Cada vez que aumentan los homicidios, la respuesta más frecuente de muchos gobiernos es anunciar "mano dura". El discurso suele ser atractivo porque transmite autoridad y decisión. Sin embargo, la evidencia internacional demuestra que el problema no es la mano dura en sí misma, sino la forma como se aplica.
La fuerza del Estado sigue siendo indispensable para garantizar la seguridad. Ningún país ha reducido la violencia renunciando al uso legítimo de la fuerza. Cuando la estrategia se limita a más discursos, sin inteligencia, sin coordinación y sin trabajo con la comunidad, los homicidios terminan reapareciendo.
Ahí radica uno de los errores más comunes de algunos gobiernos: improvisan. Confunden seguridad ciudadana con seguridad nacional y aplican las mismas recetas para problemas completamente distintos. No entienden que la violencia urbana y el crimen organizado de alcance nacional obedecen a dinámicas diferentes y, por tanto, exigen respuestas distintas.
Ojo hablo de la Seguridad Ciudadana, esta no se construye desde un helicóptero ni se resuelve "echando bala". Se construye desde el barrio, la escuela, la familia y la comunidad. Su mayor fortaleza está en el trabajo articulado entre gobierno, Policía y ciudadanía. Ese triángulo genera confianza, mejora la convivencia, fortalece la cultura ciudadana y permite intervenir oportunamente a los jóvenes que se encuentran en riesgo de ingresar a la delincuencia. La inteligencia policial, la focalización en los principales generadores de violencia, el manejo del tiempo libre de niños y adolescentes, la recuperación del espacio público y las campañas de resolución pacífica de conflictos han demostrado ser herramientas mucho más efectivas que las acciones indiscriminadas.
Muy distinta es la seguridad pública y nacional. Allí el desafío cambia por completo. Combatir grupos armados organizados, enfrentar el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal o las redes criminales transnacionales exige operaciones coordinadas entre Ejército, Policía, Fiscalía y organismos de inteligencia. En las zonas rurales, por ejemplo, fenómenos como el abigeato requieren capacidades especializadas y presencia permanente del Estado. Pretender enfrentar estos problemas con las mismas políticas utilizadas para reducir homicidios urbanos es un error estratégico.
La experiencia demuestra que un experto en seguridad nacional no necesariamente posee la misma formación para diseñar políticas públicas de seguridad ciudadana. Un oficial militar, por la naturaleza de su carrera, ha sido preparado para enfrentar amenazas contra la soberanía, la integridad territorial y los grupos armados organizados, donde predominan conceptos como control del territorio, operaciones militares, inteligencia estratégica y neutralización del enemigo.
La seguridad ciudadana, en cambio, exige una visión distinta: prevención del delito, convivencia, cultura ciudadana, participación comunitaria, resolución pacífica de conflictos, intervención sobre factores de riesgo y articulación permanente entre gobierno, Policía y comunidad. Ambos conocimientos son valiosos y complementarios, pero responden a problemas diferentes. Por ello, diseñar políticas de seguridad ciudadana requiere competencias específicas que van más allá de la experiencia en seguridad nacional y demanda comprender las dinámicas sociales y criminológicas propias de los entornos urbanos y rurales.
Por eso también es equivocada la idea de que quien domina la seguridad nacional automáticamente domina la seguridad ciudadana. Son disciplinas complementarias, pero profundamente diferentes. Un excelente estratega militar no necesariamente es un experto en convivencia urbana, así como un especialista en prevención del delito no necesariamente posee la experiencia para conducir operaciones contra estructuras armadas de carácter transnacional.
A modo de comparación, así como la medicina se ha desarrollado en múltiples especialidades porque comprende que no todas las enfermedades tienen el mismo diagnóstico ni el mismo tratamiento, la seguridad también posee diferentes especialidades, cada una con conocimientos, metodologías y capacidades propias. Existen expertos en seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad nacional, inteligencia, ciberseguridad, terrorismo, crimen organizado, convivencia ciudadana y gestión del riesgo, entre otras áreas. Pretender que un solo especialista domine con igual profundidad todas estas disciplinas es tan equivocado como pensar que cualquier médico puede ejercer todas las especialidades. Confundir estos campos conduce a diagnósticos errados y, en consecuencia, al diseño de políticas públicas ineficaces, porque cada problema de seguridad exige una respuesta técnica, diferenciada y especializada.
La verdadera mano dura no consiste en usar más fuerza, sino en usarla con inteligencia, legitimidad, coordinación institucional y objetivos claramente definidos. Cuando la fuerza se complementa con investigación criminal, prevención social, participación comunitaria y presencia integral del Estado, los homicidios disminuyen de manera sostenible. Cuando se improvisa, solo se obtiene una sensación pasajera de control mientras la violencia encuentra nuevas formas de reorganizarse y mutar. La seguridad no admite improvisaciones; exige conocimiento, estrategia y la capacidad de entender que cada problema requiere una respuesta diferente.
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