Minería criminal, cuando una economía ilícita se convierte en una amenaza para la seguridad

                                                                   Por: Carlos Cotes

Cuando se habla de extracción ilegal de oro, es común utilizar el término minería ilegal. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la denominación correcta es explotación ilícita de yacimientos mineros, figura prevista en la legislación colombiana para sancionar la extracción de minerales sin cumplir los requisitos legales, como la existencia de un título minero o la correspondiente licencia ambiental. En el caso del oro, por ser el mineral más explotado bajo estas condiciones, el lenguaje cotidiano ha popularizado el término minería ilegal. No obstante, es importante comprender que no toda minería ilegal constituye minería criminal, aunque esta puede evolucionar hasta convertirse en una de las economías ilícitas más rentables para el crimen organizado.

La minería ilegal se transforma en minería criminal cuando deja de ser una actividad aislada o de carácter informal y pasa a ser controlada, financiada o aprovechada por estructuras delincuenciales. En ese momento, el objetivo deja de ser únicamente la extracción del mineral y se convierte en un negocio ilícito integrado a una organización que obtiene recursos económicos para fortalecer su capacidad criminal.

Esta transformación ocurre mediante una cadena de actividades perfectamente articuladas. Primero, se ejerce control sobre el territorio donde existen yacimientos auríferos. Posteriormente, se regula quién puede extraer el mineral y bajo qué condiciones, imponiendo cobros ilegales por el uso de maquinaria, el ingreso de trabajadores o la comercialización del oro. A ello se suman mecanismos de intimidación, violencia y corrupción que garantizan el dominio sobre la actividad extractiva.

Una vez comercializado, el oro adquiere un valor estratégico para las organizaciones criminales. Los recursos obtenidos son utilizados para adquirir armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación, vehículos y tecnología; financiar el reclutamiento de nuevos integrantes, ampliar el pie de fuerza, sostener redes logísticas, corromper servidores públicos y fortalecer otras economías ilícitas. Adicionalmente, el oro representa un instrumento eficaz para el lavado de activos debido a su alto valor comercial, facilidad de transporte y complejidad para rastrear su verdadero origen.

Por estas razones, la minería criminal trasciende el ámbito ambiental o económico y se convierte en un problema de seguridad pública y seguridad nacional. No solo deteriora ecosistemas y fuentes hídricas, sino que también fortalece la capacidad financiera de los Grupos Armados Organizados (GAO), incrementa la violencia, disputa el control territorial y debilita la institucionalidad del Estado.

Combatir esta economía ilícita exige una respuesta integral. La acción operativa contra las estructuras criminales debe complementarse con inteligencia financiera para seguir la ruta del dinero, controles efectivos sobre la comercialización del oro, fortalecimiento de la trazabilidad del mineral, judicialización de las redes que financian estas actividades y procesos de formalización para los pequeños mineros que ejercen una actividad de subsistencia. Solo mediante una estrategia que combine seguridad, justicia, control institucional y desarrollo económico será posible impedir que la minería ilegal continúe evolucionando hacia una minería criminal que amenaza la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad del país.