Cuando se asfixian las economías ilegales, se debilitan los grupos armados

                                                          Por: CARLOS COTES 

Las economías ilegales son mucho más que una fuente de dinero para los grupos armados. Son el combustible que permite sostener su estructura militar, comprar armas y municiones, pagar a sus integrantes, movilizar hombres, corromper funcionarios, financiar redes logísticas y, sobre todo, ampliar y mantener el control territorial. Por eso, enfrentar estas rentas debe ser una prioridad dentro de cualquier estrategia seria de seguridad y defensa.

Cuando el Estado logra afectar de manera sostenida las economías ilícitas, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, el tráfico de combustible, el secuestro y otras actividades criminales, el impacto no necesariamente se observa de inmediato en las estadísticas de violencia. Pero comienza a producirse una transformación silenciosa dentro de las organizaciones armadas: el dinero empieza a escasear.

Y cuando falta dinero, todo se complica.

Un grupo armado necesita recursos permanentes para mantener una estructura que funciona casi como una organización empresarial criminal. Hay que pagar a quienes combaten, garantizar alimentación, transporte, comunicaciones, inteligencia, logística y armamento. También se requieren recursos para reclutar nuevos integrantes y establecer redes de apoyo en los territorios.

La reducción de las rentas ilegales puede generar entonces un efecto estratégico: disminuye la capacidad de las organizaciones para sostener su aparato armado. Si no pueden pagar la “nómina” de sus combatientes, aumenta el riesgo de deserciones, disputas internas y pérdida de cohesión. Si no pueden comprar armas y municiones, su capacidad ofensiva disminuye. Y si los ingresos ya no alcanzan para financiar nuevos hombres, vehículos, comunicaciones o logística, se limita su posibilidad de expandirse hacia nuevos territorios.

Pero existe una advertencia fundamental: asfixiar una economía ilegal no significa que el grupo armado desaparecerá automáticamente. Los actores criminales son adaptativos. Cuando una renta comienza a disminuir, buscarán otra. Pueden migrar hacia la extorsión, el secuestro, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de combustible, el hurto de mercancías o cualquier otra actividad que les permita recuperar flujo de caja.

Por eso, la lucha contra las economías ilegales debe ser integral. No basta con capturar integrantes o realizar operaciones militares y policiales aisladas. Hay que identificar quién controla la renta, quién la administra, quién lava el dinero, qué rutas utiliza, qué bienes adquiere y qué redes de corrupción permiten que el negocio continúe.

La verdadera disputa por la seguridad también es una disputa por las finanzas criminales. Un grupo armado sin territorio, sin hombres y sin armas es una amenaza diferente a una organización con recursos suficientes para financiar una guerra prolongada.

Asfixiar sus economías no es simplemente quitarles dinero. Es reducir su capacidad para ejercer violencia, controlar poblaciones y disputar territorios. Y allí está una de las claves de una política de seguridad eficaz: golpear simultáneamente la capacidad armada y el músculo financiero de las organizaciones criminales, mientras el Estado ocupa con institucionalidad los espacios que estas dejan vacíos.