Por: Carlos Cotes
Durante décadas, el conflicto armado colombiano ha obligado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional a evolucionar permanentemente para enfrentar amenazas cambiantes. En diferentes momentos de la historia, el Estado debió adaptar su doctrina frente al empleo de minas antipersonal, cilindros bomba, artefactos explosivos improvisados (AEI), francotiradores, narcotráfico, terrorismo urbano y guerra de guerrillas. Sin embargo, probablemente ninguna transformación tecnológica ha avanzado con tanta rapidez como la incorporación de vehículos aéreos no tripulados por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO). Hoy, los drones representan una de las amenazas emergentes más complejas para la seguridad nacional y obligan a replantear los esquemas tradicionales de protección de las tropas y de las instalaciones estratégicas.
Los drones comerciales, originalmente diseñados para fotografía, agricultura o recreación, han sido modificados por organizaciones criminales y grupos insurgentes para desarrollar misiones de reconocimiento, vigilancia, inteligencia y ataque mediante el lanzamiento de explosivos. Su bajo costo, facilidad de adquisición y disponibilidad en el mercado internacional han democratizado una capacidad que hace pocos años era exclusiva de los Estados. Esta realidad modifica profundamente la relación costo-beneficio del conflicto, pues un dron relativamente económico puede generar efectos tácticos y psicológicos desproporcionados sobre una unidad militar o policial.
La guerra entre Rusia y Ucrania constituye el mayor laboratorio tecnológico del combate moderno. Allí quedó demostrado que los drones dejaron de ser un elemento complementario para convertirse en uno de los principales protagonistas del campo de batalla. Ambos bandos emplean miles de drones para localizar objetivos, corregir fuego de artillería, efectuar ataques de precisión y hostigar permanentemente a las tropas. Como consecuencia, también surgió una intensa carrera tecnológica para desarrollar sistemas antidrones cada vez más sofisticados, incluyendo radares especializados, sensores electroópticos, inteligencia artificial, inhibidores de frecuencia, sistemas de guerra electrónica y armas de energía dirigida.
Sin embargo, una de las principales lecciones del conflicto europeo es que ningún sistema antidrón posee una eficacia absoluta. Los drones evolucionan continuamente mediante nuevas frecuencias de comunicación, navegación autónoma, sistemas inerciales, enlaces digitales cifrados y perfiles de vuelo que reducen la efectividad de determinadas contramedidas electrónicas. Este fenómeno genera un permanente ciclo de adaptación entre ataque y defensa. Cada innovación tecnológica es respondida rápidamente por otra innovación del adversario.
Precisamente por esta razón, varios ejércitos occidentales han comenzado a recuperar capacidades tradicionales como complemento de los sistemas antidrones modernos. Entre ellas sobresale la escopeta calibre 12, un arma cuya vigencia parecía limitada a funciones de apertura de puertas, vigilancia o control de disturbios, pero que ha adquirido una nueva utilidad como elemento de defensa inmediata frente a determinados drones de pequeño tamaño que logran superar las capas iniciales de protección.
Es importante aclarar que la escopeta calibre 12 no constituye un sistema antidrón propiamente dicho. Tampoco reemplaza los sistemas de guerra electrónica ni las plataformas especializadas de detección. Su verdadero valor radica en convertirse en una herramienta de última instancia dentro de un esquema de defensa en capas. Cuando un dron evade los sensores, supera las interferencias electrónicas y se aproxima peligrosamente a una posición militar, la capacidad de reacción inmediata puede marcar la diferencia entre neutralizar la amenaza o sufrir un ataque exitoso.
Colombia enfrenta actualmente una situación que guarda similitudes con esa evolución tecnológica. Los Grupos Armados Organizados han demostrado una creciente capacidad de adaptación operacional. Estructuras criminales han incorporado drones comerciales modificados para actividades de inteligencia y, en algunos casos, para ataques mediante explosivos improvisados. Esta tendencia obliga a reconocer que la amenaza ya no pertenece al futuro, sino que forma parte del escenario actual del conflicto colombiano.
El principal desafío consiste en que la doctrina institucional continúa orientándose prioritariamente hacia sistemas antidrones de carácter tecnológico, especialmente aquellos basados en guerra electrónica e inhibición de señales. Estas capacidades son indispensables y deben seguir fortaleciéndose. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que depender exclusivamente de una única tecnología puede generar vulnerabilidades cuando el adversario modifica rápidamente sus métodos de operación.
En este contexto surge una pregunta estratégica: ¿debería Colombia evaluar doctrinalmente la incorporación de la escopeta calibre 12 como capacidad complementaria de defensa antidrón de muy corto alcance?
La respuesta no implica adoptar automáticamente este sistema como solución definitiva. Lo recomendable sería desarrollar un proceso institucional de experimentación operacional. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional cuentan con escuelas de formación, centros de doctrina y unidades especializadas con capacidad suficiente para realizar pruebas controladas, evaluar diferentes tipos de munición, establecer distancias efectivas, determinar protocolos de empleo y definir en qué escenarios podría aportar valor agregado.
Una eventual incorporación doctrinal debería limitarse a funciones muy específicas, como la protección de bases militares, estaciones de Policía, puestos avanzados de combate, convoyes detenidos, instalaciones estratégicas e infraestructura crítica. En todos estos escenarios, la escopeta actuaría únicamente como la última barrera defensiva cuando los sistemas de detección y neutralización tecnológica no hubieran logrado detener la amenaza.
La ventaja de esta aproximación radica en la construcción de un modelo de defensa en capas. En primer lugar actuarían los sistemas de inteligencia para identificar amenazas potenciales; posteriormente entrarían en funcionamiento los radares, sensores acústicos y cámaras especializadas; una tercera capa estaría conformada por equipos de guerra electrónica e inhibidores de frecuencia; finalmente, si el dron lograra aproximarse al perímetro inmediato, existiría una capacidad de respuesta física destinada exclusivamente a proteger la vida de los uniformados y la infraestructura.
Otro aspecto relevante corresponde al análisis costo-beneficio. La adquisición de sistemas antidrones especializados implica inversiones considerables en tecnología, mantenimiento y actualización permanente. En contraste, la escopeta calibre 12 ya hace parte del inventario de numerosas instituciones de seguridad en Colombia. Esto permitiría, en caso de demostrarse su utilidad operacional, aprovechar capacidades existentes mediante entrenamiento específico, sin que ello implique sustituir los programas tecnológicos que actualmente desarrolla el Ministerio de Defensa.
No obstante, cualquier decisión en esta materia debe fundamentarse en evidencia científica y no en percepciones. Resultaría inconveniente incorporar doctrinas basadas únicamente en experiencias aisladas observadas en conflictos internacionales. Colombia posee características geográficas, climáticas y operacionales diferentes a las de Europa Oriental. Por ello, la validación debe realizarse mediante ejercicios propios que permitan determinar objetivamente las ventajas, limitaciones y condiciones de empleo de este tipo de armamento frente a las amenazas presentes en el territorio nacional.
El verdadero aprendizaje que deja la guerra moderna no consiste en recuperar armas antiguas, sino en comprender que la innovación tecnológica obliga a mantener una adaptación doctrinal permanente. La superioridad militar ya no depende exclusivamente de poseer los sistemas más sofisticados, sino de integrar diferentes capacidades que funcionen de manera coordinada y redundante. La resiliencia operacional se construye precisamente mediante la combinación de inteligencia, tecnología, entrenamiento, doctrina y medios convencionales que se complementan entre sí.
En conclusión, la creciente utilización de drones por parte de los Grupos Armados Organizados representa uno de los mayores desafíos para la seguridad colombiana durante la presente década. Frente a esta realidad, el país debe continuar fortaleciendo sus capacidades C-UAS mediante sensores, inteligencia artificial, radares y guerra electrónica. Sin embargo, la experiencia internacional también invita a explorar soluciones complementarias para la defensa de muy corto alcance. En ese contexto, la escopeta calibre 12 merece ser evaluada técnica y doctrinalmente como un recurso adicional dentro de un sistema integral de defensa en capas, nunca como sustituto de la tecnología, sino como un elemento de contingencia destinado a incrementar la supervivencia de las tropas cuando las demás barreras de protección hayan sido superadas.
La capacidad de anticiparse a la evolución tecnológica de los grupos armados será uno de los factores decisivos para preservar la iniciativa estratégica y garantizar la protección de quienes diariamente enfrentan las amenazas contra la seguridad y la defensa nacional.
