En Colombia, hablar de que la seguridad debe ser política de Estado no es un recurso retórico, sino una necesidad estratégica. Significa que la protección de la vida, la integridad y la convivencia ciudadana debe trascender las agendas particulares de cada gobierno, para convertirse en un compromiso nacional sostenido en el tiempo. Una política de Estado se diferencia de una política de gobierno porque no se reinventa cada cuatro años; se construye sobre consensos amplios, se respalda en leyes, instituciones y planes a largo plazo, y se mantiene vigente incluso cuando cambian los liderazgos.
En el campo de la seguridad, esto implica diseñar estrategias que combinen prevención, inteligencia, justicia, desarrollo social y cooperación internacional, con una visión integral y no solo reactiva. Una política de Estado en seguridad también implica blindar recursos y fortalecer instituciones para que las medidas no dependan de la voluntad coyuntural de un mandatario, sino que tengan continuidad y respaldo ciudadano. En Colombia, la historia demuestra que cuando la seguridad se maneja como bandera política pasajera, los avances son frágiles y las amenazas criminales se adaptan rápidamente.
La violencia, el narcotráfico y la criminalidad organizada no descansan al ritmo de los periodos presidenciales; por eso, la respuesta institucional tampoco debería hacerlo. Convertir la seguridad en política de Estado exige diálogo entre partidos, gremios, sociedad civil y Fuerza Pública, con el fin de pactar objetivos comunes que resistan los vaivenes electorales. Países que han logrado reducir drásticamente sus índices de criminalidad lo han hecho mediante estrategias estables que perduran décadas, sin importar quién ocupe la presidencia.
En Colombia, este salto requiere voluntad política, compromiso legislativo y una ciudadanía que exija resultados sostenidos. La seguridad no puede seguir siendo rehén de la polarización. Es un bien colectivo y un requisito para el desarrollo. Entenderlo y actuar en consecuencia es dar un paso firme hacia un país más estable, justo y en paz.
En la práctica, Colombia no tiene hoy una verdadera política de Estado en seguridad y orden público en el sentido estricto del concepto.
Lo que existe son políticas de gobierno que cambian cada cuatro años según la visión, ideología y prioridades del presidente de turno. Aunque hay marcos legales y planes como la Política de Seguridad y Defensa Nacional o la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, estos no cuentan con un acuerdo político amplio y vinculante que los haga perdurar más allá de un periodo presidencial.
Esto se evidencia en que:
- Cada administración rediseña estrategias, cambia nombres a planes y modifica prioridades, lo que interrumpe procesos.
- No hay un pacto de Estado que comprometa a todas las fuerzas políticas, la sociedad civil y los gremios a mantener un rumbo fijo sin importar quién gobierne.
En resumen: sí hay políticas y leyes en seguridad, pero no tienen la permanencia, el blindaje institucional ni el consenso nacional que caracterizan a una política de Estado.
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