El conflicto armado interno de Colombia, que supera ya seis décadas, se configura como una guerra asimétrica en toda su expresión. Desde los años sesenta, el Estado se ha enfrentado a actores irregulares que, sin contar con un ejército formal ni con tecnología de punta, han prolongado la confrontación gracias a tácticas de desgaste, movilidad rápida y camuflaje social. La asimetría no solo radica en la desigualdad militar, sino también en la diferencia de objetivos: mientras las Fuerzas Armadas buscan preservar la institucionalidad y la soberanía, los grupos ilegales han perseguido el control territorial, la financiación ilícita y, en algunos casos, un discurso ideológico de transformación social.
La guerra asimétrica se ha manifestado en emboscadas, tomas guerrilleras, secuestros, ataques a infraestructura, uso de minas antipersona y atentados terroristas. Estas acciones contrastan con el poder aéreo, el armamento de precisión y la capacidad de despliegue del Estado. Sin embargo, la fortaleza tecnológica no ha sido suficiente para derrotar a los insurgentes, que han convertido la selva, la montaña y las poblaciones marginadas en escenarios de combate prolongado. En este contexto, la irregularidad se ha convertido en ventaja, pues obliga a las Fuerzas Armadas a un esfuerzo continuo y costoso en lo humano, económico y político.
A la ecuación se sumaron desde los ochenta otros actores como los carteles del narcotráfico y, más tarde, las autodefensas. Estos multiplicaron la asimetría, generando una guerra irregular de múltiples frentes, donde el objetivo dejó de ser únicamente político para convertirse en la lucha por el control de rentas ilícitas y corredores estratégicos. Así, la violencia se transformó en un entramado complejo donde conviven insurgencia, paramilitarismo, narcotráfico y crimen organizado, dificultando una salida definitiva al conflicto.
Hoy, pese a los acuerdos de paz y a los procesos de desmovilización, Colombia sigue enfrentando un escenario asimétrico. Las disidencias de las FARC, el ELN y las llamadas organizaciones de alto impacto mantienen tácticas irregulares que buscan compensar su inferioridad frente al Estado. El desafío no es solo militar, sino también político y social: reducir la brecha que alimenta el reclutamiento, fortalecer la presencia institucional en los territorios y cortar las fuentes de financiación ilegal. Solo así podrá cerrarse un ciclo histórico de violencia que, por su naturaleza asimétrica, ha resistido a la derrota total y ha puesto a prueba la resiliencia del país.
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