Por: Carlos Cotes Maya
Haití ofrece una de las advertencias más contundentes del hemisferio: la criminalidad organizada puede dejar de ser un problema de orden público para convertirse en un desafío directo a la soberanía, la gobernabilidad y la seguridad nacional. Allí, las pandillas ya no se limitan a cometer delitos; disputan territorios, condicionan la movilidad, extorsionan la economía y atacan de manera coordinada a las instituciones.
El fenómeno tiene raíces profundas. La fragilidad institucional, la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad política y la circulación ilícita de armas crearon condiciones para que grupos armados barriales evolucionaran hacia estructuras con capacidad de intimidación y control. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, agravó la crisis política y aceleró el vacío de autoridad.
La dimensión del problema está documentada por Naciones Unidas. El informe del secretario general S/2026/32 registró al menos 5.601 homicidios en 2024 y 4.384 entre enero y septiembre de 2025. La ONU describió una transformación del panorama criminal: grupos antes fragmentados se fusionaron en coaliciones capaces de sostener control territorial, extorsionar rutas y centros económicos y ejecutar operaciones coordinadas contra agentes estatales y rivales. En junio de 2025, la UNODC estimó que las organizaciones criminales controlaban alrededor del 90 por ciento del área metropolitana de Puerto Príncipe.
Entre las estructuras conocidas figuran 400 Mawozo, Gran Grif, 5 Segond, Canaan, Kokorat San Ras y las redes articuladas alrededor de Viv Ansanm. Esta última coalición reunió a grupos que anteriormente se enfrentaban, mostrando que las rivalidades pueden ceder cuando existe un interés común: ampliar el control, proteger negocios ilícitos y presionar al Estado. El Panel de Expertos de la ONU informó en septiembre de 2026 que la coalición sufrió fracturas violentas y disputas por territorios e ingresos.
Su poder no depende de una sola actividad. El secuestro, la extorsión a comerciantes y transporta
dores, el tráfico de armas y drogas, el contrabando de combustible y los cobros ilegales en carreteras alimentan sus finanzas. El control de vías, puertos y terminales de combustible les permite interferir en el abastecimiento, elevar los costos del comercio y restringir la llegada de ayuda humanitaria. La economía cotidiana se convierte así en instrumento de coerción.
El costo humano es devastador. El Panel de Expertos calculó 3.165 personas muertas y 1.551 heridas entre octubre de 2025 y abril de 2026. La misma investigación situó el desplazamiento interno en 1,5 millones de personas. Además, Naciones Unidas advirtió que los niños representan entre el 30 y el 50 por ciento de los integrantes de las bandas, una estimación que evidencia el reclutamiento y la explotación de menores como parte del sostenimiento de estas estructuras.
La respuesta de seguridad también enfrenta límites. La Policía haitiana opera bajo presión, mientras las Fuerzas Armadas nacionales tienen capacidades reducidas para cubrir la dimensión de la crisis. La Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada internacionalmente, comenzó a desplegarse en 2026; a finales de agosto contaba con 1.213 efectivos uniformados, frente a una autorización máxima de 5.500.
La experiencia haitiana deja una advertencia para toda América Latina y el Caribe: las organizaciones criminales pueden evolucionar hasta convertirse en poderes armados con capacidad de disputar la autoridad estatal. Su expansión exige comprender que el control territorial, las alianzas entre estructuras, la financiación ilícita, el reclutamiento de menores y la captura de economías locales son dimensiones de una misma amenaza. La prevención debe anticiparse a esa transformación mediante inteligencia estratégica, cooperación internacional, fortalecimiento institucional, control de las economías criminales y presencia efectiva del Estado en los territorios. Esperar a que las bandas impongan sus propias reglas significa llegar tarde a una crisis que compromete la estabilidad democrática y la seguridad regional.
En Haití, la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la seguridad nacional se han entrelazado hasta convertirse en una crisis de Estado. La advertencia para la región es no esperar a que las bandas gobiernen de facto para reconocer que la amenaza ya dejó de ser exclusivamente policial. Un Estado conserva su autoridad no solo cuando ocupa físicamente un territorio, sino cuando puede garantizar allí la ley, la libertad de movimiento y la vida de sus ciudadanos.
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