Por: Carlos Cotes
En Colombia, la seguridad enfrenta amenazas que van más allá de los hombres armados, los fusiles y los enfrentamientos en zonas rurales. Una de ellas es la denominada «puerta giratoria»: una expresión utilizada para describir la alternancia entre la vida civil y la participación en actividades de un Grupo Armado Organizado (GAO). Se trata de un fenómeno que exige análisis, inteligencia y respuestas institucionales ajustadas a la ley.
El problema aparece cuando una persona conserva su apariencia de ciudadano común, pero, al mismo tiempo, participa conscientemente en actividades que favorecen a una estructura criminal. Puede ocurrir mediante el suministro de información, el apoyo logístico, el transporte de recursos, la financiación o la colaboración en acciones delictivas. No todos los casos implican portar armas ni permanecer dentro de un campamento.
La complejidad aumenta cuando una persona abandona temporalmente esas actividades, regresa a su entorno cotidiano y posteriormente retoma sus vínculos con la organización. Esta dinámica puede dificultar la identificación de las redes de apoyo, especialmente en territorios donde los grupos ilegales ejercen presión sobre las comunidades, aprovechan las economías ilícitas o intentan controlar la información sobre los movimientos de la Fuerza Pública.
Sin embargo, es indispensable establecer una diferencia: ser civil no significa ser integrante de un GAO. Vivir en una zona de influencia, conocer a uno de sus miembros o mantener contacto con una persona investigada tampoco demuestra, por sí solo, participación criminal. La responsabilidad debe establecerse a partir de hechos verificables, evidencias y procedimientos legales.
Frente a este desafío, la inteligencia debe trascender la identificación de quienes portan armas y avanzar, dentro de sus competencias, en la comprensión de las redes financieras, logísticas y de información que sostienen a estas organizaciones. La coordinación entre Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes resulta fundamental para diferenciar los niveles de participación y orientar las actuaciones correspondientes.
También es necesario fortalecer la prevención, la denuncia segura y la presencia integral del Estado. En comunidades sometidas a amenazas, extorsiones o reclutamiento, muchas personas pueden actuar bajo coacción. Confundir a las víctimas con los colaboradores voluntarios no solo genera injusticias, sino que puede deteriorar la confianza ciudadana y afectar la cooperación con las autoridades.
La respuesta no puede limitarse a capturar individuos aislados. Debe buscar la desarticulación de las capacidades que permiten a los GAO financiarse, obtener información, ejercer control territorial y reproducir sus estructuras. Para ello, se requiere inteligencia judicial, investigación criminal, protección de las comunidades y seguimiento efectivo a los procesos de sometimiento o reincorporación cuando correspondan.
La seguridad democrática y la vigencia del Estado de derecho exigen precisión. La llamada puerta giratoria debe analizarse sin estigmatizaciones, pero también sin ingenuidad. Comprender cómo una estructura armada se relaciona con el entorno civil es esencial para anticipar amenazas, proteger a la población y evitar que la criminalidad se oculte detrás de una apariencia de normalidad.
El verdadero desafío consiste en identificar responsabilidades individuales, desarticular las redes criminales y garantizar que ningún territorio quede sometido a poderes ilegales. La seguridad se fortalece cuando la inteligencia identifica con rigor, la justicia actúa con pruebas y el Estado protege efectivamente a sus ciudadanos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario