Ciberseguridad: el arma que le hace falta a la seguridad nacional

                                               POR: CARLOS COTES MAYA

Colombia ha estructurado históricamente su defensa en tres fuerzas esenciales: el Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial. Cada una cumple misiones estratégicas en tierra, mar y aire, protegiendo la soberanía en escenarios tradicionales. Sin embargo, en medio de la transformación global de los conflictos, un dominio crucial sigue sin ser reconocido como arma formal: el ciberespacio. Allí se libran hoy las batallas más silenciosas, pero también las más devastadoras.

Mientras el mundo observa el avance de las guerras cibernéticas, con países enfrentándose mediante herramientas digitales capaces de paralizar infraestructuras críticas; Colombia continúa dando pasos tímidos. Los ciberataques no distinguen fronteras, y las potencias han entendido que la superioridad tecnológica puede definir victorias sin necesidad de disparar un solo proyectil. La ausencia de una fuerza especializada y reconocida como arma militar deja al país rezagado frente a los desafíos internacionales.

Es cierto que Colombia cuenta con un Comando de Apoyo Operacional de Comunicaciones y Ciberdefensa, CCOCI,  unidad que adelanta acciones no letales para enfrentar incidentes en el ciberespacio. No obstante, su función, aunque valiosa, no basta para la magnitud de las amenazas actuales. Hoy, el ciberespacio exige la misma jerarquía que la infantería, la artillería o la caballería. Las nuevas batallas se deciden en redes, algoritmos y plataformas, y quienes no fortalezcan esta capacidad quedarán expuestos.

El país necesita asumir que la ciberseguridad no es un componente accesorio, sino un pilar de defensa nacional. Sin un arma cibernética estructurada, con doctrina, entrenamiento y capacidades ofensivas y defensivas, Colombia seguirá reaccionando tarde frente a actores hostiles que operan con precisión quirúrgica. La protección del territorio ya no se limita a los límites geográficos; incluye servidores, sistemas de control industrial y bases de datos estratégicas.

Preocupa, además, que en muchos departamentos del país la ciberseguridad prácticamente no aparece en los planes de desarrollo. Es improbable encontrar estrategias locales que contemplen cómo responder a amenazas digitales que pueden paralizar una entidad territorial, robar información sensible o afectar servicios esenciales. La seguridad ciudadana también depende de la resiliencia tecnológica, y sin planificación territorial la brecha de vulnerabilidad se amplía.

Colombia se encuentra en riesgo de sufrir afectaciones que podrían escalar a emergencias nacionales: apagones provocados por ataques a infraestructuras eléctricas, interrupciones del suministro de gas, o alteraciones en comunicaciones y sistemas hospitalarios. Ignorar el ciberespacio como arma es desconocer el campo de batalla del siglo XXI. El país debe dar un salto doctrinal y estratégico para que su defensa esté realmente a la altura de los tiempos

Outsourcing criminal, la tercerización del delito

POR: CARLOS A COTES M.

En Colombia, la violencia ha mutado con los años, y junto a ella, también las formas de operar de los grupos armados organizados. Hoy, un fenómeno silencioso pero letal crece en las calles: el outsourcing criminal. Se trata de la tercerización del delito, donde estructuras armadas, incapaces o reacias a exponerse directamente, contratan jóvenes sin oficio, sin estudio y sin rumbo, para ejecutar encargos ilegales que van desde el sicariato hasta la simple tarea de colocar una bandera o pintar un grafiti que siembre miedo en una comunidad. Por cualquier suma de dinero, muchos de estos jóvenes terminan siendo herramientas de intimidación y violencia.

Este tipo de subcontratación criminal permite a los grupos armados mantener su poder sin arriesgar su estructura. En muchas ocasiones, los cabecillas se encuentran lejos de los lugares donde ocurre el delito; simplemente ordenan y pagan por el servicio. Los jóvenes ejecutores, generalmente de barrios vulnerables, se convierten en piezas de  maquinarias delictivas que los usa, los expone y los reemplaza con rapidez. Son ellos quienes marcan territorios con banderas, asesinan por encargo o incluso son reclutados para permanecer de manera más estable al servicio del crimen.

El outsourcing criminal no es un fenómeno marginal: se ha convertido en práctica frecuente y cotidiana. La mayoría de los delitos urbanos, homicidios, hurtos, amenazas, son cometidos por jóvenes que se inician en la delincuencia bajo la promesa de dinero rápido y sin medir las consecuencias. La precariedad económica, la falta de oportunidades y la desconexión educativa son los principales motores que los empujan a aceptar estas “ofertas de trabajo” criminales. En muchos casos, no se trata de reclutamiento forzoso, sino de un reclutamiento económico y funcional.

Combatir este fenómeno requiere más que capturas o presencia policial. La respuesta debe ser integral y preventiva. Disminuir la deserción escolar, garantizar acceso a educación técnica y empleo digno, y fortalecer los entornos familiares y comunitarios son medidas esenciales para reducir el caldo de cultivo que nutre al outsourcing criminal. La acción unificada del Estado, la sociedad civil y el sector privado debe orientarse a cerrar las brechas que dejan a los jóvenes a merced del crimen organizado.

Los grupos armados organizados seguirán buscando mano de obra barata mientras existan jóvenes desconectados del sistema educativo y del tejido social. Romper el ciclo del outsourcing criminal no es solo un reto de seguridad: es una urgencia social. Invertir en juventud, educación y empleo es la estrategia más efectiva para que los criminales dejen de tener quien ejecute sus órdenes. Solo así se podrá frenar la tercerización del delito que hoy amenaza con perpetuar una nueva forma de violencia invisible, pero profundamente destructiva.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Los tres niveles de la guerra; de la visión estratégica a la acción táctica

POR: CARLOS A COTES MAYA

La comprensión de los niveles de la guerra, estratégico, operacional y táctico, es fundamental para entender cómo los Estados planifican, conducen y consolidan sus esfuerzos militares. En Colombia, donde la seguridad enfrenta amenazas híbridas y actores de naturaleza diversa, esta jerarquía conceptual se traduce en una necesidad práctica: articular la política nacional de defensa con la ejecución precisa de las operaciones en el terreno. La guerra no es solo enfrentamiento armado, sino la proyección organizada del poder nacional para alcanzar los objetivos que garantizan la soberanía, la seguridad y el bienestar.

En el nivel estratégico, se trazan los grandes objetivos nacionales y se emplean los instrumentos del poder diplomático, informacional, militar y económico para alcanzarlos. Este nivel está orientado por la política, define los fines de la guerra y articula los medios disponibles. En este marco, el análisis FODA y el análisis PESTAL adquieren relevancia, pues permiten entender las fortalezas y debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas del entorno internacional. La estrategia, entonces, no es improvisación, sino la ciencia de emplear el poder nacional de manera coordinada para mantener la seguridad y la estabilidad del Estado. Aquí la conducción política del conflicto define los límites de la acción militar.

El nivel operacional, por su parte, traduce los fines estratégicos en campañas y operaciones concretas. Es el ámbito del arte operacional, donde la creatividad y la experiencia de los comandantes determinan la disposición de fuerzas, la secuencia de acciones y la integración de recursos. En este nivel se decide cómo ganar la guerra: planificando campañas, coordinando movimientos de tropas, articulando la logística y adaptando tácticas al entorno cambiante del conflicto. Ejemplos históricos como la Operación Overlord o recientes como la retoma de Járkov ilustran la importancia de la planificación conjunta y el empleo sincronizado de capacidades para alcanzar un propósito común.

Finalmente, el nivel táctico representa la acción directa, el punto donde las decisiones estratégicas y operacionales se materializan en combate. Aquí se aplican las técnicas, los procedimientos y la disposición de fuerzas para cumplir misiones específicas. La táctica es la ciencia del enfrentamiento inmediato, pero también el arte de la adaptación: de leer el terreno, anticipar al enemigo y mantener la cohesión bajo presión. Cada unidad, cada soldado, se convierte en ejecutor de un propósito mayor. La eficacia táctica es la base sobre la cual se construye el éxito operacional y, en última instancia, la victoria estratégica.

La interdependencia entre los tres niveles es vital: sin estrategia, la táctica es ciega; sin táctica, la estrategia es vacía. En el contexto colombiano, donde las operaciones militares y de policía enfrentan amenazas difusas desde el narcotráfico hasta el terrorismo y la explotación ilegal de yacimientos mineros, comprender y respetar esta jerarquía garantiza coherencia en la acción del Estado. La guerra moderna no se gana solo en el campo de batalla, sino en la capacidad de conectar la visión política con la ejecución precisa en todos los niveles del conflicto.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Cómo conocí a Juancho Rois...

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Siendo yo un joven, solía pasar en bicicleta por varios barrios de Valledupar que con el tiempo se volvió inolvidable. Con frecuencia, al rodar por sus calles, veía a Juancho Rois sentado en la puerta de su casa, acompañado por amigos, sonriendo con esa tranquilidad que transmitía sin esfuerzo. Vivía en la casa de Purito Canova, al lado de la casa de mi amigo “Guerrita”, diagonal al lote donde queda el colegio Ateneo. Solo supe que aquel hombre era Juancho Rois por comentarios de amigos del barrio, quienes hablaban de él como una leyenda viva, ya famoso por sus éxitos en el acordeón junto a Jorge Oñate y Diomedes Díaz, entre otros.

Fue a mediados de 1991 cuando tuve un encuentro que, aunque fugaz, quedó grabado para siempre en mi memoria. Justo diagonal a su casa había un carro de perros calientes, muy populares, atendido por "Poncho Pitre", que vendía perros calientes y hamburguesas. Una noche llegué en bicicleta para comerme un perro, cuando, casualmente, también llegó Juancho, también en bicicleta, a reclamar un pedido que había mandando a prepararle a "Poncho Pitre".

En ese instante, como si la vida quisiera agregarle más brillo a ese momento, apareció Gonzalo "El Cocha" Molina. Saludó con entusiasmo a todos los que estábamos allí y abrazó efusivamente a Juancho. Mientras esperaban el pedido, conversaban sobre presentaciones musicales. De pronto, Poncho Pitre, con su humor ingenuo comenzó a señalar de manera jocosa al Cocha, diciendo que Juancho era su “fuete” en el acordeón. Era un comentario entre risas, pero algo incómodo. Juancho, prudente y callado, no dijo palabra, mientras el Cocha fruncía el ceño.

Al irse Juancho con su pedido, el Cocha aprovechó y le hizo un fuerte reclamo a "Poncho Pitre": le exigió respeto y le reprochó sus comentarios. Poncho, sin ceder, replicó que Juancho era el papá de los acordeoneros, el fuente en el acordeón. El Cocha se fue molesto, y yo quedé testigo mudo de esa escena tan inolvidable.

Ya han pasado muchos años desde aquella noche. Tal vez ni el Cocha ni Poncho Pitre la recuerden, pero en mi mente sigue intacta, como también lo está el único apretón de manos que alguna vez le di a Juancho Rois.

Mucho tiempo después, lo vi en una presentación musical con Diomedes Díaz en Bogotá, a mediados de los noventa, en el Club de Suboficiales del barrio Andes. Esa fue la última vez que lo vi.

Hoy, solo nos queda su legado inmenso. Una obra musical que no morirá, que seguirá siendo ejemplo e inspiración para las generaciones que vienen. Porque Juancho Rois no fue solo un virtuoso del acordeón, fue, y será siempre, historia viva del vallenato.

Hoy al conmemorarse 31 años de su partida, Honro su memoria...

De las trincheras al ciberespacio; seis generaciones de la guerra y sus dilemas éticos

POR: CARLOS A COTES M. 

La historia del conflicto humano revela seis generaciones de guerra, cada una marcada por la tecnología, la política y la moral de su tiempo. De las líneas de mosqueteros al combate digital sin contacto, la guerra ha sido el espejo de la evolución social, científica y ética de la humanidad. Cada salto generacional redefine los límites de la fuerza, el poder y la legitimidad del uso de las armas, imponiendo nuevos retos a las Fuerzas Armadas del mundo.

Hablar de la evolución de la guerra es hablar de la transformación de los Estados y de la sociedad.  El arte de la guerra ha dejado de ser solo un enfrentamiento físico para convertirse en una lucha por el control de la información, la opinión pública y las voluntades. Entender este recorrido permite analizar no solo la estrategia militar, sino también la ética que regula la conducta del combatiente.

La primera generación de la guerra se gestó entre 1648 y 1860. Fue la era de las líneas y columnas, de uniformes y disciplina. El orden, la jerarquía y la distinción entre civiles y militares dieron origen al concepto moderno de ejército. Nacía la ética del soldado que combate bajo bandera y con reglas, una noción de honor y legitimidad que separaba al combatiente del mercenario.

La segunda generación emergió con la Revolución Industrial y se materializó en la Primera Guerra Mundial. La potencia del fuego, las trincheras y la industria bélica transformaron la confrontación en una guerra de desgaste. Se combatía no solo por territorios, sino por ideales. La tecnología y la obediencia absoluta fueron su sello, y con ellas el debate ético sobre el valor de la vida frente a la maquinaria del poder.

La tercera generación, simbolizada por la “guerra relámpago” alemana, puso la velocidad y la sorpresa por encima del número. La estrategia reemplazó a la masa, y el ingenio sustituyó al sacrificio. La ética del mando se centró en la responsabilidad táctica: vencer con inteligencia, minimizar pérdidas y respetar la proporcionalidad del combate.

Con la cuarta generación, el Estado perdió el monopolio de la guerra. Guerrillas, terrorismo y actores no estatales irrumpieron en el tablero global. La batalla se trasladó a las mentes y a los medios. La propaganda y el miedo se volvieron armas. La victoria dejó de medirse en muertos para contarse en seguidores, en ideas, en percepciones. Nacía la guerra mediática y psicológica.

La quinta generación introdujo el campo invisible del ciberespacio. Es la guerra sin contacto, sin fronteras y sin uniformes. La información se convirtió en el arma más poderosa, y la ética militar enfrenta un nuevo dilema: actuar en un entorno donde las reglas del honor se diluyen entre algoritmos y fake news. La batalla se libra en las redes, y el enemigo puede ser un hacker anónimo o una narrativa viral.

Hoy, la sexta generación, aún en gestación, fusiona la inteligencia artificial, la robótica y la guerra cognitiva. Las decisiones automáticas, los drones autónomos y la manipulación mental abren un debate sin precedentes: ¿puede la ética sobrevivir cuando la guerra deja de ser humana?

En conclusión, comprender las seis generaciones de guerra es comprender el valor físico al poder de la información. La ética militar, más que nunca, debe ser el faro que guíe la conducta de las fuerzas armadas frente a enemigos invisibles y amenazas sin rostro. Solo una formación ética sólida garantizará que, incluso en la era digital, la guerra siga teniendo límites humanos.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

¿Qué determina que un grupo criminal sea considerado GAO en Colombia?

POR: CARLOS COTES

En Colombia, no todo grupo criminal es considerado un Grupo Armado Organizado (GAO). La diferencia entre una organización delincuencial común y un GAO no depende exclusivamente de su tamaño o su expansión territorial, sino de una serie de condiciones establecidas dentro del marco jurídico nacional, especialmente en la Ley 1908 de 2018, el Decreto 1190 de 2016 y la Directiva 015 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional. Estas normas son las que determinan los criterios técnicos, operacionales y estructurales para que una agrupación sea reconocida oficialmente como un grupo armado organizado..

De acuerdo con dichos instrumentos legales, para que una organización sea clasificada como GAO debe cumplir con requisitos específicos: tener una estructura jerárquica definida, capacidad de control territorial, organización logística y mando responsable, así como ejecutar operaciones armadas sostenidas y planificadas contra las instituciones del Estado. Es decir, lo esencial es su persistencia en el uso de las armas y su intencionalidad de desafiar la autoridad estatal mediante acciones sistemáticas de violencia.

En el contexto colombiano existen organizaciones que, aunque poseen redes internacionales y presencia en varios países de América Latina y Norteamérica, no son catalogadas como GAO. Ejemplo de ello son las bandas transnacionales dedicadas al microtráfico, la trata de personas, la extorsión o el secuestro. Estas organizaciones pueden tener una estructura amplia y compleja, pero al no concentrar su accionar en combates sostenidos contra la Fuerza Pública, ni buscar el control político o territorial en zonas específicas, son clasificadas como Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). La diferencia radica, entonces, en la naturaleza de su confrontación y en sus objetivos estratégicos frente al Estado.

Los GAO, por su parte, mantienen su principal fuente de financiamiento en la explotación ilícita de yacimientos mineros, la extorsión y el narcotráfico, consolidando economías criminales que les permiten sostener su aparato armado. Estos grupos cuentan con una red logística que abarca reclutamiento, entrenamiento, inteligencia y alianzas criminales. Su accionar no solo busca lucro económico, sino también poder territorial y control social en zonas estratégicas del país.

Hoy, los GAO continúan manteniendo su injerencia delictiva en distintas regiones, fortaleciendo sus economías ilegales y aumentando su pie de fuerza mediante el reclutamiento de jóvenes y el aprovechamiento de la débil presencia institucional. Su expansión no solo representa un desafío para la seguridad nacional, sino que perpetúa un ciclo de violencia que sigue alimentando la economía criminal y erosionando la autoridad del Estado en territorios donde aún impera las zonas grises.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Por qué el Ejército, y no la Policía, retuvo el control del Palacio de Justicia

                                                                  POR: CARLOS COTES M.

La tragedia del Palacio de Justicia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985, marcó uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Colombia. Aquel asalto del M-19, ejecutado en pleno centro de Bogotá, no fue enfrentado por la Policía Nacional sino por el Ejército. Esta decisión, que definió el rumbo de los acontecimientos y el desenlace fatal de la operación, respondió a una lógica política y doctrinal de la época: el país estaba sumido en una guerra interna y el Estado veía en los movimientos insurgentes enemigos militares, no delincuentes comunes. Por eso, la respuesta no fue de orden público, sino de combate.

En el marco de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, el Estado colombiano concibió la subversión como una amenaza a la soberanía, equiparable a una invasión extranjera. Bajo ese paradigma, las Fuerzas Militares asumieron el liderazgo en toda acción contrainsurgente, incluso en escenarios urbanos. La Policía Nacional, aunque dependía del Ministerio de Defensa, estaba subordinada al mando militar y orientada principalmente a tareas de prevención y control ciudadano, sin la estructura ni el entrenamiento para una operación de asalto contra un grupo armado con capacidad bélica.

La orden de recuperar el edificio fue impartida al general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII del Ejército, mientras la Policía se mantuvo en labores de perímetro y apoyo logístico. El resultado fue una operación conducida con lógica de guerra, no de rescate, donde el fuego cruzado y el uso de tanques terminaron destruyendo gran parte del Palacio y cobrando la vida de casi un centenar de personas, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema. El balance no solo fue una derrota humana, sino también institucional, al evidenciar las dificultades entre la autoridad civil y el poder militar.

Aquella jornada reveló la distancia entre la defensa del Estado y la protección de la justicia. La decisión de la época por parte del gobierno de recurrir al Ejército reflejó la desconfianza del poder político frente a la capacidad policial y la creencia de que los problemas internos debían resolverse con fuerza militar. Con el tiempo, el país entendió que ese enfoque resultaba ineficaz y trágico frente a escenarios con presencia civil. De esa herida nacieron reformas, especializaciones tácticas y la necesidad de fortalecer la Policía como organismo de carácter civil para mantener el orden publico y la convivencia pacífica.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Control Militar de Área, eje de la soberanía territorial en Colombia

Por: CARLOS A COTES M

El control militar de área en Colombia ha sido una herramienta esencial para afirmar la presencia del Estado en regiones históricamente marcadas por el abandono, el conflicto armado y las economías ilegales. No es un concepto nuevo: desde los años setenta las Fuerzas Militares lo aplican para negar el terreno a los grupos insurgentes, garantizar la movilidad institucional y proteger a la población civil. Sin embargo, en el contexto actual con la persistencia del narcotráfico, los Grupos Armados y las bandas multicrimen, este control adquiere una nueva dimensión: no basta con ocupar el territorio, hay que sostenerlo, transformarlo y legitimarlo.

En la práctica, el control militar de área se traduce en presencia continua, patrullajes, puestos de control, y acciones combinadas de inteligencia y acercamiento comunitario. Las Fuerzas Militares no solo dominan físicamente el espacio, sino que deben conocer sus dinámicas sociales, identificar amenazas y garantizar condiciones de estabilidad para la llegada de las instituciones civiles. En departamentos como el Cauca, Nariño, Arauca o el sur de Bolívar, el control del área define quién impone las reglas: donde la presencia del Estado juega un papel muy importante. Allí, la disputa en la injerencia territorial contra la criminalidad no es solo militar, sino también simbólica, porque quien controla el territorio controla la vida cotidiana.

Uno de los grandes desafíos del país ha sido la permanencia del control. En varias zonas rurales, el Estado logra recuperar territorios mediante operaciones exitosas, pero la falta de inversión posterior, la corrupción local o la debilidad institucional generan vacíos que vuelven a llenar las estructuras ilegales. El control militar sin presencia y desarrollo institucional es apenas un paréntesis entre dos ciclos de violencia. Por eso, las actuales políticas de seguridad deben integrar la acción militar con el desarrollo rural, la justicia, la sustitución de economías ilícitas y la confianza ciudadana. Sin esta articulación, el esfuerzo de los soldados termina siendo temporal y costoso.

Otro aspecto crucial es la legitimidad frente a la comunidad. El control militar de área no puede confundirse con una militarización del territorio. En Colombia, la historia enseña que la fuerza sin acompañamiento social genera rechazo. Hoy, los batallones de alta montaña, las fuerzas de tarea conjunta y las brigadas móviles entienden que el respeto por los derechos humanos, la comunicación con los líderes comunitarios y la transparencia operativa son tan importantes como la acción armada. Controlar el territorio implica también ganar el corazón y la mente de la población.

En conclusión, el control militar de área en Colombia es indispensable para consolidar la seguridad nacional y proteger la soberanía, pero su verdadero valor radica en su capacidad de abrirle paso a la institucionalidad. La presencia de la Fuerza Pública debe ser el punto de partida para el desarrollo, no su reemplazo. Donde solo hay uniformes, el control es temporal; donde llegan escuelas, vías y oportunidades, el control se vuelve irreversible. En un país que ha vivido décadas de conflicto, el control militar de área no debe ser visto como el fin, sino como la primera fase de la recuperación integral del territorio.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Burbujas de inteligencia, estrategia para recuperar el control territorial

POR: CARLOS A COTES

Las Fuerzas Militares han determinado la creación de burbujas de inteligencia como una estrategia clave en la prevención y mitigación del riesgo. Estas estructuras especializadas han funcionado como verdaderas campañas de control territorial, permitiendo mantener la gobernabilidad en departamentos donde las adversidades en materia de orden público, como el terrorismo, el secuestro y los asesinatos selectivos, amenazan la estabilidad institucional. Gracias a su capacidad de análisis, seguimiento y acción preventiva, se han podido detectar amenazas y evitar hechos de violencia que, en otro contexto, habrían tenido graves consecuencias para la seguridad nacional.

Las burbujas de inteligencia son espacios de articulación operativa donde confluyen información, análisis y planeación táctica. En ellas se integran las capacidades técnicas de inteligencia militar, policial y judicial para generar una comprensión integral de las amenazas que afectan al territorio. Su valor radica en la capacidad de anticiparse al delito, identificar actores y escenarios de riesgo, y proponer medidas de contención inmediata. Más que un área de análisis, es un centro de pensamiento estratégico y acción, donde la información se convierte en una herramienta decisiva para la toma de decisiones.

Estas burbujas fortalecen de manera sustantiva los trabajos coordinados entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, garantizando un intercambio ágil de datos y un mando unificado frente al terrorismo en todas sus formas. En ellas se rompe la fragmentación institucional y se consolida una respuesta coordinada que permite neutralizar atentados, capturar cabecillas y desmantelar redes logísticas. La inteligencia, entendida como el ojo anticipado del Estado, logra a través de estas células mantener el equilibrio entre la prevención y la reacción oportuna frente a los enemigos del orden.

Además de los logros operacionales, las burbujas de inteligencia deben recuperar su relevancia estratégica en el escenario actual, donde las estructuras criminales se transforman con rapidez y adaptan su modus operandi. Su fortalecimiento implica dotarlas de recursos tecnológicos, talento humano especializado y canales seguros de intercambio de información. Solo así podrán seguir desarticulando organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el homicidio selectivo, la minería ilegal y otras economías ilícitas que deterioran la seguridad y el desarrollo de los territorios.

El concepto de burbujas de inteligencia debe trascender el ámbito militar y ser adoptado por alcaldes y gobernadores en sus planes de desarrollo, así como en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Incluirlo como política pública esencial permitirá prevenir acciones terroristas, secuestros y extorsiones, delitos que impactan la economía local y el bienestar colectivo. Apostar por estas burbujas es fortalecer el escudo invisible del Estado; una inteligencia territorial al servicio de la protección de la vida, la estabilidad institucional y la tranquilidad de las regiones.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Del mar a la ciudad; cómo el control marítimo redefine la seguridad nacional

Breve reflexión:               Por, CARLOS COTES M.

La seguridad marítima es el conjunto de acciones, políticas y estrategias orientadas a proteger los intereses nacionales en el mar, prevenir delitos transnacionales y garantizar la soberanía sobre los espacios acuáticos. Incluye la defensa de las rutas marítimas, la protección de recursos naturales, la lucha contra el contrabando, la piratería y el narcotráfico. En el caso de Colombia, esta responsabilidad recae principalmente en la Armada Nacional, institución que forma parte de las Fuerzas Militares junto al Ejército y la Fuerza Aeroespacial. La Armada, mediante sus flotillas de superficie, submarinos y guardacostas, ejerce control sobre las aguas del Caribe y el Pacífico, asegurando que el territorio marítimo del país se mantenga bajo vigilancia permanente.

Ahora bien, comprender la diferencia entre aguas territoriales y aguas internacionales resulta esencial para dimensionar los alcances de la autoridad marítima. Las aguas territoriales son aquellas que se extienden hasta doce millas náuticas desde la costa, donde el Estado ejerce plena soberanía sobre los recursos, el tránsito y las actividades que se desarrollen. En contraste, las aguas internacionales pertenecen a la humanidad en general, no tienen dueño y son administradas bajo normas del derecho marítimo internacional. En ellas no rigen leyes nacionales, sino convenios multilaterales que regulan la navegación, la explotación de recursos y la seguridad. La línea divisoria entre ambos espacios marca el límite del control directo de un país y el inicio de la cooperación o competencia global.

Cuando las rutas del narcotráfico cruzan de aguas territoriales a aguas internacionales, comienza un complejo proceso de tránsito delictivo que desafía las capacidades de los Estados. Los cargamentos de droga, que suelen salir desde costas del Pacífico colombiano o del Caribe, salen sigilosamente huyendo de zonas controladas por la Armada Nacional. Sin embargo, al ingresar a aguas internacionales, las responsabilidades de vigilancia se comparten con otros países y fuerzas navales, permitiendo que las organizaciones criminales utilicen ese corredor marítimo para evadir la detección y continuar su recorrido hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, o hacia Europa, hasta ingresar nuevamente a nuevas aguas territoriales bajo distintas jurisdicciones.

En ese contexto, se emplean diversas embarcaciones para burlar los controles. Las lanchas rápidas son las más comunes por su velocidad y maniobrabilidad. También se usan semisumergibles o submarinos artesanales, construidos con materiales ligeros y diseñados para transportar hasta 700 kilogramos de cocaína, muchas veces tripulados por dos personas o totalmente autónomos, es decir, no tripulados.

El control marítimo internacional, en el mar caribe, liderado en gran parte por la Marina estadounidense, ha limitado el flujo de drogas hacia los mercados externos, combatiendo las exportaciones de drogas ilícitas. Sin embargo, este cerco ha generado un efecto interno, la droga que no logra salir del país se redistribuye dentro de las fronteras, incrementando el consumo nacional y alimentando el microtráfico en zonas urbanas y rurales. Así, el mar, antes visto como salida de las economías ilegales, se convierte también en reflejo de una crisis interna que exige fortalecer la seguridad marítima, atacar el narcotráfico,  y fortalecer las políticas integrales de prevención del consumo. Así mismo, podemos observar como un problema de seguridad nacional, se traslada a un problema de seguridad ciudadana.

En consecuencia, y por tal razón en estos momentos,  la explotación ilegal de yacimientos mineros, se ha consolidado como la principal fuente de financiación de las economías ilícitas que sostienen a los grupos al margen de la ley.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

El "Asedio Diluido", una forma de presión social

 POR: CARLOS COTES M.

El concepto de asedio diluido ha empezado a emerger silenciosamente en el lenguaje de la conflictividad social actual. Se trata de una forma de presión colectiva, que si bien nace de la protesta social, se transforma en un fenómeno prolongado y desgastante donde los límites entre la manifestación legítima y la vulneración del orden público se difuminan. El asedio diluido no se caracteriza por la violencia inmediata o el caos abrupto, sino por la ocupación prolongada, la interrupción sistemática de actividades y la imposición de una presencia constante que termina generando desgaste institucional, económico y social.

En Colombia, este tipo de acciones ha tomado fuerza en este tiempo. En diferentes ciudades del país, y especialmente en Bogotá, se observan grupos de manifestantes que bloquean vías, se toman edificios públicos o invaden propiedades privadas con la intención de presionar decisiones gubernamentales o lograr beneficios particulares. En muchos casos, las tomas se extienden durante días o semanas, afectando no solo el funcionamiento de las instituciones sino también la cotidianidad de los ciudadanos. Este tipo de asedio no siempre busca el diálogo, sino que utiliza la permanencia como una forma de presión, agotando la capacidad de respuesta del Estado y la paciencia de la comunidad.

El asedio diluido genera afectaciones múltiples. En el plano económico, paraliza actividades laborales, impide el acceso a servicios y deteriora la confianza en las instituciones. En el plano social, polariza a la población entre quienes respaldan la protesta y quienes reclaman el restablecimiento del orden. Y en el plano político, erosiona la legitimidad del gobierno cuando este no logra resolver o contener la situación.

Durante estos episodios pueden cometerse delitos graves: daños a la propiedad, secuestros, lesiones personales e incluso homicidios. Las vías de hecho se vuelven cotidianas y el caos se instala como parte del paisaje urbano. En muchos casos, las autoridades deben intervenir para restablecer el orden, pero cualquier acción es interpretada como represión, lo que prolonga aún más la confrontación.

El asedio se convierte en un acto delictivo cuando cruza la línea de la protesta pacífica y atenta contra derechos fundamentales, la libre movilidad o el funcionamiento del Estado. La historia nacional de nuestro país, recuerda el asedio al Palacio de Justicia, en 1985,  como un ejemplo extremo de cómo una toma puede transformarse en tragedia. Hoy, bajo formas más difusas y prolongadas, el asedio diluido reaparece, disfrazado de resistencia, pero con los mismos riesgos: el debilitamiento institucional, el desorden social y la pérdida del respeto por la ley.

Concluyo que el asedio diluido se presenta como una estrategia de desgaste progresivo contra las instituciones, desarrollada a través de movilizaciones, protestas prolongadas, paros, huelgas, bloqueos simbólicos y manipulación mediática. Este tema opera en los campos político, económico, social y comunicacional, buscando debilitar la legitimidad del Estado, crear sensación de caos y presionar reformas o concesiones políticas.

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

Israel, la Escuela de la Seguridad Ciudadana Inteligente

                                    POR: CARLOS ANDRES COTES MAYA

La experiencia académica que viví en Israel marcó un antes y un después como complemento en mi formación como estratega en seguridad ciudadana. Durante varias semanas, tuve el privilegio de estudiar directamente con expertos en la materia, conocer la estructura de la policía comunitaria israelí, visitar centros de monitoreo, barrios

y municipios donde la seguridad no es un discurso, sino una cultura cotidiana. Allí entendí que el éxito de la política de seguridad no depende del número de patrullas, sino del tejido social y del triángulo que se construye entre comunidad, instituciones y gobierno local.

Israel, un país permanentemente amenazado, ha hecho de la prevención su primera línea de defensa. Cada joven es visto como un líder potencial y cada voluntario como un héroe civil. En sus municipios, la prevención se diseña con base en la ecología social: familia, escuela y comunidad funcionan como un triángulo inseparable. Aprendí que el tiempo libre es un escenario estratégico; si no se ocupa los jóvenes de manera positiva, se convierte en un espacio para la delincuencia. La educación no formal, los movimientos juveniles, las brigadas de padres y el voluntariado son pilares de la política preventiva.

Conocí ciudades donde los alcaldes son los responsables legales de la seguridad, donde el centro de monitoreo no pertenece a la policía sino al municipio, y donde la reacción se considera un fracaso de la prevención. Allí, el concepto de “seguridad personal y comunitaria” se traduce en corresponsabilidad: bomberos, ejército, policía, maestros, padres y empresarios son parte del mismo engranaje.

Lo más valioso fue comprender que una comunidad segura es una comunidad organizada. Que el liderazgo local no se impone, se construye. Que el policía comunitario no solo previene el delito, también reconstruye confianza. Y que la tecnología sin valores no garantiza seguridad. Israel me enseñó que el desafío de América Latina no está en copiar modelos, sino en adaptar experiencias para transformar realidades.

Israel lleva más de veinticinco años desarrollando modelos de prevención en seguridad ciudadana. Estas políticas públicas han demostrado su eficacia: las tasas de homicidios y hurtos son prácticamente nulas, y los principales desafíos actuales se centran en fenómenos sociales como el bullying escolar. Es la evidencia de que invertir en prevención, educación y comunidad no solo reduce la violencia, sino que construye una sociedad más solidaria, consciente y preparada para vivir en paz.

Batallón de Aeronaves No Tripuladas, BANOT: el escudo aéreo contra los drones del crimen

Foto tomada de la web de Comando General de FFMM

POR: CARLOS ANDRÉS COTES M.

La guerra moderna ha cambiado. Hoy, los conflictos ya no solo se libran en tierra o en el aire con grandes aeronaves, sino también con dispositivos pequeños, silenciosos y de bajo costo: los drones. En Colombia, esta realidad tomó forma en abril de 2024, cuando se registró el primer ataque con aeronaves no tripuladas en el departamento del Cauca. presuntamente se trató de

drones comerciales, fabricados en China y modificados por grupos armados organizados residuales (GAO) para transportar y lanzar explosivos contra unidades militares y policiales. Desde entonces, esta amenaza se ha propagado por todo el territorio nacional.

En poco más de un año, se han documentado más de 360 ataques con drones contra tropas del Ejército, la Policía y, en algunos casos, contra población civil. Estos artefactos, adaptados artesanalmente, se han convertido en un nuevo instrumento de la guerra irregular, generando muertos, heridos y temor en las zonas rurales más golpeadas por la violencia. Frente a este panorama, el país no podía permanecer pasivo. De ahí nace una de las decisiones más trascendentales en la historia reciente de la defensa nacional: la creación del primer batallón de aeronaves no tripuladas de Latinoamérica, una unidad del Ejército Nacional concebida para anticiparse y contrarrestar este tipo de amenazas.

El Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), activado en el Fuerte Militar de Tolemaida, representa un paso firme hacia la modernización tecnológica y la defensa inteligente. Esta unidad no solo tiene la misión de detectar, neutralizar y responder ante ataques aéreos con drones enemigos, sino también de emplear aeronaves no tripuladas propias para labores de reconocimiento, vigilancia, apoyo logístico y protección de las tropas en operaciones aeromóviles. Su creación responde a la necesidad de salvaguardar la vida de los miembros de la fuerza pública y de los ciudadanos, que han sido víctimas de una modalidad de ataque en constante evolución.

El BANOT, además, contará con un puesto de mando estratégico en Boyacá, desde donde coordinará operaciones en todo el país. Su alcance nacional permitirá fortalecer la defensa aérea en regiones críticas, brindando información en tiempo real para la toma de decisiones tácticas y estratégicas. Este hito no solo fortalece las capacidades operacionales del Ejército, sino que proyecta a Colombia como pionera en la región en el uso de tecnología avanzada para la defensa y la seguridad.

El nuevo batallón cuenta con cuatro compañías especializadas que operarán de forma integrada: una de reconocimiento con drones multirrotor, otra de aeronaves de ala fija para operaciones prolongadas, una tercera enfocada en contramedidas electrónicas y una cuarta encargada del mantenimiento, asegurando así la eficacia, protección y sostenibilidad del sistema.

La creación de este batallón es más que un avance militar: es una respuesta a una amenaza creciente y un compromiso con la protección de la seguridad nacional. El Ejército colombiano da así un salto histórico hacia una nueva era de defensa moderna, tecnológica y adaptada a los desafíos del siglo XXI. Con el BANOT, el país no solo protege su cielo, sino que envía un mensaje claro: frente a la innovación del crimen, habrá una innovación mayor para defender la vida y la paz.

OJO AL DATO, el BANOT, es el primer batallón de Drones de Latinoamérica del Ejército Nacional, ha sido creado para contrarrestar las amenazas provocadas por los drones terroristas que vienen siendo operados por estructuras criminales. 

**Esta columna, expone reflexiones personales del autor sobre temas de seguridad, defensa y convivencia; por lo tanto, las ideas aquí expuestas no representan posiciones institucionales ni comprometen a entidad alguna**

El costo de la paz en Medio Oriente

                                            POR: CARLOS COTES MAYA

Dicen algunos palestinos que la masacre perpetrada el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamás, donde fueron asesinadas más de mil personas, tenía un propósito estratégico: provocar una guerra que forzara, a mediano plazo, la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes. Paradójicamente, dos años después, esa hipótesis parece haberse cumplido. Gracias a una iniciativa liderada por Donald Trump, junto a varios países árabes e Israel, se ha firmado un acuerdo de paz que permitió la liberación de rehenes, secuestrados y prisioneros de ambas partes. Sin embargo, este desenlace no borra la huella del horror, ni el altísimo costo humano que antecedió al tratado.

Lo más sorprendente del proceso es que, según el periódico La República Islámica, Irán admitió que el ataque del 7 de octubre destruyó el llamado “Eje de la Resistencia”. De acuerdo con esas fuentes, la denominada “Operación Diluvio de Al-Aqsa” fue un error: Hamás actuó sin consultar al grupo Hezbolá ni con los hutíes. Aquella ofensiva, celebrada inicialmente como un golpe simbólico contra Israel, terminó siendo el detonante de la caída militar y política de la organización. En cuestión de meses, el movimiento que pretendía “liberar Palestina” quedó reducido a escombros, aislado incluso de sus antiguos aliados.

La respuesta de Israel fue demoledora. Las Fuerzas de Defensa Israelíes emprendieron una agresiva campaña militar que se extendió por más de dos años, dejando más de 20.000 combatientes de Hamás muertos y desmantelando toda su estructura de mando. La presión diplomática de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Estados Unidos consolidó el aislamiento del grupo. Ante la derrota total y el agotamiento humanitario en Gaza, los países de la región impulsaron la firma del acuerdo de paz que se presentó en el mes de octubre de 2025, como un nuevo punto de inflexión en la historia del conflicto.

Desde mi punto de vista, la masacre de 2023 fue el error más grave de Hamás. Buscando debilitar a Israel, terminó desatando una respuesta implacable que arrasó con la Franja de Gaza y dejó al movimiento sin legitimidad internacional. Lo que pretendía ser un símbolo de resistencia terminó convirtiéndose en un suicidio político - militar.

Israel, por su parte, ha reafirmado su doctrina de seguridad total. Tras las operaciones contra líderes de Hamás en Qatar y otros países, dejó claro que ningún territorio servirá de refugio a quienes atenten contra su pueblo. “No habrá inmunidad para los terroristas”, declaró su primer ministro. Esta nueva estrategia regional, basada en inteligencia y ataques selectivos, reconfigura el tablero de Medio Oriente y redefine el concepto mismo de disuasión.

Es inevitable lamentar la tragedia humana que acompañó estos años de guerra. Decenas de miles de vidas inocentes se perdieron entre los escombros de un conflicto que parecía no tener fin. Sin embargo, la reciente firma del acuerdo de paz abre una ventana de esperanza: la posibilidad de que palestinos e israelíes convivan en respeto, sin miedo ni odio. Ojalá este pacto no sea solo un paréntesis, sino el inicio de una paz duradera que impida, de una vez por todas, que el horror vuelva a repetirse.

Tomas violentas, el secuestro silencioso de la educación pública

Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

Las tomas universitarias, antes símbolo de lucha pacífica e idealismo juvenil; hoy han mutado en escenarios de violencia organizada que terminan secuestrando la educación y sembrando el miedo en los campus públicos universitarios del país. Lo que alguna vez fue una forma legítima de expresión estudiantil se ha degradado en acciones que aplazan semestres, destruyen instalaciones y violentan derechos fundamentales, como el de estudiar. Los protagonistas de estas tomas ya no son solo jóvenes inconformes; muchos han sido instrumentalizados por células urbanas de terrorismo que han encontrado en la universidad un terreno fértil para el caos.

La historia recuerda que las primeras tomas universitarias, hace más de cien años, se dieron en el marco de una reivindicación pacífica por mejores condiciones académicas. Hoy, en cambio, grupos encapuchados lanzan papas bomba, enfrentan a la Fuerza Pública, obstruyen vías y toman por rehén no solo a la institución, sino también a los estudiantes que sí desean asistir a clases, graduarse y aportar al país. Los más afectados no son los supuestos enemigos del sistema, sino los propios compañeros, docentes, vecinos de las universidades y hasta los mismos policías que intentan contener el desorden.

Las razones de la protesta pueden ser válidas: reclamos por la desfinanciación, exigencias de bienestar universitario o inconformidades frente a políticas del gobierno. Pero ninguna de estas causas justifica la violencia. La protesta es un derecho, pero no puede convertirse en una forma de sabotaje al derecho ajeno. La violencia deslegitima la causa.

El gobierno ha respondido creando figuras como los gestores de paz, con el fin de mediar en los conflictos y evitar que escalen a confrontaciones físicas. Sin embargo, la realidad demuestra que muchas universidades públicas ya han sido infiltradas por intereses que buscan desestabilizar desde dentro. Frente a esta amenaza, urge una estrategia de seguridad interna sólida, donde los derechos de los estudiantes sean protegidos y las instalaciones educativas resguardadas.

También es tiempo de que la Fuerza Pública articule frentes de contrainteligencia enfocados en prevenir y neutralizar acciones violentas en las universidades. Las casas de estudio no pueden seguir siendo plataformas del caos. Deben volver a ser espacios de pensamiento, debate y construcción de país. “La protesta es válida; la violencia, jamás”.

Cuatro rostros de la guerra: convencional, irregular, cibernética y espacial

Por: CARLOS ANDRES COTES M.

 

La historia de la humanidad puede leerse también como la historia de sus guerras. Desde las primeras confrontaciones tribales hasta las operaciones tecnológicas del siglo XXI, el conflicto ha mutado en formas, métodos y escenarios. Hablar hoy de guerra no implica

ya pensar solo en trincheras o tanques avanzando, sino en una multiplicidad de modalidades que responden a realidades políticas, sociales y tecnológicas muy distintas.

La guerra convencional es la más reconocible y quizá la más estudiada. Se trata de la confrontación directa entre Estados o ejércitos regulares, donde las fuerzas militares enfrentan a un enemigo visible, con uniformes, banderas y reglas de enfrentamiento. Tanques, aviones, artillería y tropas de infantería constituyen su esencia. Su objetivo suele ser territorial: ocupar, controlar o destruir las capacidades del adversario. Sin embargo, a pesar de sus aparatosas dimensiones, este tipo de guerra ha perdido protagonismo, no porque haya desaparecido, sino porque han surgido nuevas formas de lucha más difusas y complejas.

La guerra irregular, por ejemplo, plantea un desafío diferente. Aquí no se enfrentan ejércitos simétricos, sino que un actor no estatal, guerrilla, insurgencia o grupo terroristas, reta a un Estado con tácticas asimétricas. Emboscadas, ataques sorpresa, uso del terreno y apoyo social son sus herramientas. No busca una victoria militar total, sino desgastar la legitimidad del adversario. Su campo de batalla no se mide en kilómetros de terreno conquistado, sino en percepciones, moral y control político de comunidades.

Más reciente, pero igual de trascendente, es la guerra cibernética. En ella no se disparan balas ni caen bombas: los ataques se realizan mediante códigos y algoritmos. Robar información estratégica, paralizar infraestructuras críticas, manipular procesos electorales o sembrar desinformación forman parte de sus tácticas. El ciberespacio convierte cualquier computadora o teléfono en una posible trinchera y, lo más alarmante, difumina las fronteras entre tiempos de paz y de guerra, porque un ataque digital puede ocurrir en cualquier momento sin declaración previa.

Finalmente, la guerra espacial abre un horizonte inédito. Los satélites de comunicaciones, navegación y observación son vitales para la vida civil y militar. Controlar o destruir estos activos significa, literalmente, dejar ciego o incomunicado a un país entero. El espacio se convierte así en el nuevo escenario de disputa estratégica, donde la supremacía tecnológica define la seguridad nacional.

A esta tipología se suma la guerra híbrida, que combina elementos de la convencional y de la irregular para maximizar el desgaste del adversario. En ella, un actor puede emplear tanques y drones en un frente, mientras recurre a guerrillas urbanas, propaganda y desinformación en otro. Esta fusión borra aún más las fronteras entre lo militar y lo civil, lo legal y lo clandestino, y constituye hoy uno de los mayores desafíos para las naciones, pues obliga a responder a múltiples amenazas al mismo tiempo en escenarios cambiantes y difusos.

En conclusión, los tipos de guerra reflejan la transformación de las sociedades y sus avances. La convencional, visible y territorial, convive con la irregular, intangible y política, mientras la cibernética y la espacial expanden el campo de batalla a dimensiones que antes parecían de ciencia ficción. El reto para los Estados no es escoger una sola modalidad, sino prepararse para enfrentarlas todas, muchas veces de manera simultánea.

Injerencia delictiva, la lucha constante entre los GAO

                                            Por: CARLOS ANDRÉS COTES M.

 

Las disputas entre los Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia responden a un único objetivo: el control territorial. Cada hectárea de tierra, cada vereda y cada paso fronterizo representan oportunidades millonarias para estas estructuras ilegales. Las zonas con cultivos ilícitos son altamente codiciadas, no solo por la producción de hoja de coca o marihuana, sino por el acceso directo a laboratorios y rutas de distribución. Los pasos fronterizos son otro botín en disputa, pues garantizan movilidad para el tráfico de drogas, armas, municiones e incluso para redes de trata de personas. Asimismo, las costas y ríos navegables son estratégicos para la salida de la droga hacia los mercados internacionales, lo que convierte estos corredores en escenarios de constantes enfrentamientos.

Otros territorios son valiosos por sus recursos naturales. Las zonas con potencial para minería ilegal generan grandes ingresos con oro y coltán, mientras que los terrenos atravesados por oleoductos son aprovechados para el hurto de hidrocarburos, insumo clave para la producción de pasta base de coca. Incluso, lugares aislados son disputados por su utilidad como campamentos, escondites de secuestrados o sitios de entrenamiento.

Entre más injerencia delictiva tenga un GAO, más poder de expansión obtiene. Un mayor dominio territorial les permite recaudar más dinero, financiar la compra de armamento y aumentar el reclutamiento, consolidando un círculo de crecimiento criminal. Por eso, desde los inicios del conflicto armado, estas luchas de poder han sido permanentes. Cada grupo impone sus reglas en las zonas que domina y defiende con violencia sus límites, generando choques constantes con sus rivales.

La población civil es la mayor víctima de estas disputas. Los enfrentamientos generan desplazamientos masivos, homicidios selectivos de líderes sociales y un ambiente de terror. Para demostrar dominio, los GAO utilizan métodos simbólicos y de control social: instalan banderas con sus insignias, marcan casas y paredes con grafitis, imponen retenes móviles y patrullan de manera visible. Estas acciones no solo intimidan a la comunidad, sino que envían un mensaje directo a sus enemigos: "ese territorio ya tiene dueño".