Las democracias no se sostienen únicamente por la voluntad de los gobernantes ni por el resultado de las elecciones. Su verdadera fortaleza radica en el respeto a las instituciones, a la Constitución y al Estado de Derecho. Cuando estas reglas son respetadas, la alternancia en el poder ocurre de manera pacífica y legítima. Pero cuando un gobernante decide desconocerlas, surge una pregunta fundamental: ¿a quién deben obedecer las Fuerzas Militares?
Existe un concepto conocido como obediencia debida, según el cual los miembros de la Fuerza Pública deben cumplir las órdenes impartidas por sus superiores dentro de la cadena de mando. Este principio es indispensable para garantizar la disciplina, la cohesión y la eficacia operacional de las instituciones armadas. Sin embargo, la obediencia debida no puede interpretarse como una autorización para cumplir cualquier orden sin cuestionamiento alguno.
La Constitución Política establece límites claros. El artículo 217 señala que las Fuerzas Militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Esta disposición tiene una enorme importancia porque deja claro que la lealtad de las Fuerzas Militares no es hacia una persona, un gobierno o un partido político, sino hacia la Constitución y la Nación.
Bajo esta perspectiva, resulta pertinente analizar un escenario hipotético en el que un presidente, una vez concluidas unas elecciones legítimas y agotados los mecanismos legales de controversia, se negara a reconocer los resultados y pretendiera mantenerse en el poder. En una situación de esta naturaleza no estaríamos frente a una disputa política ordinaria, sino ante una posible ruptura del orden constitucional.
Es precisamente en ese momento cuando cobra relevancia la diferencia entre una orden legítima y una orden manifiestamente ilegal. La obediencia debida protege el cumplimiento de órdenes legales, pero no ampara aquellas que buscan desconocer la Constitución, impedir la posesión de una autoridad legítimamente elegida o utilizar las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder.
La experiencia internacional demuestra que las democracias sobreviven cuando las instituciones permanecen fieles a la Constitución y no a los intereses personales de quienes circunstancialmente ejercen el gobierno. Por ello, la responsabilidad de las Fuerzas Militares en una democracia moderna no consiste únicamente en defender las fronteras o enfrentar amenazas externas, sino también en preservar el orden constitucional que garantiza las libertades y derechos de los ciudadanos.
La mayor expresión de patriotismo de un militar no es la obediencia ciega, sino la fidelidad a la Constitución que juró defender. En una república democrática, los gobiernos son transitorios; la Constitución, en cambio, es permanente. Por eso, cuando surge una tensión entre la voluntad de un gobernante y el orden constitucional, la lealtad institucional debe estar siempre del lado de la ley, de la democracia y de la Nación.
**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**
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