Fenómeno de El Niño, más que calor y sequía

Por: Carlos Cotes

El Fenómeno de El Niño que enfrenta Colombia en 2026 no debe entenderse únicamente como un período de altas temperaturas o disminución de las lluvias. Estamos ante un escenario que puede generar efectos simultáneos sobre el agua, la energía, los incendios forestales, la producción agropecuaria y la prestación de servicios esenciales. El escenario previsto contempla la posibilidad de que las condiciones de El Niño se prolonguen hasta el primer trimestre de 2027, razón suficiente para que las autoridades actúen desde ahora con una visión de prevención y anticipación.

Uno de los mayores riesgos está relacionado con el agua. Cuando disminuyen las precipitaciones durante períodos prolongados, los ríos, quebradas, reservorios y demás fuentes de abastecimiento reducen sus niveles. El problema no se limita al consumo humano: también afecta la agricultura, la ganadería y las actividades económicas que dependen del recurso hídrico. Un territorio que comienza a quedarse sin agua enfrenta una presión creciente sobre sus acueductos y debe recurrir, eventualmente, a carrotanques, fuentes alternas y medidas de contingencia. La situación se vuelve aún más compleja cuando la emergencia se prolonga y las capacidades institucionales empiezan a agotarse.

La sequía también tiene una relación directa con los incendios de cobertura vegetal. Es importante comentar que la sequía no enciende por sí sola un bosque, pero sí transforma la vegetación en un combustible mucho más vulnerable. La falta de humedad, las altas temperaturas y el viento generan condiciones favorables para que una quema agrícola, una fogata, una chispa eléctrica o cualquier otra fuente de ignición se convierta rápidamente en un incendio. Y aparece entonces una paradoja preocupante, cuando más agua se necesita para combatir un incendio, menos agua puede estar disponible en el territorio.

A este escenario se suma la energía eléctrica. Las altas temperaturas provocan un incremento considerable en el uso de ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración. El aumento de la demanda somete a una mayor presión a las redes de distribución y transmisión y puede generar sobrecargas. Pero el problema va mucho más allá de la comodidad de los hogares. Una interrupción prolongada de la energía puede afectar hospitales, sistemas de bombeo de agua, telecomunicaciones, comercio y otras infraestructuras críticas. En consecuencia, un problema eléctrico puede terminar convirtiéndose en un problema de seguridad territorial.

Para Colombia, esta realidad exige una mirada integral. No debemos analizar por separado la sequía, los incendios y los posibles problemas de energía. Debemos entenderlos como elementos conectados dentro de un mismo escenario de riesgo. Menos lluvia significa menos agua; menos agua y mayor temperatura significan mayor riesgo de incendios; mayores temperaturas significan mayor consumo eléctrico; y una falla prolongada en el suministro de energía puede afectar, a su vez, los sistemas de captación, tratamiento y distribución de agua.

Por eso, la verdadera pregunta no debe ser solamente cuánto durará El Niño, sino qué tan preparados estamos para enfrentar sus consecuencias.  Es necesario identificar los lugares con mayor vulnerabilidad hídrica, fortalecer la capacidad de los organismos de socorro, garantizar fuentes alternativas de abastecimiento, proteger la infraestructura crítica y coordinar permanentemente a autoridades ambientales y fuerza pública.

El Niño nos plantea un desafío que va más allá del clima. Nos obliga a pensar en la resiliencia de nuestros territorios y en la continuidad de los servicios esenciales. La prevención no consiste únicamente en reaccionar cuando aparece la emergencia; consiste en conocer el riesgo, anticiparlo y reducir sus consecuencias. Nuestro país tiene la oportunidad de prepararse antes de que los efectos más fuertes se hagan sentir. 

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

La noche en la que el silencio también se convierte en oración (por la salud de Delwin Jiménez, y el descanso eterno de Fabio Torres)

                                                  Por: Calé Cotes

Son las 11:07 de la noche. Hace unos instantes estaba acostado en mi cama, listo para dormir, pero la tristeza no me dejaba hacerlo. Pensaba en cómo, de manera inesperada, la vida puede cambiar en un instante; en personas que tienen todavía tanto por vivir y en amigos que hoy debaten, con esperanza, sobre el estado de su salud. Es imposible permanecer indiferente ante esas circunstancias.

Me levanté. Sentí ese compromiso moral y creyente que tantas veces nos conduce a buscar a Dios cuando las palabras humanas ya no alcanzan. Salí al balcón de mi casa y encontré a Valledupar envuelta en silencio. El cielo estaba despejado, la brisa fresca recorría la noche y la luna, radiante, parecía invitar a mirar hacia arriba. Y eso hice: elevé una oración por quienes hoy necesitan salud, fortaleza y protección, y por nuestras familias, amigos y seres queridos.

A lo lejos, en medio de la oscuridad, alcanzo a distinguir el cerro del Alguacil, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las luces de las antenas titilan en la distancia. Pero hay silencios que también comunican. Esta noche, el silencio me llevó a pensar, a agradecer y, sobre todo, a pedir.

Pedí especialmente por Delwin Jiménez. Le pedí a Dios que meta su mano, que le conceda fortaleza, salud y una nueva oportunidad para continuar compartiendo con quienes lo quieren. Y también pensé en quienes ya partieron inesperadamente de este mundo, dejando un vacío difícil de explicar. Entre ellos, Fabio Torres, el rector, un hombre de nuestra tierra, de esos que terminan perteneciendo a la memoria colectiva de sus paisanos. A él, mi oración para que Dios lo reciba en su santo reino.

La vida nos recuerda, a veces de la manera más dolorosa, que estamos de paso. Sin embargo, nuestro corazón se resiste a aceptar que las cosas ocurran demasiado rápido. Queremos más tiempo para abrazar, conversar, compartir una comida, celebrar una amistad o simplemente sentarnos junto a quienes amamos. Tal vez por eso la enfermedad y la muerte nos confrontan tanto: porque nos recuerdan el valor de aquello que muchas veces damos por sentado.

Desde un balcón de Valledupar, estas palabras son un homenaje a Delwin y Fabio, y una oración por quienes atraviesan momentos difíciles y por quienes sienten la ausencia de un ser querido, hoy y siempre.

Que Dios interceda por nuestros caminos, fortalezca a las familias y nos conceda la sabiduría para valorar cada instante. A los familiares, un abrazo sincero de fortaleza, fe y esperanza. Que la oración nos una y que nunca nos falte la voluntad de pedir por los demás.

Las economías ilícitas que sostienen la expansión de los Grupos Armados Organizados GAO

                                                                Por: Carlos Cotes

Durante décadas, Colombia ha medido el éxito de su política de seguridad por el número de capturas, laboratorios destruidos, cabecillas neutralizados o toneladas de cocaína incautadas. Son indicadores importantes, pero insuficientes para comprender la verdadera dimensión de la amenaza que hoy representan los Grupos Armados Organizados (GAO). Detrás de cada estructura armada existe una realidad mucho más compleja: una poderosa arquitectura económica ilegal que financia su expansión, garantiza su permanencia y les permite adaptarse con rapidez a las operaciones del Estado.

La guerra contemporánea ya no se libra únicamente con fusiles. Hoy también se combate con flujos financieros, cadenas logísticas, redes internacionales de lavado de activos, corrupción institucional y mercados ilícitos altamente rentables: c
rimen organizado. Los grupos criminales entendieron hace varios años que controlar un territorio no significa únicamente ejercer dominio armado sobre una población; significa administrar las actividades económicas legales e ilegales que allí se desarrollan.

Esta transformación explica por qué, pese a los importantes golpes operacionales propinados por la Fuerza Pública durante los últimos años, muchas organizaciones continúan expandiendo su presencia hacia nuevas regiones. Cuando un cabecilla es capturado o abatido, otro ocupa rápidamente su lugar. Cuando un laboratorio es destruido, otro comienza a operar pocos kilómetros más adelante. Cuando una ruta es cerrada, inmediatamente aparece un corredor alterno. La explicación es sencilla: el músculo financiero permanece prácticamente intacto.

El narcotráfico continúa siendo la principal fuente de ingresos de estas organizaciones. Sin embargo, sería un error estratégico pensar que toda la capacidad económica de los GAO depende exclusivamente de la cocaína. Hoy estas estructuras funcionan como verdaderos conglomerados criminales que diversifican sus inversiones ilícitas para disminuir riesgos, aumentar rentabilidad y garantizar liquidez permanente.

Su modelo de negocio es sorprendentemente similar al de una gran corporación. Diversifican mercados, reducen la dependencia de un solo producto, abren nuevas líneas de ingresos y fortalecen alianzas con organizaciones nacionales e internacionales. Mientras el Estado concentra buena parte de sus esfuerzos en combatir un delito específico, ellos amplían simultáneamente otros negocios ilegales que compensan cualquier pérdida económica.

La minería ilegal constituye uno de los mejores ejemplos de esa transformación. En numerosas regiones del país, el oro se ha convertido en un activo criminal tan rentable como la cocaína. Controlar una explotación minera significa dominar maquinaria, combustible, transporte, comercialización y exportación, además de facilitar enormes operaciones de lavado de activos. A diferencia del narcotráfico, la minería ilegal suele recibir menor presión internacional y menores niveles de persecución judicial, convirtiéndose en una fuente estable de financiación.

A este fenómeno se suma la extorsión, que ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico sistema tributario ilegal. Comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores, contratistas, empresas y pequeños negocios terminan pagando un "impuesto" impuesto por organizaciones criminales que sustituyen al Estado en amplias zonas rurales y urbanas. El dinero obtenido mediante estas prácticas no solo fortalece las estructuras armadas; también financia inteligencia criminal, adquisición de armamento, reclutamiento, corrupción y expansión territorial.

Otro fenómeno que merece especial atención es el crecimiento del denominado "gota a gota". Lo que inicialmente parecía un mecanismo informal de crédito terminó convirtiéndose en una poderosa herramienta de control criminal. Detrás de muchos prestamistas ilegales operan organizaciones que utilizan la intimidación, la violencia y, en numerosos casos, el homicidio para garantizar el pago de intereses desproporcionados. Más allá del beneficio económico, esta actividad permite controlar comunidades enteras mediante el miedo y construir redes de información extremadamente útiles para otras actividades ilícitas.

El contrabando representa otro componente fundamental de este ecosistema financiero. Las fronteras colombianas continúan siendo utilizadas para el tráfico ilegal de combustibles, cigarrillos, medicamentos, alimentos, textiles y mercancías de alto valor comercial. Estos corredores no solo generan enormes utilidades, sino que fortalecen alianzas entre organizaciones criminales nacionales y redes transnacionales dedicadas al lavado de activos y al tráfico de armas.

No menos preocupante resulta el fortalecimiento del tráfico de migrantes, la trata de personas, el tráfico ilegal de fauna y flora, la explotación forestal ilícita, el hurto de hidrocarburos y el comercio clandestino de armas. Cada una de estas actividades representa una fuente adicional de financiación que reduce la dependencia del narcotráfico y hace mucho más resistente la estructura económica de los grupos armados.

Quizá el aspecto más inquietante de esta realidad sea la consolidación de verdaderas gobernanzas criminales. En numerosos territorios del país, los grupos ilegales no solo ejercen control armado. También administran conflictos comunitarios, autorizan actividades comerciales, regulan horarios, imponen normas de convivencia, cobran impuestos ilegales y sustituyen parcialmente la autoridad del Estado. Este fenómeno demuestra que el objetivo ya no consiste únicamente en dominar militarmente una región; el verdadero propósito es controlar la economía local y convertirla en un activo permanente para la organización criminal.

Las consecuencias para la seguridad nacional son profundas. Cada peso obtenido mediante economías ilícitas se traduce en mayor capacidad para adquirir armamento, incorporar tecnología, comprar drones, fortalecer sistemas de comunicación encriptada, reclutar nuevos integrantes y corromper funcionarios públicos. La fortaleza militar de los GAO depende directamente de la solidez de su estructura financiera.

Por esa razón, resulta insuficiente medir el éxito de la política de seguridad únicamente por indicadores operacionales. Las capturas, incautaciones y neutralizaciones continúan siendo indispensables, pero deben complementarse con estrategias orientadas a destruir el corazón económico del crimen organizado. La inteligencia financiera, la persecución patrimonial, la extinción de dominio, la trazabilidad de activos, el control de corredores logísticos y la cooperación internacional deben ocupar un lugar prioritario dentro de cualquier estrategia de seguridad nacional.

La experiencia internacional demuestra que las organizaciones criminales no desaparecen únicamente porque pierdan combatientes. Colapsan cuando dejan de producir dinero. Sin recursos económicos no pueden pagar nóminas ilegales, adquirir armamento, corromper instituciones ni expandirse territorialmente. En otras palabras, la sostenibilidad del crimen organizado depende mucho más de su capacidad financiera que de su capacidad militar.

Colombia enfrenta hoy un desafío que exige abandonar enfoques exclusivamente reactivos para adoptar una visión integral del fenómeno criminal. Entender que las economías ilícitas son el verdadero centro de gravedad de los Grupos Armados Organizados permitirá diseñar políticas públicas más efectivas, fortalecer la articulación entre inteligencia, investigación judicial, control fiscal y desarrollo territorial, y recuperar espacios donde la ilegalidad ha reemplazado progresivamente la presencia del Estado.

La guerra contra los GAO ya no puede analizarse únicamente desde la óptica del enfrentamiento armado. La verdadera confrontación se libra en los circuitos financieros que alimentan el crimen, en las redes de lavado de activos que legitiman sus ganancias y en las economías clandestinas que les permiten sobrevivir incluso después de los mayores golpes operacionales. Quien aspire a comprender la evolución del conflicto colombiano deberá mirar más allá del fusil y concentrarse en aquello que realmente mantiene viva la violencia: el dinero. Allí se encuentra el principal desafío para la seguridad nacional y, al mismo tiempo, la mayor oportunidad estratégica para debilitar de manera estructural al crimen organizado en Colombia.

Los Vehículos Aéreos No Tripulados Reaper MQ-9A llegan a la lucha contra los GAO en Colombia

Por: Carlos Cotes

Colombia enfrenta hoy una de las etapas más complejas de la lucha contra los Grupos Armados Organizados (GAO). Estas estructuras han aprendido a moverse con rapidez, esconderse en zonas de difícil acceso, utilizar corredores estratégicos y aprovechar la geografía para evadir la acción de la Fuerza Pública. En este escenario, la cooperación internacional puede marcar una diferencia importante.

En ese contexto aparece el MQ-9A Reaper, una de las aeronaves no tripuladas más conocidas y capaces de Estados Unidos. La posibilidad de que estos sistemas sean empleados por Estados Unidos dentro de la cooperación militar con Colombia, en el marco del denominado Plan Patriota 2.0, representa una capacidad adicional para enfrentar las amenazas que afectan la seguridad nacional.

El Reaper no es simplemente un dron. Es, fundamentalmente, una plataforma de vigilancia. Puede permanecer durante muchas horas sobre una zona determinada, observar de día y de noche y utilizar sensores capaces de detectar movimientos y actividades que desde tierra pueden ser muy difíciles de identificar. Su mayor valor está en algo sencillo de entender, puede mirar durante mucho tiempo.

Imaginemos una zona rural donde se sospecha la presencia de una estructura de un GAO. En lugar de enviar inmediatamente una patrulla o un helicóptero sin conocer exactamente lo que ocurre, una aeronave como el Reaper puede ayudar a observar el área, identificar movimientos, seguir objetivos y entregar información a quienes toman las decisiones, así como también disparar misiles. La información que arroja puede ser fundamental para planear una operación con mayor precisión y menor riesgo para nuestros soldados y policías.

El Reaper también puede contribuir a vigilar corredores utilizados para el narcotráfico, movimientos logísticos de organizaciones criminales, zonas fronterizas e infraestructura estratégica. En un país con la geografía de Colombia, esta capacidad de vigilancia prolongada puede convertirse en una herramienta de enorme utilidad.

Ahora bien, es importante aclarar algo, Estados Unidos operaría estas aeronaves; no significa que Colombia vaya a comprarlas. Su eventual empleo debe entenderse dentro de la cooperación militar y de inteligencia entre ambos países. La información obtenida puede contribuir a fortalecer las capacidades colombianas y apoyar la planeación de operaciones contra las estructuras criminales.

La lucha contra los GAO no se gana únicamente con más soldados o más armas. También se gana con información, inteligencia y tecnología. Saber dónde está una estructura, cómo se mueve, qué rutas utiliza y cuándo concentra sus capacidades puede ser tan importante como disponer de una fuerza suficiente para enfrentarla.

Por eso, si los MQ-9A Reaper estadounidenses llegan a participar en operaciones de cooperación con Colombia, su mayor aporte no debería medirse únicamente por su capacidad de ataque. Su verdadero valor estará en convertirse en los ojos que permitan ver desde el aire aquello que muchas veces resulta imposible observar desde tierra.

En la lucha contra los GAO, ver primero significa tener más posibilidades de actuar mejor. Y en seguridad, una buena decisión comienza siempre con una buena información.

Minería criminal, cuando una economía ilícita se convierte en una amenaza para la seguridad

                                                                   Por: Carlos Cotes

Cuando se habla de extracción ilegal de oro, es común utilizar el término minería ilegal. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la denominación correcta es explotación ilícita de yacimientos mineros, figura prevista en la legislación colombiana para sancionar la extracción de minerales sin cumplir los requisitos legales, como la existencia de un título minero o la correspondiente licencia ambiental. En el caso del oro, por ser el mineral más explotado bajo estas condiciones, el lenguaje cotidiano ha popularizado el término minería ilegal. No obstante, es importante comprender que no toda minería ilegal constituye minería criminal, aunque esta puede evolucionar hasta convertirse en una de las economías ilícitas más rentables para el crimen organizado.

La minería ilegal se transforma en minería criminal cuando deja de ser una actividad aislada o de carácter informal y pasa a ser controlada, financiada o aprovechada por estructuras delincuenciales. En ese momento, el objetivo deja de ser únicamente la extracción del mineral y se convierte en un negocio ilícito integrado a una organización que obtiene recursos económicos para fortalecer su capacidad criminal.

Esta transformación ocurre mediante una cadena de actividades perfectamente articuladas. Primero, se ejerce control sobre el territorio donde existen yacimientos auríferos. Posteriormente, se regula quién puede extraer el mineral y bajo qué condiciones, imponiendo cobros ilegales por el uso de maquinaria, el ingreso de trabajadores o la comercialización del oro. A ello se suman mecanismos de intimidación, violencia y corrupción que garantizan el dominio sobre la actividad extractiva.

Una vez comercializado, el oro adquiere un valor estratégico para las organizaciones criminales. Los recursos obtenidos son utilizados para adquirir armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación, vehículos y tecnología; financiar el reclutamiento de nuevos integrantes, ampliar el pie de fuerza, sostener redes logísticas, corromper servidores públicos y fortalecer otras economías ilícitas. Adicionalmente, el oro representa un instrumento eficaz para el lavado de activos debido a su alto valor comercial, facilidad de transporte y complejidad para rastrear su verdadero origen.

Por estas razones, la minería criminal trasciende el ámbito ambiental o económico y se convierte en un problema de seguridad pública y seguridad nacional. No solo deteriora ecosistemas y fuentes hídricas, sino que también fortalece la capacidad financiera de los Grupos Armados Organizados (GAO), incrementa la violencia, disputa el control territorial y debilita la institucionalidad del Estado.

Combatir esta economía ilícita exige una respuesta integral. La acción operativa contra las estructuras criminales debe complementarse con inteligencia financiera para seguir la ruta del dinero, controles efectivos sobre la comercialización del oro, fortalecimiento de la trazabilidad del mineral, judicialización de las redes que financian estas actividades y procesos de formalización para los pequeños mineros que ejercen una actividad de subsistencia. Solo mediante una estrategia que combine seguridad, justicia, control institucional y desarrollo económico será posible impedir que la minería ilegal continúe evolucionando hacia una minería criminal que amenaza la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad del país.

Ciberdefensa, la cuarta fuerza que Colombia necesita

                                                Por: Carlos Cotes

La seguridad nacional de Colombia cambió. El territorio ya no se defiende únicamente en tierra, mar y aire. Hoy existe un escenario adicional donde pueden desarrollarse operaciones de inteligencia, sabotaje, espionaje, propaganda y ataques contra infraestructuras críticas, el ciberespacio. Por eso, el país debe asumir una decisión estratégica, de avanzar hacia la creación de un Arma Ciber o una estructura de Ciberdefensa con identidad, mando, doctrina, capacidades y recursos propios dentro de las Fuerzas Militares.

El artículo 217 de la Constitución establece que las Fuerzas Militares están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, y les asigna como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. Sin embargo, no contempla expresamente una fuerza o arma cibernética. Esta realidad exige una discusión de Estado estratégica, jurídica y muy urgente.

No se trata de crear burocracia ni de duplicar capacidades. Colombia cuenta con mecanismos de seguridad digital, entre ellos la Coordinación Nacional de Seguridad Digital y el Comité Nacional de Seguridad Digital, además de las capacidades técnicas del Ministerio TIC. El Decreto 338 de 2022 reconoce la defensa del ciberespacio, la protección de infraestructuras críticas cibernéticas y la necesidad de coordinar capacidades nacionales. Pero la seguridad digital del Estado y la ciberdefensa militar no son exactamente lo mismo.

La seguridad digital protege sistemas, información, servicios y ciudadanos frente a riesgos e incidentes. La ciberdefensa debe estar preparada para enfrentar amenazas que comprometan la soberanía, la defensa nacional y la capacidad operacional del Estado. En ese ámbito también participan la Cancillería, mediante la diplomacia cibernética y la cooperación internacional; el Departamento Nacional de Planeación, incorporando riesgos digitales en la planeación estratégica; y el Ministerio TIC, como actor central de la política de seguridad digital y de la gestión técnica de incidentes.

El nuevo Gobierno tiene una oportunidad histórica. Así como Colombia reconoció la evolución del dominio aéreo y espacial mediante la Fuerza Aeroespacial, debe analizar si el modelo militar requiere incorporar formalmente una capacidad cibernética con naturaleza militar. No podemos enfrentar amenazas del siglo XXI con estructuras del siglo XX.

Las organizaciones criminales transnacionales utilizan tecnologías digitales para coordinar operaciones, financiar actividades ilícitas, reclutar, difundir propaganda, obtener inteligencia y afectar instituciones. Un ataque contra redes militares, comunicaciones, energía, banca, transporte, salud o servicios esenciales puede producir efectos estratégicos sin que un solo atacante cruce físicamente la frontera.

La pregunta ya no es si Colombia necesita ciberdefensa, sino qué capacidad y respaldo constitucional necesita para responder. Crear un Arma Ciber no significa militarizar Internet ni otorgar facultades ilimitadas. Significa establecer competencias, controles, reglas de empleo, doctrina, formación, inteligencia, protección de infraestructuras críticas y capacidades de respuesta, dentro de la Constitución y la ley.

El llamado al nuevo Gobierno Nacional es concreto: incorporar la ciberdefensa como prioridad de seguridad y defensa nacional y promover una reforma institucional y, si jurídicamente resulta necesaria, constitucional que permita reconocerla dentro de la arquitectura de las Fuerzas Militares. Colombia necesita Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, pero también una capacidad militar cibernética capaz de defender al Estado cuando la amenaza ya no llega por carretera, mar o aire, sino a través de una red.

El ciberespacio ya es un escenario de confrontación estratégica. No esperemos a sufrir un ataque de gran escala para reconocerlo.

OPERACIONES CONJUNTAS Y COMBINADAS, ESTRATEGIA IDEAL CONTRA LOS GAO EN LAS FRONTERAS

Por: Carlos Cotes

Colombia enfrenta una transformación de la amenaza armada. Los Grupos Armados Organizados (GAO) han evolucionado hacia estructuras con movilidad, adaptación, financiación criminal y control territorial. En zonas como el Catatumbo y otros corredores próximos a la frontera con Venezuela, la geografía, las economías ilícitas y la dinámica fronteriza pueden favorecer su supervivencia y recomposición. Ante este escenario, Colombia necesita fortalecer sus operaciones combinadas y recuperar la iniciativa operacional.

Las operaciones combinadas deben entenderse como la integración coordinada de capacidades militares, policiales, de inteligencia y de investigación criminal, entre naciones aliadas, orientadas hacia un objetivo común. No se trata simplemente de sumar instituciones, sino de sincronizar capacidades para generar superioridad de información, movilidad, contención y maniobra. Los Estados debe pasar de reaccionar ante las acciones del adversario a imponer condiciones que reduzcan su libertad de acción.

Dentro de esta concepción cobra importancia el modelo Yunque-Martillo. El Yunque representa la fuerza de contención: fija al adversario, limita sus corredores de movilidad, protege a la población y reduce sus posibilidades de repliegue. El Martillo representa la fuerza de maniobra: aprovecha la contención para desarrollar la acción principal sobre la estructura identificada, de acuerdo con la inteligencia disponible, la misión, las reglas de enfrentamiento y el marco jurídico. Mientras una fuerza contiene, otra maniobra; mientras una limita las opciones, la otra concentra el esfuerzo operacional.

En escenarios fronterizos, este concepto debe complementarse con un tercer componente: el Cerrojo. Su propósito es impedir que la estructura armada, una vez presionada, utilice corredores fronterizos para evadir la acción de la Fuerza Pública, reorganizarse y regresar posteriormente al territorio colombiano. El Cerrojo significa fortalecer vigilancia, inteligencia, control territorial, control de corredores y cooperación binacional, respetando la soberanía de los Estados.

La fortaleza de las operaciones combinadas está en integrar capacidades. La inteligencia debe ser el punto de partida; la vigilancia debe anticipar movimientos; la movilidad debe proporcionar iniciativa; las fuerzas de contención deben restringir opciones; las unidades de maniobra deben explotar oportunidades; y las autoridades judiciales deben continuar la acción contra las redes criminales, financieras y logísticas. Así, la operación afecta el sistema que sostiene al GAO.

También es necesario modificar la forma de medir el éxito. El objetivo estratégico no puede ser simplemente producir bajas. Un GAO puede reemplazar combatientes si conserva financiación, reclutamiento, inteligencia, logística, redes de apoyo y mando. El verdadero indicador debe ser la degradación integral de su capacidad para combatir, movilizarse, financiarse, reclutar, intimidar y controlar territorio.

La secuencia operacional debe conducir a un propósito mayor: detectar, contener, fijar, maniobrar, desarticular y consolidar. Si después de una operación la Fuerza Pública se retira y el grupo armado regresa, el resultado táctico pierde valor estratégico. Recuperar territorio significa mantener presencia estatal, proteger a la población, recuperar corredores, fortalecer la justicia y atacar las economías ilícitas que permiten la reproducción del fenómeno criminal.

Colombia necesita una estrategia de operaciones combinadas sostenidas, especialmente donde confluyen grupos armados, economías ilícitas y fronteras internacionales. El concepto Yunque-Martillo-Cerrojo puede convertirse en una herramienta para recuperar la iniciativa, reducir la libertad de maniobra de los GAO y generar condiciones para su desarticulación. No se trata de buscar el combate por el combate, sino de crear condiciones que obliguen a las estructuras armadas a perder progresivamente sus ventajas y enfrentar la acción legítima del Estado.

La seguridad fronteriza requiere inteligencia, coordinación, tecnología, movilidad, cooperación internacional, judicialización y permanencia territorial. La verdadera victoria será aquella en la que el GAO no pueda reconstruir su estructura después de una operación.

Colombia necesita pasar de perseguir permanentemente al enemigo a diseñar operaciones que le quiten opciones. Ese es el valor estratégico de las operaciones combinadas, integrar capacidades para contener, maniobrar, desarticular y consolidar. La diferencia estará entre obtener un resultado táctico y ganar la lucha por el control territorial y la protección de la población civil.

Bloques de Seguridad Urbana, apuesta integral para recuperar el control territorial

Por: Carlos Cotes

La seguridad en Colombia atraviesa uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. El crimen organizado ha evolucionado hacia estructuras cada vez más sofisticadas, con capacidad para controlar territorios, infiltrar economías legales, utilizar tecnologías emergentes y expandir fenómenos como la extorsión, el homicidio, el microtráfico y el multicrimen. Paralelamente, en amplias zonas rurales persisten amenazas derivadas de los grupos armados organizados, las economías ilícitas y la limitada presencia institucional. Este panorama exige abandonar esquemas tradicionales y avanzar hacia modelos más flexibles, preventivos y articulados. En ese contexto, la propuesta del presidente Abelardo De la Espriella, de crear los Bloques de Seguridad Urbana, con apoyo Apoyo en las zonas Rurales representa una apuesta por fortalecer la capacidad del Estado para recuperar el control territorial y aumentar la seguridad de los ciudadanos.

En las ciudades, los Bloques de Seguridad Urbana tendrían la misión de reforzar el patrullaje preventivo, proteger infraestructura crítica, apoyar los sistemas de videovigilancia, consolidar redes de participación ciudadana y suministrar información útil para la inteligencia institucional. La presencia permanente de estos equipos contribuiría a incrementar la percepción de seguridad y a disuadir la acción de estructuras criminales que aprovechan la ausencia del Estado para ejercer control sobre barrios, parques, corredores comerciales y sistemas de transporte.

En el ámbito rural, los Bloques de Apoyo Rural responderían a una realidad distinta, pero igualmente desafiante. Su labor estaría orientada a fortalecer la presencia institucional en corregimientos y veredas, generar alertas tempranas sobre actividades de grupos armados, proteger infraestructura estratégica, apoyar la gestión del riesgo y acompañar a las comunidades rurales. En regiones donde convergen economías ilícitas, minería ilegal, narcotráfico, extorsión y abigeato, estos equipos podrían convertirse en un factor de estabilización territorial, siempre bajo la coordinación de las autoridades competentes.

Sin embargo, el éxito de esta estrategia no dependerá únicamente del número de integrantes. Será indispensable contar con un marco jurídico sólido que defina claramente competencias, responsabilidades y protocolos de actuación. Igualmente, se requerirá una cadena de mando unificada, mecanismos permanentes de supervisión y una estricta coordinación con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, las gobernaciones y las alcaldías.

Otro elemento determinante será la incorporación de tecnología. La seguridad contemporánea ya no puede fundamentarse exclusivamente en el recurso humano. La inteligencia artificial aplicada al análisis de cámaras de videovigilancia, los drones, los sistemas antidrones, la analítica criminal, los mapas de calor del delito y los centros integrados de comando y control deben convertirse en herramientas complementarias que permitan anticipar amenazas y optimizar la respuesta institucional.

En definitiva, los Bloques de Seguridad Urbana,  representan una oportunidad para construir una nueva arquitectura de seguridad basada en la prevención, la cooperación y la recuperación del control territorial, con disuasión y reacción. Si se implementan con rigor técnico, respaldo jurídico y adecuada articulación institucional, podrán convertirse en un instrumento eficaz para fortalecer la seguridad ciudadana y rural. 

En este escenario, es fundamental que el Gobierno Nacional incluya a Valledupar entre las primeras ciudades donde se implementen los Bloques de Seguridad Urbana. La disputa entre grupos armados organizados por el control territorial y las economías ilícitas ha incrementado los homicidios y otras expresiones de violencia. Por su ubicación estratégica y la complejidad de su problemática de seguridad, Valledupar requiere fortalecer de manera prioritaria la presencia institucional y la capacidad preventiva del Estado mediante este nuevo modelo de intervención.

En este escenario, la estrategia APRE podría convertirse en el mecanismo de articulación entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías, integrando capacidades de Acción, Prevención, Reacción y Evaluación frente al crimen organizado y las economías ilícitas. Su implementación permitiría coordinar los Bloques de Seguridad Urbana y de Apoyo Rural con la Fuerza Pública, la inteligencia, la tecnología y la justicia, de manera que gobernadores y alcaldes cuenten con una hoja de ruta común para anticipar amenazas, focalizar recursos y responder de manera rápida y coordinada a las necesidades de seguridad de cada territorio.

La Inteligencia Artificial mal utilizada multiplica el delito y desafía la seguridad del siglo XXI

Por: Carlos Cotes Maya

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una promesa del futuro para convertirse en una realidad que transforma aceleradamente la economía, la educación, la salud, la industria, las comunicaciones y, de manera especial, la seguridad. Hoy es capaz de procesar millones de datos en segundos, identificar patrones invisibles para el ser humano, automatizar procesos complejos y asistir en la toma de decisiones con un nivel de precisión sin precedentes. Estas capacidades representan una oportunidad extraordinaria para fortalecer las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos, combatir la criminalidad y anticipar riesgos. Sin embargo, esa misma revolución tecnológica también ha sido aprovechada por organizaciones criminales, redes de ciberdelincuencia y actores maliciosos que han encontrado en la IA un poderoso aliado para perfeccionar sus métodos delictivos.

Nos encontramos frente a una nueva carrera tecnológica donde las autoridades y los delincuentes utilizan herramientas similares, pero con objetivos completamente opuestos. Mientras las instituciones buscan prevenir el delito, proteger a la ciudadanía y fortalecer la investigación judicial, las organizaciones criminales emplean la inteligencia artificial para automatizar fraudes, crear campañas masivas de desinformación, desarrollar programas maliciosos cada vez más sofisticados y ampliar su capacidad para afectar personas, empresas e incluso infraestructuras críticas del Estado. La IA ha modificado profundamente el escenario de la seguridad y ha convertido el ciberespacio en uno de los principales campos de confrontación del siglo XXI.

Uno de los mayores aportes de la inteligencia artificial se encuentra precisamente en el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal. La aplicación de algoritmos avanzados permite realizar búsquedas inteligentes sobre enormes volúmenes de imágenes, videos, documentos y registros digitales, facilitando la identificación de evidencias que anteriormente requerían semanas o incluso meses de trabajo. La integración de sistemas biométricos, reconocimiento facial, comparación automática de huellas, análisis de voz y correlación de información proveniente de múltiples bases de datos ha revolucionado el trabajo de la policía judicial y de los organismos de inteligencia.

Actualmente, la IA permite construir retratos hablados con mayor precisión, identificar personas mediante dispositivos móviles en tiempo real, verificar antecedentes judiciales instantáneamente y analizar millones de registros para establecer relaciones entre organizaciones criminales, lugares, vehículos, teléfonos y eventos. Estas capacidades convierten a la inteligencia artificial en un verdadero multiplicador de fuerza para las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Otro avance significativo es la utilización de modelos predictivos basados en aprendizaje automático (Machine Learning), capaces de identificar tendencias criminales y anticipar posibles escenarios de riesgo. El análisis masivo de datos provenientes de denuncias, antecedentes, cámaras de videovigilancia, redes sociales, georreferenciación y sistemas de información permite establecer patrones de comportamiento delictivo y orientar con mayor eficiencia los recursos operacionales. La denominada Policía Predictiva ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción; hoy constituye una realidad implementada progresivamente por numerosos cuerpos policiales alrededor del mundo.

La cooperación internacional también ha encontrado en la inteligencia artificial un aliado fundamental. El intercambio automatizado de información entre agencias policiales facilita la identificación de víctimas y responsables en delitos transnacionales, especialmente en investigaciones relacionadas con explotación sexual infantil, trata de personas, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. La capacidad de comparar automáticamente millones de imágenes y videos provenientes de diferentes países acelera investigaciones que anteriormente podían tardar años.

Sin embargo, esta misma capacidad tecnológica también ha sido apropiada por las organizaciones criminales. La IA ha reducido considerablemente las barreras técnicas para delinquir y ha democratizado el acceso a herramientas que antes solo estaban al alcance de expertos en informática. Hoy cualquier delincuente con conocimientos básicos puede utilizar sistemas basados en inteligencia artificial para ejecutar ataques con un nivel de sofisticación que hace pocos años resultaba impensable.

Uno de los fenómenos más preocupantes es la proliferación de los denominados deepfakes, contenidos audiovisuales generados mediante inteligencia artificial capaces de imitar con extraordinaria precisión el rostro, la voz y las expresiones de cualquier persona. Estas tecnologías permiten fabricar videos y audios falsos prácticamente indistinguibles de los reales, facilitando campañas de desinformación, manipulación política, extorsiones, fraudes financieros y ataques contra la reputación de personas e instituciones. La posibilidad de falsificar una llamada telefónica utilizando la voz de un familiar o de un alto directivo constituye hoy una amenaza real para ciudadanos, empresas y entidades públicas.

A ello se suma la evolución de las estafas digitales impulsadas por IA. Los ciberdelincuentes utilizan modelos generativos para redactar correos electrónicos prácticamente perfectos, personalizar campañas de phishing, simular conversaciones mediante chatbots y desarrollar sofisticadas estrategias de ingeniería social. La inteligencia artificial permite analizar el comportamiento de las víctimas potenciales, adaptar el lenguaje según su perfil y aumentar considerablemente las probabilidades de éxito del engaño. El tradicional correo fraudulento lleno de errores ortográficos ha sido reemplazado por mensajes impecables, difíciles de distinguir de una comunicación legítima.

Otro escenario de especial preocupación corresponde al desarrollo de malware inteligente. Los programas maliciosos ya no son simples códigos diseñados para afectar un sistema informático; ahora incorporan algoritmos capaces de modificar automáticamente su comportamiento, adaptarse al entorno donde operan, evadir soluciones antivirus, identificar vulnerabilidades y optimizar sus propios mecanismos de propagación. Esta evolución incrementa considerablemente la complejidad de los ataques y dificulta la labor de los equipos de ciberseguridad.

La explotación sexual infantil también enfrenta nuevas amenazas derivadas del uso criminal de la inteligencia artificial. La generación de imágenes falsas, la manipulación digital de fotografías reales, la creación de perfiles ficticios y las estrategias de grooming potenciadas mediante IA representan uno de los mayores desafíos para las autoridades. La facilidad con la que hoy pueden producirse contenidos manipulados exige fortalecer las capacidades de investigación digital y la cooperación internacional para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a estas nuevas formas de victimización.

En paralelo, han comenzado a surgir modelos de inteligencia artificial diseñados específicamente para actividades ilícitas. A diferencia de las plataformas comerciales, que incorporan controles éticos y mecanismos de seguridad para limitar usos indebidos, estas versiones clandestinas eliminan deliberadamente esas restricciones y facilitan la generación de campañas de phishing, desarrollo de código malicioso, automatización de ataques informáticos, creación de documentos falsificados, búsqueda de vulnerabilidades y producción de herramientas ofensivas. Su existencia demuestra que el crimen organizado también innova, invierte en tecnología y evoluciona al mismo ritmo que las instituciones encargadas de combatirlo.

Las estadísticas sobre delitos informáticos confirman esta realidad. Las modalidades de fraude digital, acceso abusivo a sistemas informáticos, suplantación de identidad, hurto de cuentas, extorsión virtual, ransomware y estafas mediante plataformas digitales continúan creciendo en complejidad. Aunque en algunos periodos determinados ciertos indicadores pueden presentar reducciones, la tendencia estructural evidencia que el cibercrimen se consolida como una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana y la estabilidad económica. Cada vez más delitos migran del espacio físico al entorno digital, donde las fronteras prácticamente desaparecen y los delincuentes pueden operar desde cualquier lugar del mundo.

Frente a este panorama, la respuesta estatal no puede limitarse únicamente a la adquisición de nuevas tecnologías. Resulta indispensable fortalecer la inteligencia cibernética, modernizar los sistemas de análisis criminal, consolidar equipos especializados en ciencia de datos, actualizar permanentemente la legislación, fomentar la cooperación internacional y desarrollar talento humano altamente capacitado en inteligencia artificial, análisis de información y ciberseguridad. La tecnología por sí sola no resolverá el problema si no está acompañada de instituciones sólidas, personal especializado y una estrategia integral de prevención, investigación y respuesta.

La inteligencia artificial no representa una amenaza en sí misma; el verdadero riesgo radica en el uso que las personas deciden darle. La misma herramienta capaz de salvar vidas, localizar víctimas, identificar delincuentes, optimizar investigaciones y fortalecer la seguridad ciudadana puede convertirse también en un instrumento para manipular sociedades, cometer fraudes masivos, vulnerar infraestructuras críticas y fortalecer las capacidades del crimen organizado. Esa dualidad obliga a los Estados a mantener una ventaja tecnológica permanente y a comprender que la seguridad del siglo XXI dependerá cada vez menos del número de efectivos desplegados y cada vez más de la capacidad para procesar datos, interpretar información y utilizar inteligentemente la tecnología al servicio de la legalidad. En esta nueva era digital, la inteligencia artificial será uno de los principales factores que determinarán el éxito o el fracaso de las políticas de seguridad pública, y la diferencia entre proteger a la sociedad o permitir que la innovación tecnológica sea utilizada para potenciar las nuevas formas de criminalidad.

Impacto del narcotráfico en la seguridad ciudadana y la gobernabilidad

Por: CARLOS COTES

Hay problemas de seguridad que no se explican solo por la delincuencia común. Detrás de muchos hechos de violencia existe una economía ilegal que mueve enormes cantidades de dinero y que termina afectando la vida diaria de la gente. El narcotráfico no solo produce drogas, también produce corrupción, miedo y desorden institucional. Cuando este fenómeno se fortalece, la seguridad ciudadana se debilita y las autoridades locales pierden capacidad para controlar lo que ocurre en sus propios territorios.

Uno de los efectos más visibles es el aumento de los homicidios. Las disputas por rutas, territorios y ganancias ilegales terminan convirtiendo barrios, corregimientos y municipios en escenarios de confrontación. La mayoría de las víctimas no son grandes criminales, sino jóvenes, trabajadores o personas que quedan en medio de conflictos que no entienden. La violencia crece cuando el dinero ilegal se convierte en la principal fuente de poder en una región.

Pero el problema no se queda en la violencia. El narcotráfico también contamina la política. Cuando hay grandes cantidades de dinero ilegal circulando, aparecen presiones sobre funcionarios, contratos amañados, campañas financiadas con recursos oscuros y decisiones que no se toman pensando en la comunidad sino en proteger intereses criminales. Así empieza el debilitamiento institucional, que es más peligroso que cualquier enfrentamiento armado.

Otro efecto grave es el crecimiento de las economías ilegales. Donde el narcotráfico se instala, también aparecen la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, el microtráfico y otras actividades que reemplazan la economía formal. Esto genera dependencia, porque muchas personas terminan viviendo de lo ilegal ante la falta de oportunidades. Cuando eso ocurre, la autoridad pierde legitimidad y la ley deja de ser el principal referente de convivencia.

Lo más preocupante es que este fenómeno avanza en silencio. No siempre se ve en grandes noticias, pero se siente en la vida diaria; más miedo, menos confianza en las instituciones y autoridades locales con menos capacidad de decisión. La seguridad ciudadana no se puede entender sin mirar el impacto del narcotráfico. Mientras el dinero ilegal siga teniendo más fuerza, la gobernabilidad seguirá siendo frágil y la tranquilidad de la gente será cada vez más difícil de garantizar.