viernes, 20 de noviembre de 2026

Ecuador frente al poder de las mafias

Por: Carlos Cotes M

Ecuador enfrenta una pregunta: ¿cómo recuperar el control del Estado cuando el crimen organizado disputa rutas, puertos, cárceles? La respuesta no puede limitarse a desplegar tropas y multiplicar operativos. La soberanía se demuestra cuando la autoridad funciona y protege a la población.

Su geografía importa. Entre Colombia y Perú, con salida al Pacífico y puertos estratégicos, Ecuador es punto de tránsito para redes que transportan cocaína. Las disputas por corredores y embarques alimentan homicidios, extorsiones y control criminal. No es solo delincuencia: es una amenaza a la seguridad nacional.

El gobierno responde con estados de excepción, despliegue militar, operaciones conjuntas con la Policía, interdicción marítima, capturas e incautaciones. En marzo de 2026, Ecuador y Estados Unidos anunciaron operaciones militares conjuntas contra organizaciones criminales. Ese mes, el FBI abrió una oficina permanente en Quito para apoyar investigaciones sobre narcotráfico, armas y lavado de activos.

Pero capturar cabecillas no equivale a desmantelar organizaciones. Si los golpes no afectan finanzas, proveedores, rutas y corrupción, las estructuras se fragmentan y surgen células más pequeñas y violentas. El éxito no debe medirse solo en detenidos o toneladas incautadas, sino en la reducción sostenida de homicidios, extorsiones y control ilegal.

La ofensiva requiere inteligencia integrada, investigación y justicia. La Fuerza Pública debe actuar con información verificable; la Fiscalía, construir procesos sólidos; las unidades financieras, seguir el dinero y congelar activos; y las autoridades portuarias, impedir la contaminación de cargas. La cooperación internacional debe perseguir las cadenas logísticas y financieras.

Aquí está el debate sobre soberanía militar. Cooperar con Estados Unidos no significa perder autonomía. Puede fortalecerla si Ecuador conserva el mando, fija prioridades, protege su información y somete las operaciones a la Constitución y la ley. La dependencia aparece cuando no puede sostener sus capacidades o verificar la inteligencia recibida. Recibir apoyo no es entregar el control.

La lucha contra el crimen tampoco puede convertir a la población en sospechosa colectiva. Las denuncias de abusos, desapariciones o uso ilegal de la fuerza deben investigarse. La rendición de cuentas protege la legitimidad militar y la confianza ciudadana.

En noviembre de 2025, el 60,82 % votó contra eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras. El resultado recordó que la cooperación tiene límites definidos por los ecuatorianos: trabajar con aliados no significa entregarles la conducción de la defensa.

La soberanía no se recupera con un decreto ni se proclama después de una operación. Se construye cuando el Estado controla puertos y fronteras, desarticula finanzas criminales, protege jueces y fiscales y recupera cárceles. También exige prevención social, protección a testigos y presencia estatal en territorios recuperados y de forma sostenida.

Ecuador debe golpear al crimen donde más le duele: dinero, logística, corrupción y capacidad de imponer miedo. Los operativos son necesarios, pero no bastan. La victoria estratégica llegará cuando el ciudadano reconozca al Estado como autoridad protectora y no tenga que negociar su libertad con una organización criminal. Esa es la medida real de la soberanía.

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