La gran utilidad de la escopeta calibre 12 frente a la guerra criminal de los drones

POR: CARLOS COTES 

La guerra entre Rusia y Ucrania marcó un punto de quiebre en la historia reciente de los conflictos armados, no solo por su dimensión geopolítica, sino por la acelerada incorporación de drones cargados con explosivos como herramientas tácticas y estratégicas. Estos dispositivos, relativamente baratos y fáciles de adaptar, han demostrado una capacidad letal desproporcionada frente a su costo, atacando trincheras, vehículos blindados, infraestructuras críticas y concentraciones de tropas. El campo de batalla ucraniano se convirtió así en un laboratorio real donde la tecnología comercial se fusionó con fines militares, mostrando que el terrorismo y la guerra irregular del siglo XXI ya no dependen exclusivamente de misiles sofisticados o aviación tripulada.

Paradójicamente, aun tratándose de dos potencias con amplias capacidades industriales, científicas y militares, Rusia y Ucrania no han logrado contrarrestar a la perfección la amenaza de los drones explosivos. Sistemas de guerra electrónica, radares, misiles de corto alcance y tecnologías antidrones han sido desplegados, pero la adaptación constante del adversario ha generado un ciclo interminable de acción y reacción. La saturación de ataques, el bajo costo de reposición y la creatividad en el empleo táctico han superado en muchos casos a las defensas tecnológicas, evidenciando que no existe, hasta ahora, una solución absoluta contra este tipo de amenaza aérea de baja altura.

En contraste con ese escenario, Colombia es un país con históricas limitaciones en inversión en innovación, ciencia y desarrollo tecnológico aplicado a la defensa y la seguridad. Aunque existen avances puntuales y talento humano calificado, el rezago estructural en investigación militar y en producción de tecnologías propias reduce la capacidad de anticipación frente a nuevas amenazas. Esta brecha se vuelve crítica cuando los grupos armados organizados incorporan rápidamente tecnologías disponibles en el mercado global, mientras el Estado avanza con algunas restricciones presupuestales.

A ello se suma que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional aún no cuentan de manera suficiente con sistemas antidrones especializados para cubrir de forma integral bases, batallones, estaciones de policía e infraestructura estratégica. La amenaza del uso terrorista de drones, ya evidenciada en otros conflictos y latente en el contexto colombiano, plantea un desafío real para la protección de personal y población civil. La falta de cobertura total con equipos de alta tecnología obliga a pensar en soluciones complementarias, pragmáticas y adaptadas a nuestra realidad operativa.

En ese contexto reaparece la escopeta calibre 12 como un recurso defensivo relevante. Catalogada de ser un arma de defensa del hogar y de cacería, su capacidad de dispersión y su efectividad a corta distancia la convierten en una herramienta útil para neutralizar drones de vuelo bajo, especialmente cuando fallan o no están disponibles los sistemas antidrones electrónicos. En Ucrania y Rusia se ha documentado su empleo como último recurso defensivo, demostrando que, en determinados escenarios, la simplicidad y la reacción humana inmediata pueden marcar la diferencia frente a una amenaza aérea improvisada.

Por ello resulta pertinente recomendar, y solicitar respetuosamente a las Fuerzas Militares: El Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional de Colombia, evalúen, entrenen e implementen de manera oportuna el uso de escopetas calibre 12 dentro de esquemas de defensa antidrón, con cartuchos de 9 postas o perdigones, con alcance hasta de 100 metros antes del impacto. No se trata de sustituir la tecnología avanzada antidrones, sino de complementarla con personal capacitado para la protección de personal y de instalaciones críticas. En un entorno donde la amenaza evoluciona más rápido que los presupuestos, la adaptación inteligente y realista puede convertirse en un factor decisivo para preservar la seguridad y la vida.

Como complemento a esta reflexión, resulta clave destacar que Colombia cuenta hoy con una capacidad industrial propia que puede fortalecer de manera inmediata la defensa antidrones. Indumil, fabrica la escopeta calibre 12 "Santander", un producto hecho en Colombia que no solo responde a estándares operativos para el servicio de la Fuerza Pública, sino que además permite una distribución ágil y oportuna a unidades del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional en todo el territorio. Su incorporación como herramienta complementaria dentro de los esquemas de seguridad permitiría que, desde hoy mismo, personal debidamente entrenado cuente con un medio efectivo y disponible para enfrentar amenazas aéreas de baja altura, contribuyendo a la protección de instalaciones estratégicas, de los hombres y mujeres en uniforme y, en última instancia, de la población civil frente al riesgo creciente del uso terrorista de drones.

De igual forma, es imperativo hacer un llamado directo a toda la Fuerza Pública para que adopte, desde ahora, medidas preventivas y de anticipación frente a la amenaza creciente que representan los Grupos Armados Organizados, los cuales podrían trasladar su accionar violento a los entornos urbanos mediante el uso de drones con fines terroristas. La posibilidad de ataques contra ciudades, infraestructura crítica y estratégica como estaciones de policía, instalaciones militares, sistemas de transporte y servicios públicos, así como contra la población civil, configura un escenario de terrorismo urbano sin precedentes en el país. En un contexto en el que el año 2026 será un año político, el riesgo se incrementa de manera significativa, haciendo indispensable fortalecer los esquemas de seguridad urbana, la protección de objetivos sensibles y la preparación operativa del personal, con el fin de prevenir y neutralizar oportunamente amenazas que podrían afectar gravemente la estabilidad institucional y la seguridad de los colombianos.

"EN UNA GUERRA DONDE LOS RECURSOS SON LIMITADOS, LAS ESCOPETAS CALIBRE 12 ESTAN SUPERANDO A SISTEMAS MUCHO MÁS COSTOSOS, COMO LOS ANTIDRONES"

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Desafíos para la Seguridad Nacional en Colombia hacia el 2026

                                                     POR: CARLOS A. COTES

La Seguridad Nacional de Colombia enfrenta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. El crecimiento progresivo de los Grupos Armados Organizados (GAO) durante los últimos años ha demostrado una expansión territorial sin precedentes, acompañada de una diversificación de sus economías ilegales. Hoy, estos grupos no solo dominan rutas del narcotráfico y zonas mineras estratégicas, sino que también se han insertado en economías locales mediante el microtráfico, la extorsión y la corrupción institucional. Su capacidad para mutar y adaptarse a las nuevas condiciones del entorno les ha permitido mantener presencia activa en más del 60% del territorio nacional, desafiando directamente la autoridad del Estado.

Colombia atraviesa una guerra irregular que supera ya varias décadas, pero lo más preocupante es la transformación de sus métodos de combate. Los GAO han incorporado tácticas propias de conflictos internacionales, como el de Ucrania y Rusia, empleando drones con fines ofensivos, tecnología para el espionaje y estrategias psicológicas de intimidación sobre la población civil. Estos nuevos patrones de violencia plantean retos inéditos para las Fuerzas Armadas, que deben fortalecer sus capacidades en ciberdefensa, inteligencia técnica y operaciones de precisión.

La seguridad nacional no solo se mide en términos militares, sino también en la estabilidad política e institucional. De cara al proceso electoral de 2026, persiste una preocupación latente sobre posibles amenazas al sistema democrático, ya sea mediante la manipulación de la opinión pública, la intimidación en zonas rurales o la cooptación de estructuras locales por parte del crimen organizado. Proteger el proceso electoral será un reto estratégico que pondrá a prueba la capacidad del Estado para garantizar la participación ciudadana y la transparencia del sufragio.

La seguridad nacional, entendida como un bien público de carácter político, económico y social, se sustenta en la democracia constitucional y recae directamente en la responsabilidad del Presidente de la República. Su garantía exige la articulación efectiva entre las instituciones del sistema público de inteligencia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con un enfoque preventivo y de defensa integral del Estado.

En este contexto, las Fuerzas Militares de Colombia tendrán un papel decisivo en 2026: asegurar un proceso electoral pacífico, preservar el orden constitucional y proteger la soberanía frente a amenazas internas y externas. La defensa nacional deberá regirse por los principios del Derecho Internacional Humanitario y los valores constitucionales, reafirmando su compromiso con la protección de la vida, la libertad y la estabilidad del país.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Drones armados, una amenaza contra la población civil y la Fuerza Pública en Colombia

Durante muchos años Colombia observó a la distancia el uso de drones con fines militares o terroristas. Hasta hace apenas dos años no existían indicios claros de que los grupos armados organizados estuvieran empleando estas plataformas con explosivos de manera sistemática. El escenario cambió de forma preocupante en 2024, cuando se registró un aumento excesivo de ataques con drones cargados de artefactos explosivos, marcando un punto de quiebre en la dinámica del conflicto armado y evidenciando una nueva fase de riesgo para la Fuerza Pública y la población civil.

Este fenómeno no surge de manera aislada. Todo parece indicar que su origen está ligado a las lecciones aprendidas en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde los drones se consolidaron como herramientas clave de la guerra moderna. Esa experiencia se trasladó rápidamente a América Latina y, en particular, a Colombia, donde los grupos armados organizados se entrenaron, capacitaron y aprendieron el uso de explosivos transportados por drones para atacar bases militares, estaciones de Policía y generar terror en zonas pobladas.

Un factor adicional de alto riesgo es el papel de las plataformas digitales. Canales de YouTube, administrados por supuestos expertos o aficionados avanzados, difunden contenidos sobre fabricación, modificación y empleo de drones con fines ofensivos. Muchos integrantes y simpatizantes de grupos armados acceden a estos espacios, donde aprenden de forma continua técnicas que luego replican para cometer atentados, aprovechando la falta de control efectivo sobre este tipo de contenidos.

Colombia enfrenta esta amenaza con limitaciones evidentes. El país cuenta con escasa tecnología y pocos recursos especializados para neutralizar drones terroristas. Incluso en escenarios altamente tecnificados como Ucrania no se ha logrado contener plenamente esta amenaza con sistemas antidrones, presentando falencias significativas. En algunos casos extremos, las fuerzas recurren al uso de escopetas calibre 12 como medio efectivo y rápido para derribar estos artefactos a baja altura.

Frente a este panorama, la Fuerza Pública colombiana debe avanzar con urgencia en la protección de espacios críticos mediante sistemas antidrones, el control efectivo del espacio aéreo y el uso del armamento adecuado. Es viable y necesario por lo pronto,  incorporar escopetas calibre 12 tanto en el Ejército como en la Policía Nacional, complementadas con doctrina, entrenamiento y tecnología. Ignorar esta amenaza sería permitir que el conflicto evolucione sin defensa, poniendo en riesgo la seguridad nacional.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Prepararse para lo Imprevisto; un breve análisis del Manual de Supervivencia Urbana

                                                POR: CARLOS COTES MAYA

En tiempos de incertidumbre global, la supervivencia moderna ya no es solo un concepto reservado a quienes viven en zonas de conflicto o a los aventureros extremos. Hoy, cualquier ciudadano puede verse enfrentado a una crisis súbita desde un apagón prolongado hasta un colapso económico o un desastre natural, que ponga a prueba su capacidad de reacción. La supervivencia moderna no consiste únicamente en resistir, sino en adaptarse, anticiparse y mantener la calma ante lo inesperado. Se trata de comprender que la preparación es una forma de responsabilidad, tanto individual como colectiva.

En el Manual de Supervivencia Urbana, Fernando “Ferfal” Aguirre, plantea escenarios reales y posibles donde la vida cotidiana se transforma de un momento a otro. Un apagón total, por ejemplo, puede paralizar el transporte, las comunicaciones y los servicios básicos, generando caos en cuestión de horas. En esos momentos, la diferencia entre la desesperación y la serenidad depende de la preparación previa. Saber cómo iluminarse sin electricidad, almacenar agua de manera segura y asegurar los alimentos básicos puede determinar el bienestar de una familia. El autor insiste en que la planificación es la clave para sobrevivir al colapso temporal de una ciudad moderna.

Un punto esencial que subraya Aguirre es la necesidad de contar con un kit de supervivencia funcional y accesible. Este debe incluir elementos de primeros auxilios, linterna, baterías, herramientas multipropósito, encendedores, alimentos no perecederos, agua purificada y documentos esenciales protegidos en bolsas herméticas. Cada miembro de la familia debe conocer su ubicación y uso. La supervivencia familiar no depende solo del equipamiento, sino también de la coordinación y la capacidad de mantener la calma ante la emergencia.

Otro aspecto relevante es cómo enfrentar un colapso económico. El autor basándose en su experiencia durante la crisis argentina de 2001, describe cómo el dinero pierde valor rápidamente y los productos básicos se convierten en moneda de cambio. En tales escenarios, es fundamental diversificar los ahorros, tener provisiones y aprender a vivir con menos. El sentido de comunidad, el trueque y la cooperación vecinal se vuelven herramientas de resistencia más poderosas que el propio dinero.

Dentro del equipo de supervivencia, Fernando Aguirre,  recomienda un elemento muchas veces subestimado: el radio portátil. Este pequeño aparato, puede ser la única conexión con el mundo exterior cuando las redes de telefonía o internet colapsan. Permite conocer lo que ocurre, recibir instrucciones oficiales, alertas climáticas o simplemente orientarse ante la incertidumbre. En un entorno caótico, la información se convierte en una herramienta de supervivencia tan importante como el agua o los alimentos.

Finalmente, este autor, destaca la importancia del conocimiento básico en primeros auxilios y remedios caseros. Saber cómo detener una hemorragia, tratar una quemadura o desinfectar agua puede salvar vidas. Igualmente, conocer el uso de plantas medicinales y métodos naturales de curación brinda autonomía cuando el acceso a servicios médicos es limitado. La supervivencia urbana, en esencia, es un llamado a la conciencia: no se trata de vivir con miedo, sino de estar listos para cuando la normalidad deje de serlo.

PD: La Regla de Tres:

"No se puede vivir tres minutos sin aire, no se puede vivir tres horas a la intemperie, no se puede vivir tres días sin agua, no se puede vivir tres semanas sin comida, y no se puede vivir tres segundos con un disparo en el cerebro".

Injerencia delictiva y homicidios selectivos; cuando el crimen organizado impone su orden

POR: CARLOS COTES MAYA

Los homicidios selectivos se han convertido en uno de los fenómenos criminales más preocupantes del país. Detrás de cada caso hay una historia de venganzas, traiciones o disputas por dinero derivado de las economías ilícitas. En muchos de estos crímenes no existe un móvil pasional ni un robo común, sino ajustes de cuentas entre socios del delito que deciden saldar sus diferencias con la muerte. Las bandas y grupos armados organizados recurren a este método para mantener el control, eliminar rivales, o castigar a quienes incumplen acuerdos sobre la distribución de ganancias provenientes del narcotráfico, el microtráfico o la extorsión.

En Colombia, las cifras de homicidios muestran un comportamiento desigual. Algunas ciudades registran una alta tasa que responde a la confrontación entre organizaciones criminales por el control de corredores estratégicos o zonas urbanas donde las rentas ilegales son más rentables. En otros casos, la violencia disminuye no porque haya desaparecido el delito, sino porque los grupos llegan a pactos de convivencia criminal, respetando fronteras invisibles que delimitan sus áreas de influencia. Cuando ese frágil equilibrio se rompe, las balas vuelven a sonar y los homicidios selectivos reaparecen como un recordatorio de que el poder territorial sigue siendo la moneda de cambio del crimen.

Un ejemplo claro ocurrió en enero de 2025 en el Catatumbo, donde dos estructuras armadas ilegales se enfrentaron por la injerencia delictiva en una zona de alto tráfico de estupefacientes. Los asesinatos selectivos fueron el preludio de desplazamientos forzados y del resurgimiento de la violencia en comunidades rurales que habían logrado cierta calma. Este tipo de hechos demuestran cómo la fragmentación del crimen organizado produce una guerra silenciosa que, aunque no siempre aparece en los titulares, deja profundas huellas en la estabilidad regional y en la vida cotidiana de sus habitantes.

Los homicidios selectivos no solo afectan a quienes participan en la cadena delictiva; impactan directamente la percepción de seguridad ciudadana. Cuando los ciudadanos observan cuerpos abandonados en las calles o escuchan de ejecuciones por encargo, se instala un sentimiento de miedo que debilita la confianza en las autoridades y en la capacidad del Estado para garantizar la vida. El efecto psicológico es tan grave como el hecho mismo, pues crea un entorno de desconfianza generalizada donde nadie se siente a salvo.

Atacar este fenómeno requiere acciones de inteligencia y de coordinación interinstitucional entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y los gobiernos territoriales. Es necesario identificar a los dinamizadores de homicidios y a las redes financieras que los sostienen, desmantelando su poder económico y su capacidad de intimidación. Solo con información precisa, intervención oportuna y presencia estatal sostenida se podrá frenar la violencia selectiva que hoy carcome los cimientos de la tranquilidad ciudadana y perpetúa el control criminal en los territorios.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Ciberseguridad, el arma que le hace falta a la seguridad nacional

                                               POR: CARLOS COTES MAYA

Colombia ha estructurado históricamente su defensa en tres fuerzas esenciales: el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial. Cada una cumple misiones estratégicas en tierra, mar, aire y espacio, protegiendo la soberanía en escenarios tradicionales. Sin embargo, en medio de la transformación global de los conflictos, un dominio crucial sigue sin ser reconocido como arma formal: el ciberespacio. Allí se libran hoy las batallas más silenciosas, pero también las más devastadoras.

Mientras el mundo observa el avance de las guerras cibernéticas, con países enfrentándose mediante herramientas digitales capaces de paralizar infraestructuras críticas; Colombia continúa dando pasos tímidos. Los ciberataques no distinguen fronteras, y las potencias han entendido que la superioridad tecnológica puede definir victorias sin necesidad de disparar un solo proyectil. La ausencia de una fuerza especializada y reconocida como arma militar deja al país rezagado frente a los desafíos internacionales.

Es cierto que Colombia cuenta con un Comando de Apoyo Operacional de Comunicaciones y Ciberdefensa, CCOCI,  unidad que adelanta acciones no letales para enfrentar incidentes en el ciberespacio. No obstante, su función, aunque valiosa, no basta para la magnitud de las amenazas actuales. Hoy, el ciberespacio exige la misma jerarquía que la infantería, la artillería o la caballería. Las nuevas batallas se deciden en redes, algoritmos y plataformas, y quienes no fortalezcan esta capacidad quedarán expuestos.

El país necesita asumir que la ciberseguridad no es un componente accesorio, sino un pilar de defensa nacional. Sin un arma cibernética estructurada, con doctrina, entrenamiento y capacidades ofensivas y defensivas, Colombia seguirá reaccionando tarde frente a actores hostiles que operan con precisión quirúrgica. La protección del territorio ya no se limita a los límites geográficos; incluye servidores, sistemas de control industrial y bases de datos estratégicas.

Preocupa, además, que en muchos departamentos del país, las acciones estratégicas para la ciberseguridad prácticamente muy poco aparece en los planes de desarrollo. Es improbable encontrar estrategias locales que contemplen cómo responder a amenazas digitales que pueden paralizar una entidad territorial, robar información sensible o afectar servicios esenciales. La seguridad ciudadana también depende de la resiliencia tecnológica, y sin planificación territorial la brecha de vulnerabilidad se amplía.

Colombia se encuentra en riesgo de sufrir afectaciones que podrían escalar a emergencias nacionales: apagones provocados por ataques a infraestructuras eléctricas, interrupciones del suministro de gas, o alteraciones en comunicaciones y sistemas hospitalarios. Ignorar el ciberespacio como arma es desconocer el campo de batalla del siglo XXI. El país debe dar un salto doctrinal y estratégico para que su defensa esté realmente a la altura de los tiempos