Por: Carlos Cotes
Una vez reclutados, los niños son usados como recurso estratégico de guerra. Los grupos armados los ubican como último anillo externo de seguridad, convirtiéndolos en escudos humanos. Saben que la presencia de menores limita la capacidad operacional de la Fuerza Pública. En los enfrentamientos, los niños quedan expuestos como carne de cañón, asumiendo riesgos letales que ningún adulto debería imponerles, perdiendo vidas que apenas comenzaban.
De forma perversa, los grupos armados no usan a los niños solo para combatir, sino para protegerse a través de ellos. Se refugian en la conciencia jurídica del Estado, sabiendo que el derecho internacional humanitario exige la protección absoluta de los menores. Esto implica restricciones en operaciones militares, bombardeos y acciones de fuerza, garantizando que el niño sea siempre víctima y nunca blanco de guerra, como debe ser, en defensa de sus derechos fundamentales.
Frente a esta realidad, la solución no puede ser exclusivamente militar. El Estado debe invertir de forma rápida y decidida en educación, calidad de vida, empleo y presencia institucional. Es clave ocupar el territorio, ejercer control y llevar programas esenciales a zonas rurales y de difícil acceso. La denuncia del reclutamiento debe ser protegida y estimulada, y políticas públicas firmes deben llegar antes que los fusiles.
El reclutamiento de menores no es un tema nuevo, siempre ha existido y se ha transformado en una forma de trata de personas. Los niños son utilizados como piezas del juego de la guerra, por coacción o por estrategias políticas de los grupos armados organizados. Con ellos aumentan su pie de fuerza y difunden ideologías pseudocomunistas que encubren violencia.
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