Breve reflexión: Por, CARLOS COTES M.
Cuando las rutas del narcotráfico cruzan de aguas territoriales a aguas internacionales, comienza un complejo proceso de tránsito delictivo que desafía las capacidades de los Estados. Los cargamentos de droga, que suelen salir desde costas del Pacífico colombiano o del Caribe, salen sigilosamente huyendo de zonas controladas por la Armada Nacional. Sin embargo, al ingresar a aguas internacionales, las responsabilidades de vigilancia se comparten con otros países y fuerzas navales, permitiendo que las organizaciones criminales utilicen ese corredor marítimo para evadir la detección y continuar su recorrido hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, o hacia Europa, hasta ingresar nuevamente a nuevas aguas territoriales bajo distintas jurisdicciones.
En ese contexto, se emplean diversas embarcaciones para burlar los controles. Las lanchas rápidas son las más comunes por su velocidad y maniobrabilidad. También se usan semisumergibles o submarinos artesanales, construidos con materiales ligeros y diseñados para transportar hasta 700 kilogramos de cocaína, muchas veces tripulados por dos personas o totalmente autónomos, es decir, no tripulados.
El control marítimo internacional, en el mar caribe, liderado en gran parte por la Marina estadounidense, ha limitado el flujo de drogas hacia los mercados externos, combatiendo las exportaciones de drogas ilícitas. Sin embargo, este cerco ha generado un efecto interno, la droga que no logra salir del país se redistribuye dentro de las fronteras, incrementando el consumo nacional y alimentando el microtráfico en zonas urbanas y rurales. Así, el mar, antes visto como salida de las economías ilegales, se convierte también en reflejo de una crisis interna que exige fortalecer la seguridad marítima, atacar el narcotráfico, y fortalecer las políticas integrales de prevención del consumo. Así mismo, podemos observar como un problema de seguridad nacional, se traslada a un problema de seguridad ciudadana.
En consecuencia, y por tal razón en estos momentos, la explotación ilegal de yacimientos mineros, se ha consolidado como la principal fuente de financiación de las economías ilícitas que sostienen a los grupos al margen de la ley.
**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**
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