POR: CALE COTES
El crimen organizado del siglo XXI ya no opera exclusivamente en zonas rurales apartadas ni se limita a estructuras armadas tradicionales. Hoy encontramos organizaciones criminales transnacionales que controlan rutas del narcotráfico, realizan minería ilegal, ejercen extorsión, trafican migrantes, lavan activos y utilizan tecnologías avanzadas para expandir sus operaciones. Estas estructuras tienen presencia simultánea en corredores fronterizos, ciudades intermedias, grandes centros urbanos y regiones estratégicas del territorio nacional.
La realidad demuestra que muchas de las amenazas que afectan diariamente a los ciudadanos tienen conexiones directas con organizaciones armadas y redes criminales de alcance internacional. Un homicidio por ajuste de cuentas, una extorsión a comerciantes, el microtráfico en barrios vulnerables o el reclutamiento de menores pueden parecer inicialmente problemas de seguridad ciudadana, pero en numerosas ocasiones responden a intereses de estructuras criminales que desafían la autoridad del Estado y comprometen la seguridad nacional.
En este contexto surge una reflexión necesaria: ¿están las Fuerzas Militares suficientemente preparadas para comprender las dinámicas de la seguridad ciudadana? La respuesta, en muchos casos, es negativa. La formación militar colombiana ha estado históricamente orientada al combate, la estrategia militar, la defensa territorial y la lucha contra amenazas armadas. Aunque estos conocimientos son esenciales, el escenario actual exige competencias complementarias relacionadas con criminología, prevención del delito, seguridad urbana, convivencia ciudadana, análisis de fenómenos criminales y gobernanza de la seguridad.
No se trata de convertir soldados en policías ni de militarizar la seguridad ciudadana. Tampoco de desconocer las competencias constitucionales de la Policía Nacional. Se trata de comprender que las amenazas híbridas requieren respuestas integrales. Un oficial o suboficial militar que conozca las dinámicas de la seguridad ciudadana estará en mejores condiciones de coordinar operaciones conjuntas, entender los factores sociales que facilitan la criminalidad y contribuir de manera más efectiva a los esfuerzos institucionales para recuperar territorios afectados por organizaciones ilegales.
Las experiencias internacionales muestran que la cooperación entre fuerzas militares y policiales es cada vez más necesaria frente a fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Colombia no es la excepción. Por el contrario, su ubicación geográfica y la persistencia de economías ilícitas convierten al país en un escenario donde la articulación institucional resulta indispensable.
Las amenazas actuales ya no distinguen entre seguridad ciudadana y seguridad nacional. Por ello, las instituciones tampoco pueden permanecer aisladas en visiones tradicionales. El militar colombiano del futuro deberá seguir siendo un defensor de la soberanía, pero también un profesional capaz de comprender cómo las dinámicas de inseguridad ciudadana impactan la estabilidad del Estado. Fortalecer su formación en esta materia no debilita su misión constitucional; por el contrario, la potencia y la adapta a los desafíos complejos del siglo XXI.
