Zonas Grises: los territorios sin ley que fortalecen el crimen transnacional

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

En el panorama geopolítico mundial, las llamadas "zonas grises" se consolidan como espacios donde la legalidad se diluye y el poder del Estado es reemplazado por actores armados ilegales. Estos territorios, ubicados muchas veces en áreas fronterizas o de difícil acceso, representan un desafío constante para la soberanía de los países y una oportunidad para el crecimiento de estructuras criminales. Si bien son evidentes en regiones como Medio Oriente, su existencia se extiende también por Asia, Europa y América Latina.

En Colombia, las zonas grises no son una novedad. Fronteras porosas como las que compartimos con Venezuela, Panamá y Ecuador han sido durante años corredores estratégicos para el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y la expansión de grupos armados organizados. Estos territorios se convierten en espacios ideales para el reclutamiento de jóvenes, muchos de ellos empujados por la pobreza y la falta de oportunidades, y utilizados bajo esquemas de outsourcing o tercerización criminal para ejecutar delitos, controlar rutas y ejercer dominio social.

Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de nuestro país. En Asia, algunas zonas de Afganistán o el norte de Pakistán escapan del control de sus gobiernos, siendo tierra fértil para milicias, grupos extremistas y redes criminales. En Europa, los Balcanes han sido escenario de tráfico de armas, y personas durante décadas, mientras que en América Latina, regiones como la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, o ciertos puntos de la frontera de centro América, funcionan como enclaves para el crimen organizado.

En Medio Oriente, las zonas grises son alimentadas y sostenidas por intereses de potencias globales que, por medio del financiamiento a grupos terroristas o el suministro de armas, perpetúan el conflicto en aras de controlar recursos o posicionamientos estratégicos. Este tipo de intervencionismo no solo agrava los conflictos locales, sino que también exporta modelos de criminalidad a otras regiones del mundo.

En Colombia, la situación se complica cuando estas zonas grises no solo existen en los límites internacionales, sino también entre departamentos, en regiones donde la disputa por el control del territorio es protagonizada por delincuencia, bandas criminales y grupos transnacionales. Allí, los actores ilegales aprovechan vacíos de poder y coyunturas políticas para imponer sus propias reglas.

Frente a esta realidad, la respuesta del Estado debe ir más allá de la acción militar. Se necesita una estrategia integral que combine seguridad, inversión social, presencia institucional sostenida y cooperación internacional. Ignorar las zonas grises es permitir que crezcan, se fortalezcan y amenacen, no solo la estabilidad de los países involucrados, sino la seguridad regional y global.