Bogotá y las fallas estructurales en la respuesta al crimen

                                                                POR: CALE COTES MAYA

La reciente intervención del alcalde Carlos Fernando Galán, el pasado 10 de abril de 2026, en el Foro de Seguridad Ciudadana, realizado por la Universidad Externado de Colombia,  constituye una radiografía precisa, técnica y políticamente relevante sobre la crisis de seguridad que atraviesa Bogotá, pero que en realidad refleja una problemática estructural del país. Su discurso no se limita a una lectura coyuntural del delito, sino que expone con claridad las fallas sistémicas de la política criminal colombiana, abordando desde la prevención social hasta la ineficacia del aparato judicial y penitenciario. Se trata de una visión integral que, más allá de la capital, interpela a todas las ciudades que enfrentan fenómenos similares de criminalidad urbana.

En primer lugar, Galán resalta un componente frecuentemente subestimado, la prevención. Destaca una política social robusta que busca reducir la vulnerabilidad y evitar el reclutamiento criminal, mediante acceso a educación, transporte gratuito y programas de inclusión juvenil. Este enfoque evidencia que la seguridad no puede desligarse de la política social; sin embargo, también deja entrever que, aunque necesario, este esfuerzo resulta insuficiente si no se articula con un sistema penal eficaz.

El núcleo crítico de su análisis se sitúa en la política criminal. El alcalde es contundente: capturar al delincuente de base el eslabón más débil no desarticula estructuras criminales. La lucha contra el delito exige atacar toda la cadena, desde el autor material hasta las redes que sostienen economías ilegales. No obstante, esta intención choca con limitaciones estructurales: fiscales con cargas de hasta 1.500 casos, déficit presupuestal en la rama judicial cercano a los 5 billones de pesos y una baja probabilidad de sanción efectiva. El dato es revelador: de aproximadamente 33.000 denuncias por hurto de celulares, solo unas 280 terminan en sanción. Este nivel de impunidad no solo erosiona la confianza institucional, sino que incentiva la consolidación de carreras criminales.

El Alcalde introduce un punto de alta sensibilidad: la progresividad del delito. La ausencia de sanción permite que el delincuente escale en violencia, pasando de hurtos simples a homicidios. Casos concretos ilustran cómo el sistema falla en interrumpir esa trayectoria. A ello se suma una débil valoración del riesgo en decisiones judiciales, donde antecedentes sin sanción efectiva no inciden en medidas restrictivas, permitiendo que individuos reincidentes permanezcan en libertad.

Otro eje fundamental es la crítica al populismo punitivo. El alcalde coincide en que aumentar penas no resuelve el problema si no se incrementa la probabilidad de sanción. Incluso plantea la necesidad de replantear qué conductas deben implicar privación de la libertad y cuáles requieren sanciones alternativas, siempre bajo el principio de efectividad. En paralelo, advierte con preocupación sobre discursos que minimizan el delito desde el nivel nacional, lo cual, en su criterio, debilita la legitimidad del sistema y afecta la moral de los operadores de justicia.

El sistema carcelario aparece como un eslabón crítico. El hacinamiento, la falta de condiciones dignas y la ausencia de procesos reales de resocialización convierten las cárceles en escuelas del crimen. La paradoja es evidente: muchos delincuentes ingresan con conductas menores y salen con mayor capacidad delictiva. Esto representa no solo una falla frente a la sociedad, sino también frente al propio individuo que el Estado no logra reinsertar.

Finalmente, Galán subraya la necesidad de ajustes estructurales, mayor articulación institucional, uso eficiente de tecnología, agilidad en el acceso a información clave para investigaciones y fortalecimiento de capacidades operativas. La frustración ciudadana, que ya se traduce en fenómenos de justicia por mano propia, es una señal de alarma sobre la pérdida de confianza en el sistema.

En conclusión, el diagnóstico presentado no es exclusivo de Bogotá; es el reflejo de una política criminal fragmentada, con debilidades en prevención, investigación, judicialización y resocialización. La intervención del alcalde no solo expone falencias, sino que plantea una hoja de ruta: abandonar soluciones simplistas, fortalecer el sistema integralmente y recuperar la credibilidad institucional. Lo que está en juego no es únicamente la seguridad urbana, sino la capacidad del Estado para garantizar orden, justicia y legitimidad en todo el territorio nacional.