Desafíos para la Seguridad Nacional en Colombia hacia el 2026

                                                     POR: CARLOS A. COTES

La Seguridad Nacional de Colombia enfrenta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. El crecimiento progresivo de los Grupos Armados Organizados (GAO) durante los últimos años ha demostrado una expansión territorial sin precedentes, acompañada de una diversificación de sus economías ilegales. Hoy, estos grupos no solo dominan rutas del narcotráfico y zonas mineras estratégicas, sino que también se han insertado en economías locales mediante el microtráfico, la extorsión y la corrupción institucional. Su capacidad para mutar y adaptarse a las nuevas condiciones del entorno les ha permitido mantener presencia activa en más del 60% del territorio nacional, desafiando directamente la autoridad del Estado.

Colombia atraviesa una guerra irregular que supera ya varias décadas, pero lo más preocupante es la transformación de sus métodos de combate. Los GAO han incorporado tácticas propias de conflictos internacionales, como el de Ucrania y Rusia, empleando drones con fines ofensivos, tecnología para el espionaje y estrategias psicológicas de intimidación sobre la población civil. Estos nuevos patrones de violencia plantean retos inéditos para las Fuerzas Armadas, que deben fortalecer sus capacidades en ciberdefensa, inteligencia técnica y operaciones de precisión.

La seguridad nacional no solo se mide en términos militares, sino también en la estabilidad política e institucional. De cara al proceso electoral de 2026, persiste una preocupación latente sobre posibles amenazas al sistema democrático, ya sea mediante la manipulación de la opinión pública, la intimidación en zonas rurales o la cooptación de estructuras locales por parte del crimen organizado. Proteger el proceso electoral será un reto estratégico que pondrá a prueba la capacidad del Estado para garantizar la participación ciudadana y la transparencia del sufragio.

La seguridad nacional, entendida como un bien público de carácter político, económico y social, se sustenta en la democracia constitucional y recae directamente en la responsabilidad del Presidente de la República. Su garantía exige la articulación efectiva entre las instituciones del sistema público de inteligencia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con un enfoque preventivo y de defensa integral del Estado.

En este contexto, las Fuerzas Militares de Colombia tendrán un papel decisivo en 2026: asegurar un proceso electoral pacífico, preservar el orden constitucional y proteger la soberanía frente a amenazas internas y externas. La defensa nacional deberá regirse por los principios del Derecho Internacional Humanitario y los valores constitucionales, reafirmando su compromiso con la protección de la vida, la libertad y la estabilidad del país.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**