En los rincones más apartados del país, donde la presencia institucional se diluye por la falta de políticas públicas sostenidas, los Grupos Armados Organizados (GAO) han encontrado el terreno fértil para ejercer una de sus estrategias más peligrosas: la suplantación del Estado. Estos actores ilegales, lejos de limitarse a la violencia armada, han entendido que el control real del territorio no se obtiene solo por la fuerza, sino por la legitimidad que otorga el reconocimiento de las comunidades. Así, han adoptado la figura de falsos benefactores, presentándose como autoridades que reemplazan las funciones estatales y llenan los vacíos institucionales.
Los GAO han perfeccionado la instrumentalización de líderes sociales, a quienes cooptan para que actúen como voceros de sus intereses. No se trata únicamente de presiones o amenazas; muchas veces logran que estos líderes participen en dinámicas comunitarias organizadas por las estructuras armadas, lo que termina por darles una apariencia de legalidad. Al instalarse en los territorios, promueven actividades sociales, jornadas de integración e incluso simulacros de acción integral. De este modo, se apropian del tejido social, crean dependencias y se blindan frente a la posible incursión de la Fuerza Pública.
En este contexto, la población civil se convierte en el escudo humano de los GAO. Los compromisos y acuerdos pactados con las comunidades buscan garantizar respaldo en caso de operativos militares. El discurso de “protección” hacia la población, en realidad, es un mecanismo de sometimiento colectivo. Las emisoras portátiles ilegales, empleadas para difundir sus mensajes, se convierten en herramientas de adoctrinamiento, convocando a niños, jóvenes y adultos a participar en actividades que simulan ser programas estatales. Así, construyen vínculos afectivos que refuerzan la percepción de que son una autoridad legítima, capaces de suplir necesidades básicas como salud y educación.
El problema se agrava por la persistente ausencia del Estado. Allí donde no llegan las instituciones, los GAO instalan sus centros de coordinación de economías ilícitas, articulan operaciones de ajuste de cuentas y consolidan estructuras criminales. La debilidad estatal no solo facilita la expansión de estos grupos, sino que legitima su presencia ante las comunidades, que terminan aceptando como normal la sustitución del Estado.
En conclusión, la verdadera batalla no es únicamente militar. Mientras el Estado no logre consolidar presencia integral y efectiva en los territorios, los GAO seguirán ocupando ese vacío, transformándose en un poder paralelo que erosiona la gobernabilidad y condena a la población a vivir bajo un régimen de ilegalidad maquillada de asistencia social.
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