lunes, 27 de octubre de 2025

Del mar a la ciudad; cómo el control marítimo redefine la seguridad nacional

Breve reflexión:               Por, CARLOS COTES M.

La seguridad marítima es el conjunto de acciones, políticas y estrategias orientadas a proteger los intereses nacionales en el mar, prevenir delitos transnacionales y garantizar la soberanía sobre los espacios acuáticos. Incluye la defensa de las rutas marítimas, la protección de recursos naturales, la lucha contra el contrabando, la piratería y el narcotráfico. En el caso de Colombia, esta responsabilidad recae principalmente en la Armada Nacional, institución que forma parte de las Fuerzas Militares junto al Ejército y la Fuerza Aeroespacial. La Armada, mediante sus flotillas de superficie, submarinos y guardacostas, ejerce control sobre las aguas del Caribe y el Pacífico, asegurando que el territorio marítimo del país se mantenga bajo vigilancia permanente.

Ahora bien, comprender la diferencia entre aguas territoriales y aguas internacionales resulta esencial para dimensionar los alcances de la autoridad marítima. Las aguas territoriales son aquellas que se extienden hasta doce millas náuticas desde la costa, donde el Estado ejerce plena soberanía sobre los recursos, el tránsito y las actividades que se desarrollen. En contraste, las aguas internacionales pertenecen a la humanidad en general, no tienen dueño y son administradas bajo normas del derecho marítimo internacional. En ellas no rigen leyes nacionales, sino convenios multilaterales que regulan la navegación, la explotación de recursos y la seguridad. La línea divisoria entre ambos espacios marca el límite del control directo de un país y el inicio de la cooperación o competencia global.

Cuando las rutas del narcotráfico cruzan de aguas territoriales a aguas internacionales, comienza un complejo proceso de tránsito delictivo que desafía las capacidades de los Estados. Los cargamentos de droga, que suelen salir desde costas del Pacífico colombiano o del Caribe, salen sigilosamente huyendo de zonas controladas por la Armada Nacional. Sin embargo, al ingresar a aguas internacionales, las responsabilidades de vigilancia se comparten con otros países y fuerzas navales, permitiendo que las organizaciones criminales utilicen ese corredor marítimo para evadir la detección y continuar su recorrido hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, o hacia Europa, hasta ingresar nuevamente a nuevas aguas territoriales bajo distintas jurisdicciones.

En ese contexto, se emplean diversas embarcaciones para burlar los controles. Las lanchas rápidas son las más comunes por su velocidad y maniobrabilidad. También se usan semisumergibles o submarinos artesanales, construidos con materiales ligeros y diseñados para transportar hasta 700 kilogramos de cocaína, muchas veces tripulados por dos personas o totalmente autónomos, es decir, no tripulados.

El control marítimo internacional, en el mar caribe, liderado en gran parte por la Marina estadounidense, ha limitado el flujo de drogas hacia los mercados externos, combatiendo las exportaciones de drogas ilícitas. Sin embargo, este cerco ha generado un efecto interno, la droga que no logra salir del país se redistribuye dentro de las fronteras, incrementando el consumo nacional y alimentando el microtráfico en zonas urbanas y rurales. Así, el mar, antes visto como salida de las economías ilegales, se convierte también en reflejo de una crisis interna que exige fortalecer la seguridad marítima, atacar el narcotráfico,  y fortalecer las políticas integrales de prevención del consumo. Así mismo, podemos observar como un problema de seguridad nacional, se traslada a un problema de seguridad ciudadana.

En consecuencia, y por tal razón en estos momentos,  la explotación ilegal de yacimientos mineros, se ha consolidado como la principal fuente de financiación de las economías ilícitas que sostienen a los grupos al margen de la ley.


**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

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