Por: Cale Cotes
Hablar de seguridad ciudadana exige ir más allá de las cifras oficiales. Un territorio puede registrar determinados niveles de criminalidad, pero la percepción de inseguridad de sus habitantes puede ser considerablemente mayor. En ese punto aparece un factor determinante: la victimización.
Ser víctima de un delito transforma la manera en que una persona interpreta su entorno. Antes del hecho, el riesgo puede parecer una posibilidad distante; después de sufrirlo, se convierte en una experiencia concreta. Un hurto, una amenaza, una extorsión o cualquier otra conducta criminal no termina necesariamente cuando finaliza el hecho. Sus efectos pueden permanecer durante meses y modificar rutinas, horarios, desplazamientos y relaciones con el espacio público.
La victimización genera vulnerabilidad. El ciudadano comienza a preguntarse si puede volver a ser víctima y, especialmente, si las instituciones tendrán capacidad para protegerlo. Cuando esta sensación se repite en una comunidad, el problema deja de ser individual y adquiere una dimensión colectiva.
Existe además un efecto multiplicador. Las víctimas cuentan lo sucedido a familiares, vecinos, compañeros de trabajo y comunidades digitales. De esta manera, un hecho criminal puede producir múltiples percepciones de riesgo. La experiencia de una víctima puede convertirse rápidamente en el temor de muchas personas. Las redes sociales y los sistemas de mensajería aceleran todavía más este proceso.
La situación se vuelve particularmente compleja cuando existe victimización repetida. Un comerciante que ha sido víctima varias veces, una comunidad sometida a amenazas o un sector donde los hurtos son recurrentes pueden desarrollar la percepción de que el delito está fuera de control. En ese momento aparece un elemento crítico para la seguridad pública: la pérdida de confianza institucional.
Cuando el ciudadano considera que denunciar no produce resultados, que la respuesta llega tarde o que el delincuente actúa con impunidad, puede optar por no acudir a las autoridades. Así aumenta la llamada cifra negra: delitos que ocurren pero no quedan registrados. Se genera entonces un círculo negativo: victimización, desconfianza, menor denuncia, menor información y mayores dificultades para diagnosticar correctamente el fenómeno criminal.
Por eso, reducir la percepción de inseguridad no significa simplemente comunicar que los delitos disminuyeron. La ciudadanía necesita experimentar resultados. Necesita recuperar el espacio público, observar presencia institucional, recibir respuestas oportunas y comprobar que existen capacidades reales de prevención, reacción, investigación y sanción.
La seguridad objetiva y la seguridad percibida están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. Una administración puede mejorar determinados indicadores criminales y, aun así, enfrentar una ciudadanía que continúa sintiéndose insegura. Ignorar esa brecha sería un error estratégico.
La política de seguridad debe medir no solamente cuántos delitos ocurren, sino también cuántas personas son victimizadas, cuántas denuncian, cuáles son sus niveles de temor, qué espacios han dejado de utilizar y cuánto confían en las instituciones.
En definitiva, el desafío consiste en romper el ciclo que convierte el delito en miedo, el miedo en desconfianza y la desconfianza en pérdida de legitimidad institucional. La seguridad ciudadana no se construye únicamente reduciendo el delito; también se construye recuperando la confianza del ciudadano.
Porque cuando una persona deja de sentirse segura, no solamente cambia su percepción: cambia su comportamiento, limita su libertad y modifica su relación con el territorio. Y cuando ese sentimiento se extiende a toda una comunidad, deja de ser una percepción individual para convertirse en un verdadero problema de percepción de inseguridad.
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