Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.
El Salvador se ha convertido en un ejemplo contundente de cómo organizar la seguridad ciudadana. Su presidente, al inicio de su mandato, intentó un diálogo de paz con la Mara Salvatrucha, pero las pandillas respondieron con amenazas y actos de guerra. Esa traición lo transformó en un líder decidido, capaz de enfrentar y derrotar al terrorismo en pocos años, marcando un cambio histórico en la región.
Uno de los ejes de este éxito ha sido la reorganización total del sistema carcelario. Administrar cárceles es el dolor de cabeza más grande de muchos gobiernos: hacinamiento, desorden, ausencia de programas de resocialización y corrupción que alimenta motines y fugas. Desde hace años sostengo que el manejo penitenciario debería ser privado, con municipios contratando empresas especializadas para administrar las prisiones. Así se reducirían los problemas que hoy golpean a gran parte de América Latina.
El modelo salvadoreño ha demostrado eficiencia en la construcción de modernas instalaciones y en el manejo disciplinado de los internos. Allí, los centros de formación y resocialización no son un adorno burocrático, sino un pilar del sistema. El país ha logrado que sus cárceles sean espacios controlados, seguros y enfocados en transformar conductas, sin tolerar que desde adentro se dirijan redes criminales.
Incluso, este modelo podría convertirse en un servicio de exportación. El Salvador ya ha prestado apoyo a otros países; Estados Unidos, por ejemplo, envió cientos de detenidos bajo un contrato que incluía su manutención en prisiones salvadoreñas durante un tiempo determinado. Esto abre la puerta a un mercado de asesoría y gestión penitenciaria que podría beneficiar a naciones con sistemas colapsados.
Para que una cárcel sea verdaderamente un centro de formación y producción, necesita infraestructura adecuada, seguridad sólida, espacios para estudio y trabajo para el personal en detención, y una administración impecable. Los países que dominen este modelo, deberían ofrecer sus conocimientos y capacidades al resto del continente. Así se evitaría que las prisiones sigan siendo nidos de delincuencia activa, desde donde se extorsiona, se planifican homicidios y se mantienen redes criminales internacionales.
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