La disputa territorial entre bandas criminales se ha convertido en una guerra constante que deja un alto número de víctimas, tanto por homicidios como por desplazamientos forzados. El microtráfico es el motor económico de estas estructuras, pues les permite financiar la compra de armas ilegales y mantener el control de sectores urbanos estratégicos, desde barrios populares hasta comunas enteras. El dominio territorial es clave para garantizar la circulación de estupefacientes y para infundir miedo en la población civil, que termina siendo víctima indirecta de esta confrontación.
La mayoría de los homicidios en las principales ciudades del país están vinculados a personas con antecedentes judiciales o reincidentes en delitos violentos, muchos de ellos con historial penitenciario. Este perfil delictivo refleja la circularidad de la violencia: sujetos que salen de prisión y regresan a sus viejas estructuras, reactivando disputas territoriales con sus enemigos y reproduciendo el ciclo criminal.
En medio de este escenario surge el desplazamiento intraurbano, una modalidad silenciosa de movilidad residencial forzada que crece en distintas ciudades colombianas. No se trata de la huida de ciudadanos inocentes, como en el desplazamiento rural tradicional, sino de un fenómeno vinculado a la dinámica criminal: integrantes de bandas que, tras ser derrotados en disputas armadas, deben huir de sus barrios para refugiarse en otras comunas, zonas periféricas o incluso corregimientos cercanos del mismo municipio. Desde allí, reorganizan sus actividades, reactivan el microtráfico y buscan retomar su antiguo control territorial.
Este tipo de migración forzada tiene un doble impacto. Por un lado, genera inestabilidad en las comunidades receptoras, que ven aumentar la violencia y la inseguridad cuando estos actores criminales llegan a sus zonas. Es importante aplicar las estrategias preventivas y de rehabilitación, pues muchos de estos jóvenes desertaron de instituciones educativas y terminaron siendo integrantes de bandas.
Frente a esta realidad, la estrategia más urgente es recuperar los territorios con operaciones focalizadas de la Policía Nacional, y el Ejército Nacional, para desmantelar las estructuras y cortar su flujo económico. La intervención debe ir acompañada de programas sociales que fortalezcan la educación y eviten la deserción escolar, porque cada joven reclutado por estas bandas es un soldado más en la guerra urbana.
El desalojo forzoso como método de control social no puede normalizarse en nuestras ciudades. Esta exclusión violenta ya ha dejado un rastro de muertos y desplazados, y mientras no se contenga, el desplazamiento intraurbano seguirá siendo el síntoma visible de un conflicto urbano que avanza en silencio, pero con la fuerza destructiva de una guerra abierta.
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