Colombia ha aprendido que la desaparición formal de una estructura armada no siempre significa el fin de las capacidades. Después de la desmovilización de las AUC, el país observó la aparición de grupos posdesmovilización, procesos de rearme, fragmentación y continuidad de economías ilegales. El CNMH Centro Nacional de Memoria Histórica, ha documentado trayectorias y continuidades. Esta experiencia permite comprender un concepto que merece mayor atención en el análisis de seguridad, el reciclaje criminal.
El reciclaje criminal ocurre cuando personas, conocimientos, redes, recursos, infraestructura, contactos, métodos o rentas vinculadas a una estructura ilícita son reutilizados o transferidos hacia nuevas configuraciones criminales. No significa que una organización sea idéntica bajo otro nombre, parte de su capital criminal puede sobrevivir a la transformación de la estructura. Un exintegrante puede aportar experiencia; una ruta puede continuar siendo utilizada; una red de colaboradores puede cambiar de jefe; una economía ilegal puede conservar sus operadores. La amenaza se adapta.
El proceso de las FARC ofrece otra referencia para estudiar esta dinámica, aunque su naturaleza histórica y jurídica es distinta. Tras el Acuerdo Final de 2016, la gran mayoría de los exintegrantes acreditados avanzó hacia la reincorporación. Sin embargo, algunos actores no ingresaron al proceso o posteriormente retomaron las armas, dando lugar a distintas estructuras disidentes y reconfiguradas. En algunos territorios se reutilizaron experiencia armada, conocimiento geográfico, redes y capacidades. Por eso, más que asumir que toda disidencia es simplemente una continuación de las FARC, resulta más preciso estudiar qué elementos fueron heredados, cuáles fueron incorporados posteriormente y cómo se transformaron.
El reciclaje criminal es clave para la inteligencia. Una operación puede afectar una organización sin destruir el ecosistema que sostiene sus actividades. Por eso, además de contar capturas, bajas o incautaciones, es necesario observar qué ocurre después, quién ocupa el territorio, quién administra las rentas, qué rutas permanecen activas, qué actores migran, qué redes sobreviven y qué capacidades son absorbidas por otros grupos. Esta perspectiva permite diferenciar una verdadera reducción de la amenaza de una simple sustitución de actores. El centro del análisis deja de ser solamente el nombre del grupo y pasa a ser la capacidad criminal.
Esta mirada debe incorporarse a las estrategias de seguridad y estabilización territorial. Cada desmovilización, desarticulación o golpe operacional debe ser seguido por una evaluación de continuidad, personas, redes, economías, logística, territorio y capacidad de violencia. El objetivo no debe ser únicamente derrotar una organización, sino impedir que sus capacidades sean recicladas por otra. Esa es una clave para comprender la resiliencia criminal: las estructuras pueden desaparecer, fragmentarse o cambiar de denominación, pero si las rentas, las redes y las capacidades permanecen disponibles, el fenómeno puede reconstruirse. Combatir el reciclaje criminal exige, por tanto, atacar al actor y al ecosistema que permite su reproducción real.
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