Festival Silvestrista, Valledupar Brilla como la Ciudad de los Grandes Eventos

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Durante cuatro días Valledupar se transforma en el epicentro de la música, la cultura y la celebración con el Festival Silvestrista, una cita sin precedentes que reúne a más de 100.000 personas alrededor del lanzamiento de la nueva producción musical de Silvestre Dangond: El Último Baile, acompañado por el reconocido acordeonero Juancho de la Espriella. Esta fiesta popular, que incluyó una colorida caravana en su primer día y tres noches consecutivas de conciertos vibrantes, ratificó que Valledupar no solo es la cuna del vallenato, sino también la ciudad de los grandes eventos en Colombia.

El Festival Silvestrista no solo es música; también se destaca por la Casa Museo Silvestrista, un espacio dedicado a contar la historia musical y personal de Silvestre Dangond, donde los asistentes pueden recorrer su trayectoria, y revivir momentos emblemáticos del artista. Esta propuesta cultural se convirtió en una de las atracciones más visitadas, impulsando el sentido de pertenencia y exaltando la riqueza artística de la región.

Valledupar continúa posicionándose a nivel nacional como un referente en cultura y artes, superando incluso a otras capitales con espectáculos de talla internacional que combinan tradición, innovación y pasión por la música. El dinamismo de eventos como este genera un impacto directo en la economía local: hoteles al 100% de ocupación, restaurantes llenos, transporte activo, y el comercio revitalizado por la llegada masiva de turistas que, además de disfrutar, invierten en la ciudad.

Estos grandes encuentros fortalecen a emprendedores, artesanos y comerciantes que ven en cada visitante una oportunidad para crecer. Por eso, es necesario seguir apostando por una agenda de eventos que mantenga a Valledupar como destino turístico y cultural de alto nivel, garantizando que la moneda circulante siga alimentando el desarrollo económico y social de una ciudad que vibra al ritmo del vallenato y se proyecta hacia el futuro con fuerza y orgullo.

Es clave continuar apostando por eventos de este calibre y sigan fortaleciendo el ecosistema comercial, cultural y turístico de Valledupar. La capital del Cesar ya no solo es la cuna del vallenato: es la capital de los grandes eventos y una potencia cultural en crecimiento en Colombia.

Entre La Junta y Patillal, nació un canto inmortal

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Cada 26 de mayo, los corazones vallenatos y de otras partes del mundo laten con más fuerza. Y es que en esa fecha, hace ya 68 años, nació un hombre con un talento innato, irrepetible, que llevaría la esencia del folclor a rincones donde nunca antes había llegado. Diomedes Díaz Maestre, el hijo predilecto de La Junta, fue más que un cantante; fue una leyenda, un fenómeno musical que llevó el vallenato por el mundo.

Su voz melodiosa, su estilo inconfundible marcaron su obra. Incluso cuando grabó composiciones modernas, supo escoger lo mejor de lo mejor, dándole su sello personal sin perder la raíz campesina que siempre lo caracterizó. Diomedes cantaba lo que el pueblo sentía, lo que la gente vivía. Su música es un espejo del alma popular.

Personalmente, escucharlo es una máquina del tiempo. Sus canciones me transportan a momentos específicos de mi vida, a esos años cuando lanzaba sus LP y en muchas partes de Colombia esperaban con ansias sus nuevas producciones. Fue acompañado por los más grandes del acordeón,  cada uno de ellos, supo entender el estilo del Cacique, ese estilo único que se traducía en interpretaciones memorables y grabaciones de altísima calidad.

Tuve la fortuna de verlo en vivo más de cuatro veces. Tres junto a Juancho Rois, cuya unión con Diomedes dejó una huella imborrable, y una con Iván Zuleta, en aquella emblemática presentación donde lo presentó por primera vez como su nuevo compañero tras la trágica muerte de Juancho. Fue un momento histórico, y a la vez esperanzador, porque Diomedes siempre supo cómo renacer entre el dolor y seguir cantando con sentimiento.

Hoy, en el que sería su cumpleaños número 68, quiero exaltar su memoria, rendirle tributo al hombre que hizo del vallenato una manera de vivir. Aunque el Cacique de la Junta ya no esté en la tierra, su música perdura, más viva que nunca. Dicen incluso que ahora sus canciones producen más que en vida. No me sorprende, es el legado de los grandes.

Quiero cerrar esta columna recordando una de sus canciones más representativas para mí: “26 de mayo”. No solo por coincidir con la fecha de su nacimiento, sino por su belleza melódica y su interpretación llena de sentimiento. En ella, Diomedes relata su niñez, su juventud, su esencia. Es una obra que resume al hijo de La Junta que conquistó a Patillal, Valledupar, Colombia y al mundo.

Diomedes no se ha ido. Mientras haya un corazón que cante sus versos, seguirá vivo. Porque entre La Junta y Patillal, nació un canto inmortal.

La Convención de Palermo, Pilar de la lucha global contra la delincuencia organizada

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Palermo en diciembre del 2000, representa el instrumento legal más amplio del derecho internacional para combatir la criminalidad organizada a escala global. Su creación respondió a una necesidad urgente: enfrentar un fenómeno criminal que, con el auge de la globalización, traspasó fronteras, multiplicó sus formas y puso en jaque los sistemas de justicia de los Estados. Esta Convención, complementada por tres protocolos: trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de armas de fuego; busca armonizar legislaciones, fortalecer la cooperación internacional y ofrecer mecanismos concretos para prevenir, investigar y sancionar a grupos delictivos.

Desde su adopción, la Convención de Palermo ha funcionado como una herramienta esencial en la respuesta multilateral a los retos que impone la criminalidad organizada. Su articulado promueve la penalización de la participación en grupos delictivos, el lavado de activos, la corrupción, y contempla la cooperación en decomisos y extradiciones. A través de ella, se ha desarrollado un marco legal común que ha permitido a decenas de Estados tipificar delitos graves vinculados al crimen transnacional y adoptar mecanismos de colaboración que antes eran inexistentes. De forma progresiva, los países han incorporado los principios de la Convención en sus ordenamientos internos, lo que ha fortalecido las capacidades nacionales y regionales de respuesta, particularmente ante fenómenos como la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción sistémica.

Colombia representa un caso en el impacto y los desafíos de aplicar este instrumento internacional. A pesar de los avances legislativos y los esfuerzos de cooperación, el país enfrenta serios problemas derivados de la actividad de Grupos Armados Organizados, que participan activamente en el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de armas. Estas organizaciones se estructuran y aprovechan las zonas de débil gobernanza, “zonas grises”, para consolidar economías ilícitas que obstaculizan el desarrollo de las regiones.

En estas zonas grises, que incluyen regiones fronterizas, selváticas y urbanas marcadas por el abandono del Estado, se crean ecosistemas criminales que permiten el reciclaje de ganancias ilegales, el reclutamiento forzado y el ejercicio del control social y territorial. Las organizaciones criminales, al amparo de estas condiciones, despliegan un poder que desafía no solo a las instituciones nacionales, sino también al orden internacional. Esta realidad reafirma la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación internacional, como los contemplados en la Convención de Palermo, que no solo atiendan las causas estructurales de la criminalidad, sino que permitan actuar coordinadamente frente a su dimensión transfronteriza.

La finalidad de la Convención de Palermo es promover la cooperación internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada con eficacia y eficiencia. En este sentido, el instrumento trasciende lo jurídico y se convierte en una plataforma de solidaridad internacional: permite el intercambio de información, la asistencia legal mutua, la extradición, y la formación conjunta de capacidades. Su enfoque integral reconoce que la criminalidad organizada no puede ser abordada únicamente desde el plano nacional; exige una respuesta global coherente, coordinada y sostenida. Además, impulsa la participación de la sociedad civil y la protección de los Derechos Humanos como elementos clave para una estrategia legítima y duradera.

Así, la Convención de Palermo se erige como una arquitectura legal indispensable para enfrentar una amenaza cuya sofisticación y alcance traspasa fronteras. En un contexto donde las organizaciones criminales se adaptan con rapidez a los cambios tecnológicos y políticos, la respuesta debe estar anclada en la cooperación internacional, la voluntad política y la implementación efectiva de normas como las contenidas en la Convención de Palermo. Su fortalecimiento y aplicación continua no solo son necesarios, sino urgentes para preservar la legalidad, la seguridad y la dignidad de las comunidades en todo el mundo.

 

Valledupar, Capital de grandes eventos y joya del turismo integral en Colombia

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Valledupar, tierra de tradiciones, leyendas y cantos, se ha consolidado en los últimos años como un epicentro estratégico para la realización de grandes eventos de carácter nacional e internacional. El Festival de la Leyenda Vallenata, que cada año congrega a miles de visitantes, artistas y medios de comunicación, es hoy uno de los más importantes del continente. Este certamen no solo preserva el folclor y la identidad cultural del Caribe colombiano, sino que dinamiza profundamente la economía local, con un impacto que se refleja en sectores como el comercio, la hotelería, la gastronomía y el transporte.

Desde años anteriores, Valledupar ha sido sede del lanzamiento en vivo del disco del artista Silvestre Dangond, un espectáculo de cuatro días que no solo demuestra la capacidad logística de la ciudad para albergar eventos de gran escala, sino que reafirma su papel como plataforma para el entretenimiento y la industria musical en el país. Este tipo de actividades reactivan el empleo, promueven el emprendimiento y posicionan a Valledupar como un destino cultural de primer nivel.

Pero Valledupar no solo vibra al ritmo del acordeón. La ciudad también promueve con fuerza el turismo religioso, especialmente durante la Semana Santa, cuando miles de peregrinos y visitantes recorren su red de iglesias y sitios de fe. La capital del Cesar alberga la catedral más grande y moderna de Colombia, el Mirador Santo Ecce Homo y la iglesia colonial del corregimiento de Valencia de Jesús, que data del siglo XVII y es testimonio vivo de la historia religiosa de la región.

En el ámbito natural, Valledupar ofrece experiencias únicas. El turismo de avistamiento de aves encuentra un lugar privilegiado en el Parque Los Besotes, que resguarda más de 200 especies, muchas de ellas endémicas. A esto se suma el creciente interés por el turismo ecológico y étnico, que permite conocer la geografía imponente del Cesar, su biodiversidad y el legado de comunidades indígenas como los Arhuacos y Kankuamos, guardianes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Todo este potencial turístico necesita, sin embargo, un soporte logístico moderno. La interconexión aérea con el resto del país es fundamental para facilitar la llegada de visitantes. Es crucial contar con múltiples aerolíneas operando en Valledupar, que compitan con tarifas atractivas y garanticen conectividad permanente con las principales ciudades colombianas. Asimismo, el fortalecimiento de agencias de viajes que ofrezcan paquetes integrales con destinos como Pueblo Bello, la Sierra Nevada y la Ruta de los Juglares, ampliaría la oferta y permitiría una distribución más equitativa de los beneficios del turismo en todo el departamento.

En síntesis, Valledupar marcha con paso firme hacia un modelo turístico integral, donde la cultura, la naturaleza y la fe convergen en una propuesta única. Pero ese desarrollo solo será sostenible si se acompaña de infraestructura, conectividad y planificación que permita a más colombianos y extranjeros descubrir los múltiples rostros de esta joya del norte del país.

Disminuir homicidios en ciudades intermedias. Estrategia desde el territorio

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

En muchas ciudades intermedias, los homicidios siguen siendo una constante alarmante a pesar de contar con Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulados conforme a las realidades locales. Las políticas públicas existen, los pocos recursos económicos para recompensas, tecnología y equipamiento están asignados, y las rutas de atención a la violencia están diseñadas. Sin embargo, las cifras de homicidios no ceden.

Este fenómeno refleja una verdad incómoda: no basta con tener un plan, si las condiciones estructurales y operativas siguen siendo adversas. Un primer obstáculo es el pie de fuerza insuficiente. La ONU recomienda al menos 300 policías por cada 100.000 habitantes, pero muchas de estas ciudades no alcanzan siquiera el 70% de ese estándar. Esto limita la capacidad de respuesta frente al delito, reduce la presencia disuasiva en las calles y sobrecarga a los pocos agentes disponibles.

Por otra parte, la mayoría de las víctimas de homicidios tienen antecedentes judiciales. Esto sugiere que gran parte de los crímenes obedecen a presuntos ajustes de cuentas relacionados con el microtráfico y conflictos entre bandas criminales. Es decir, se trata de una violencia cíclica y focalizada en contextos delictivos que no se desarticula con presencia policial sola.

Frente a esto, se requiere una estrategia integral que combine inteligencia, intervención social focalizada y presión judicial. Primero, fortalecer el trabajo de inteligencia criminal para identificar redes y líderes del microtráfico y del hurto. No basta capturar eslabones débiles: se requiere una ofensiva coordinada contra estructuras completas, con apoyo interinstitucional entre Fiscalía, Policía y autoridades locales.

Segundo, priorizar una intervención social orientada a los jóvenes en riesgo. Los barrios con mayores tasas de homicidio suelen ser también aquellos donde hay más deserción escolar, y escasa oferta de oportunidades. Crear núcleos de acción rápida con equipos de psicólogos, orientadores, voluntariados vecinales y gestores culturales que intervengan directamente en estos territorios, puede rescatar a muchos jóvenes del círculo de la criminalidad. 

Tercero, instaurar un modelo de justicia restaurativa y comunitaria para casos menores, que permita descongestionar el sistema penal y enfocar los esfuerzos judiciales en delitos de mayor impacto como el homicidio.

Finalmente, la percepción de inseguridad no se combate solo con policías en la calle, sino con presencia institucional permanente, iluminación pública, espacios deportivos y centros culturales abiertos. La seguridad no es solo represión: es inclusión, confianza y corresponsabilidad. Solo así las cifras dejarán de ser titulares repetidos cada año.

Los ojos que no duermen, tecnología y vigilancia ciudadana

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

En 2019 tuve la oportunidad de estudiar en Sao Paulo, Brasil, sobre Circuitos Cerrado de Televisión CCTV; una metrópolis vibrante y caótica, pero al mismo tiempo sorprendente por su infraestructura tecnológica en seguridad urbana. Desde que llegué, me impresionó el nivel de interconexión de su red de cámaras de videovigilancia (CCTV). 

Sao Paulo no solo utiliza estos sistemas de manera eficiente, sino que también es hogar de importantes fábricas que diseñan y producen cámaras de última tecnología, equipadas con capacidades como reconocimiento facial, seguimiento de movimientos sospechosos y monitoreo ininterrumpido, día y noche.

Lo que más me llamó la atención fue el papel de los centros de monitoreo. A diferencia de lo que ocurre en muchas ciudades donde la policía opera directamente estas plataformas, en São Paulo —como en otras grandes urbes del mundo— estos centros son gestionados por entes especializados o alcaldías locales. Esta separación de funciones no es menor: permite liberar a la policía de tareas operativas para que se concentren en su labor investigativa y de respuesta, mientras que los centros de monitoreo son operados por civiles capacitados o empresas especializadas. Esta descentralización permite una vigilancia más técnica, eficiente y permanente, sin estar sujeta a la rotación o limitaciones operativas de las fuerzas de seguridad.

Las cámaras no solo disuaden el delito; también son herramientas fundamentales para judicializar a los delincuentes. En más de una ocasión vi cómo imágenes captadas por CCTV eran utilizadas como evidencia clave en procesos penales, permitiendo a fiscales y jueces contar con pruebas visuales innegables. En una ciudad con millones de habitantes y una dinámica tan intensa como Sao Paulo, la posibilidad de contar con “ojos electrónicos” que nunca parpadean, que graban, identifican y almacenan evidencia, representa una barrera real contra la impunidad.

Pero más allá de la reacción, también está la prevención. La presencia visible de cámaras cambia comportamientos. En los barrios con mayor cobertura de CCTV, se percibe una disminución en los delitos callejeros y un aumento en la sensación de seguridad. Las cámaras generan un entorno donde el delincuente piensa dos veces antes de actuar, sabiendo que está siendo observado.

Estudiar en Sao Paulo no solo me dejó aprendizajes académicos, sino también una visión clara de cómo la tecnología, bien implementada y gestionada por entes responsables, puede convertirse en un actor protagónico en la lucha contra el crimen. Las cámaras no reemplazan a la policía, pero sí la potencian, y sobre todo, fortalecen la justicia y protegen a la ciudadanía. Son los ojos que no duermen, los centinelas digitales de nuestras ciudades.

El costo invisible de la inseguridad: una amenaza que afecta el desarrollo regional

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

En algunos países de América Latina, especialmente en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos, la inseguridad se convierte en un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social. La presencia persistente de delitos, no solo genera miedo, sino que paraliza actividades productivas claves como el comercio, la agricultura y la ganadería, afectando directamente el tejido económico y social de estas comunidades.

Es importante diferenciar entre los conceptos de seguridad pública y seguridad ciudadana, aunque están estrechamente relacionados, tienen enfoques distintos. La seguridad pública es la responsabilidad del Estado para garantizar el orden público, prevenir el delito y proteger los derechos fundamentales a través de las instituciones de la Fuerza Pública y el Sistema Judicial. Por otro lado, la seguridad ciudadana pone el foco en la percepción y vivencia de seguridad por parte de la población, abarcando no solo la ausencia de delitos, sino también la garantía del ejercicio de derechos y libertades en un entorno libre de violencia. En otras palabras, mientras la seguridad pública opera desde el aparato estatal, la seguridad ciudadana se mide desde la vida cotidiana de las personas.

Cuando estas formas de seguridad fallan, los efectos son devastadores, especialmente en zonas rurales donde el Estado tiene poca presencia. Los grupos criminales se aprovechan de esta ausencia para operar con impunidad, imponiendo economías ilegales y redes de extorsión que afectan directamente a ganaderos, agricultores y comerciantes. El abigeato, por ejemplo, no es solo el robo de ganado; es un ataque directo a la economía campesina, que disuade la inversión y desincentiva la producción. Cada animal robado representa una pérdida enorme para quien depende de su venta o crianza para sostener a su familia.

Los territorios más afectados por estos delitos suelen ubicarse en zonas grises, espacios donde la presencia del Estado es débil o simbólica, y donde la ley se aplica de manera débil. En estos lugares, el miedo se convierte en una herramienta de control: los comerciantes optan por cerrar temprano o abandonar sus negocios; los agricultores evitan trasladarse a sus parcelas por temor a ser secuestrados; los ganaderos reducen sus actividades para evitar ser blanco de extorsiones. El clima de inseguridad crea un círculo vicioso: menos producción genera menos empleo, lo que incrementa la pobreza y aumenta la vulnerabilidad social, facilitando aún más el control de los Grupos Armados Organizados o bandas delincuenciales.

Además del impacto económico inmediato, la inseguridad prolongada deteriora la cohesión social. La desconfianza entre vecinos crece, el liderazgo comunitario se debilita y los jóvenes pierden la esperanza en un futuro distinto al del delito o la migración forzada. El desarrollo regional se puede estancar porque ninguna política pública puede tener éxito si no se garantiza un entorno seguro donde la gente pueda vivir, trabajar y producir sin miedo.

Por lo tanto, atender la seguridad no puede ser solo un tema policial, militar o represivo. Se requiere una presencia integral del Estado: con justicia eficaz, inversión en desarrollo rural, programas de prevención y una institucionalidad que funcione en los territorios. Solo así será posible romper con la espiral de violencia que asfixia el potencial de muchas regiones y devolverle a sus habitantes la confianza necesarias para desarrollarse. La seguridad ciudadana es condición fundamental del desarrollo, y sin ella, cualquier intento de progreso será frágil e insuficiente.

El tiempo que le roba la violencia a la juventud

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

En las ciudades de Colombia, los homicidios no cesan. No es solo una estadística que crece: es una tragedia diaria que golpea a familias enteras, muchas veces protagonizada por jóvenes que han caído en redes de microtráfico, hurtos o violencia por cuenta de la búsqueda de dinero fácil. El problema no es solo policial. Es estructural, social y profundamente humano. La deserción escolar, la disfunción familiar y la ausencia de oportunidades reales han creado un cóctel que convierte a nuestros barrios más vulnerables en criaderos del crimen.

Muchos padres, sumidos en sus propios vacíos o luchas económicas, no logran contener la espiral que arrastra a sus hijos. A falta de guía, protección o simplemente de tiempo para compartir, los jóvenes crecen entre referentes errados, expuestos a la ley del más fuerte, al narco que presume riqueza que se salvó vendiendo droga. La calle termina educando donde el hogar y la escuela la abandonan.

Tuve la oportunidad de estudiar los modelos de prevención de seguridad ciudadana en Israel, donde desde hace más de 25 años se viene aplicando con éxito una estrategia centrada en el uso constructivo del tiempo libre. Los resultados son fantásticos. Allí entendieron que prevenir el delito empieza mucho antes de que ocurra, y que ocupar de forma sana el tiempo de niños y jóvenes es una de las herramientas más poderosas para alejar la violencia. Incluso, las universidades han desarrollado programas de especialización en “manejo del tiempo libre”, una disciplina profesional que ha logrado reducir de forma significativa la deserción escolar y los índices de criminalidad juvenil. Esta experiencia debería ser replicada y adaptada en Colombia de forma urgente.

Colombia puede aprender de esta experiencia. Actividades como deportes, música, danza, teatro, exploradores (tipo Boy Scouts), lectura, talleres de robótica, clases de cocina, manualidades, clubes de ciencia o espacios de refuerzo escolar no solo mantienen a los niños alejados del crimen. También les devuelven su derecho a ser niños, a vivir su niñez con dignidad y alegría. Un balón, una guitarra, una fogata con amigos o un experimento científico pueden marcar la diferencia entre un destino de cárcel o uno de sueños cumplidos.

Pero esto no lo puede hacer solo el Estado. La acción integral es clave. Instituciones, comunidad, padres, vecinos, líderes sociales, iglesias, fundaciones y voluntariados vecinales deben tomarse los barrios. Es allí donde se ganan o se pierden las batallas por el futuro. Que cada quien, desde su rol, aporte a construir entornos protectores, donde se siembre esperanza y se cultiven talentos.

No basta con castigar el delito; hay que impedir que nazca. Empecemos por valorar el tiempo de nuestros niños y jóvenes. Porque si no lo ocupamos con sentido, otros lo llenarán de violencia. Y el costo, como ya lo vemos, será una juventud perdida.

Zonas Grises: los territorios sin ley que fortalecen el crimen transnacional

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

En el panorama geopolítico mundial, las llamadas "zonas grises" se consolidan como espacios donde la legalidad se diluye y el poder del Estado es reemplazado por actores armados ilegales. Estos territorios, ubicados muchas veces en áreas fronterizas o de difícil acceso, representan un desafío constante para la soberanía de los países y una oportunidad para el crecimiento de estructuras criminales. Si bien son evidentes en regiones como Medio Oriente, su existencia se extiende también por Asia, Europa y América Latina.

En Colombia, las zonas grises no son una novedad. Fronteras porosas como las que compartimos con Venezuela, Panamá y Ecuador han sido durante años corredores estratégicos para el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y la expansión de grupos armados organizados. Estos territorios se convierten en espacios ideales para el reclutamiento de jóvenes, muchos de ellos empujados por la pobreza y la falta de oportunidades, y utilizados bajo esquemas de outsourcing o tercerización criminal para ejecutar delitos, controlar rutas y ejercer dominio social.

Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de nuestro país. En Asia, algunas zonas de Afganistán o el norte de Pakistán escapan del control de sus gobiernos, siendo tierra fértil para milicias, grupos extremistas y redes criminales. En Europa, los Balcanes han sido escenario de tráfico de armas, y personas durante décadas, mientras que en América Latina, regiones como la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, o ciertos puntos de la frontera de centro América, funcionan como enclaves para el crimen organizado.

En Medio Oriente, las zonas grises son alimentadas y sostenidas por intereses de potencias globales que, por medio del financiamiento a grupos terroristas o el suministro de armas, perpetúan el conflicto en aras de controlar recursos o posicionamientos estratégicos. Este tipo de intervencionismo no solo agrava los conflictos locales, sino que también exporta modelos de criminalidad a otras regiones del mundo.

En Colombia, la situación se complica cuando estas zonas grises no solo existen en los límites internacionales, sino también entre departamentos, en regiones donde la disputa por el control del territorio es protagonizada por delincuencia, bandas criminales y grupos transnacionales. Allí, los actores ilegales aprovechan vacíos de poder y coyunturas políticas para imponer sus propias reglas.

Frente a esta realidad, la respuesta del Estado debe ir más allá de la acción militar. Se necesita una estrategia integral que combine seguridad, inversión social, presencia institucional sostenida y cooperación internacional. Ignorar las zonas grises es permitir que crezcan, se fortalezcan y amenacen, no solo la estabilidad de los países involucrados, sino la seguridad regional y global.