructuras ilegales. Las zonas con cultivos ilícitos son altamente codiciadas, no solo por la producción de hoja de coca o marihuana, sino por el acceso directo a laboratorios y rutas de distribución. Los pasos fronterizos son otro botín en disputa, pues garantizan movilidad para el tráfico de drogas, armas, municiones e incluso para redes de trata de personas. Asimismo, las costas y ríos navegables son estratégicos para la salida de la droga hacia los mercados internacionales, lo que convierte estos corredores en escenarios de constantes enfrentamientos.

Otros territorios son valiosos por sus recursos naturales. Las zonas con potencial para minería ilegal generan grandes ingresos con oro y coltán, mientras que los terrenos atravesados por oleoductos son aprovechados para el hurto de hidrocarburos, insumo clave para la producción de pasta base de coca. Incluso, lugares aislados son disputados por su utilidad como campamentos, escondites de secuestrados o sitios de entrenamiento.

Entre más injerencia delictiva tenga un GAO, más poder de expansión obtiene. Un mayor dominio territorial les permite recaudar más dinero, financiar la compra de armamento y aumentar el reclutamiento, consolidando un círculo de crecimiento criminal. Por eso, desde los inicios del conflicto armado, estas luchas de poder han sido permanentes. Cada grupo impone sus reglas en las zonas que domina y defiende con violencia sus límites, generando choques constantes con sus rivales.

La población civil es la mayor víctima de estas disputas. Los enfrentamientos generan desplazamientos masivos, homicidios selectivos de líderes sociales y un ambiente de terror. Para demostrar dominio, los GAO utilizan métodos simbólicos y de control social: instalan banderas con sus insignias, marcan casas y paredes con grafitis, imponen retenes móviles y patrullan de manera visible. Estas acciones no solo intimidan a la comunidad, sino que envían un mensaje directo a sus enemigos: "ese territorio ya tiene dueño".