Asistencia militar, presencia estratégica urbana en momentos críticos

Por: Carlos Cotes

La asistencia militar en Colombia no es una figura improvisada ni excepcional al margen del Estado de Derecho; por el contrario, encuentra sustento expreso en el artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016. Allí se establece que, cuando hechos graves de alteración del orden público superen la capacidad operativa de la Policía Nacional, el Presidente de la República podrá disponer, de manera temporal y excepcional, el apoyo de las Fuerzas Militares. Esta disposición no sustituye la función constitucional de la Policía como cuerpo civil encargado de la convivencia, sino que articula capacidades institucionales bajo los principios de coordinación y concurrencia , dentro del marco del artículo 217 y 218 de la Constitución Política.

En la práctica, la solicitud de asistencia militar se origina cuando alcaldes o gobernadores advierten escenarios críticos que desbordan sus competencias ordinarias en materia de seguridad ciudadana: disturbios generalizados, bloqueos prolongados de vías estratégicas, ataques a infraestructura crítica, amenazas a la institucionalidad o presencia activa de estructuras armadas ilegales. En tales casos, la autoridad territorial eleva la solicitud al Presidente, quien, como suprema autoridad administrativa y comandante supremo de las Fuerzas Militares, evalúa la proporcionalidad, necesidad y temporalidad de la medida. Se trata de un mecanismo de respaldo a la autoridad civil, no de su reemplazo, que exige planeación operacional conjunta y reglas claras de actuación.

Desde la perspectiva de la seguridad pública, la asistencia militar es un instrumento indispensable cuando la magnitud del riesgo compromete la estabilidad institucional o la integridad de la población. Las Fuerzas Militares aportan capacidades diferenciales: inteligencia estratégica, control territorial, movilidad táctica, protección de infraestructura energética y vial, así como disuasión frente a actores armados organizados. En escenarios de crisis, la sola presencia militar puede restablecer condiciones mínimas de gobernabilidad, permitiendo que la Policía retome el control de la convivencia y que las autoridades civiles recuperen la iniciativa. Negar esta herramienta sería desconocer la complejidad del fenómeno criminal contemporáneo.

Finalmente, la asistencia militar adquiere especial relevancia en territorios donde confluyen economías ilícitas, corredores estratégicos y amenazas provenientes de grupos armados organizados con proyección transnacional. En zonas urbanas, las fuerzas de tarea y las unidades urbanas del Ejército Nacional pueden apoyar la protección de activos estratégicos, estaciones de policía y centros administrativos, mientras en áreas rurales refuerzan el control de fronteras y ejes logísticos. Así, la presencia coordinada de la Fuerza Pública no solo protege ciudades y municipios, sino que blinda la seguridad nacional frente a estructuras que desafían la soberanía y el orden constitucional.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Secuestro express y paseo millonario, el desafío urgente de Bogotá

POR: CARLOS COTES

Este año he sentido temor en dos ocasiones al tomar taxis en Bogotá por medio de aplicaciones digitales. No es una afirmación ligera ni una percepción infundada: es la sensación real de vulnerabilidad que experimenta cualquier ciudadano cuando advierte señales de riesgo en un entorno que debería ofrecer confianza. Nunca antes había tenido una percepción de inseguridad tan marcada en la capital. La semana pasada, al abordar un vehículo solicitado por una de estas plataformas, volví a experimentar esa inquietud que altera la tranquilidad y obliga a activar todos los mecanismos de autoprotección.

La seguridad ciudadana no puede medirse únicamente por estadísticas de reducción del delito; también debe evaluarse desde la percepción de quienes habitan y transitan la ciudad. Cuando el ciudadano siente miedo, el tejido social se resiente y la legitimidad institucional se erosiona. El fenómeno del secuestro exprés y el denominado “paseo millonario” no solo impacta a las víctimas directas, sino que instala un clima colectivo de desconfianza. La delincuencia ha entendido las dinámicas tecnológicas y, en algunos casos, se infiltra en plataformas digitales para instrumentalizarlas.

Por ello, es imperativo que las autoridades de la capital fortalezcan los componentes de inteligencia y contrainteligencia aplicados a la seguridad ciudadana. Se requiere análisis criminal focalizado, interoperabilidad entre bases de datos, monitoreo permanente de vehículos vinculados a aplicaciones y verificación rigurosa de antecedentes. Los planes candado deben permanecer activos 24/7, con capacidad de reacción inmediata y articulación real entre Inteligencia, Fiscalía y autoridades de movilidad. La investigación exhaustiva de vehículos que ingresan de manera irregular a las plataformas es una medida urgente para cerrar brechas operativas.

La seguridad seguirá siendo condición esencial para el desarrollo de cualquier ciudad. Todos somos vulnerables ante la delincuencia que hoy golpea a Bogotá, pero la respuesta institucional debe ser más estratégica, más preventiva y más contundente. Recuperar la confianza implica resultados visibles, control efectivo del territorio y un mensaje claro, la ciudad no puede ceder espacios al crimen. Fortalecer la inteligencia y garantizar transporte seguro no es solo una necesidad operativa, es una obligación moral con millones de ciudadanos que merecen movilizarse sin miedo.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Cuando un árbol calentó la frontera entre Israel y el Líbano.

Recordando algo de historia…

Por CARLOS COTES MAYA

En las fronteras más tensas del mundo, a veces no se necesita un gran ejército en movimiento para que estalle una crisis. Basta un árbol. Eso fue lo que ocurrió el 3 de agosto de 2010 en la frontera entre Israel y Líbano, en una zona marcada por la desconfianza y por años de enfrentamientos.

Todo comenzó cuando  soldados israelíes realizaron una operación para cortar o podar un árbol que, según su versión, estaba de su lado de la frontera y afectaba la visibilidad de sus cámaras y sistemas de vigilancia. En una línea limítrofe altamente militarizada, la visibilidad no es un detalle menor, es parte esencial del control territorial y de la prevención de ataques.

Pero en ese punto exacto la frontera no es una simple cerca. Existe lo que se conoce como la “Línea Azul”, una demarcación establecida por Naciones Unidas en el año 2000 para confirmar la retirada israelí del sur del Líbano. Esa línea no siempre coincide exactamente con las referencias físicas en el terreno. Y allí, en ese margen estrecho entre mapas y realidades, surgió la disputa.

El Ejército libanés interpretó la acción como una violación de su soberanía. Desde su perspectiva, la intervención israelí cruzaba el límite. En cuestión de minutos, la tensión pasó de la protesta al intercambio de disparos. El enfrentamiento dejó varios muertos, un oficial israelí, dos soldados libaneses y un periodista que cubría los hechos. Lo que parecía una acción técnica de mantenimiento terminó convertido en un choque armado.

Posteriormente, la Fuerza de Naciones Unidas en el Líbano investigó el incidente y concluyó que el árbol se encontraba del lado israelí según la Línea Azul. Sin embargo, en contextos de alta sensibilidad estratégica, la percepción pesa tanto como la cartografía. Cuando hay antecedentes de guerra como el conflicto de 2006 entre Israel y Hezbolá, cualquier movimiento cerca de la frontera se interpreta bajo la lógica de amenaza.

Este episodio nos deja una lección clara, en escenarios de rivalidad histórica, los detalles importan. Un árbol puede ser visto como simple vegetación o como un símbolo de soberanía. Una poda puede entenderse como rutina o como provocación. La diferencia depende del nivel de confianza entre las partes.

Recordar estos hechos no es un ejercicio anecdótico. Es comprender que la estabilidad en regiones de conflicto es frágil y que la gestión de fronteras requiere coordinación, comunicación y canales de verificación permanentes. Cuando esos mecanismos fallan, incluso lo pequeño puede convertirse en detonante.

La historia de aquel árbol demuestra que en seguridad internacional no existen asuntos menores. En territorios donde la memoria del conflicto sigue viva, cualquier acción, por mínima que parezca, puede encender nuevamente la chispa.

 

Bajo el inclemente sol en Galilea

Un breve experiencia de un día de mi vida en Galilea.

Por: Carlos Cotes Maya

El 15 de julio de 2023 recorrí el norte de Israel, en una travesía que combinó historia, fe y una prueba física inesperada. Luego de visitar Cafarnaúm, conocida como la ciudad de Jesús, estuve en la casa de Pedro, donde las escrituras sagradas señalan que vivió el Maestro, a pocos metros del Mar de Galilea. Me acerqué a la orilla y sumergí mis manos en sus aguas tibias. La temperatura superaba los 46 grados centígrados. El calor no era una sensación, era una presencia dominante, casi opresiva.

Después nos dirigimos al lugar donde Jesús multiplicó los panes y los peces, signo de provisión en medio de la escasez. Con mi grupo de amigos, becarios en estudios avanzados en seguridad ciudadana,  almorzamos en la región de Galilea. Tras un breve reposo, ascendí al Monte de las Bienaventuranzas, escenario del sermón relatado según el Evangelio de Mateo 5:1-2: “Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba…”.

Eran cerca de la 1:30 p.m. El calor era supremamente insoportable. Caminé el monte de las Bienaventuranzas leyendo los letreros históricos, buscando a la vez la sombra de algún árbol que mitigara la radiación inclemente. A los 25 minutos, la sofocación fue inmediata. Sentí una descompensación física que me obligó a regresar al parqueadero y subir al bus que nos transportaba, con el aire acondicionado al máximo. Fue una lección de humildad corporal en un lugar donde la historia sagrada convive con condiciones climáticas extremas, y a la vez me preguntaba como vivían en la época de Jesús, y analizando como soportan las temperaturas los beduinos en los desiertos de Israel.

Al finalizar la tarde llegamos al Río Jordán, lugar donde fue bautizado Jesús. El calor persistía, pero esta vez decidí sumergirme por completo en sus aguas. El agua fue alivio y símbolo; refrescó el cuerpo y renovó mi espíritu.

Recorrer la Tierra Santa, transitar los lugares donde Jesús vivió, donde predicó en las sinagogas de Cafarnaúm y proclamó las Bienaventuranzas, es una experiencia que trasciende el turismo religioso. Es confrontarse con la geografía real de la fe, con el peso histórico de los textos y con la fragilidad humana ante la naturaleza. Bajo el sol abrasador de Galilea comprendí que la espiritualidad no es evasión, sino encuentro con la historia, con uno mismo y con nuestro Dios.

Continuará...

When War Recruits Childhood

Author: Carlos Cotes

Organized Armed Groups have long understood that the true advantage in warfare lies in targeting the weak. They enter vulnerable communities where the State fails to reach areas marked by poverty, institutional absence, and school dropout. In such environments, children set aside their dreams and become military targets. The recruitment of minors is not only a war crime, but a calculated strategy that exploits neglect, indifference, and silence.

Once recruited, children are used as strategic assets in war. Armed groups position them as the outermost security ring, effectively turning them into human shields. They know that the presence of minors restricts the operational capacity of the Public Force. In combat situations, children are exposed as cannon fodder, assuming lethal risks that no adult should ever impose on them, losing lives that had barely begun.

In a perverse manner, armed groups do not use children solely for combat, but also to shield themselves through them. They take refuge in the State’s legal conscience, knowing that international humanitarian law demands the absolute protection of minors. This entails restrictions on military operations, aerial bombardments, and the use of force, ensuring that the child is always treated as a victim and never as a target of war, as must be the case in defense of their fundamental rights.

Faced with this reality, the solution cannot be exclusively military. The State must invest swiftly and decisively in education, quality of life, employment, and institutional presence. It is essential to establish territorial control, assert authority, and deliver essential programs to rural and hard-to-reach areas. Reporting child recruitment must be protected and encouraged, and firm public policies must arrive before rifles do.

The recruitment of minors is not a new phenomenon; it has always existed and has evolved into a form of human trafficking. Children are used as pieces in the game of war, through coercion or as part of political strategies by organized armed groups. Through them, these groups increase their ranks and disseminate pseudo-communist ideologies that mask violence.

Cuando la guerra recluta a la infancia

Por: Carlos Cotes

Los Grupos Armados Organizados han entendido por mucho tiempo que la verdadera ventaja en la guerra está en lo débil. Entran a poblaciones vulnerables, donde el Estado no alcanza a llegar, zonas marcadas por la pobreza, la ausencia institucional y la deserción escolar. En esos escenarios, los niños dejan a un lado sus sueños para convertirse en objetivo militar. El reclutamiento de menores no es solo un crimen de guerra, sino una estrategia calculada que se aprovecha del abandono, de la indiferencia y del silencio.

Una vez reclutados, los niños son usados como recurso estratégico de guerra. Los grupos armados los ubican como último anillo externo de seguridad, convirtiéndolos en escudos humanos. Saben que la presencia de menores limita la capacidad operacional de la Fuerza Pública. En los enfrentamientos, los niños quedan expuestos como carne de cañón, asumiendo riesgos letales que ningún adulto debería imponerles, perdiendo vidas que apenas comenzaban.

De forma perversa, los grupos armados no usan a los niños solo para combatir, sino para protegerse a través de ellos. Se refugian en la conciencia jurídica del Estado, sabiendo que el derecho internacional humanitario exige la protección absoluta de los menores. Esto implica restricciones en operaciones militares, bombardeos y acciones de fuerza, garantizando que el niño sea siempre víctima y nunca blanco de guerra, como debe ser, en defensa de sus derechos fundamentales.

Frente a esta realidad, la solución no puede ser exclusivamente militar. El Estado debe invertir de forma rápida y decidida en educación, calidad de vida, empleo y presencia institucional. Es clave ocupar el territorio, ejercer control y llevar programas esenciales a zonas rurales y de difícil acceso. La denuncia del reclutamiento debe ser protegida y estimulada, y políticas públicas firmes deben llegar antes que los fusiles.

El reclutamiento de menores no es un tema nuevo, siempre ha existido y se ha transformado en una forma de trata de personas. Los niños son utilizados como piezas del juego de la guerra, por coacción o por estrategias políticas de los grupos armados organizados. Con ellos aumentan su pie de fuerza y difunden ideologías pseudocomunistas que encubren violencia.

Seguridad Ciudadana 2026, estrategias integrales para reducir homicidios y violencia en los territorios

Desde este 2026, los gobiernos regionales del país avanzan en la implementación de nuevas estrategias de seguridad ciudadana orientadas a poner en cintura la presencia y expansión de los Grupos Armados Organizados GAO, cuya accionar violento viene afectando de manera directa a la Fuerza Pública y a la población civil. Estas estrategias parten del reconocimiento de que la seguridad debe ser integral, anticipativa y articulada entre departamentos, municipios, autoridades judiciales y comunidad, con el objetivo de recuperar el control territorial, proteger la vida y restablecer la confianza ciudadana en el Estado.

En primer lugar, resulta prioritario que los gobiernos municipales desarrollen estrategias focalizadas para la reducción sostenida de las tasas de homicidio. Esto implica identificar y atacar de manera directa los focos que dinamizan la violencia letal, especialmente a los autores intelectuales  o dinamizadores de homicidios que ordenan, financian o promueven estos crímenes. Golpear estas estructuras de mando, más allá de los ejecutores materiales, permite desarticular redes criminales, reducir retaliaciones y enviar un mensaje claro de autoridad institucional.

Un segundo eje fundamental se relaciona con el fortalecimiento de estrategias de reacción rápida y vigilancia inteligente para contrarrestar el secuestro en las zonas más afectadas del país. La combinación de las burbujas de inteligencia, tecnología, patrullajes coordinados y presencia permanente de la Fuerza Pública resulta clave para prevenir este delito, proteger a la población rural y urbana y cerrar los corredores del Catatumbo utilizados por los grupos ilegales para retener y movilizar a sus víctimas.

En tercer lugar, se hace indispensable avanzar en el control efectivo de la comercialización de microtráfico en los municipios, disminuyendo así el consumo en las poblaciones y cortando la cadena de valor que alimenta la circulación de dinero de las economías ilícitas. Combatir el microtráfico no solo reduce otros delitos asociados como el hurto y el homicidio, sino que debilita la base financiera que sostiene a las estructuras criminales en los territorios.

Finalmente, se deben diseñar y ejecutar estrategias integrales como planes de desarme en barrios y comunas con altas tasas de homicidios, donde el uso de armas ilegales sigue siendo el principal instrumento de violencia. A través de campañas pedagógicas e incentivos como becas en corporaciones educativas, apoyos culturales o beneficios en vestuario y formación, se puede motivar a jóvenes y ciudadanos a entregar estas armas, contribuyendo de manera directa a la disminución de los índices de violencia, especialmente del hurto y los homicidios, y apostándole a una seguridad con enfoque preventivo y social.