Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.
La seguridad ciudadana es, sin duda, uno de los bienes más costosos de nuestro tiempo. Quien intente contratar un esquema de escoltas o una vigilancia privada sabe que el precio resulta inaccesible para la mayoría de los colombianos. Sin embargo, existe una figura silenciosa y poco reconocida: el civil que, con permiso especial del Estado, porta legalmente un arma de fuego de manera oculta y, sin proponérselo, se convierte en un factor de protección invaluable para quienes lo rodean.
Ese ciudadano común no cobra un peso por acompañar a un amigo, a su familia o a un grupo en la calle, en un parque o en una tienda de barrio. Tampoco es reconocido como un prestador de seguridad. Pero en el momento en que aparece la amenaza de un atraco, un hurto o una agresión, su sola capacidad de reacción marca la diferencia entre ser víctima indefensa o tener una opción real de defensa.
La Policía cumple un papel fundamental, pero es imposible que esté en todos los rincones. Allí, en esos espacios donde la presencia institucional no alcanza, emerge el valor del ciudadano que porta legalmente un arma. Su aporte es invisible, porque nadie percibe que está armado hasta que la situación lo exige. Sin embargo, el solo hecho de que camine al lado de alguien genera, aunque no se note, una seguridad gratuita que de otra manera costaría millones.
Además, cuando las personas que comparten su entorno saben que este ciudadano porta de manera legal y responsable un arma de fuego, se genera en ellas una percepción de seguridad que influye directamente en su tranquilidad. Esa certeza, aunque silenciosa, fortalece la confianza colectiva y contribuye a que el grupo se sienta menos vulnerable frente a las amenazas cotidianas.
El contraste es evidente. Un esquema de protección privada puede llegar a valer más de lo que gana una familia en un año. En cambio, ese ciudadano autorizado, que ejerce su derecho bajo estrictas normas, se convierte en una suerte de “escudo silencioso”, aportando confianza y tranquilidad en cualquier escenario. No es un escolta, no es un policía, pero representa un activo social en tiempos donde la inseguridad se ha multiplicado.
Preservar la seguridad es caro. La vida misma lo es. Pero reconocer el valor de quienes, con porte legal y responsabilidad, conviven en nuestras calles es entender que existen formas de protección que no figuran en los presupuestos, ni en los contratos, ni en los informes oficiales. Y es también aceptar que, en una Colombia marcada por la violencia, el amigo que carga oculta su arma autorizada está prestando, sin saberlo, un servicio tan costoso como valioso: el de brindar tranquilidad allí donde más se necesita.
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