La Cárcel Como Herramienta de Seguridad

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

El Salvador se ha convertido en un ejemplo contundente de cómo organizar la seguridad ciudadana. Su presidente, al inicio de su mandato, intentó un diálogo de paz con la Mara Salvatrucha, pero las pandillas respondieron con amenazas y actos de guerra. Esa traición lo transformó en un líder decidido, capaz de enfrentar y derrotar al terrorismo en pocos años, marcando un cambio histórico en la región.

Uno de los ejes de este éxito ha sido la reorganización total del sistema carcelario. Administrar cárceles es el dolor de cabeza más grande de muchos gobiernos: hacinamiento, desorden, ausencia de programas de resocialización y corrupción que alimenta motines y fugas. Desde hace años sostengo que el manejo penitenciario debería ser privado, con municipios contratando empresas especializadas para administrar las prisiones. Así se reducirían los problemas que hoy golpean a gran parte de América Latina.

El modelo salvadoreño ha demostrado eficiencia en la construcción de modernas instalaciones y en el manejo  disciplinado de los internos. Allí, los centros de formación y resocialización no son un adorno burocrático, sino un pilar del sistema. El país ha logrado que sus cárceles sean espacios controlados, seguros y enfocados en transformar conductas, sin tolerar que desde adentro se dirijan redes criminales.

Incluso, este modelo podría convertirse en un servicio de exportación. El Salvador ya ha prestado apoyo a otros países; Estados Unidos, por ejemplo, envió cientos de detenidos bajo un contrato que incluía su manutención en prisiones salvadoreñas durante un tiempo determinado. Esto abre la puerta a un mercado de asesoría y gestión penitenciaria que podría beneficiar a naciones con sistemas colapsados.

Para que una cárcel sea verdaderamente un centro de formación y producción, necesita infraestructura adecuada, seguridad sólida, espacios para estudio y trabajo para el personal en detención, y una administración impecable. Los países que dominen este modelo, deberían ofrecer sus conocimientos y capacidades al resto del continente. Así se evitaría que las prisiones sigan siendo nidos de delincuencia activa, desde donde se extorsiona, se planifican homicidios y se mantienen redes criminales internacionales.

La instrumentalización de la población civil en manos de estructuras criminales

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Las estructuras criminales han convertido a la población civil en un instrumento de su lucha. Lo hacen para reposicionar las tropas del Ejército que se encuentran en determinadas zonas, mantener el control de territorios, imponer su autoridad y avanzar en negocios ilegales. Según el Derecho Internacional Humanitario, estos grupos tienen mando responsable y capacidad de realizar operaciones militares. Pero además de usar armas, usan a la gente, aprovechando su miedo y sus necesidades.

Una de las principales técnicas es la coerción social. Estas estructuras obligan a las comunidades a participar en protestas, cerrar caminos o expulsar a las autoridades. Lo vimos en territorios del sur del país, donde pequeños grupos, presionados con amenazas, enfrentaron al Ejército y la Policía. Muchas de estas acciones no son espontáneas: son planeadas para mostrar al Estado como débil y deslegitimarlo ante la población.

Otra técnica es el homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Cuando un líder es asesinado, la comunidad queda atemorizada y sin voz, obligada a obedecer. Estos crímenes son un mensaje directo: "o nos apoyan, o mueren". Así, estas organizaciones aseguran obediencia y eliminan cualquier resistencia.

También usan métodos no violentos, como la propaganda y la manipulación de la información. Difunden rumores, audios y mensajes falsos para confundir a la gente y presentarse como "defensores" de las comunidades. En algunos casos, ofrecen ayuda básica: alimentos, transporte o medicamentos. No es solidaridad; es una forma de ganar respaldo y crear dependencia.

Estos grupos aplican lo que expertos llaman “guerra irrestricta”: usan cualquier medio, violento o no, sin respetar reglas ni derechos. Para ellos, los civiles son piezas de un tablero, no personas con derechos. Reclutan menores, usan escudos humanos y someten a poblaciones enteras. Así logran mantener sus negocios ilegales y su dominio en regiones donde el Estado es débil.

La instrumentalización de la población civil por las estructuras criminales es más peligrosa que la violencia directa. Mientras los disparos matan cuerpos, estas técnicas destruyen la confianza en el Estado, rompen el tejido social y generan miedo colectivo. Cada vez que una comunidad obedece por temor o conveniencia, las estructuras ganan más control. Para enfrentar esto, no basta con operaciones militares. Se necesita presencia estatal constante, protección a líderes sociales, inversión social y una estrategia de comunicación que devuelva la confianza en las instituciones. 

Recordando la Operación Causa Justa, la caída del hombre fuerte de Panamá

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

El 20 de diciembre de 1989, el cielo y las fronteras panameñas fueron atravesados por una fuerza conjunta de 27.000 soldados estadounidenses. El objetivo: derrocar y capturar al general Manuel Antonio Noriega, el dictador que había pasado de aliado estratégico de Washington a enemigo declarado, acusado de narcotráfico, fraude electoral y represión política. Fue la mayor operación militar de Estados Unidos desde Vietnam, y duró poco
más de cuarenta días.

Comprender el origen de esta ofensiva exige analizar el valor estratégico del canal de Panamá, eje vital para el comercio global y la proyección militar. Desde mediados del siglo XX, Washington mantuvo una relación estrecha con Panamá para asegurar el control de esa arteria geopolítica. En los años sesenta, Noriega, joven oficial de inteligencia, colaboraba con la CIA, entregando información sobre Cuba y Nicaragua, y permitiendo el libre tránsito militar estadounidense. Tras la muerte del general Omar Torrijos en 1981, Noriega ascendió hasta convertirse en líder de facto en 1983.

Pero bajo esa fachada de cooperación, tejía alianzas con Fidel Castro, armaba a los sandinistas y facilitaba operaciones a carteles de droga, incluyendo el de Pablo Escobar. Los informes de inteligencia revelaron su doble juego y, en 1989, tras anular unas elecciones que lo desfavorecían, se convirtió en un objetivo prioritario para la Casa Blanca. Estados Unidos impuso sanciones, incrementó ejercicios militares y, tras un incidente en el que murió un soldado norteamericano, el presidente George H. W. Bush autorizó la Operación Causa Justa.

El asalto inició la noche del 19 de diciembre. Bombardeos, ataques aéreos y desembarcos simultáneos por tierra, mar y aire desbordaron la capacidad de las Fuerzas de Defensa Panameñas, compuestas por unos 16.000 hombres. Aeronaves, barcos y cuarteles fueron neutralizados en horas; las calles de Ciudad de Panamá se transformaron en un campo de combate urbano.

La captura de Noriega, sin embargo, no fue inmediata. Refugiado en la nunciatura apostólica, fue sometido a una operación especial: Nifty Package. Las tropas rodearon el edificio durante días, aplicando guerra psicológica a base de altavoces con música rock y rap a alto volumen, motores rugiendo y helicópteros sobrevolando. La Santa Sede protestó por estas tácticas, mientras la presión aumentaba. El 3 de enero de 1990, Noriega salió voluntariamente y se entregó.

Monseñor José Sebastián Laboa, representante vaticano, aseguró que lo convenció apelando a la razón, afirmando que “la psicología es más poderosa que el ruido”. Con su arresto y extradición a Estados Unidos, cayó una narcodictadura que había desafiado a su antiguo aliado. La Operación Causa Justa dejó claro que, para Washington, la seguridad del canal y la lucha contra el narcotráfico podían justificar una invasión a gran escala.

Mercenarios en la "guerra olvidada" de Sudán

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La crisis en Sudán, uno de los países más pobres del mundo, se ha convertido en escenario de una guerra fratricida que ya deja más de veinte mil muertes. Dos actores dominan el conflicto: las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), antiguos aliados que ahora son enemigos acérrimos. Este enfrentamiento no solo desangra a la nación africana, sino que también ha arrastrado a cientos de exmilitares  que, con engaños y falsas promesas, terminaron formando parte de un engranaje que bordea la ilegalidad y la trata de personas.

El proceso comienza con convocatorias realizadas por intermediarios y expertos en reclutamiento, quienes seleccionan a los mejor entrenados entre exintegrantes de ejércitos. A estos hombres se les ofrece un salario atractivo que oscila entre 2.000 y 3.000 dólares mensuales. Bajo la fachada de empleos en empresas de seguridad internacional, se les convence de que trabajarán prestando servicios privados, pero al llegar al terreno descubren que han sido trasladados a zonas de conflicto, en donde se convierten en parte de batallones irregulares.

La ruta utilizada para llevarlos al continente africano suele incluir un paso por Etiopía, evitando los Emiratos Árabes para despistar controles. Ya instalados en Sudán, los exmilitares pasan a reforzar las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido, grupo paramilitar acusado de crímenes de guerra y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Se estima que más de 300 exsoldados colombianos llevan un año atrapados en este escenario, sin posibilidad real de retorno y convertidos en instrumentos de una estrategia geopolítica y geoeconómica que busca fortalecer a uno de los bandos en pugna.

Las empresas intermediarias, lejos de cumplir las promesas hechas, obtienen millonarias ganancias. Por cada hombre ofrecen servicios ilegales de seguridad por sumas que superan los 1.500 dólares mensuales, pero en muchos casos ni siquiera cumplen con los pagos a los mercenarios reclutados. Lo que inició como un contrato laboral se transforma entonces en una trampa: sin salarios, sin garantías y en medio de una guerra ajena, los exmilitares  terminan reducidos a carne de cañón en un conflicto que no les pertenece.

Así, la llamada “guerra olvidada” de Sudán ha arrastrado a soldados colombianos al terreno más oscuro del mercenarismo moderno. El reclutamiento encubierto, disfrazado de oferta laboral, devino en un negocio que alimenta la violencia, multiplica víctimas y proyecta la sombra de la trata de personas en pleno siglo XXI. Mientras tanto, los responsables de estas redes permanecen ocultos, y los mercenarios, lejos de casa, cargan con el peso de haber sido engañados para participar en una de las tragedias más silenciadas del planeta.

Cartel de los Soles: De Crimen Organizado a Amenaza Terrorista Internacional

D.R.A

La designación de una persona u organización como terrorista por parte de Estados Unidos no es un mero gesto político: es una sentencia que combina política, inteligencia y justicia. En el caso de Maduro,  no se trata solo de una declaración diplomática. Es, además, una acusación judicial que lo convierte en fugitivo internacional. La decisión fue avalada tanto por el Departamento de Estado como por el de Justicia, dos poderes que operan de manera independiente: uno actúa en el plano político y militar, apoyado por informes de inteligencia del Pentágono y otras agencias; el otro, en el ámbito estrictamente legal, bajo la ley interna estadounidense.

Por primera vez, Washington ha catalogado a un cartel de droga, el llamado Cartel de los Soles, como Organización Terrorista Extranjera (FTO), cuando antes este tipo de grupos eran etiquetados como Organizaciones Criminales Internacionales. El cambio no es semántico: es un salto de categoría con profundas implicaciones.

Ingresar en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) significa estar en el mismo nivel que Al Qaeda o Hamás. Esto activa una jurisdicción militar y judicial extraterritorial: los señalados se convierten en objetivos legítimos en cualquier punto del planeta. La Constitución y la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 facultan al presidente de Estados Unidos para ordenar ataques ofensivos o defensivos contra organizaciones terroristas sin la autorización previa del Congreso, al menos durante 60 días, con una prórroga de 30 más.

Además, bajo la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001, el presidente podría justificar acciones militares contra aquellos considerados vinculados a amenazas terroristas que comprometan la seguridad nacional. En este marco, la designación de Maduro y su círculo no solo es una advertencia diplomática: es la apertura formal de un escenario en el que Estados Unidos podría, legal y políticamente, actuar de forma directa, con consecuencias que van mucho más allá del discurso.

Informantes señalan que, desde Venezuela, se envían anualmente más de 1.200 aeronaves con fines relacionados con el narcotráfico. Por lo que se puede apreciar en los medios informativos: Maduro, más maduro que nunca, valga la redundancia.

El crimen organizado transnacional: una amenaza directa a la soberanía de los Estados

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Muchas son las bandas organizadas que han convertido en corredores ilegales las rutas que comunican un país con otro, permeando de inseguridad trochas, caminos y vías donde la legalidad y la ilegalidad confluyen en una peligrosa zona gris. En estos largos trayectos que controla el crimen transnacional, la inseguridad se vuelve paisaje habitual, estableciendo delitos múltiples como la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el secuestro y el tráfico de armas. Estas rutas, más que simples caminos, son arterias criminales que alimentan economías ilícitas y sostienen organizaciones que desafían a los Estados.

La mayoría de los límites fronterizos son territorios selváticos o de difícil acceso, convertidos en refugios naturales de grupos armados y bandas criminales. En estas zonas, históricamente abandonadas por los gobiernos, la ley estatal nunca ha existido; en cambio, la autoridad la imponen quienes manejan los corredores de sustancias psicoactivas, que van de un país a otro como mercancía de alto valor. Las ventas de drogas, armas y seres humanos son la base económica de estas organizaciones, que además reinvierten sus ganancias en la compra de armamento.

Cuando delincuentes extranjeros logran establecer en un país ajeno su propia autoridad criminal, imponiendo reglas, cobrando extorsiones y controlando territorios, se evidencia una pérdida del control estatal. La soberanía de un Estado queda entonces gravemente amenazada. En ese punto, cobra relevancia la "Convención de Palermo", instrumento internacional diseñado para combatir la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, su aplicación real parece estar fallando: la cooperación entre naciones es limitada y, en muchos casos, los acuerdos de apoyo mutuo son solo documentos sin resultados efectivos.

La solución no radica únicamente en discursos diplomáticos. Es urgente la presencia activa en las zonas fronterizas, con operaciones conjuntas entre países, inteligencia compartida y control efectivo de la migración irregular para evitar que delincuentes extranjeros actúen impunemente en territorio ajeno.

Hoy, en Colombia, surge una pregunta inquietante: ¿en sus cinco fronteras –con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá– existen corredores donde las bandas transnacionales se mueven como “Pedro por su casa”, debilitando nuestra soberanía? La respuesta parece obvia, pero reconocerlo es apenas el primer paso para recuperar el control estatal y defender la integridad nacional.

Redes criminales transnacionales y el uso estratégico de mercenarios

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Una alarmante dinámica criminal transnacional según medios de información nacional e internacional está en marcha: los carteles internacionales están presuntamente reclutando exmilitares con formación en operaciones especiales, explosivos y combate de alta intensidad. También se denuncia la presunta vinculación de ex integrantes de grupos armados,  todos con experiencia en escenarios de guerra no convencional. Este fenómeno ha sido reportado tanto por medios informativos nacionales como internacionales, lo que revela la magnitud y complejidad del problema.

Los perfiles buscados no son improvisados: se trataría de exsoldados profesionales, lanceros, explosivistas y antiguos integrantes de estructuras armadas ilegales, ahora convertidos en activos para mafias internacionales. Su preparación, forjada en décadas de conflicto interno, los convierte en piezas codiciadas para organizaciones que buscan expandir su capacidad operativa, inteligencia táctica y fuerza letal.

El pago que ofrecen los carteles y grupos extremistas, es altamente remunerado, superando con creces lo que estos hombres podrían percibir en el mercado legal. Esto genera una motivación potente: dinero rápido, reconocimiento entre estructuras armadas y la posibilidad de seguir haciendo lo que mejor saben, pero bajo el manto del crimen organizado transnacional.

Sin embargo, esta situación genera un debate jurídico y ético. ¿Es trata de personas o simple mercenarismo? La distinción es clave para entender el fenómeno y saber cómo actuar ante él. Las autoridades y analistas coinciden en que, si los exmilitares  viajan voluntariamente a otros paises, conscientes de que prestarán servicios armados ilegales, no se trataría de trata de personas. En ese caso, el fenómeno se puede clasificar como:

·       Reclutamiento criminal transnacional

·       Participación en organizaciones delictivas

·       Mercenarismo (en algunos casos)

Por otro lado, si estas personas son llevados bajo engaños, amenazas o coerción, o si las condiciones a otros países, implican explotación —sin salario, bajo amenaza constante, sin libertad de movimiento— entonces sí estaríamos frente a una forma de trata de personas con fines de trabajo forzado o esclavitud moderna.

Este fenómeno, aunque silencioso, tiene implicaciones geopolíticas, de seguridad y de Derechos Humanos. La exportación de mano de obra militar entrenada hacia mafias transnacionales podría aumentar la letalidad de los carteles y grupos terroristas en debilitar los esfuerzos de paz. La respuesta debe ser clara: investigación rigurosa, cooperación internacional y medidas preventivas para proteger a quienes, por necesidad o manipulación, se convierten en soldados del crimen.

La Mano Muerta y el Fantasma de una Guerra Nuclear

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

En un mundo donde los equilibrios geopolíticos penden de un hilo, las recientes declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia han sacudido la estabilidad internacional. Su amenaza directa a Estados Unidos, advirtiendo sobre un posible ataque nuclear si continúan los ultimátums de Donald Trump hacia Moscú, ha revivido uno de los mecanismos más temidos de la Guerra Fría: la legendaria “mano muerta”.

Este sistema, también conocido como Perímetro, es un protocolo de defensa automática desarrollado por la Unión Soviética y perfeccionado por la Federación Rusa. Funciona como una respuesta póstuma: si la cúpula del Kremlin y el mando militar son aniquilados, la “mano muerta” detectaría un ataque nuclear y activaría automáticamente una represalia devastadora. Sin necesidad de una orden humana, lanzaría misiles balísticos intercontinentales que podrían destruir a cualquier nación enemiga en menos de una hora. Un mecanismo diseñado para asegurar que, incluso en la muerte, Rusia tenga la última palabra.

La tensión aumentó exponencialmente luego de que Trump, tras una serie de declaraciones conciliadoras en las que propuso mediar para detener la guerra entre Rusia y Ucrania, fuera respondido no con diplomacia, sino con una advertencia nuclear. Aunque el mandatario estadounidense ha mostrado reiterados intentos de lograr un cese al fuego, incluso señalando que Ucrania ha dado señales claras de voluntad de diálogo, el gobierno de Putin ha respondido con nuevas ofensivas y bombardeos.

Ante las amenazas, Trump no dudó: ordenó el despliegue de dos submarinos nucleares en zonas estratégicas, enviando un mensaje directo a Moscú de que Estados Unidos no se dejará intimidar. Al mismo tiempo, estableció un plazo de diez días para lograr un acuerdo de paz, advirtiendo que de no alcanzarse, se impondrán nuevas sanciones contra Rusia.

La escalada retórica y militar entre ambas potencias revive el espectro de un conflicto que podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Las advertencias del Kremlin, lejos de desescalar, parecen llevar las tensiones a un punto de no retorno. Si bien el objetivo de Trump es detener la guerra, el camino que se vislumbra está lleno de sombras.

En este tablero mundial, no se puede olvidar el papel de Asia. Israel, gran aliado de Estados Unidos, representa una pieza clave en la estrategia global. Su apoyo político, tecnológico y militar refuerza el equilibrio de poder en una región donde las tensiones con Irán, China y Corea del Norte también permanecen en ebullición.

Mientras tanto, el reloj geopolítico avanza con paso incierto, y la humanidad observa con inquietud si los líderes del mundo sabrán apagar el fuego o si, por el contrario, activarán el mecanismo que nadie quiere ver en acción: la Mano Muerta.

Panfletos intimidatorios; entre la amenaza real y el terror simulado

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Los panfletos intimidatorios se han convertido en una de las herramientas más comunes y perturbadoras que emplean los Grupos Armados Organizados (GAO),
y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) para sembrar el miedo, dominar territorios y desestabilizar tanto las zonas urbanas como rurales. Comerciantes, ganaderos, líderes sociales, funcionarios y ciudadanos del común suelen ser blanco de estos documentos amenazantes que, más allá de lo escrito, buscan paralizar a sus víctimas a través del temor psicológico.

Una de las principales inquietudes de las personas que reciben o leen un panfleto amenazante es saber si el documento es veraz o si se trata de una falsa alarma con fines extorsivos. Para ello, es clave analizar varios elementos: primero, el lugar específico donde fue dejado el panfleto, ya sea físico o virtual. Luego, identificar a las personas y lugares mencionados, y entender por qué están relacionadas en el contenido: si son funcionarios públicos, si tienen antecedentes conocidos o si se han negado previamente a pagar extorsiones.

Un aspecto esencial es establecer qué grupo firma el panfleto y si efectivamente tiene presencia comprobada en la zona donde apareció el documento. Muchas veces, personas inescrupulosas utilizan los logos o nombres de estructuras delincuenciales sin pertenecer realmente a ellas, generando zozobra para extorsionar a nombre ajeno. En este contexto, cobra especial importancia el trabajo de inteligencia de la Fuerza Pública, que se encarga de rastrear el origen del panfleto, verificar la veracidad de la amenaza e identificar si los grupos mencionados tienen dominio real en la región.

La comunidad también desempeña un papel importante. Las entrevistas con personas que aparecen amenazadas, los patrones de intimidación y las denuncias previas permiten trazar rutas que pueden desenmascarar si se trata de una acción auténtica de un grupo armado o una farsa de la delincuencia común que busca lucrarse del miedo ajeno. El oportunismo criminal muchas veces se camufla en el anonimato y la falta de denuncia de estas situaciones.

Un fenómeno preocupante que se deriva del efecto psicológico de estos panfletos es el desplazamiento intraurbano. En muchas ciudades, personas afectadas por amenazas deciden abandonar su barrio o comuna para proteger su vida. Estos movimientos silenciosos no siempre son visibles para las estadísticas oficiales, pero reflejan cómo la lucha territorial por el microtráfico y la extorsión también se traduce en una forma encubierta de desplazamiento forzado, donde los grupos criminales imponen su dominio a través del miedo.

Si una persona encuentra su nombre en un panfleto intimidatorio, lo primero que debe hacer es acudir inmediatamente a las autoridades competentes. Es fundamental no caer en el pánico, pero sí tomar medidas serias. Informarse con la Fuerza Pública sobre la autenticidad del documento, iniciar un protocolo de protección personal y adoptar medidas preventivas que garanticen su seguridad y la de su entorno cercano.

Los panfletos son una forma moderna de terror impreso. Saber distinguir entre la amenaza real y la simulada puede marcar la diferencia entre caer en el juego del miedo o enfrentarlo con información, inteligencia y acción institucional. La denuncia oportuna y la articulación entre comunidad y autoridades son claves para desactivar estas armas silenciosas que, sin disparar una sola bala, pretenden someter poblaciones enteras.

  

Hurto de hidrocarburos; delito silencioso que alimenta el trafico de estupefacientes

                                                        Por: CARLOS ANDRÉS COTES 

El hurto y contrabando de hidrocarburos utilizados en la fabricación de pasta de coca es, sin duda, una de las prácticas delictivas más silenciosas y rentables que existen. Este fenóm

eno no solo impacta gravemente la economía nacional, sino que fortalece el motor financiero del microtráfico en las principales ciudades del país.

Hace unos pocos años, el combustible provenía en gran parte de contrabando desde un país vecino, cruzando las selvas limítrofes para abastecer los laboratorios clandestinos. Sin embargo, actualmente cambió la dinámica del negocio. Hoy, las estructuras recurren a una modalidad más riesgosa y sofisticada: perforar oleoductos y conectarse ilegalmente mediante válvulas, enterrando mangueras que se extienden por más de un kilómetro para extraer el hidrocarburo.

Cuando Ecopetrol detecta una caída inusual en la presión de los oleoductos, activa de inmediato sus protocolos de seguridad y notifica a las autoridades. Sin embargo, encontrar estas válvulas ilegales es una tarea compleja. Generalmente, los puntos de extracción se ubican lejos del lugar donde se instala la válvula, lo que dificulta la acción oportuna del Ejército Nacional y la Policía. Pese a los esfuerzos, miles de galones de combustible son robados cada mes.

Este delito no es improvisado. Existe una red especializada en hurtar el hidrocarburo, con logística y conocimiento técnico para operar en zonas rurales apartadas sin ser detectados. Los galones robados terminan en laboratorios donde se procesa la pasta de coca, insumo base para la producción de clorhidrato de cocaína. Posteriormente, el alcaloide se distribuye como una telaraña en zonas urbanas y rurales, alimentando la cadena del tráfico de estupefacientes y perpetuando la inseguridad.

Mientras el país no cuente con tecnología avanzada para detectar en tiempo real estas conexiones ilegales, las pérdidas económicas seguirán ascendiendo a millones de dólares. Más grave aún, el tráfico de estupefacientes continuará beneficiándose de este hurto silencioso, extendiendo su red de violencia en nuestra sociedad.

 

Extorsión en Colombia: Diferencias entre sus Modalidades y Estrategias

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La extorsión en Colombia sigue siendo una de las principales amenazas contra la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Aunque el fenómeno es antiguo, sus modalidades han evolucionado con
el tiempo, adaptándose a las condiciones tecnológicas y a las dinámicas criminales de cada región. Desde las extorsiones carcelarias hasta el sexting, los delincuentes encuentran múltiples formas de intimidar, chantajear y obtener recursos de sus víctimas. Conocer las diferencias entre estas modalidades es fundamental para identificarlas y denunciarlas de manera oportuna.

La extorsión carcelaria se ha convertido en una de las más comunes en los últimos años. Su origen está en los centros penitenciarios, donde internos, valiéndose de teléfonos celulares introducidos de manera ilegal y cómplices en libertad, obtienen bases de datos de empresas recién creadas o de ciudadanos comunes. La información es conseguida mediante medios digitales: redes sociales, registros públicos o filtraciones de contactos empresariales. Los delincuentes simulan pertenecer a grupos armados organizados, buscando infundir miedo con amenazas creíbles, aunque en la mayoría de casos carecen de capacidad real para materializarlas. El objetivo es lograr un pago rápido, que puede ir desde pequeñas sumas hasta montos significativos, dependiendo de la capacidad económica de la víctima. Las consignaciones bancarias y las empresas de giros son el canal habitual para recibir el dinero.

En la extorsión clásica, los actores principales son los grupos armados organizados y las estructuras delincuenciales con capacidad operativa en territorio. Esta modalidad implica una coacción directa mediante amenazas de muerte, atentados, lanzamiento de explosivos o agresiones físicas. El contacto suele ser presencial, por medio de emisarios, panfletos, llamadas telefónicas o mensajes escritos, y en muchas regiones el cobro se conoce como “vacuna”. Los pagos son mensuales y, en la mayoría de los casos, la víctima es forzada a continuar cumpliendo para evitar represalias contra ella o su familia. A diferencia de la modalidad carcelaria, aquí la capacidad de acción violenta de los extorsionistas es real y comprobada.

Por su parte, la extorsión en menor cuantía o microextorsión es llevada a cabo por delincuencia común, con cobros que no superan un salario mínimo. Es sistemática, persistente y se ejerce principalmente en barrios populares, mercados, o zonas con alta informalidad económica. Bajo fachadas como rifas, servicios de seguridad informal o préstamos de cobradiarios, los victimarios conviven en el mismo entorno que las víctimas, generando un ambiente de intimidación constante. Los pagos pueden ser diarios, semanales o mensuales, y aunque las sumas son bajas, el número de afectados es alto.

El sexting extorsivo es una de las formas modernas más peligrosas. Consiste en el chantaje en línea, donde delincuentes exigen dinero a cambio de no difundir fotos íntimas de la víctima. Esta modalidad se ejecuta principalmente en redes sociales y aplicaciones de citas, donde los criminales obtienen imágenes mediante engaños. Una vez tienen el material, pasan del cortejo virtual a la amenaza directa, exigiendo dinero o favores a cambio de silencio. Este tipo de extorsión, también conocido como ciberacoso extorsivo, afecta especialmente a jóvenes y adolescentes.

Otra modalidad creciente es el delito de suplantación de identidad, donde los delincuentes se hacen pasar por funcionarios públicos, policías o miembros de grupos armados para exigir pagos. Usan perfiles falsos, llamadas telefónicas o correos electrónicos para hacer creer a la víctima que tiene problemas legales o de seguridad, presionándola a pagar por “protección” o para “evitar una captura”.

Frente a estas amenazas, la denuncia oportuna es clave. En Colombia, el Gaula de la Policía atiende a través de la línea 165, mientras que el Gaula Militar responde en la 147. Denunciar salva vidas y rompe el círculo de impunidad que alimenta a estas estructuras criminales. Conocer las modalidades es el primer paso para prevenir y protegerse.

Ventanas Rotas; El Poder del Orden en la Prevención del Delito

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La teoría de las ventanas rotas ha revolucionado la forma en que se comprende la relación entre el orden urbano y la criminalidad. Hoy, más que nunca, los alcaldes de diversas ciudades del mundo han entendido que embellecer, iluminar y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos no es solo un asunto estético, sino una estrategia clave en la prevención del delito. Iluminar las calles, darle vida a los parques y mantener el entorno libre de basura y abandono envía un mensaje poderoso: el territorio no está olvidado, hay control y vigilancia, y la ciudadanía puede sentirse segura..

Esta teoría, propuesta en los años ochenta por los criminólogos James Q. Wilson y George Kelling, partió de un simple experimento social: un automóvil con una ventana rota abandonado en un barrio generaba rápidamente actos vandálicos y saqueos, mientras que un vehículo igual pero en perfecto estado no sufría daño alguno. La conclusión fue clara: los signos visibles de abandono o desorden atraen más desorden y delincuencia. Cuando una ventana rota no se repara, pronto todas terminan destruidas; cuando un lote baldío se deja crecer enmontado, termina convertido en guarida de delincuentes.

En nuestras ciudades, esta lógica es evidente. Los lotes abandonados, las calles oscuras y los espacios deteriorados se convierten en verdaderos laboratorios de criminalidad. En estos territorios sin intervención del Estado, prosperan homicidios, hurtos, consumo de drogas y violaciones. Son lugares donde el miedo domina y la comunidad evita transitar, lo que facilita que la delincuencia se adueñe del espacio.

Por eso, ciudades que han implementado políticas inspiradas en esta teoría muestran resultados alentadores: la limpieza constante, el mantenimiento de parques, la rápida reparación de luminarias y el uso de cámaras de videovigilancia (CCTV) han reducido notablemente los índices de criminalidad. El embellecimiento no es un lujo, es una herramienta estratégica de seguridad ciudadana.

El mensaje es sencillo: donde hay orden, hay control; donde hay abandono, hay delincuencia. Invertir en el cuidado de cada rincón de la ciudad no solo mejora la percepción de seguridad, sino que disuade a los criminales. La teoría de las ventanas rotas nos enseña que, muchas veces, prevenir comienza con algo tan simple como reparar una ventana.

Desplazamiento Intraurbano - El Exilio Criminal de las Ciudades

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La disputa territorial entre bandas criminales se ha convertido en una guerra constante que deja un alto número de víctimas, tanto por homicidios como por desplazamientos forzados. El microtráfico es el motor económico de estas estructuras, pues les permite financiar la compra de armas ilegales y mantener el control de sectores urbanos estratégicos, desde barrios populares hasta comunas enteras. El dominio territorial es clave para garantizar la circulación de estupefacientes y para infundir miedo en la población civil, que termina siendo víctima indirecta de esta confrontación.

La mayoría de los homicidios en las principales ciudades del país están vinculados a personas con antecedentes judiciales o reincidentes en delitos violentos, muchos de ellos con historial penitenciario. Este perfil delictivo refleja la circularidad de la violencia: sujetos que salen de prisión y regresan a sus viejas estructuras, reactivando disputas territoriales con sus enemigos y reproduciendo el ciclo criminal.

En medio de este escenario surge el desplazamiento intraurbano, una modalidad silenciosa de movilidad residencial forzada que crece en distintas ciudades colombianas. No se trata de la huida de ciudadanos inocentes, como en el desplazamiento rural tradicional, sino de un fenómeno vinculado a la dinámica criminal: integrantes de bandas que, tras ser derrotados en disputas armadas, deben huir de sus barrios para refugiarse en otras comunas, zonas periféricas o incluso corregimientos cercanos del mismo municipio. Desde allí, reorganizan sus actividades, reactivan el microtráfico y buscan retomar su antiguo control territorial.

Este tipo de migración forzada tiene un doble impacto. Por un lado, genera inestabilidad en las comunidades receptoras, que ven aumentar la violencia y la inseguridad cuando estos actores criminales llegan a sus zonas. Es importante aplicar las estrategias preventivas y de rehabilitación, pues muchos de estos jóvenes desertaron de instituciones educativas y terminaron siendo integrantes de bandas.

Frente a esta realidad, la estrategia más urgente es recuperar los territorios con operaciones focalizadas de la Policía Nacional, y el Ejército Nacional, para desmantelar las estructuras  y cortar su flujo económico. La intervención debe ir acompañada de programas sociales que fortalezcan la educación y eviten la deserción escolar, porque cada joven reclutado por estas bandas es un soldado más en la guerra urbana.

El desalojo forzoso como método de control social no puede normalizarse en nuestras ciudades. Esta exclusión violenta ya ha dejado un rastro de muertos y desplazados, y mientras no se contenga, el desplazamiento intraurbano seguirá siendo el síntoma visible de un conflicto urbano que avanza en silencio, pero con la fuerza destructiva de una guerra abierta.

Dinamizadores de Homicidios; El Motor Oculto de la Violencia Urbana

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Las tasas de homicidios en varias ciudades del país continúan en preocupante ascenso frente a los registros del año anterior, deteriorando de manera significativa la percepción de seguridad en las principales capitales. Este fenómeno no es producto del azar; responde a una serie de factores estructurales y actores específicos que, como verdaderos estrategas del crimen, operan en las sombras moviendo los hilos de la violencia.

Estos actores son conocidos como dinamizadores de homicidios, individuos que no solo ejecutan órdenes, sino que las planifican, coordinan y direccionan con precisión quirúrgica. Se infiltran en espacios públicos y privados, monitorean movimientos de potenciales víctimas y delegan la ejecución de asesinatos selectivos a sicarios o grupos subordinados. Su papel es comparable al de un director de orquesta criminal: no tocan los instrumentos, pero determinan el ritmo y la intensidad de la violencia.

Gran parte de sus acciones está vinculada al microtráfico, actividad que, además de ser la fuente principal de rentas ilegales, se reviste con discursos de “limpieza social” en distintos territorios. No obstante, el narcotráfico no es el único combustible que alimenta esta maquinaria homicida. Existe seis ejes determinantes que actúan como verdaderos focos de violencia:

1. Lucha entre bandas criminales por el control de corredores estratégicos.
2. Extorsión a comerciantes y empresarios, que se paga con sangre cuando no se cumplen los pagos.
3. Robo de tierras, especialmente en zonas rurales donde confluyen grupos armados ilegales.
4. Cadenas delictivas de “gota a gota”, cuyos cobradores usan el asesinato como mecanismo ejemplarizante.
5. Intolerancia social, cada vez más letal en contextos urbanos.
6. Hurto, delito que afecta a la comunidad.

Combatir a estos dinamizadores exige mucho más que capturas ocasionales de sicarios. Es indispensable una articulación interinstitucional con la Policía Nacional y organismos de inteligencia, mediante comisiones especializadas orientadas a desmantelar sus estructuras financieras, que son la verdadera columna vertebral de su poder. 

Solo debilitando a estos dinamizadores se logrará frenar el aumento de homicidios y recuperar, aunque sea parcialmente, la confianza ciudadana. Porque mientras ellos sigan ordenando desde la sombra, las balas seguirán marcando el pulso de la vida en muchas de nuestras ciudades.

 

El rostro cambiante del terrorismo urbano

                                    

Por: CARLOS ANDRÉS COTES

Durante décadas, Colombia ha sido escenario de múltiples expresiones del terrorismo urbano, desde los recordados carros bomba de los años 90 hasta los ataques recientes cometidos por milicias urbanas. Las grandes ciudades del país, especialmente Bogotá, han sido sacudidas por hechos de violencia cuya magnitud ha demostrado que el terrorismo urbano no es un fenómeno nuevo, sino una amenaza que ha evolucionado de manera silenciosa pero contundente. Después del  año 2003, varios atentados evidenciaron la presencia de células capaces de paralizar una ciudad entera. Las tomas universitarias con encapuchados enfrentando a la Policía y dejando uniformados heridos son solo una muestra de ese accionar planificado y violento.

El año 2019 marcó un punto de inflexión. Las principales ciudades fueron blanco de acciones violentas perpetradas por milicias urbanas pertenecientes a Grupos Armados Organizados (GAO), que demostraron una capacidad operativa sorprendente. Las instituciones de inteligencia del país, concentradas tradicionalmente en la lucha contrainsurgente rural, no previeron el salto táctico de la guerra hacia los entornos urbanos. Nuestros ejércitos se especializaron en selvas, montañas y zonas apartadas, descuidando el teatro urbano que sería explotado posteriormente por organizaciones con entrenamiento especializado y conexiones internacionales.

Pese a contar desde hace años con Fuerzas Especiales Urbanas y unidades como el Gaula, fue evidente que no se esperaba un conflicto de estas dimensiones dentro de las ciudades. A lo largo de mi trayectoria y experiencia en temas relacionado con la seguridad pública y ciudadana, pregunté a diferentes expertos, por qué no se anticiparon a esta evolución. La respuesta casi unánime fue que el terrorismo urbano era visto como esporádico, no como parte de una estrategia integral de guerra.

Hoy, luego de décadas de aprendizaje a sangre y fuego, la Policía y el Ejército han desarrollado capacidades importantes para enfrentar este tipo de amenazas. Sus unidades han sido reconocidas internacionalmente por su eficacia en ambientes urbanos. Sin embargo, el desafío persiste. Los GAO y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) siguen entrenándose en tácticas sofisticadas, muchas de ellas con asesorías extranjeras. Por eso, la inteligencia colombiana debe mantenerse en constante evolución, anticipando amenazas, reformulando estrategias y nunca subestimando la capacidad del enemigo. Prepararse no es opcional, es una necesidad estratégica para preservar la seguridad y la democracia en nuestras ciudades.

#TerrorismoUrbano #CarlosAndrésCotesMaya

 

Asistencia Militar; Herramienta Legal para Recuperar el Orden y la Convivencia Ciudadana

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La "Asistencia Militar" es una figura legal establecida en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se trata de un mecanismo de apoyo excepcional, mediante el cual las Fuerzas Militares pueden intervenir en asuntos de seguridad nacional cuando la situación del orden público se ve gravemente alterada y supera las capacidades operativas de la Policía Nacional. Esta medida puede ser solicitada por los gobernadores o alcaldes municipales al presidente de la república, previa evaluación de la necesidad real de reforzar la fuerza pública en su territorio.

En Colombia, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público son funciones primarias del Estado, siendo la Policía Nacional la autoridad encargada de manera ordinaria de su garantía. Sin embargo, existen contextos críticos donde la criminalidad, el terrorismo urbano, las amenazas a la institucionalidad o la gobernabilidad local obligan a un mayor despliegue de capacidades del Estado. Es ahí donde la asistencia militar se convierte en una herramienta legítima, temporal y proporcional.

La solicitud de asistencia militar debe estar contemplada y articulada en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) de cada entidad territorial. Este instrumento de planeación recoge las estrategias de seguridad locales y debe prever, de ser necesario, la activación de esta medida. En caso de no estar contemplada en dicho plan, la asistencia puede ser gestionada por la Policía Nacional, mediante los consejos de seguridad o los comités de orden público, órganos de coordinación interinstitucional donde se evalúa la situación y se oficializa la petición.

Unidades especializadas como los Batallones de Policía Militar y las Compañías de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional son las encargadas de ejecutar esta asistencia, principalmente en contextos urbanos. No obstante, su intervención debe ir de la mano con las autoridades judiciales, especialmente cuando se trata de procedimientos de captura o judicialización, ya que la función investigativa y penal recae exclusivamente en la Policía Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el aparato judicial.

Más allá del respaldo operativo, la asistencia militar también cumple un importante papel en el fortalecimiento de la percepción de seguridad ciudadana. La presencia visible del Ejército en zonas afectadas por el crimen organizado, las bandas armadas o el narcotráfico, envía un mensaje contundente de respaldo institucional a la ciudadanía. Su intervención, además de táctica, es simbólica: representa la recuperación del control estatal sobre el territorio nacional.

La asistencia militar no es una militarización de un territorio determinado, ni pretende sustituir a la Policía, sino una herramienta complementaria en momentos extraordinarios. Usada con rigor, planeación y dentro del marco legal, representa una acción legítima del Estado para restablecer la convivencia, proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de la comunidad en zonas donde la criminalidad ha desbordado la capacidad de respuesta tradicional.

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Carlos Andrés Cotes Maya

Carlos Andrés Cotes Maya, ocupa un ranking como  estratega en seguridad pública y ciudadana por su contribución institucional, internacional, nacional y  territorial a la gestión de la seguridad ciudadana en Colombia.

Con una trayectoria como exsecretario de Gobierno del Departamento del Cesar, expresidente del Concejo de Valledupar, comandante del BAAMI Baser 10 de los Profesionales Oficiales de Reserva, Cotes Maya ha liderado procesos de articulación entre autoridades locales, Fuerza Pública, resolución de conflicto entre comunidades, y entidades de control en el fortalecimiento de estrategias de seguridad pública y ciudadana.

Ha estudiado en Israel, Proyectos Municipales de Seguridad Ciudadana, y en Brasil estudios en Cámaras de Seguridad Ciudadana CCTV. y actualmente se especializa en Políticas de Defensa y Seguridad Internacional.

Su enfoque combina:

• Política pública local, nacional y latinoamericana en seguridad ciudadana

• Gestión de convivencia en entornos urbanos y rurales

• Planeación territorial con enfoque preventivo

• Fortalecimiento institucional y gobernanza 

• Políticas de Defensa y Seguridad Internacional 

Carlos Andrés Cotes Maya también ha sido reconocido por su liderazgo en la aplicación de estrategias de seguridad basadas en evidencia, con impacto en municipios priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y escenarios de posconflicto.

Su perfil lo convierte en una figura clave en la nueva generación de estrategas nacionales y  territoriales que articulan técnica, política pública y gobernanza para la construcción de paz, seguridad sostenible y resolución de conflictos.

Consejos de Seguridad, herramienta vital de gestión territorial frente a la inseguridad

Por: CARLOS ANDRES COTES M.

En Colombia, los Consejos de Seguridad son una figura estratégica que, aunque no están plenamente reglamentados de forma específica por tipos, sí cuentan con base legal sólida en la Constitución, la Ley 62 de 1993, la Ley 1801 de 2016 y la Ley 418 de 1997 y el Decreto 2615 de 1991 que reorganizó los Consejos de Seguridad en Colombia. Gobernadores y alcaldes, como primeras autoridades de Policía en sus territorios, tienen la facultad de convocarlos para enfrentar amenazas a la seguridad y al orden público, adaptando su enfoque según el tipo de riesgo o sector impactado y objetivo específico.

El Consejo de Seguridad Ciudadana, se puede realizar de manera: (extraordinario, departamental, Regional, Metropolitano, Interdepartamental, Ministerial y Nacional) es el más común. Se activa ante delitos como homicidios, hurtos, extorsiones, asonadas, entre otros. Convoca a Policía, Fiscalía, Ejército, Procuraduría, Personería, Defensoría y autoridades, quienes coordinan medidas de control, investigación y prevención.

El Consejo de Seguridad Rural atiende problemáticas en zonas rurales como abigeato, minería ilegal, narcotráfico o presencia de grupos armados. Es vital en municipios con corregimientos dispersos. Lo integran Ejército, Policía, ICA, , autoridades locales y líderes campesinos.

El Consejo de Seguridad Ambiental responde a delitos contra los recursos naturales. Es convocado ante alertas de deforestación, tráfico de especies, o contaminación. Participan autoridades ambientales (CAR, Parques), Policía Ambiental, Fiscalía Ambiental y entes territoriales.

El Consejo de Seguridad Escolar protege entornos educativos frente a consumo de drogas, abuso, reclutamiento o violencia escolar, amenazas. Se implementa con instituciones educativas, Policía de Infancia, ICBF, secretarías de educación y padres de familia.

El Consejo de Seguridad para la Mujer se enfoca en violencias basadas en género, feminicidios o trata de personas. Convoca comisarías de familia, Fiscalía, Policía, Consejerías de Mujer y sociedad civil. Su activación es clave ante cifras preocupantes de violencia contra mujeres.

El Consejo de Seguridad con Comunidades y Juntas de Acción comunal, aborda amenazas a poblaciones étnicas, LGTBIQ+ o líderes sociales. Su enfoque diferencial permite articular medidas de protección específicas y culturalmente pertinentes.

El Consejo de Seguridad Empresarial protege sectores económicos ante extorsión, ciberataques o crimen organizado. Se convoca con gremios, DIAN, Ejército, Policía, Fiscalía y cámaras de comercio.

El Consejo de Seguridad Electoral (diferente a los comités de seguimiento electoral) se puede activar antes y durante procesos electorales. Busca prevenir delitos como trashumancia, amenaza a candidatos y electores,  coacción o violencia política. Lo conforman Registraduría, CNE, MOE, Fuerza Pública y partidos políticos.

El Consejo de Seguridad Carcelario revisa situaciones críticas en centros penitenciarios: motines, extorsión desde cárceles o fugas. Participan INPEC, Policía, Fiscalía y Ministerio de Justicia.

Desde las entidades territoriales, estos consejos deben responder a diagnósticos reales, estar sustentados en datos, y generar planes de acción articulados. Aunque su convocatoria es discrecional, su éxito depende del seguimiento a los compromisos, la voluntad política y la articulación interinstitucional. En tiempos de creciente inseguridad, los Consejos de Seguridad son más que reuniones: son el corazón operativo de la gestión pública territorial frente al delito.