El Holocausto nazi, visto desde la memoria viva

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Visitar el museo Yad Vashem en Jerusalén - Israel,  fue una experiencia transformadora. Llegué sin conocer a fondo la magnitud del Holocausto Nazi y nunca imaginé que un genocidio tan grande pudiera haber ocurrido contra el pueblo judío bajo la dictadura de Hitler. Al recorrer cada una de sus salas pensé en los millones de niños que quedaron huérfanos, algunos forzados a crecer con el dolor de la ausencia de sus padres, otros asesinados sin haber tenido siquiera la oportunidad de vivir.

En el museo cada fotografía, cada objeto personal, cada pijama de rayas usada por los prisioneros esclavizados me transmitió la crudeza de lo que sucedió entre 1933 y 1945. El término “Holocausto” significa exterminio sistemático, una persecución implacable que no tuvo fronteras y que convirtió la ideología nazi en una maquinaria de muerte contra el pueblo judío.

Desde otros escenarios, uno de los símbolos más desgarradores de esta barbarie es Auschwitz, en Polonia. Con cerca de 140 hectáreas y capacidad para 100.000 prisioneros, se convirtió en el mayor centro de exterminio de la historia. Los trenes llegaban cargados con vagones repletos de personas provenientes de muchos países ocupados por los nazis, que tenían guetos judíos. Estas personas llegaban en condiciones infrahumanas, sin comida ni agua. Al llegar eran separados: quienes podían trabajar eran destinados a la esclavitud; los demás, conducidos directamente a las cámaras de gas. Allí más de mil personas eran asesinadas en veinte minutos con cianuro y luego sus cuerpos cremados.

Los prisioneros soviéticos también fueron víctimas, obligados a construir sus propios barracones. Muchos sobrevivían apenas unos días, otros un año trabajando hasta el límite, para finalmente ser asesinados. Dormían en el suelo, sin dignidad, reducidos a números en un sistema diseñado para borrar su humanidad.

Quiero describir, que al recorrer el museo del Holocausto Yad Vashem, entendí que más allá de las cifras, más de once millones de personas asesinadas, entre ellas seis millones de judíos, lo que sobrevive son las historias individuales: los rostros, las cartas, los objetos, la esperanza rota de millones de seres humanos, y la cantidad de niños que quedaron huérfanos al momento de ser alejados de sus padres.

Hoy, a ochenta y un año de aquella tragedia, el recuerdo sigue siendo un llamado urgente a la humanidad. No basta con conmovernos ante el dolor; debemos aprender, recordar y advertir que el odio y la indiferencia siempre abren la puerta al horror. Salí del museo Yad Vashem, en la ciudad de Jerusalén con el corazón arrugado, convencido de que mantener viva la memoria es un deber moral para que nunca más la historia repita semejante oscuridad contra los judios.

Operación Resolución Absoluta, la extracción de un dictador que redefine la seguridad regional

La llamada Operación Lanza del Sur marcó el inicio visible de una fase decisiva sobre Venezuela. Durante siete meses, Estados Unidos sostuvo un cerco marítimo y aéreo sostenido, técnico y constante, que no buscaba el espectáculo sino el desgaste estratégico. Ese control sobre el Caribe y el Atlántico neutralizó rutas históricas del narcotráfico, y el derribo de narcolanchas cargadas de droga rumbo a todos los continentes fue el primer mensaje claro de que la transición ya había comenzado, aunque pocos quisieran admitirlo.

Nada de esto fue improvisado. El segundo capítulo se escribió con planeamiento mesurado y paciencia quirúrgica. Washington entendió que el verdadero poder no estaba solo en el Palacio de Miraflores, sino en la estructura criminal del Cartel de los Soles. Por eso, la operación se concentró en cazar finanzas, rutas, mandos y protecciones, penetrando territorio venezolano con inteligencia precisa, acumulando información y debilitando la columna vertebral de la organización que convirtió al Estado en una plataforma criminal.

En paralelo, existió una aproximación política silenciosa. El gobierno de Estados Unidos exploró una salida negociada con Nicolás Maduro, ofreciéndole garantías de exilio y una transición democrática controlada que evitara un colapso interno. La propuesta no era humillación, sino una puerta de salida que permitiera a Venezuela recomponer su institucionalidad sin sangre ni caos, entendiendo el desgaste social y económico que asfixiaba al país.

Sin embargo, la presión interna fue más fuerte. Maduro no gobernaba solo. A su alrededor operaba una red de inteligencia cubana, con influencia directa de los hermanos Rodríguez, y el poder real de Diosdado Cabello. Detrás del discurso político se movía una mafia enquistada que no estaba dispuesta a perder privilegios ni a enfrentar tribunales internacionales. Tal vez hubo intención de negociar, pero el cerco interno fue tan asfixiante como el externo.

Así se lanzó la Operación Resolución Absoluta. Venezuela no resistió el asedio estratégico de Estados Unidos y se produjo la extracción de Maduro como punto culminante de una operación diseñada para ser rápida, precisa y decisiva. No fue un acto aislado, sino el cierre de un proceso prolongado de desgaste, aislamiento y superioridad operativa.

Lo más duro, sin embargo, viene ahora. Existen indicios de que Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, presuntamente, contemplan escenarios de guerra de guerrillas internas y provocaciones armadas, apostando a un conflicto terrestre que obligue a un nuevo ingreso del ejército estadounidense. Es la lógica del caos como última defensa de quienes saben que el poder se les escapa.

Será difícil que estos actores entreguen el control sin resistencia. Pero para Estados Unidos no es imposible extirpar el cáncer del Cartel de los Soles, una estructura que pone en riesgo la seguridad nacional de casi toda América Latina. Desde territorio venezolano han operado y entrenado células de Hezbolá y Hamás, organizaciones terroristas que han puesto al mundo en vilo y que encontraron allí un santuario funcional.

La Operación Resolución Absoluta fue tan efectiva que la guardia cubana encargada de proteger a Maduro no logró enfrentar la experiencia ni el entrenamiento de la Fuerza Delta. La operación militar fue impecable, sin margen para el error, demostrando una superioridad táctica incuestionable.

Las unidades de la Fuerza Delta combinan capacidades de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, la Infantería de Marina y los SEALs. Son entrenadas específicamente para este tipo de misiones. Realizaron réplicas exactas del lugar donde se encontraba Maduro, ensayaron una y otra vez el asalto y perfeccionaron cada movimiento. Esa preparación exhaustiva fue la clave del éxito y el símbolo de que, cuando la decisión está tomada, la historia puede cambiar en silencio pero de forma irreversible.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

La gran utilidad de la escopeta calibre 12 frente a la guerra criminal de los drones

POR: CARLOS COTES 

La guerra entre Rusia y Ucrania marcó un punto de quiebre en la historia reciente de los conflictos armados, no solo por su dimensión geopolítica, sino por la acelerada incorporación de drones cargados con explosivos como herramientas tácticas y estratégicas. Estos dispositivos, relativamente baratos y fáciles de adaptar, han demostrado una capacidad letal desproporcionada frente a su costo, atacando trincheras, vehículos blindados, infraestructuras críticas y concentraciones de tropas. El campo de batalla ucraniano se convirtió así en un laboratorio real donde la tecnología comercial se fusionó con fines militares, mostrando que el terrorismo y la guerra irregular del siglo XXI ya no dependen exclusivamente de misiles sofisticados o aviación tripulada.

Paradójicamente, aun tratándose de dos potencias con amplias capacidades industriales, científicas y militares, Rusia y Ucrania no han logrado contrarrestar a la perfección la amenaza de los drones explosivos. Sistemas de guerra electrónica, radares, misiles de corto alcance y tecnologías antidrones han sido desplegados, pero la adaptación constante del adversario ha generado un ciclo interminable de acción y reacción. La saturación de ataques, el bajo costo de reposición y la creatividad en el empleo táctico han superado en muchos casos a las defensas tecnológicas, evidenciando que no existe, hasta ahora, una solución absoluta contra este tipo de amenaza aérea de baja altura.

En contraste con ese escenario, Colombia es un país con históricas limitaciones en inversión en innovación, ciencia y desarrollo tecnológico aplicado a la defensa y la seguridad. Aunque existen avances puntuales y talento humano calificado, el rezago estructural en investigación militar y en producción de tecnologías propias reduce la capacidad de anticipación frente a nuevas amenazas. Esta brecha se vuelve crítica cuando los grupos armados organizados incorporan rápidamente tecnologías disponibles en el mercado global, mientras el Estado avanza con algunas restricciones presupuestales.

A ello se suma que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional aún no cuentan de manera suficiente con sistemas antidrones especializados para cubrir de forma integral bases, batallones, estaciones de policía e infraestructura estratégica. La amenaza del uso terrorista de drones, ya evidenciada en otros conflictos y latente en el contexto colombiano, plantea un desafío real para la protección de personal y población civil. La falta de cobertura total con equipos de alta tecnología obliga a pensar en soluciones complementarias, pragmáticas y adaptadas a nuestra realidad operativa.

En ese contexto reaparece la escopeta calibre 12 como un recurso defensivo relevante. Catalogada de ser un arma de defensa del hogar y de cacería, su capacidad de dispersión y su efectividad a corta distancia la convierten en una herramienta útil para neutralizar drones de vuelo bajo, especialmente cuando fallan o no están disponibles los sistemas antidrones electrónicos. En Ucrania y Rusia se ha documentado su empleo como último recurso defensivo, demostrando que, en determinados escenarios, la simplicidad y la reacción humana inmediata pueden marcar la diferencia frente a una amenaza aérea improvisada.

Por ello resulta pertinente recomendar, y solicitar respetuosamente a las Fuerzas Militares: El Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional de Colombia, evalúen, entrenen e implementen de manera oportuna el uso de escopetas calibre 12 dentro de esquemas de defensa antidrón, con cartuchos de 9 postas o perdigones, con alcance hasta de 100 metros antes del impacto. No se trata de sustituir la tecnología avanzada antidrones, sino de complementarla con personal capacitado para la protección de personal y de instalaciones críticas. En un entorno donde la amenaza evoluciona más rápido que los presupuestos, la adaptación inteligente y realista puede convertirse en un factor decisivo para preservar la seguridad y la vida.

Como complemento a esta reflexión, resulta clave destacar que Colombia cuenta hoy con una capacidad industrial propia que puede fortalecer de manera inmediata la defensa antidrones. Indumil, fabrica la escopeta calibre 12 "Santander", un producto hecho en Colombia que no solo responde a estándares operativos para el servicio de la Fuerza Pública, sino que además permite una distribución ágil y oportuna a unidades del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional en todo el territorio. Su incorporación como herramienta complementaria dentro de los esquemas de seguridad permitiría que, desde hoy mismo, personal debidamente entrenado cuente con un medio efectivo y disponible para enfrentar amenazas aéreas de baja altura, contribuyendo a la protección de instalaciones estratégicas, de los hombres y mujeres en uniforme y, en última instancia, de la población civil frente al riesgo creciente del uso terrorista de drones.

De igual forma, es imperativo hacer un llamado directo a toda la Fuerza Pública para que adopte, desde ahora, medidas preventivas y de anticipación frente a la amenaza creciente que representan los Grupos Armados Organizados, los cuales podrían trasladar su accionar violento a los entornos urbanos mediante el uso de drones con fines terroristas. La posibilidad de ataques contra ciudades, infraestructura crítica y estratégica como estaciones de policía, instalaciones militares, sistemas de transporte y servicios públicos, así como contra la población civil, configura un escenario de terrorismo urbano sin precedentes en el país. En un contexto en el que el año 2026 será un año político, el riesgo se incrementa de manera significativa, haciendo indispensable fortalecer los esquemas de seguridad urbana, la protección de objetivos sensibles y la preparación operativa del personal, con el fin de prevenir y neutralizar oportunamente amenazas que podrían afectar gravemente la estabilidad institucional y la seguridad de los colombianos.

"EN UNA GUERRA DONDE LOS RECURSOS SON LIMITADOS, LAS ESCOPETAS CALIBRE 12 ESTAN SUPERANDO A SISTEMAS MUCHO MÁS COSTOSOS, COMO LOS ANTIDRONES"

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Desafíos para la Seguridad Nacional en Colombia hacia el 2026

                                                     POR: CARLOS A. COTES

La Seguridad Nacional de Colombia enfrenta uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. El crecimiento progresivo de los Grupos Armados Organizados (GAO) durante los últimos años ha demostrado una expansión territorial sin precedentes, acompañada de una diversificación de sus economías ilegales. Hoy, estos grupos no solo dominan rutas del narcotráfico y zonas mineras estratégicas, sino que también se han insertado en economías locales mediante el microtráfico, la extorsión y la corrupción institucional. Su capacidad para mutar y adaptarse a las nuevas condiciones del entorno les ha permitido mantener presencia activa en más del 60% del territorio nacional, desafiando directamente la autoridad del Estado.

Colombia atraviesa una guerra irregular que supera ya varias décadas, pero lo más preocupante es la transformación de sus métodos de combate. Los GAO han incorporado tácticas propias de conflictos internacionales, como el de Ucrania y Rusia, empleando drones con fines ofensivos, tecnología para el espionaje y estrategias psicológicas de intimidación sobre la población civil. Estos nuevos patrones de violencia plantean retos inéditos para las Fuerzas Armadas, que deben fortalecer sus capacidades en ciberdefensa, inteligencia técnica y operaciones de precisión.

La seguridad nacional no solo se mide en términos militares, sino también en la estabilidad política e institucional. De cara al proceso electoral de 2026, persiste una preocupación latente sobre posibles amenazas al sistema democrático, ya sea mediante la manipulación de la opinión pública, la intimidación en zonas rurales o la cooptación de estructuras locales por parte del crimen organizado. Proteger el proceso electoral será un reto estratégico que pondrá a prueba la capacidad del Estado para garantizar la participación ciudadana y la transparencia del sufragio.

La seguridad nacional, entendida como un bien público de carácter político, económico y social, se sustenta en la democracia constitucional y recae directamente en la responsabilidad del Presidente de la República. Su garantía exige la articulación efectiva entre las instituciones del sistema público de inteligencia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con un enfoque preventivo y de defensa integral del Estado.

En este contexto, las Fuerzas Militares de Colombia tendrán un papel decisivo en 2026: asegurar un proceso electoral pacífico, preservar el orden constitucional y proteger la soberanía frente a amenazas internas y externas. La defensa nacional deberá regirse por los principios del Derecho Internacional Humanitario y los valores constitucionales, reafirmando su compromiso con la protección de la vida, la libertad y la estabilidad del país.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Drones armados, una amenaza contra la población civil y la Fuerza Pública en Colombia

Durante muchos años Colombia observó a la distancia el uso de drones con fines militares o terroristas. Hasta hace apenas dos años no existían indicios claros de que los grupos armados organizados estuvieran empleando estas plataformas con explosivos de manera sistemática. El escenario cambió de forma preocupante en 2024, cuando se registró un aumento excesivo de ataques con drones cargados de artefactos explosivos, marcando un punto de quiebre en la dinámica del conflicto armado y evidenciando una nueva fase de riesgo para la Fuerza Pública y la población civil.

Este fenómeno no surge de manera aislada. Todo parece indicar que su origen está ligado a las lecciones aprendidas en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde los drones se consolidaron como herramientas clave de la guerra moderna. Esa experiencia se trasladó rápidamente a América Latina y, en particular, a Colombia, donde los grupos armados organizados se entrenaron, capacitaron y aprendieron el uso de explosivos transportados por drones para atacar bases militares, estaciones de Policía y generar terror en zonas pobladas.

Un factor adicional de alto riesgo es el papel de las plataformas digitales. Canales de YouTube, administrados por supuestos expertos o aficionados avanzados, difunden contenidos sobre fabricación, modificación y empleo de drones con fines ofensivos. Muchos integrantes y simpatizantes de grupos armados acceden a estos espacios, donde aprenden de forma continua técnicas que luego replican para cometer atentados, aprovechando la falta de control efectivo sobre este tipo de contenidos.

Colombia enfrenta esta amenaza con limitaciones evidentes. El país cuenta con escasa tecnología y pocos recursos especializados para neutralizar drones terroristas. Incluso en escenarios altamente tecnificados como Ucrania no se ha logrado contener plenamente esta amenaza con sistemas antidrones, presentando falencias significativas. En algunos casos extremos, las fuerzas recurren al uso de escopetas calibre 12 como medio efectivo y rápido para derribar estos artefactos a baja altura.

Frente a este panorama, la Fuerza Pública colombiana debe avanzar con urgencia en la protección de espacios críticos mediante sistemas antidrones, el control efectivo del espacio aéreo y el uso del armamento adecuado. Es viable y necesario por lo pronto,  incorporar escopetas calibre 12 tanto en el Ejército como en la Policía Nacional, complementadas con doctrina, entrenamiento y tecnología. Ignorar esta amenaza sería permitir que el conflicto evolucione sin defensa, poniendo en riesgo la seguridad nacional.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Prepararse para lo Imprevisto; un breve análisis del Manual de Supervivencia Urbana

                                                POR: CARLOS COTES MAYA

En tiempos de incertidumbre global, la supervivencia moderna ya no es solo un concepto reservado a quienes viven en zonas de conflicto o a los aventureros extremos. Hoy, cualquier ciudadano puede verse enfrentado a una crisis súbita desde un apagón prolongado hasta un colapso económico o un desastre natural, que ponga a prueba su capacidad de reacción. La supervivencia moderna no consiste únicamente en resistir, sino en adaptarse, anticiparse y mantener la calma ante lo inesperado. Se trata de comprender que la preparación es una forma de responsabilidad, tanto individual como colectiva.

En el Manual de Supervivencia Urbana, Fernando “Ferfal” Aguirre, plantea escenarios reales y posibles donde la vida cotidiana se transforma de un momento a otro. Un apagón total, por ejemplo, puede paralizar el transporte, las comunicaciones y los servicios básicos, generando caos en cuestión de horas. En esos momentos, la diferencia entre la desesperación y la serenidad depende de la preparación previa. Saber cómo iluminarse sin electricidad, almacenar agua de manera segura y asegurar los alimentos básicos puede determinar el bienestar de una familia. El autor insiste en que la planificación es la clave para sobrevivir al colapso temporal de una ciudad moderna.

Un punto esencial que subraya Aguirre es la necesidad de contar con un kit de supervivencia funcional y accesible. Este debe incluir elementos de primeros auxilios, linterna, baterías, herramientas multipropósito, encendedores, alimentos no perecederos, agua purificada y documentos esenciales protegidos en bolsas herméticas. Cada miembro de la familia debe conocer su ubicación y uso. La supervivencia familiar no depende solo del equipamiento, sino también de la coordinación y la capacidad de mantener la calma ante la emergencia.

Otro aspecto relevante es cómo enfrentar un colapso económico. El autor basándose en su experiencia durante la crisis argentina de 2001, describe cómo el dinero pierde valor rápidamente y los productos básicos se convierten en moneda de cambio. En tales escenarios, es fundamental diversificar los ahorros, tener provisiones y aprender a vivir con menos. El sentido de comunidad, el trueque y la cooperación vecinal se vuelven herramientas de resistencia más poderosas que el propio dinero.

Dentro del equipo de supervivencia, Fernando Aguirre,  recomienda un elemento muchas veces subestimado: el radio portátil. Este pequeño aparato, puede ser la única conexión con el mundo exterior cuando las redes de telefonía o internet colapsan. Permite conocer lo que ocurre, recibir instrucciones oficiales, alertas climáticas o simplemente orientarse ante la incertidumbre. En un entorno caótico, la información se convierte en una herramienta de supervivencia tan importante como el agua o los alimentos.

Finalmente, este autor, destaca la importancia del conocimiento básico en primeros auxilios y remedios caseros. Saber cómo detener una hemorragia, tratar una quemadura o desinfectar agua puede salvar vidas. Igualmente, conocer el uso de plantas medicinales y métodos naturales de curación brinda autonomía cuando el acceso a servicios médicos es limitado. La supervivencia urbana, en esencia, es un llamado a la conciencia: no se trata de vivir con miedo, sino de estar listos para cuando la normalidad deje de serlo.

PD: La Regla de Tres:

"No se puede vivir tres minutos sin aire, no se puede vivir tres horas a la intemperie, no se puede vivir tres días sin agua, no se puede vivir tres semanas sin comida, y no se puede vivir tres segundos con un disparo en el cerebro".

Injerencia delictiva y homicidios selectivos; cuando el crimen organizado impone su orden

POR: CARLOS COTES MAYA

Los homicidios selectivos se han convertido en uno de los fenómenos criminales más preocupantes del país. Detrás de cada caso hay una historia de venganzas, traiciones o disputas por dinero derivado de las economías ilícitas. En muchos de estos crímenes no existe un móvil pasional ni un robo común, sino ajustes de cuentas entre socios del delito que deciden saldar sus diferencias con la muerte. Las bandas y grupos armados organizados recurren a este método para mantener el control, eliminar rivales, o castigar a quienes incumplen acuerdos sobre la distribución de ganancias provenientes del narcotráfico, el microtráfico o la extorsión.

En Colombia, las cifras de homicidios muestran un comportamiento desigual. Algunas ciudades registran una alta tasa que responde a la confrontación entre organizaciones criminales por el control de corredores estratégicos o zonas urbanas donde las rentas ilegales son más rentables. En otros casos, la violencia disminuye no porque haya desaparecido el delito, sino porque los grupos llegan a pactos de convivencia criminal, respetando fronteras invisibles que delimitan sus áreas de influencia. Cuando ese frágil equilibrio se rompe, las balas vuelven a sonar y los homicidios selectivos reaparecen como un recordatorio de que el poder territorial sigue siendo la moneda de cambio del crimen.

Un ejemplo claro ocurrió en enero de 2025 en el Catatumbo, donde dos estructuras armadas ilegales se enfrentaron por la injerencia delictiva en una zona de alto tráfico de estupefacientes. Los asesinatos selectivos fueron el preludio de desplazamientos forzados y del resurgimiento de la violencia en comunidades rurales que habían logrado cierta calma. Este tipo de hechos demuestran cómo la fragmentación del crimen organizado produce una guerra silenciosa que, aunque no siempre aparece en los titulares, deja profundas huellas en la estabilidad regional y en la vida cotidiana de sus habitantes.

Los homicidios selectivos no solo afectan a quienes participan en la cadena delictiva; impactan directamente la percepción de seguridad ciudadana. Cuando los ciudadanos observan cuerpos abandonados en las calles o escuchan de ejecuciones por encargo, se instala un sentimiento de miedo que debilita la confianza en las autoridades y en la capacidad del Estado para garantizar la vida. El efecto psicológico es tan grave como el hecho mismo, pues crea un entorno de desconfianza generalizada donde nadie se siente a salvo.

Atacar este fenómeno requiere acciones de inteligencia y de coordinación interinstitucional entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y los gobiernos territoriales. Es necesario identificar a los dinamizadores de homicidios y a las redes financieras que los sostienen, desmantelando su poder económico y su capacidad de intimidación. Solo con información precisa, intervención oportuna y presencia estatal sostenida se podrá frenar la violencia selectiva que hoy carcome los cimientos de la tranquilidad ciudadana y perpetúa el control criminal en los territorios.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna** 

Ciberseguridad, el arma que le hace falta a la seguridad nacional

                                               POR: CARLOS COTES MAYA

Colombia ha estructurado históricamente su defensa en tres fuerzas esenciales: el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial. Cada una cumple misiones estratégicas en tierra, mar, aire y espacio, protegiendo la soberanía en escenarios tradicionales. Sin embargo, en medio de la transformación global de los conflictos, un dominio crucial sigue sin ser reconocido como arma formal: el ciberespacio. Allí se libran hoy las batallas más silenciosas, pero también las más devastadoras.

Mientras el mundo observa el avance de las guerras cibernéticas, con países enfrentándose mediante herramientas digitales capaces de paralizar infraestructuras críticas; Colombia continúa dando pasos tímidos. Los ciberataques no distinguen fronteras, y las potencias han entendido que la superioridad tecnológica puede definir victorias sin necesidad de disparar un solo proyectil. La ausencia de una fuerza especializada y reconocida como arma militar deja al país rezagado frente a los desafíos internacionales.

Es cierto que Colombia cuenta con un Comando de Apoyo Operacional de Comunicaciones y Ciberdefensa, CCOCI,  unidad que adelanta acciones no letales para enfrentar incidentes en el ciberespacio. No obstante, su función, aunque valiosa, no basta para la magnitud de las amenazas actuales. Hoy, el ciberespacio exige la misma jerarquía que la infantería, la artillería o la caballería. Las nuevas batallas se deciden en redes, algoritmos y plataformas, y quienes no fortalezcan esta capacidad quedarán expuestos.

El país necesita asumir que la ciberseguridad no es un componente accesorio, sino un pilar de defensa nacional. Sin un arma cibernética estructurada, con doctrina, entrenamiento y capacidades ofensivas y defensivas, Colombia seguirá reaccionando tarde frente a actores hostiles que operan con precisión quirúrgica. La protección del territorio ya no se limita a los límites geográficos; incluye servidores, sistemas de control industrial y bases de datos estratégicas.

Preocupa, además, que en muchos departamentos del país, las acciones estratégicas para la ciberseguridad prácticamente muy poco aparece en los planes de desarrollo. Es improbable encontrar estrategias locales que contemplen cómo responder a amenazas digitales que pueden paralizar una entidad territorial, robar información sensible o afectar servicios esenciales. La seguridad ciudadana también depende de la resiliencia tecnológica, y sin planificación territorial la brecha de vulnerabilidad se amplía.

Colombia se encuentra en riesgo de sufrir afectaciones que podrían escalar a emergencias nacionales: apagones provocados por ataques a infraestructuras eléctricas, interrupciones del suministro de gas, o alteraciones en comunicaciones y sistemas hospitalarios. Ignorar el ciberespacio como arma es desconocer el campo de batalla del siglo XXI. El país debe dar un salto doctrinal y estratégico para que su defensa esté realmente a la altura de los tiempos

Outsourcing criminal, la tercerización del delito

POR: CARLOS A COTES M.

En Colombia, la violencia ha mutado con los años, y junto a ella, también las formas de operar de los grupos armados organizados. Hoy, un fenómeno silencioso pero letal crece en las calles: el outsourcing criminal. Se trata de la tercerización del delito, donde estructuras armadas, incapaces o reacias a exponerse directamente, contratan jóvenes sin oficio, sin estudio y sin rumbo, para ejecutar encargos ilegales que van desde el sicariato hasta la simple tarea de colocar una bandera o pintar un grafiti que siembre miedo en una comunidad. Por cualquier suma de dinero, muchos de estos jóvenes terminan siendo herramientas de intimidación y violencia.

Este tipo de subcontratación criminal permite a los grupos armados mantener su poder sin arriesgar su estructura. En muchas ocasiones, los cabecillas se encuentran lejos de los lugares donde ocurre el delito; simplemente ordenan y pagan por el servicio. Los jóvenes ejecutores, generalmente de barrios vulnerables, se convierten en piezas de  maquinarias delictivas que los usa, los expone y los reemplaza con rapidez. Son ellos quienes marcan territorios con banderas, asesinan por encargo o incluso son reclutados para permanecer de manera más estable al servicio del crimen.

El outsourcing criminal no es un fenómeno marginal: se ha convertido en práctica frecuente y cotidiana. La mayoría de los delitos urbanos, homicidios, hurtos, amenazas, son cometidos por jóvenes que se inician en la delincuencia bajo la promesa de dinero rápido y sin medir las consecuencias. La precariedad económica, la falta de oportunidades y la desconexión educativa son los principales motores que los empujan a aceptar estas “ofertas de trabajo” criminales. En muchos casos, no se trata de reclutamiento forzoso, sino de un reclutamiento económico y funcional.

Combatir este fenómeno requiere más que capturas o presencia policial. La respuesta debe ser integral y preventiva. Disminuir la deserción escolar, garantizar acceso a educación técnica y empleo digno, y fortalecer los entornos familiares y comunitarios son medidas esenciales para reducir el caldo de cultivo que nutre al outsourcing criminal. La acción unificada del Estado, la sociedad civil y el sector privado debe orientarse a cerrar las brechas que dejan a los jóvenes a merced del crimen organizado.

Los grupos armados organizados seguirán buscando mano de obra barata mientras existan jóvenes desconectados del sistema educativo y del tejido social. Romper el ciclo del outsourcing criminal no es solo un reto de seguridad: es una urgencia social. Invertir en juventud, educación y empleo es la estrategia más efectiva para que los criminales dejen de tener quien ejecute sus órdenes. Solo así se podrá frenar la tercerización del delito que hoy amenaza con perpetuar una nueva forma de violencia invisible, pero profundamente destructiva.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Los tres niveles de la guerra; de la visión estratégica a la acción táctica

POR: CARLOS A COTES MAYA

La comprensión de los niveles de la guerra, estratégico, operacional y táctico, es fundamental para entender cómo los Estados planifican, conducen y consolidan sus esfuerzos militares. En Colombia, donde la seguridad enfrenta amenazas híbridas y actores de naturaleza diversa, esta jerarquía conceptual se traduce en una necesidad práctica: articular la política nacional de defensa con la ejecución precisa de las operaciones en el terreno. La guerra no es solo enfrentamiento armado, sino la proyección organizada del poder nacional para alcanzar los objetivos que garantizan la soberanía, la seguridad y el bienestar.

En el nivel estratégico, se trazan los grandes objetivos nacionales y se emplean los instrumentos del poder diplomático, informacional, militar y económico para alcanzarlos. Este nivel está orientado por la política, define los fines de la guerra y articula los medios disponibles. En este marco, el análisis FODA y el análisis PESTAL adquieren relevancia, pues permiten entender las fortalezas y debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas del entorno internacional. La estrategia, entonces, no es improvisación, sino la ciencia de emplear el poder nacional de manera coordinada para mantener la seguridad y la estabilidad del Estado. Aquí la conducción política del conflicto define los límites de la acción militar.

El nivel operacional, por su parte, traduce los fines estratégicos en campañas y operaciones concretas. Es el ámbito del arte operacional, donde la creatividad y la experiencia de los comandantes determinan la disposición de fuerzas, la secuencia de acciones y la integración de recursos. En este nivel se decide cómo ganar la guerra: planificando campañas, coordinando movimientos de tropas, articulando la logística y adaptando tácticas al entorno cambiante del conflicto. Ejemplos históricos como la Operación Overlord o recientes como la retoma de Járkov ilustran la importancia de la planificación conjunta y el empleo sincronizado de capacidades para alcanzar un propósito común.

Finalmente, el nivel táctico representa la acción directa, el punto donde las decisiones estratégicas y operacionales se materializan en combate. Aquí se aplican las técnicas, los procedimientos y la disposición de fuerzas para cumplir misiones específicas. La táctica es la ciencia del enfrentamiento inmediato, pero también el arte de la adaptación: de leer el terreno, anticipar al enemigo y mantener la cohesión bajo presión. Cada unidad, cada soldado, se convierte en ejecutor de un propósito mayor. La eficacia táctica es la base sobre la cual se construye el éxito operacional y, en última instancia, la victoria estratégica.

La interdependencia entre los tres niveles es vital: sin estrategia, la táctica es ciega; sin táctica, la estrategia es vacía. En el contexto colombiano, donde las operaciones militares y de policía enfrentan amenazas difusas desde el narcotráfico hasta el terrorismo y la explotación ilegal de yacimientos mineros, comprender y respetar esta jerarquía garantiza coherencia en la acción del Estado. La guerra moderna no se gana solo en el campo de batalla, sino en la capacidad de conectar la visión política con la ejecución precisa en todos los niveles del conflicto.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Cómo conocí a Juancho Rois...

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Siendo yo un joven, solía pasar en bicicleta por varios barrios de Valledupar que con el tiempo se volvió inolvidable. Con frecuencia, al rodar por sus calles, veía a Juancho Rois sentado en la puerta de su casa, acompañado por amigos, sonriendo con esa tranquilidad que transmitía sin esfuerzo. Vivía en la casa de Purito Canova, al lado de la casa de mi amigo “Guerrita”, diagonal al lote donde queda el colegio Ateneo. Solo supe que aquel hombre era Juancho Rois por comentarios de amigos del barrio, quienes hablaban de él como una leyenda viva, ya famoso por sus éxitos en el acordeón junto a Jorge Oñate y Diomedes Díaz, entre otros.

Fue a mediados de 1991 cuando tuve un encuentro que, aunque fugaz, quedó grabado para siempre en mi memoria. Justo diagonal a su casa había un carro de perros calientes, muy populares, atendido por "Poncho Pitre", que vendía perros calientes y hamburguesas. Una noche llegué en bicicleta para comerme un perro, cuando, casualmente, también llegó Juancho, también en bicicleta, a reclamar un pedido que había mandando a prepararle a "Poncho Pitre".

En ese instante, como si la vida quisiera agregarle más brillo a ese momento, apareció Gonzalo "El Cocha" Molina. Saludó con entusiasmo a todos los que estábamos allí y abrazó efusivamente a Juancho. Mientras esperaban el pedido, conversaban sobre presentaciones musicales. De pronto, Poncho Pitre, con su humor ingenuo comenzó a señalar de manera jocosa al Cocha, diciendo que Juancho era su “fuete” en el acordeón. Era un comentario entre risas, pero algo incómodo. Juancho, prudente y callado, no dijo palabra, mientras el Cocha fruncía el ceño.

Al irse Juancho con su pedido, el Cocha aprovechó y le hizo un fuerte reclamo a "Poncho Pitre": le exigió respeto y le reprochó sus comentarios. Poncho, sin ceder, replicó que Juancho era el papá de los acordeoneros, el fuente en el acordeón. El Cocha se fue molesto, y yo quedé testigo mudo de esa escena tan inolvidable.

Ya han pasado muchos años desde aquella noche. Tal vez ni el Cocha ni Poncho Pitre la recuerden, pero en mi mente sigue intacta, como también lo está el único apretón de manos que alguna vez le di a Juancho Rois.

Mucho tiempo después, lo vi en una presentación musical con Diomedes Díaz en Bogotá, a mediados de los noventa, en el Club de Suboficiales del barrio Andes. Esa fue la última vez que lo vi.

Hoy, solo nos queda su legado inmenso. Una obra musical que no morirá, que seguirá siendo ejemplo e inspiración para las generaciones que vienen. Porque Juancho Rois no fue solo un virtuoso del acordeón, fue, y será siempre, historia viva del vallenato.

Hoy al conmemorarse 31 años de su partida, Honro su memoria...

De las trincheras al ciberespacio; seis generaciones de la guerra y sus dilemas éticos

POR: CARLOS A COTES M. 

La historia del conflicto humano revela seis generaciones de guerra, cada una marcada por la tecnología, la política y la moral de su tiempo. De las líneas de mosqueteros al combate digital sin contacto, la guerra ha sido el espejo de la evolución social, científica y ética de la humanidad. Cada salto generacional redefine los límites de la fuerza, el poder y la legitimidad del uso de las armas, imponiendo nuevos retos a las Fuerzas Armadas del mundo.

Hablar de la evolución de la guerra es hablar de la transformación de los Estados y de la sociedad.  El arte de la guerra ha dejado de ser solo un enfrentamiento físico para convertirse en una lucha por el control de la información, la opinión pública y las voluntades. Entender este recorrido permite analizar no solo la estrategia militar, sino también la ética que regula la conducta del combatiente.

La primera generación de la guerra se gestó entre 1648 y 1860. Fue la era de las líneas y columnas, de uniformes y disciplina. El orden, la jerarquía y la distinción entre civiles y militares dieron origen al concepto moderno de ejército. Nacía la ética del soldado que combate bajo bandera y con reglas, una noción de honor y legitimidad que separaba al combatiente del mercenario.

La segunda generación emergió con la Revolución Industrial y se materializó en la Primera Guerra Mundial. La potencia del fuego, las trincheras y la industria bélica transformaron la confrontación en una guerra de desgaste. Se combatía no solo por territorios, sino por ideales. La tecnología y la obediencia absoluta fueron su sello, y con ellas el debate ético sobre el valor de la vida frente a la maquinaria del poder.

La tercera generación, simbolizada por la “guerra relámpago” alemana, puso la velocidad y la sorpresa por encima del número. La estrategia reemplazó a la masa, y el ingenio sustituyó al sacrificio. La ética del mando se centró en la responsabilidad táctica: vencer con inteligencia, minimizar pérdidas y respetar la proporcionalidad del combate.

Con la cuarta generación, el Estado perdió el monopolio de la guerra. Guerrillas, terrorismo y actores no estatales irrumpieron en el tablero global. La batalla se trasladó a las mentes y a los medios. La propaganda y el miedo se volvieron armas. La victoria dejó de medirse en muertos para contarse en seguidores, en ideas, en percepciones. Nacía la guerra mediática y psicológica.

La quinta generación introdujo el campo invisible del ciberespacio. Es la guerra sin contacto, sin fronteras y sin uniformes. La información se convirtió en el arma más poderosa, y la ética militar enfrenta un nuevo dilema: actuar en un entorno donde las reglas del honor se diluyen entre algoritmos y fake news. La batalla se libra en las redes, y el enemigo puede ser un hacker anónimo o una narrativa viral.

Hoy, la sexta generación, aún en gestación, fusiona la inteligencia artificial, la robótica y la guerra cognitiva. Las decisiones automáticas, los drones autónomos y la manipulación mental abren un debate sin precedentes: ¿puede la ética sobrevivir cuando la guerra deja de ser humana?

En conclusión, comprender las seis generaciones de guerra es comprender el valor físico al poder de la información. La ética militar, más que nunca, debe ser el faro que guíe la conducta de las fuerzas armadas frente a enemigos invisibles y amenazas sin rostro. Solo una formación ética sólida garantizará que, incluso en la era digital, la guerra siga teniendo límites humanos.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

¿Qué determina que un grupo criminal sea considerado GAO en Colombia?

POR: CARLOS COTES

En Colombia, no todo grupo criminal es considerado un Grupo Armado Organizado (GAO). La diferencia entre una organización delincuencial común y un GAO no depende exclusivamente de su tamaño o su expansión territorial, sino de una serie de condiciones establecidas dentro del marco jurídico nacional, especialmente en la Ley 1908 de 2018, el Decreto 1190 de 2016 y la Directiva 015 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional. Estas normas son las que determinan los criterios técnicos, operacionales y estructurales para que una agrupación sea reconocida oficialmente como un grupo armado organizado..

De acuerdo con dichos instrumentos legales, para que una organización sea clasificada como GAO debe cumplir con requisitos específicos: tener una estructura jerárquica definida, capacidad de control territorial, organización logística y mando responsable, así como ejecutar operaciones armadas sostenidas y planificadas contra las instituciones del Estado. Es decir, lo esencial es su persistencia en el uso de las armas y su intencionalidad de desafiar la autoridad estatal mediante acciones sistemáticas de violencia.

En el contexto colombiano existen organizaciones que, aunque poseen redes internacionales y presencia en varios países de América Latina y Norteamérica, no son catalogadas como GAO. Ejemplo de ello son las bandas transnacionales dedicadas al microtráfico, la trata de personas, la extorsión o el secuestro. Estas organizaciones pueden tener una estructura amplia y compleja, pero al no concentrar su accionar en combates sostenidos contra la Fuerza Pública, ni buscar el control político o territorial en zonas específicas, son clasificadas como Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). La diferencia radica, entonces, en la naturaleza de su confrontación y en sus objetivos estratégicos frente al Estado.

Los GAO, por su parte, mantienen su principal fuente de financiamiento en la explotación ilícita de yacimientos mineros, la extorsión y el narcotráfico, consolidando economías criminales que les permiten sostener su aparato armado. Estos grupos cuentan con una red logística que abarca reclutamiento, entrenamiento, inteligencia y alianzas criminales. Su accionar no solo busca lucro económico, sino también poder territorial y control social en zonas estratégicas del país.

Hoy, los GAO continúan manteniendo su injerencia delictiva en distintas regiones, fortaleciendo sus economías ilegales y aumentando su pie de fuerza mediante el reclutamiento de jóvenes y el aprovechamiento de la débil presencia institucional. Su expansión no solo representa un desafío para la seguridad nacional, sino que perpetúa un ciclo de violencia que sigue alimentando la economía criminal y erosionando la autoridad del Estado en territorios donde aún impera las zonas grises.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Por qué el Ejército, y no la Policía, retuvo el control del Palacio de Justicia

                                                                  POR: CARLOS COTES M.

La tragedia del Palacio de Justicia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985, marcó uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Colombia. Aquel asalto del M-19, ejecutado en pleno centro de Bogotá, no fue enfrentado por la Policía Nacional sino por el Ejército. Esta decisión, que definió el rumbo de los acontecimientos y el desenlace fatal de la operación, respondió a una lógica política y doctrinal de la época: el país estaba sumido en una guerra interna y el Estado veía en los movimientos insurgentes enemigos militares, no delincuentes comunes. Por eso, la respuesta no fue de orden público, sino de combate.

En el marco de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, el Estado colombiano concibió la subversión como una amenaza a la soberanía, equiparable a una invasión extranjera. Bajo ese paradigma, las Fuerzas Militares asumieron el liderazgo en toda acción contrainsurgente, incluso en escenarios urbanos. La Policía Nacional, aunque dependía del Ministerio de Defensa, estaba subordinada al mando militar y orientada principalmente a tareas de prevención y control ciudadano, sin la estructura ni el entrenamiento para una operación de asalto contra un grupo armado con capacidad bélica.

La orden de recuperar el edificio fue impartida al general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII del Ejército, mientras la Policía se mantuvo en labores de perímetro y apoyo logístico. El resultado fue una operación conducida con lógica de guerra, no de rescate, donde el fuego cruzado y el uso de tanques terminaron destruyendo gran parte del Palacio y cobrando la vida de casi un centenar de personas, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema. El balance no solo fue una derrota humana, sino también institucional, al evidenciar las dificultades entre la autoridad civil y el poder militar.

Aquella jornada reveló la distancia entre la defensa del Estado y la protección de la justicia. La decisión de la época por parte del gobierno de recurrir al Ejército reflejó la desconfianza del poder político frente a la capacidad policial y la creencia de que los problemas internos debían resolverse con fuerza militar. Con el tiempo, el país entendió que ese enfoque resultaba ineficaz y trágico frente a escenarios con presencia civil. De esa herida nacieron reformas, especializaciones tácticas y la necesidad de fortalecer la Policía como organismo de carácter civil para mantener el orden publico y la convivencia pacífica.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Control Militar de Área, eje de la soberanía territorial en Colombia

Por: CARLOS A COTES M

El control militar de área en Colombia ha sido una herramienta esencial para afirmar la presencia del Estado en regiones históricamente marcadas por el abandono, el conflicto armado y las economías ilegales. No es un concepto nuevo: desde los años setenta las Fuerzas Militares lo aplican para negar el terreno a los grupos insurgentes, garantizar la movilidad institucional y proteger a la población civil. Sin embargo, en el contexto actual con la persistencia del narcotráfico, los Grupos Armados y las bandas multicrimen, este control adquiere una nueva dimensión: no basta con ocupar el territorio, hay que sostenerlo, transformarlo y legitimarlo.

En la práctica, el control militar de área se traduce en presencia continua, patrullajes, puestos de control, y acciones combinadas de inteligencia y acercamiento comunitario. Las Fuerzas Militares no solo dominan físicamente el espacio, sino que deben conocer sus dinámicas sociales, identificar amenazas y garantizar condiciones de estabilidad para la llegada de las instituciones civiles. En departamentos como el Cauca, Nariño, Arauca o el sur de Bolívar, el control del área define quién impone las reglas: donde la presencia del Estado juega un papel muy importante. Allí, la disputa en la injerencia territorial contra la criminalidad no es solo militar, sino también simbólica, porque quien controla el territorio controla la vida cotidiana.

Uno de los grandes desafíos del país ha sido la permanencia del control. En varias zonas rurales, el Estado logra recuperar territorios mediante operaciones exitosas, pero la falta de inversión posterior, la corrupción local o la debilidad institucional generan vacíos que vuelven a llenar las estructuras ilegales. El control militar sin presencia y desarrollo institucional es apenas un paréntesis entre dos ciclos de violencia. Por eso, las actuales políticas de seguridad deben integrar la acción militar con el desarrollo rural, la justicia, la sustitución de economías ilícitas y la confianza ciudadana. Sin esta articulación, el esfuerzo de los soldados termina siendo temporal y costoso.

Otro aspecto crucial es la legitimidad frente a la comunidad. El control militar de área no puede confundirse con una militarización del territorio. En Colombia, la historia enseña que la fuerza sin acompañamiento social genera rechazo. Hoy, los batallones de alta montaña, las fuerzas de tarea conjunta y las brigadas móviles entienden que el respeto por los derechos humanos, la comunicación con los líderes comunitarios y la transparencia operativa son tan importantes como la acción armada. Controlar el territorio implica también ganar el corazón y la mente de la población.

En conclusión, el control militar de área en Colombia es indispensable para consolidar la seguridad nacional y proteger la soberanía, pero su verdadero valor radica en su capacidad de abrirle paso a la institucionalidad. La presencia de la Fuerza Pública debe ser el punto de partida para el desarrollo, no su reemplazo. Donde solo hay uniformes, el control es temporal; donde llegan escuelas, vías y oportunidades, el control se vuelve irreversible. En un país que ha vivido décadas de conflicto, el control militar de área no debe ser visto como el fin, sino como la primera fase de la recuperación integral del territorio.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Burbujas de inteligencia, estrategia para recuperar el control territorial

POR: CARLOS A COTES

Las Fuerzas Militares han determinado la creación de burbujas de inteligencia como una estrategia clave en la prevención y mitigación del riesgo. Estas estructuras especializadas han funcionado como verdaderas campañas de control territorial, permitiendo mantener la gobernabilidad en departamentos donde las adversidades en materia de orden público, como el terrorismo, el secuestro y los asesinatos selectivos, amenazan la estabilidad institucional. Gracias a su capacidad de análisis, seguimiento y acción preventiva, se han podido detectar amenazas y evitar hechos de violencia que, en otro contexto, habrían tenido graves consecuencias para la seguridad nacional.

Las burbujas de inteligencia son espacios de articulación operativa donde confluyen información, análisis y planeación táctica. En ellas se integran las capacidades técnicas de inteligencia militar, policial y judicial para generar una comprensión integral de las amenazas que afectan al territorio. Su valor radica en la capacidad de anticiparse al delito, identificar actores y escenarios de riesgo, y proponer medidas de contención inmediata. Más que un área de análisis, es un centro de pensamiento estratégico y acción, donde la información se convierte en una herramienta decisiva para la toma de decisiones.

Estas burbujas fortalecen de manera sustantiva los trabajos coordinados entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, garantizando un intercambio ágil de datos y un mando unificado frente al terrorismo en todas sus formas. En ellas se rompe la fragmentación institucional y se consolida una respuesta coordinada que permite neutralizar atentados, capturar cabecillas y desmantelar redes logísticas. La inteligencia, entendida como el ojo anticipado del Estado, logra a través de estas células mantener el equilibrio entre la prevención y la reacción oportuna frente a los enemigos del orden.

Además de los logros operacionales, las burbujas de inteligencia deben recuperar su relevancia estratégica en el escenario actual, donde las estructuras criminales se transforman con rapidez y adaptan su modus operandi. Su fortalecimiento implica dotarlas de recursos tecnológicos, talento humano especializado y canales seguros de intercambio de información. Solo así podrán seguir desarticulando organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el homicidio selectivo, la minería ilegal y otras economías ilícitas que deterioran la seguridad y el desarrollo de los territorios.

El concepto de burbujas de inteligencia debe trascender el ámbito militar y ser adoptado por alcaldes y gobernadores en sus planes de desarrollo, así como en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Incluirlo como política pública esencial permitirá prevenir acciones terroristas, secuestros y extorsiones, delitos que impactan la economía local y el bienestar colectivo. Apostar por estas burbujas es fortalecer el escudo invisible del Estado; una inteligencia territorial al servicio de la protección de la vida, la estabilidad institucional y la tranquilidad de las regiones.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Del mar a la ciudad; cómo el control marítimo redefine la seguridad nacional

Breve reflexión:               Por, CARLOS COTES M.

La seguridad marítima es el conjunto de acciones, políticas y estrategias orientadas a proteger los intereses nacionales en el mar, prevenir delitos transnacionales y garantizar la soberanía sobre los espacios acuáticos. Incluye la defensa de las rutas marítimas, la protección de recursos naturales, la lucha contra el contrabando, la piratería y el narcotráfico. En el caso de Colombia, esta responsabilidad recae principalmente en la Armada Nacional, institución que forma parte de las Fuerzas Militares junto al Ejército y la Fuerza Aeroespacial. La Armada, mediante sus flotillas de superficie, submarinos y guardacostas, ejerce control sobre las aguas del Caribe y el Pacífico, asegurando que el territorio marítimo del país se mantenga bajo vigilancia permanente.

Ahora bien, comprender la diferencia entre aguas territoriales y aguas internacionales resulta esencial para dimensionar los alcances de la autoridad marítima. Las aguas territoriales son aquellas que se extienden hasta doce millas náuticas desde la costa, donde el Estado ejerce plena soberanía sobre los recursos, el tránsito y las actividades que se desarrollen. En contraste, las aguas internacionales pertenecen a la humanidad en general, no tienen dueño y son administradas bajo normas del derecho marítimo internacional. En ellas no rigen leyes nacionales, sino convenios multilaterales que regulan la navegación, la explotación de recursos y la seguridad. La línea divisoria entre ambos espacios marca el límite del control directo de un país y el inicio de la cooperación o competencia global.

Cuando las rutas del narcotráfico cruzan de aguas territoriales a aguas internacionales, comienza un complejo proceso de tránsito delictivo que desafía las capacidades de los Estados. Los cargamentos de droga, que suelen salir desde costas del Pacífico colombiano o del Caribe, salen sigilosamente huyendo de zonas controladas por la Armada Nacional. Sin embargo, al ingresar a aguas internacionales, las responsabilidades de vigilancia se comparten con otros países y fuerzas navales, permitiendo que las organizaciones criminales utilicen ese corredor marítimo para evadir la detección y continuar su recorrido hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, o hacia Europa, hasta ingresar nuevamente a nuevas aguas territoriales bajo distintas jurisdicciones.

En ese contexto, se emplean diversas embarcaciones para burlar los controles. Las lanchas rápidas son las más comunes por su velocidad y maniobrabilidad. También se usan semisumergibles o submarinos artesanales, construidos con materiales ligeros y diseñados para transportar hasta 700 kilogramos de cocaína, muchas veces tripulados por dos personas o totalmente autónomos, es decir, no tripulados.

El control marítimo internacional, en el mar caribe, liderado en gran parte por la Marina estadounidense, ha limitado el flujo de drogas hacia los mercados externos, combatiendo las exportaciones de drogas ilícitas. Sin embargo, este cerco ha generado un efecto interno, la droga que no logra salir del país se redistribuye dentro de las fronteras, incrementando el consumo nacional y alimentando el microtráfico en zonas urbanas y rurales. Así, el mar, antes visto como salida de las economías ilegales, se convierte también en reflejo de una crisis interna que exige fortalecer la seguridad marítima, atacar el narcotráfico,  y fortalecer las políticas integrales de prevención del consumo. Así mismo, podemos observar como un problema de seguridad nacional, se traslada a un problema de seguridad ciudadana.

En consecuencia, y por tal razón en estos momentos,  la explotación ilegal de yacimientos mineros, se ha consolidado como la principal fuente de financiación de las economías ilícitas que sostienen a los grupos al margen de la ley.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**