Por: Carlos Cotes
El artículo 217 de la Constitución establece que las Fuerzas Militares están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, y les asigna como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. Sin embargo, no contempla expresamente una fuerza o arma cibernética. Esta realidad exige una discusión de Estado estratégica, jurídica y muy urgente.
No se trata de crear burocracia ni de duplicar capacidades. Colombia cuenta con mecanismos de seguridad digital, entre ellos la Coordinación Nacional de Seguridad Digital y el Comité Nacional de Seguridad Digital, además de las capacidades técnicas del Ministerio TIC. El Decreto 338 de 2022 reconoce la defensa del ciberespacio, la protección de infraestructuras críticas cibernéticas y la necesidad de coordinar capacidades nacionales. Pero la seguridad digital del Estado y la ciberdefensa militar no son exactamente lo mismo.
La seguridad digital protege sistemas, información, servicios y ciudadanos frente a riesgos e incidentes. La ciberdefensa debe estar preparada para enfrentar amenazas que comprometan la soberanía, la defensa nacional y la capacidad operacional del Estado. En ese ámbito también participan la Cancillería, mediante la diplomacia cibernética y la cooperación internacional; el Departamento Nacional de Planeación, incorporando riesgos digitales en la planeación estratégica; y el Ministerio TIC, como actor central de la política de seguridad digital y de la gestión técnica de incidentes.
El nuevo Gobierno tiene una oportunidad histórica. Así como Colombia reconoció la evolución del dominio aéreo y espacial mediante la Fuerza Aeroespacial, debe analizar si el modelo militar requiere incorporar formalmente una capacidad cibernética con naturaleza militar. No podemos enfrentar amenazas del siglo XXI con estructuras del siglo XX.
Las organizaciones criminales transnacionales utilizan tecnologías digitales para coordinar operaciones, financiar actividades ilícitas, reclutar, difundir propaganda, obtener inteligencia y afectar instituciones. Un ataque contra redes militares, comunicaciones, energía, banca, transporte, salud o servicios esenciales puede producir efectos estratégicos sin que un solo atacante cruce físicamente la frontera.
La pregunta ya no es si Colombia necesita ciberdefensa, sino qué capacidad y respaldo constitucional necesita para responder. Crear un Arma Ciber no significa militarizar Internet ni otorgar facultades ilimitadas. Significa establecer competencias, controles, reglas de empleo, doctrina, formación, inteligencia, protección de infraestructuras críticas y capacidades de respuesta, dentro de la Constitución y la ley.
El llamado al nuevo Gobierno Nacional es concreto: incorporar la ciberdefensa como prioridad de seguridad y defensa nacional y promover una reforma institucional y, si jurídicamente resulta necesaria, constitucional que permita reconocerla dentro de la arquitectura de las Fuerzas Militares. Colombia necesita Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, pero también una capacidad militar cibernética capaz de defender al Estado cuando la amenaza ya no llega por carretera, mar o aire, sino a través de una red.
El ciberespacio ya es un escenario de confrontación estratégica. No esperemos a sufrir un ataque de gran escala para reconocerlo.
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