martes, 17 de noviembre de 2026

Violencia armada prolongada, un desafío estructural para erradicar

Por: Carlos Cotes 

Colombia lleva más de seis décadas enfrentando distintas expresiones de violencia armada. No hemos vivido una sola guerra, idéntica e inmutable, sino un fenómeno que ha cambiado de actores, intereses y métodos, mientras conserva factores que permiten su reproducción. Comprender esa realidad es indispensable para construir una política de seguridad seria y de largo plazo.


Hablar de violencia armada prolongada de carácter histórico y estructural significa reconocer que sus raíces no se encuentran únicamente en la existencia de grupos ilegales. También intervienen conflictos por la tierra, debilidad institucional en algunos territorios, economías ilícitas, restricciones a la participación política y profundas afectaciones al tejido social. Estos factores ayudan a explicar el contexto, pero no justifican el secuestro, la extorsión, el terrorismo, el reclutamiento de menores ni los ataques contra la población. La responsabilidad por los delitos recae en quienes los cometen y en quienes los ordenan o financian.


Desde una perspectiva democrática, hay una premisa que no admite ambigüedades: la seguridad es condición para la libertad. Sin seguridad, el ciudadano no puede trabajar tranquilo, movilizarse, ejercer sus derechos ni desarrollar un proyecto de vida. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger a la población y garantizar que ninguna organización armada imponga reglas mediante el miedo. Su autoridad debe ser legítima, firme y sometida a la ley.


La experiencia colombiana demuestra que la reducción de la capacidad de un grupo no siempre significa que la violencia desaparezca. En ocasiones, otras estructuras ocupan los espacios, disputan las rentas ilegales o reorganizan sus redes. Por eso, medir los resultados solo por capturas, bajas o incautaciones puede ofrecer una visión incompleta. Es necesario evaluar si disminuyen los homicidios, la extorsión y el desplazamiento; si las comunidades recuperan la movilidad; y si las instituciones permanecen de manera integral después de las operaciones.


La respuesta exige una estrategia integral, no una sustitución de responsabilidades. La Fuerza Pública necesita capacidades, inteligencia y respaldo institucional para cumplir su misión. La justicia debe investigar y sancionar a los responsables. A su vez, las autoridades civiles deben garantizar servicios, oportunidades, seguridad jurídica y presencia efectiva en los territorios. La acción social no reemplaza la seguridad, así como la acción militar o policial no reemplaza la justicia ni la gobernabilidad.


Reconocer el carácter estructural de la violencia tampoco significa aceptar que Colombia esté condenada a ella. Las condiciones históricas pueden transformarse con instituciones sólidas, reglas claras y políticas sostenidas. El reto consiste en evitar que cada avance sea temporal y que cada organización desarticulada sea reemplazada por otra.


La paz y la seguridad se construyen protegiendo al ciudadano, defendiendo la democracia y garantizando que la autoridad legítima prevalezca sobre la coerción ilegal. Colombia necesita una estrategia que no se limite a contener la violencia, sino que transforme las condiciones que permiten su continuidad. Ese es un compromiso de Estado y una responsabilidad con las próximas generaciones.


La firmeza estatal debe ir acompañada de legalidad, control democrático y respeto por los derechos humanos.




**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

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