Por: Carlos Andrés Cotes Maya
Este fenómeno merece una discusión de fondo. No se trata únicamente de personas privadas de la libertad que continúan delinquiendo, sino de estructuras que han desarrollado mecanismos de autoridad paralela, capaces de mantener relaciones de subordinación, imponer reglas y proyectar su influencia sobre territorios y comunidades.
Desde las cárceles pueden conservarse vínculos con redes externas dedicadas a la extorsión, el homicidio, el secuestro, el tráfico de estupefacientes, las amenazas, el concierto para delinquir y otras economías ilegales. En determinados escenarios, el establecimiento penitenciario deja de ser exclusivamente un lugar de reclusión y se convierte en un nodo de articulación criminal.
Uno de los instrumentos que facilita esta continuidad delictiva es el uso ilegal de teléfonos celulares. Lo que para cualquier ciudadano representa un medio ordinario de comunicación, para una estructura criminal puede constituir un mecanismo de coordinación, intimidación y continuidad de sus actividades ilícitas. Por ello, el ingreso de dispositivos, tarjetas SIM, estupefacientes y otros elementos prohibidos no puede entenderse como una simple infracción disciplinaria, puede comprometer directamente la seguridad ciudadana.
Pero existe una dimensión todavía más preocupante: las amenazas contra los funcionarios encargados de la custodia y sus familias. Se han conocido denuncias sobre personas cercanas a internos peligrosos que intimidan a los guardianes, amenazando con atentar contra sus hijos, parejas o familiares si no permiten el ingreso de elementos prohibidos.
Esta modalidad de presión constituye una forma de coerción criminal extramural. El objetivo no es solamente vulnerar un procedimiento de seguridad, sino someter la voluntad de un servidor público mediante el miedo. Cuando una organización criminal pretende convertir la protección de la familia de un funcionario en un instrumento de negociación, está atacando directamente la autoridad institucional.
En este escenario, los traslados de internos considerados de alta peligrosidad hacia establecimientos penitenciarios de otras regiones del país representan una intervención sobre las relaciones de poder y las redes de influencia criminal. El propósito estratégico es interrumpir vínculos territoriales, reducir la capacidad de dirección de determinados cabecillas y dificultar la continuidad de sus actividades delictivas.
A esta medida se suma la implementación de sistemas de inhibición de señal celular. Su importancia radica en restringir las comunicaciones no autorizadas que pueden facilitar extorsiones y otras conductas criminales. Sin embargo, la tecnología debe aplicarse con precisión, el bloqueo no puede afectar las comunicaciones legítimas de los barrios y comunidades que rodean los establecimientos.
No obstante, sería equivocado pensar que trasladar cabecillas e instalar inhibidores resuelve por sí solo el problema. La gobernanza criminal no depende exclusivamente de un teléfono o de la presencia física de un líder. También se sostiene mediante redes externas, economías ilegales, mecanismos de intimidación, corrupción y estructuras de subordinación.
La respuesta debe ser integral, inteligencia criminal, investigación patrimonial, judicialización de las redes externas, controles contra la corrupción, protección de funcionarios amenazados y coordinación efectiva entre las autoridades judiciales, policiales y de seguridad. Igualmente, es necesario evaluar si las estructuras criminales pierden realmente su capacidad de actuación después de cada intervención.
La resocialización y el respeto por los derechos fundamentales deben mantenerse como obligaciones del Estado. Pero garantizar derechos no significa tolerar que se utilicen las condiciones de reclusión para continuar afectando la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.
El éxito de una política de seguridad penitenciaria no debe medirse únicamente por el número de traslados, celulares incautados o dispositivos tecnológicos instalados. Debe medirse por la reducción efectiva de las extorsiones, las amenazas, la continuidad de las redes delictivas y la recuperación de la autoridad legítima dentro de los establecimientos.
Se necesita comprender que la seguridad no termina en los muros de una prisión. Allí también se libra una disputa por el control, la legalidad y la autoridad del Estado.
Una cárcel no puede ser una oficina de operaciones del crimen organizado. Cuando un delincuente logra gobernar desde una celda, no solamente desafía al sistema de justicia, desafía la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
